Rafael Reyes Reyes
Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alhí Villalba Díaz
- Rafael Reyes Reyes
- Titular del Ejecutivo Federal
- Isidro García Montes de Oca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Consultora Jurídica General del Ejecutivo Federal, por medio del cual devuelve el oficio 16094/2023 y solicita sea remitido a la autoridad que compareció en representación del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, en el presente asunto. En tales condiciones, reexpídase el oficio antes descrito, dirigiéndolo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, a efecto de que tenga conocimiento del auto de trece de junio de la presente anualidad, que se encuentra inserto en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el numeral 201, fracción IV de la Ley de Amparo para interponer el recurso de inconformidad, en contra de la determinación que declaró sin materia la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se sobreseyó y negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, los anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en copia certificada el tres de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Rafael Reyes Reyes y otros, por derecho propio, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Radicación y desechamiento de la demanda. Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito formó el expediente 2/2022 y desechó la demanda con base en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Inconformes, Rafael Reyes Reyes, Cira Hortencia Vega Velázquez, ********************, Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Abrahan Jair Domínguez Espina y Salvador Alvarado Mendoza, interpusieron recurso de queja que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien mediante ejecutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, revocó la determinación impugnada y ordenó que se proveyera lo conducente a la admisión de la demanda. TERCERO. Admisión de demanda. Por auto de veinticuatro de agosto del año pasado, se declaró firme el desechamiento de la demanda por cuanto a los quejosos no recurrentes, esto es, Ramiro Escobar Terrones, Isidro García Montes de Oca, Juan Carlos Beltrán Toto, Christian De Gante Fuentes, Gloria Marlén Ramírez Velázquez y Edith Flores Diego, y se admitió a trámite la misma respecto a los demás inconformes Rafael Reyes Reyes, Cira Hortencia Vega Velázquez, ********************, Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Abrahan Jair Domínguez Espina y Salvador Alvarado Mendoza. Asimismo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de varios diferimientos, tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos y pretenden ejecutarse por autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Cabe puntualizar que el escrito de demanda se presentó como ampliación de demanda en el amparo 1587/2021, del índice de este Juzgado, pero, en acuerdo del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el citado juicio, se consideró como demanda nueva, por tanto, del sello asentado en el citado escrito, se advierte que fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Entonces, la demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Acto reclamado: Conocimiento del acto: Surte efectos: Plazo para promover la demanda de amparo: Días inhábiles: Acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, que ordenó arresto administrativo a cada uno de los quejosos, por una hora, en el expediente administrativo TJA/1 As/219/16. Tres de diciembre de dos mil veintiuno Comenzó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (artículo 18 de la Ley de Amparo) Seis de diciembre del dos mil veintiuno al catorce de enero de dos mil veintidós. Once, doce, dieciocho, diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno por ser inhábiles,(del veinte de diciembre de dos mil veintiuno al siete de enero de dos mil veintidós, período vacacional de la autoridad responsable), ocho y nueve de enero de dos mil veintidós, por ser inhábiles Con base en el recuadro anterior, si la demanda de amparo indirecto fue presentada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades y actos siguientes: Autoridad responsable ordenadora: 1. Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado: El acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el arresto administrativo a cada uno de los quejosos por una hora, dentro del expediente administrativo TJA/1aS/219/16. Autoridades ejecutoras: 2. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado; y, 3. Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en el Municipio de Jiutepec, Morelos: Acto reclamado: La ejecución del arresto decretado por una hora en contra de los quejosos en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo TJA/1aS/219/16. CUARTO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados únicamente por el quejoso ********************, en virtud de que aun cuando el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aceptó su existencia al rendir su correspondiente informe con justificación, lo cierto es que de las constancias exhibidas, consistentes en copias certificadas en dos tomos del expediente administrativo TJA/1aS/219/16, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte que se haya decretado en contra del inconforme la orden de arresto que se combate. Lo anterior, también fue corroborado por las autoridades ejecutoras, principalmente, por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, quien en su informe justificado negó expresamente la existencia del arresto y su ejecución por cuanto al citado quejoso, sin que éste hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa a pesar de la oportunidad que tuvo para ello. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, únicamente por lo que concierne a ********************. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos de molestia. Al rendir sus respectivos informes justificados el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, aceptaron los actos de molestia por cuanto a ********************. Lo que se corrobora además, con las copias certificadas que se exhibieron en este sumario del expediente administrativo TJA/1aS/219/16, que tienen el valor probatorio ya asignado y de las que se advierte la existencia del acuerdo en el cual se decretó un arresto por una hora en contra de los peticionarios de amparo, así como de la orden para ejecutarla. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en el Municipio de Jiutepec, Morelos, negó expresamente la ejecución del arresto reclamado por los quejosos; sin embargo, dicho acto debe tenerse por existente, pues, si bien mencionó al rendir el informe que no tenía registro de tal mandamiento, no menos es verdad que lo pudo haber recibido en cualquier momento posterior, por lo que, aun cuando es futura, la orden para ejecutar el arresto resulta cierta e inminente. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sobre el particular, la sala responsable señaló en su informe con justificación que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo, pues la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, le otorga el derecho de interponer el recurso de reconsideración en contra del acuerdo reclamado. Al respecto, aun cuando la autoridad no lo manifestó expresamente, este Juzgado de Distrito considera que, atendiendo a la causa de pedir, lo que está solicitando la citada responsable es el sobreseimiento en esta instancia con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Sin embargo, dicha causal de improcedencia no resulta aplicable al caso que nos ocupa, pues aun cuando efectivamente proceda el recurso de reconsideración previsto en el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en contra del acuerdo que decretó la orden de arresto contra los quejosos, lo cierto es que no existe obligación de interponerlo por parte de los agraviados. Ello es así, pues dicho acto de molestia al atentar contra la libertad personal, constituye una excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, tanto así que el arresto reclamado se encuentra inmerso en las excepciones descritas en el inciso b), del propio artículo 61, fracción XVIII, de la legislación en consulta, como así se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a). b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal..". Bajo esa tesitura, es claro que no cobra vigencia la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable y al no proponerse ninguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento por las demás partes que intervienen y como este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna, es procedente entrar al fondo del asunto que se plantea. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El análisis de del acto reclamado se hará al tenor de los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer en su demanda al no advertirse motivos para suplir la deficiencia de la queja. Por tanto, tales conceptos no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no la deja en estado de indefensión, al no privarla del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Ahora bien, en contra del acuerdo reclamado los quejosos señalan en sus conceptos de violación que es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, en virtud de que la autoridad responsable no individualizó por cada uno de ellos la imposición del arresto decretado por una hora, omitiendo describir la conducta desplegada de manera particular que dio origen a la sanción, ya que ostentan cargos distintos con funciones y competencias diferentes en el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Abundan diciendo que, forman parte del Cabildo Municipal de aquella población y el único funcionario que puede disponer de los recursos económicos y realizar las gestiones para el pago requerido es el Tesorero Municipal, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que la autoridad debió observar que éste como encargado de las finanzas es quien puede realizar el pago de la condena derivado del juicio administrativo de origen. Que por lo anterior, se advierte la necesidad de que la responsable individualizara la medida de apremio impuesta en el acuerdo recurrido, pues dentro de sus facultades como Presidente, Síndico y Regidores, no se encuentra la de emitir pagos, lo cual debió valorarse al momento de imponer la sanción a cada uno de los miembros del Cabildo Municipal de Jiutepec, ya que no puede decretarse una sanción genérica e igual para todos, cuando por sus funciones y competencia no incurren en la misma omisión. Los citados argumentos que se contestan de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí, son infundados por las consideraciones siguientes: En fecha tres de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el juicio natural en la que, en esencia, se condenó a las autoridades demandadas (Presidente Municipal, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos de Jiutepec, Morelos), al pago de la cantidad de $6,893,932.92 (seis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional), a favor de la persona moral denominada Arquitectura e Ingeniería MADS, Sociedad Anónima de Capital Variable, derivado de la ejecución de los trabajos descritos en los contratos de obra pública números SOYSP/DN/RP/INV-3/01/2014 y SOYSP/DN/RP/INV-3/02/2014. Previo a que causara ejecutoria la sentencia, lo cual ocurrió el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, las partes celebraron un convenio para dar cumplimiento a la condena decretada por el tribunal administrativo, en el que, el Ayuntamiento demandado se comprometió a cubrir la citada suma en tres parcialidades, cada una de ellas por la cantidad de $2,297,977.64 (dos millones doscientos noventa y siete mil novecientos setenta y siete pesos 64/100 moneda nacional), en los días quince y treinta de noviembre, así como el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, al no haberse cubierto el primer pago en la data pactada, la sala responsable comenzó a efectuar diversos requerimientos con apercibimientos de multa y arresto, los que efectivamente impuso, inicialmente, a las autoridades demandadas Presidente Municipal, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, y posteriormente, a los demás Integrantes del Cabildo Municipal de Jiutepec, Morelos (Regidores), en su calidad de superiores jerárquicos, así como al Titular de la Tesorería Municipal, como autoridad vinculada al cumplimiento, y a quienes mandó traer al procedimiento conforme a los artículos 91, fracción II y 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Así, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, hizo constar la exhibición por parte de la delegada de las autoridades demandadas un título de crédito (cheque) en cumplimiento parcial al convenio celebrado por las partes. Asimismo, señaló que al no haberse exhibido el pago total de la cantidad a la que se condenó las autoridades municipales, ello constituía un incumplimiento de las resoluciones judiciales que son de orden público, por lo que les impuso una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, requirió nuevamente a las autoridades condenadas, a los demás Integrantes del Cabildo Municipal como superior jerárquico y al Tesorero Municipal como autoridad vinculada, para que en veinticuatro horas cumplieran totalmente el convenio celebrado en atención a la sentencia definitiva y pagaran a la parte actora la cantidad adeudada, pues de lo contrario, les impondría un arresto administrativo por una hora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Dicha determinación les fue notificada el veintiséis del mismo mes y año, a los quejosos en los cargos y calidades siguientes: 1. Rafael Reyes Reyes, Presidente Municipal (autoridad demandada) 2. Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos (autoridad demandada) 3. Eduardo Navarro Salgado Regidor de la Coordinación de Organismos Descentralizados y Turismo (Integrante del Cabildo Municipal como superior jerárquico) 4. Patricia Mireya Martínez Vázquez Regidora de Desarrollo Económico, Transporte y Asuntos Migratorios (Integrante del Cabildo Municipal como superior jerárquico) 5. Abrahan Jair Domínguez Espina Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y Patrimonio Municipal (Integrante del Cabildo Municipal como superior jerárquico) 6. Salvador Alvarado Mendoza Regidor de Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Protección del Patrimonio Cultural (Integrante del Cabildo Municipal como superior jerárquico). Como respuesta al requerimiento, la delegada de las autoridades demandadas nuevamente exhibió un cheque por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la empresa actora Arquitectura e Ingeniería MADS, Sociedad Anónima de Capital Variable. En su atención, el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pronunció el acuerdo reclamado de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado y les impuso un arresto administrativo por una hora. Con base en lo expuesto, se estiman infundados los conceptos de inconformidad que se analizan, pues si bien el arresto impuesto por una hora, se decretó a los quejosos en su calidad de autoridades demandadas, como en el caso de Rafael Reyes Reyes y Cira Hortencia Vega Velázquez, y a Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Abrahan Jair Domínguez Espina y Salvador Alvarado Mendoza, como Regidores e Integrantes del Cabildo Municipal y este a su vez como superior jerárquico de los demandados, es evidente que no existía obligación de la responsable de individualizar por cada uno la imposición de la medida de apremio. Esto es así, pues sin desconocer que efectivamente cada uno de los inconformes ostenten cargos distintos, y puedan desarrollar funciones y/o competencias diferentes al interior del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, lo cierto es que, en su carácter de funcionarios demandados los dos primeros y el resto como integrantes de un órgano (cabildo) superior jerárquico, les surgió a todos en su conjunto una obligación derivada del convenio celebrado entre las partes con el objeto de cubrir a la empresa actora la cantidad sentenciada. En efecto, como se narró en párrafos precedentes, al no obtener el pago total del adeudo a pesar de los múltiples requerimientos e imposiciones de medidas de apremio en contra de las demandadas, la responsable hizo uso de las facultades conferidas en los artículos 91, fracción II y 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que dicen: "Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: (.) II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;" "Artículo 129. Los titulares y las dependencias del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos del estado de Morelos, de las Fiscalías General y Anticorrupción o de sus organismos auxiliares, deberán prestar al Tribunal de Justicia Administrativa y a sus Salas, todo el auxilio que les requiera para hacer cumplir sus determinaciones. La autoridad que, a pesar de haber sido requerida para ello, se negare a prestar al Tribunal el auxilio solicitado, será responsable de los daños y perjuicios que se originen por su renuencia, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir, conforme a las Leyes y reglamentos aplicables." Por consiguiente, para obtener el pleno y eficaz cumplimiento de lo sentenciado, la Sala mandó traer con base en dichos dispositivos legales, a todos y cada uno de los Regidores integrantes del Cabildo Municipal como superior jerárquico de las demandadas, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como autoridad vinculada. En esa tesitura, es claro que tanto a las demandadas como a las demás autoridades incorporadas al procedimiento de ejecución, en su calidad de integrantes de un órgano superior jerárquico y autoridad vinculada al cumplimiento, tienen la obligación en su conjunto de acatar los lineamientos de la sentencia pronunciada en el juicio de origen, en el caso, el pago de la cantidad total de $6,893,932.92 (seis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional), a favor de la persona moral denominada Arquitectura e Ingeniería MADS, Sociedad Anónima de Capital Variable. Empero, al no hacerlo, es correcto que se les considere a todas en su conjunto y por igual como responsables del incumplimiento de esa obligación en común, sin que, como lo consideran los quejosos, deba individualizarse o describirse su conducta a partir de las funciones que cada uno lleva a cabo en el cargo ostentado, puesto que no es el desempeño de sus funciones lo que evaluó la autoridad que conoce el juicio de origen, sino la conducta rebelde, contumaz o dilatoria que advirtió con motivo de la falta del pago total de la condena pecuniaria. Esto último, se corrobora cuando en la parte conducente del acuerdo reclamado, la autoridad responsable explicó lo siguiente: ".Expuesto lo anterior tenemos que la norma constitucional citada establece que las Leyes Federales y Locales deberán establecer los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de sus resoluciones; por tanto las autoridades RAFAEL REYES REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; CIRA HORTENCIA VEGA VELÁZQUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.; superior jerárquico .EDUARDO NAVARRO SALGADO, REGIDOR DE LA COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y TURISMO; PATRICIA MIREYA MARTÍNEZ VÁZQUEZ, REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSPORTE Y ASUNTOS MIGRATORIOS; .ABRAHAN JAIR DOMÍNGUEZ ESPINA, REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS, POBLADOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL; .SALVADOR ALVARADO MENDOZA, REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, TODOS INTEGRANTES DEL CABILDO DE JIUTEPEC, MORELOS. y autoridad vinculada., ante la omisión de cumplir con una sentencia judicial que reviste el carácter de verdad legal en mérito de su ejecutoriedad, han transgredido lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que imponen su obligación para efecto de cumplir con la sentencia emitida de conformidad con los lineamientos expuestos en los términos que para tal efecto se establecen, pues no debe ser desapercibido que el artículo 90 de la norma aplicada, establece que las condenadas deberán cumplir las ejecutorias dentro de un plazo de diez días a partir de que se notifique la sentencia que les condene y si no lo hicieren así, se les requerirá para que lo hagan en un plazo no mayor de veinticuatro horas, ha sido omisa en exceso para cumplir la sentencia de conformidad con los términos legales antes citados, razón de ello a efecto de vencer la contumacia desplegada esta Primera Sala ha impuesto multas a la rebelde, no obstante ello ha sido continua su omisión." Por ello, no les asiste razón a los quejosos cuando argumentan que el único funcionario que puede disponer de los recursos económicos y realizar las gestiones para el pago requerido es el Tesorero Municipal, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que la autoridad debió observar que éste como encargado de las finanzas es quien puede realizar el pago de la condena derivado del juicio administrativo de origen. Agregando que dentro de sus facultades como Presidente, Síndico y Regidores, no se encuentra la de emitir pagos, lo cual debió valorarse al momento de imponer la sanción a cada uno de los miembros del Cabildo Municipal de Jiutepec, ya que no puede decretarse una sanción genérica e igual para todos, cuando por sus funciones y competencia no incurren en la misma omisión. Lo anterior es desacertado, en razón de que al margen de lo que ya se dijo, lo alegado no releva a los quejosos en su calidad de autoridades demandadas, como en el caso de Rafael Reyes Reyes y Cira Hortencia Vega Velázquez, y a Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Abrahan Jair Domínguez Espina y Salvador Alvarado Mendoza, como Regidores e Integrantes del Cabildo Municipal y este a su vez como superior jerárquico de los demandados, de realizar las gestiones necesarias para obtener el total del numerario que les fue exigido, incluso ante el propio Tesorero, circunstancia que omitieron llevar a cabo, pues no exhibieron el pago total de la deuda ni demostraron haber realizado alguna gestión y, ante esa situación, resulta correcto que a todos se les considere por igual como responsables del desacato de la sentencia. Más aún que, la finalidad perseguida en los numerales 91, fracción II y 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al establecer la facultad de la autoridad de traer al procedimiento de ejecución al superior jerárquico o cualquier otra autoridad o dependencia, cuando la sentencia no quedare cumplida por la autoridad demandada, es precisamente para que realicen acciones que puedan lograr el acatamiento del fallo, utilizando todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueden hacer e imponer, para conseguir dicho cumplimiento, y si el subordinado se resiste, el superior o quien ejerce funciones de dirección sobre la responsable directamente deben cumplir con el fallo. Por lo anterior, es incuestionable que en caso de omisión en el acatamiento de la sentencia, como así ocurrió en la especie, debe considerarse que todos incurrieron en responsabilidad en los mismos términos que las autoridades demandadas y, siendo así, se estima correcta la imposición de la medida de apremio de arresto a todos por igual. Bajo esa perspectiva, no es aplicable la tesis invocada por los promoventes de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CARACTERISTICAS DE LOS DOS DIFERENTES TIPOS DE JUICIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD QUE DEBEN REALIZARSE PARA ESTIMAR CORRECTAMENTE INDIVIDUALIZADA UNA SANCIÓN IMPUESTA EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA." Esto es así, pues además de no ser obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el criterio inserto hace alusión a una ley aplicable a un procedimiento administrativo sancionador, naturaleza diversa al del procedimiento seguido en el juicio de origen, pues se refiere a un juicio administrativo donde se impuso una condena de pago a las autoridades demandadas y, por tanto, la finalidad perseguida en éste no es imponer una sanción disciplinaria por la comisión de alguna infracción administrativa, sino el cumplimiento de la sentencia, la cual, al no acatarse en sus términos, se ha vinculado a las autoridades integrantes del Cabildo Municipal como superior jerárquico y al Tesorero del Ayuntamiento. Por otra parte, en el segundo concepto de violación los solicitantes del amparo argumentan que les causa agravios que para imponer el arresto en su contra no se tomó en cuenta que han hecho pagos parciales en cumplimiento a la sentencia y que en su calidad de autoridades por sí solas no pueden emitir un pago total por la cantidad $6,893,932.92 (seis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional). Es infundado lo anterior, pues contrario a lo expuesto, previo a la imposición del arresto en su contra por una hora, la autoridad responsable sí evaluó los pagos parciales realizados por los quejosos con la calidad de autoridad ostentada en el juicio de origen; sin embargo, consideró insuficiente el pago parcial de $425,000.00 (cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), pues adujo que con ello solo se evidenciaba el incumplimiento del pago total al que estaban obligadas satisfacer y que ante el desacato al requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, era dable hacer efectivo el apercibimiento decretado e imponerles un arresto administrativo por una hora. Lo anterior, se corrobora con la transcripción siguiente de la parte conducente del acuerdo reclamado de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno: "Se tiene por presentadas a las autoridades condenadas a través de su delegada, exhibiendo el título de crédito descrito al pie de página; ello en cumplimiento parcial al convenio celebrado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, realizado en acatamiento a la sentencia definitiva de tres de abril de dos mil dieciocho, dese vista a la parte actora para que dentro del plazo de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al pronunciamiento que emitieron las autoridades. (.) De lo antes citado se hace un desglose del cumplimiento parcial que han emitido las autoridades condenadas en el presente asunto haciendo referencia a lo siguiente: (.) TOTAL EXHIBIDO EN CUMPLIMIENTO PARCIAL AL CONVENIO CELEBRADO EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD TOTAL A PAGAR A LA PARTE ACTORA--$6,893,932.92 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) Así las cosas, es evidente que las autoridades condenadas no (sic) exhibido el pago total por la cantidad derivada de la ejecución de los trabajos descritos en los contratos de obra pública números SOYSP/DN/RP/INV-3/01/2014 y SOYSP/DN/RP/INV-3/02/2014; por lo tanto tenemos que el cumplimiento de las resoluciones judiciales es de orden público y de interés social, no sujetas a trabas u obstáculos procesales, por ello es deber de este Tribunal pugnar por el debido y exacto cumplimiento de las sentencias definitivas, máxime que nos encontramos en presencia de una autoridad que elevó juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y de las leyes que de ella emanen. Por lo antes expuesto ante el desacato de las autoridades condenadas para cumplir cabalmente con la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se impone a las autoridades condenadas RAFAEL REYES REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; CIRA HORTENCIA VEGA VELÁZQUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, .EDUARDO NAVARRO SALGADO, REGIDOR DE LA COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y TURISMO; PATRICIA MIREYA MARTÍNEZ VÁZQUEZ, REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSPORTE Y ASUNTOS MIGRATORIOS; .ABRAHAN JAIR DOMÍNGUEZ ESPINA, REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS, POBLADOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL; .SALVADOR ALVARADO MENDOZA, REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, TODOS INTEGRANTES DEL CABILDO DE JIUTEPEC, MORELOS., un ARRESTO ADMINISTRATIVO POR UNA HORA, conforme al artículo 11, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.". Consecuentemente, no es acertado el argumento en estudio, pues antes de imponer el arresto reclamado la autoridad sí ponderó la exhibición de las cantidades parciales. Sin que este Juzgado de Distrito inadvierta la manifestación de los quejosos en el sentido de que en su calidad de autoridades por sí solas no pueden emitir un pago total por la cantidad $6,893,932.92 (seis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional); empero, tal imposibilidad que se argumenta debe acreditarse ante la autoridad responsable, que es quien, de primera mano, debe proceder a su análisis, máxime que la sala responsable precisó que sí se encontraban en condiciones de realizar ese pago. Ello es así, en virtud que la sala responsable en la resolución reclamada destacó que: "cabe destacar que conforme a la declaración 1.6 de los contratos números SOYSP/DN/RP/INV-3/01/2014 y SOYSP/DN/RP/INV-3/02/2014 base de la acción, la parte demandada declara: PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZA MEDIANTE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS A EJECUTARSE CON RECURSOS PROPIOS", por lo que la sala concluyó que las demandadas sí "cuentan con los mecanismos para dar cumplimiento a la ejecutoria que rige en autos, sin embargo, la conducta procesal de las mismas, como se ha relatado, ilustra su renegada actitud a incumplir con lo mandatado por el Tribunal Pleno de este órgano jurisdiccional, razón suficiente para decretar el ARRESTO POR UNA HORA.". En ese sentido, también resultan incorrectas las manifestaciones de los inconformes, en la parte donde precisan que no ha existido omisión de su parte en el cumplimiento de la condena impuesta en el juicio de nulidad de origen y que tienen disposición de cubrir a la parte actora el monto total de la cantidad requerida, toda vez que, como bien lo indicó la autoridad en el acuerdo reclamado, la exhibición de los pagos parciales no hace sino resaltar la falta de cumplimiento a los múltiples requerimientos realizados sin que efectivamente quede satisfecho el pago total de la cantidad condenada, por lo que aun cuando se tengan intenciones mientras no se cubra la cantidad requerida, se seguirá incurriendo en desacato. Por lo expuesto, se estima que no es ilegal el hecho de que aun con los pagos parciales se considere omisos a los quejosos y la autoridad no determine que existe un principio de cumplimiento de la sentencia, ya que como bien lo afirmó la responsable, el acatamiento de las resoluciones judiciales es de orden público y de interés social, no sujetas a trabas u obstáculos procesales. De modo que, en su acatamiento, además de no admitir evasivas ni dilaciones, según así se desprende de lo expuesto en el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no es la autoridad demandada, la vinculada ni el superior jerárquico de aquéllas, quienes deben fijar la forma y términos en que debe cumplirse la condena, como así pareciera por ellas al pretenderse que con los pagos parciales realizados de manera periódica se les tenga cumpliendo la sentencia, cuando de acuerdo con dicho precepto legal y lo ordenado por la responsable existe una obligación ineludible que consiste en el pago total e inmediato de la cantidad condenada y no en parcialidades. En lo conducente y pertinente, es aplicable por analogía jurídica el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, sustentado en la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), publicada con el registro digital 2020899, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." En otro aspecto, deviene infundado el argumento donde incorrectamente se afirma que la responsable se limitó a referir en su acuerdo que existe desacato de parte de los quejosos omitiendo motivar las razones de imposición del arresto administrativo. Esto es así, pues basta dar lectura al acuerdo reclamado para advertir que la autoridad responsable no incurrió en la omisión reprochada, toda vez que señaló claramente y de manera abundante los motivos, circunstancias y razones particulares que la conllevaron a determinar que los quejosos con la calidad de autoridades demandadas e integrantes del cabildo municipal incurrieron en desobediencia al requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y, a pesar de que solo exhibieron un título de crédito por una cantidad parcial ($25,000.00), explicó las causas por las cuales estimó que se encontraban desobedeciendo la obligación de pagar totalmente el adeudo existente a favor de la parte actora. Por lo que, en comunión con los dispositivos legales que citó y que se han reproducido algunos de ellos en esta resolución, concluyó acertadamente, pero sobre todo de manera fundada y motivada la procedencia del arresto administrativo por una hora, colmándose así de manera indudable los requisitos contempladas en el artículo 16 Constitucional. Al caso, se cita la tesis XXI. 1o. 92 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable con el registro digital 210507, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 334, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Máxime que para decretar la orden de arresto debe actualizarse de modo evidente e incuestionable una conducta contumaz, lo cual la autoridad responsable puso de manifiesto en el acuerdo reclamado, al precisar los diversos requerimientos a las autoridades demandadas y que no obstante ello no se ha dado total cumplimiento a lo sentenciado. Apoyan las consideraciones que anteceden, los siguientes criterios: El sustentado en la Tesis: 1 a. /J.89/2005, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, Materia Civil, Registro Digital número 177369, del rubro: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)". Y el sustentado en la Tesis: II.2 o.C 476 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, Materia Civil, Común, Registro Digital 180114, del rubro: "ORDEN DE ARRESTO.PARA DECRETARLA DEBE ACTUALIZARSE DE MODO EVIDENTE E INCUESTIONABLE UNA CONDUCTA CONTUMAZ RESPECTO DE UN MANDATO JUDICIAL, DE LO CONTRARIO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS". En otro apartado de los motivos de disenso, los solicitantes del amparo aducen que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica, porque la responsable pretende privarlos de su libertad con una orden de arresto dictada de manera indebida, ya que no han omitido dar cumplimiento a la sentencia definitiva y, por ende, ese mandato no cumple con las normas esenciales del procedimiento que justifiquen su proceder. Lo anterior es incorrecto, porque a través del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, señaló que al no haberse exhibido el pago total de la cantidad a la que fueron condenados, constituía un incumplimiento de las resoluciones judiciales que son de orden público, por lo que les impuso una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Pero además, los requirió nuevamente para que en veinticuatro horas cumplieran totalmente el convenio celebrado en atención a la sentencia definitiva y pagaran a la parte actora la cantidad adeudada, pues de lo contrario, se les impondría un arresto administrativo por una hora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Dicha determinación les fue notificada el veintiséis del mismo mes y año. Sin embargo, se advierte que en el auto reclamado la sala responsable destacó que los quejosos a través de su delegada en el juicio solo presentaron un título de crédito (cheque) por la suma de ********************, lo cual motivó a la autoridad responsable a considerar que no habían dado cumplimiento total a la obligación de pago impuesta y que ante el desacato de las autoridades para cumplir cabalmente con la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, les impuso una orden de arresto por una hora. Lo expuesto, significa en principio, que la responsable cumplió con los requisitos que deben observarse para cumplir con los principios de seguridad y legalidad jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en los casos cuando se decreta una medida de apremio y posteriormente se hace efectiva. Ello, porque como se desprende de lo expuesto basado en las constancias de autos, se emitió una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada (acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno), que debía ser cumplida por las autoridades demandadas, autoridad vinculada y autoridades que conforman el cabildo como superior jerárquico, así como la comunicación oportuna, mediante notificación personal a los obligados, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se les aplicaría una medida de apremio precisa y concreta (arresto por una hora). Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación, la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 189438, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. A lo anterior, se suma la circunstancia ya mencionada, en el sentido de que al hacer efectiva la medida de apremio con que se apercibió a las autoridades obligadas al cumplimiento, la responsable citó los fundamentos legales y explicó las razones o causas particulares que consideró procedentes para decretar el arresto en contra de los quejosos y ante ello puede decirse que en la emisión del acto de molestia se han respetado a su favor las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 Constitucional. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II Diciembre de 1995, página 133, Materia Constitucional, Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En las relatadas consideraciones, resulta incuestionable que fue correcto el actuar de la autoridad al decretar a los quejosos un arresto administrativo por una hora como medida de apremio, por lo que, en relación al acto de molestia analizado debe negarse la protección constitucional que se solicita, más aun que como se adelantó, en el caso no se advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja a favor de los inconformes, de acuerdo con el artículo 79, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando tercero, y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables descritas en el tercer considerando y por las razones expresadas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista y personalmente a los quejosos y agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe, firmándose con esta fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose.- Doy fe.
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