Rafael Reyes Reyes
Expediente 94/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Reyes Reyes
- Josué Pineda Teodoro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte tercero interesado Josué Pineda Teodoro, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesado, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO JOSUÉ PINEDA TEODORO POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACION: VISTO, para resolver el juicio de amparo 94/2022, promovido por RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Congreso del Estado de Morelos. ° Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. ° Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. ° Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. ° Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ° Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RECLAMO LO SIGUIENTE: LA APROBACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE RECLAMA; EL REFRENDO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD, APLICADA EN VÍA DEL CUARTO ACTO RECLAMADO. .DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO: LA PUBLICACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS SE RECLAMA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL 01/687/18. .H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. SE RECLAMA: LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARCIULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II CONSISTENTE EN A DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL NÚMERO 01/687/18.". SEGUNDO. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 94/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la aprobación, sanción, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, particularmente del artículo 124 fracción II, consistente en la destitución del quejoso en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, consistentes en la norma general reclamada a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Congreso del Estado de Morelos, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, también es cierta la resolución reclamada, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables Presidente, Tercer Arbitro y Secretario General, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, lo cual además se corrobora con las copias certificadas de los autos que integran el juicio laboral burocrático 01/687/18, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la publicación de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en particular el artículo 124, fracción II, que la parte quejosa atribuye al Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se actualiza, de oficio, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III y VIII del numeral 108 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación.". En ese contexto, aun cuando el impetrante de garantías acude a esta contienda constitucional impugnando la publicación de la norma controvertida, no lo hace por vicios propios, sino como parte del proceso de formación de la ley. Es importante destacar que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el constituyente federal introdujo en el artículo 108 un motivo de improcedencia que se hace descansar en la obligación del gobernado que acude al amparo, de señalar como autoridades responsables cuando se impugnen normas generales a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación, así como a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, de estos últimos únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En efecto, conforme a las disposiciones que rigen en materia de amparo a partir del tres de abril de dos mil trece, es requisito indispensable, para la procedencia de la acción de constitucionalidad, que tratándose de amparo contra normas generales el quejoso impugne por vicios propios el refrendo o publicación de las mismas, esto es, no basta para hacer procedente la vía el simple señalamiento de inconstitucionalidad, sino que deben de formularse conceptos de violación en su contra, a efecto de posibilitar su estudio y conocer la causa en que apoya su contravención a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales que de ésta deriven. Ello es así, puesto que aun cuando es cierto que el máximo tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido, ello no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual, deberá de señalar la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de la publicación de la norma que por esta vía reclame; sin embargo, la quejosa omitió señalar claramente la causa de pedir en relación con la publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dado que basta el análisis integral que se realiza al escrito de demanda, para arribar a la conclusión de que efectivamente no especificó con claridad la causa de pedir respecto de la publicación de la misma. No es óbice a lo anterior, la existencia del ordenamiento reclamado, puesto que dicha circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de formular la mínima causa de pedir en relación con la transgresión de derechos que alegue derive del actuar de las autoridades señaladas como responsables. Tampoco es obstáculo que la quejosa haya formulado un capítulo relativo a los conceptos de violación del escrito de demanda, puesto que en éste únicamente se limitó a realizar manifestaciones en torno a la inconstitucionalidad del ordenamiento reclamado, no así respecto de los vicios propios de la publicación de la norma reclamada. En consecuencia, tratándose de la impugnación de normas generales, el quejoso no puede señalar a la autoridad que intervino en su publicación sin generar conceptos de violación de manera específica respecto del mismo, dado que dicho acto al revestir autonomía, únicamente puede impugnarse en el juicio de amparo por vicios propios, situación que no acontece, puesto que la parte quejosa no expresó ningún razonamiento lógico jurídico del que se desprenda se inconforme de esos actos por vicios propios. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes: Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.A. J/49 A (10a.) Página: 2248, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.". Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.A. J/50 A (10a.) Página: 2249, de contenido literal siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones III y VIII del 108, ambos de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. Causales de improcedencia infundadas. El Presidente, Tercer Arbitro y el Secretario General, todos de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Lo anterior, referente a la falta de interés jurídico del quejoso; lo cual considera así la autoridad señalada como responsable, porque dice haber dictado el acuerdo reclamado conforme a derecho, por lo que no puede haber una afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, lo que aduce la autoridad responsable es una cuestión que está íntimamente ligada al estudio de fondo del asunto, en la medida en que ahí se dilucidará si los actos reclamados contravienen alguna disposición constitucional y, por ende, si existe o no una afectación a los derechos de la parte quejosa. Y por tanto, ese tema de análisis no es propio del apartado de procedencia, sino del problema jurídico principal planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 135/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Materia Común, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En principio, para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por el quejoso es la siguiente: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: [.] II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje". Y, a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de ese precepto, el quejoso sostiene que no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es facultad única y exclusiva de las legislaturas locales separar o suspender de su encargo a los miembros de un ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, resultan infundados los argumentos vertidos por el quejoso, pues ya existe un criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determinó que, al aplicar el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debe hacerse una interpretación conforme con la Constitución e interpretarse en el sentido de que, dicho artículo, excluye de la destitución a los miembros de los ayuntamientos. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal se incurre en un acto contrario a ésta, como ocurrió en el caso analizado por ella, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, estipulando así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. Así la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 181 y 182, disponen lo siguiente: "Artículo 181.- Procederá la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular cuando el munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos que sean calificados como causas graves por el Congreso del Estado: I.- Quebrante los principios jurídicos del régimen federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; II.- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; III.- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; IV.- Cuando abuse de su autoridad en perjuicio de la comunidad y del Ayuntamiento; V.- Por omisión en el cumplimiento de sus funciones; VI.- Cuando se le dicte auto de formal prisión por delito doloso; y VII.- En los casos de incapacidad física o legal permanente. Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto". "Artículo 182.- Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo, el Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus miembros, acordará la revocación del mandato del munícipe de que se trate. Decretada la revocación, se procederá en los términos del último párrafo del Artículo anterior." Debido a todo esto, se adoptan las consideraciones que sustentan la determinación emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver la controversia constitucional 253/2016 el quince de noviembre de dos mil diecisiete; ello, ya que el supuesto analizado en este juicio, si bien no es idéntico, comparte características similares al estudiado en la referida controversia, en tanto que también versa sobre un acuerdo reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues se ordenó remitir el expediente laboral al Congreso del Estado, a fin de que determinara si la contumacia del Ayuntamiento representado por el quejoso encuadraba en uno de los supuestos de faltas graves estipuladas en el artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y, por tanto, que se iniciara el procedimiento para su destitución. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un interpretación conforme del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, 10, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y consideró que, aunque el artículo 124 en comento, efectivamente, permite que el tribunal burocrático del Estado de Morelos puede sancionar la desobediencia a sus determinaciones con destitución del infractor, dentro de este concepto "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que de estimar lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al considerarse facultado dicho tribunal para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, soslayando que el citado artículo 115 señala que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan." "Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. (.)". "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: I.- Declarará la desaparición de Ayuntamientos cuando se hayan presentado previamente circunstancias de hecho como la desintegración del Cuerpo Edilicio o que éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional tanto Federal como Estatal; II.- Podrá dictar la suspensión definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: a).- Cuando el Municipio ha dejado de funcionar normalmente por cualquier circunstancia distinta a las señaladas como causa de declaración de desaparición de los Ayuntamientos; b).- Cuando el Ayuntamiento como tal, haya violado reiteradamente la Legislación Estatal o la de la Federación; c).- Cuando todos los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el caso de que proceda su suspensión en lo particular. III.- Ordenará la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el Munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos: a).- Quebrante los principios jurídicos del régimen Federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; b).- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; c).- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco Sesiones de Cabildo sin causa justificada; d).- Cuando reiteradamente abuse de su Autoridad en perjuicio de la Comunidad y del Ayuntamiento; e).- Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; f).- Cuando se le dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por delito doloso, sancionado con pena privativa de libertad, y g).- En los casos de incapacidad física o legal permanente. IV.- Acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el caso. En caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los Suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputación Permanente lo convocará a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constitución". "Artículo 178.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política Local." Además al interpretar el artículo 115 Constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a partir de lo determinado por el Pleno de ese Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1163, Materia Constitucional, Novena Época, de contenido siguiente: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional.". En ese sentido, es que se considera que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no deviene inconstitucional, pues el órgano del Alto Tribunal determinó que su interpretación debe ser en el sentido de que la palabra "infractor" contenida en ese precepto, no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, pues debe ser éste el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. De ahí lo infundado de los argumentos hechos valer por el quejoso en su concepto de violación, pues como ya quedó demostrado, el precepto impugnado no es inconstitucional en sí mismo, sino que lo que puede resultar inconstitucional, en todo caso, es la aplicación que se haga de ese precepto. Por otro lado, el quejoso combate la resolución de veintitrés de noviembre de dos mi veintiuno, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente burocrático laboral 01/687/18, en la cual, ante la contumacia del Ayuntamiento demandado de dar cumplimiento al laudo de seis de octubre de dos mil diecinueve, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por acuerdos de cinco y seis de agosto de dos mil veintiuno y se ordenó remitir copia del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, esencialmente, para que éste determine si la conducta del ahora quejoso encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal y, en su caso, inicie el procedimiento de destitución que establece el artículo 115 de la Constitución Federal en contra del quejoso. Contra esa determinación, el aquí quejoso argumenta en su único concepto de violación, esencialmente, que acorde al artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, solo el Gobernador del Estado puede solicitar al Congreso la destitución de alguno de los integrantes de los ayuntamientos del Estado, por lo que el Tribunal responsable no está facultado para hacer esa solicitud. Resulta inoperante el concepto de violación relativo, lo anterior, en razón de que conforme al artículo 41 de la Constitución Local, establece lo siguiente: "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: (.)" En relación a lo anterior, como se advierte también el Congreso pueden solicitar el inicio del procedimiento de destitución, y en el caso la resolución que también constituye el acto reclamado no constituye propiamente la petición de destitución establecida en el artículo mencionado, sino lo único que hace el Tribunal señalado como responsable es incluso referir que no realizó mayor pronunciamiento respecto del procedimiento o destitución en su caso, dadas las facultades del Congreso Local para tal efecto. En consecuencia, la resolución reclamada, en lo que interesa precisó lo siguiente: ".Con base en los antecedentes que fueron narrados, en relación a la normatividad que fue plasmada en líneas que anteceden, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, considera que ante el incumplimiento del laudo dictado el seis de octubre del dos mil diecinueve, se actualiza la hipótesis contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos relativa a la omisión en el cumplimiento de las funciones (obligaciones) por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de JIUTEPEC, Morelos.----------------------------.Se estima que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, tomando en consideración no solo las atribuciones que por disposición legal le corresponden, sino también conforme a lo previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado., en aplicación supletoria, preceptos que grosso modo, establecen que el laudo deberá cumplirse voluntariamente dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, el cual una vez concluido, la parte que obtuvo podrá solicitar su ejecución. .En esa lógica, la Ley Burocrática Estatal prevé de dos recursos jurídicos para el cumplimiento de los laudos que se emiten, esto es, la imposición de multas y la destitución del infractor. Como puede apreciarse en la etapa de ejecución del presente juicio, se ha agotado lo relativo a la primera hipótesis, quedando como consecuencia la imposición de la segunda.---------------------- .con base en la normatividad fijada, es claro que no sólo corresponde al Congreso del Estado determinar si se actualiza alguna o algunas de las hipótesis que ameriten la suspensión definitiva de aquél integrante de un Ayuntamiento que incurra en alguna de las causas mencionadas, si no también llevar a cabo el procedimieno respectivo. .tomando en consideración que existe una restricción en el ámbito de las facultades de este Tribunal para su imposición, lo que conlleva y así ha sido determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 253/2016 a que sea el Congreso del Estado de Morelos, quien determine con base en los artículos 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si es procedente o no la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ante el incumplimiento del laudo.---------------------------------------------.". De la transcripción anterior, se advierte que en efecto la autoridad señalada como responsable precisó claramente la restricción existente para la aplicación de la disposición reclamada en la resolución de veintitrés de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente 01/687/18, ya que incluso invoca el contenido de la controversia constitucional 253/2016, índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, se advierte de la resolución en comento que la autoridad laboral únicamente se limitó a remitir los autos del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, para efectos de en su caso iniciar el procedimiento de destitución, y como lo narró en su informe, incluso fueron devueltos los autos por el Congreso de referencia. De ahí la inoperancia del argumento del quejoso, pues no se puede considerar la resolución reclamada como la solicitud de inicio del procedimiento de destitución del quejoso en su cargo de presidente municipal, pues en la redacción de esa determinación, la autoridad señalada como responsable hace hincapié a quien corresponde esa, sino tal y como se advierte de alguno de los párrafos transcritos de la resolución reclamada, únicamente ordena hacer de su conocimiento el incumplimiento del laudo, no obstante haber agotado la imposición de multas para su acatamiento, sin éxito. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL REYES REYES, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: VISTO, para resolver el juicio de amparo 94/2022, promovido por RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Congreso del Estado de Morelos. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: "DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RECLAMO LO SIGUIENTE: LA APROBACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE RECLAMA; EL REFRENDO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD, APLICADA EN VÍA DEL CUARTO ACTO RECLAMADO. DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO: LA PUBLICACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS SE RECLAMA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL 01/687/18. H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. SE RECLAMA: LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARCIULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II CONSISTENTE EN A DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL NÚMERO 01/687/18.". SEGUNDO. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 94/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la aprobación, sanción, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, particularmente del artículo 124 fracción II, consistente en la destitución del quejoso en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, consistentes en la norma general reclamada a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Congreso del Estado de Morelos, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, también es cierta la resolución reclamada, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables Presidente, Tercer Arbitro y Secretario General, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, lo cual además se corrobora con las copias certificadas de los autos que integran el juicio laboral burocrático 01/687/18, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la publicación de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en particular el artículo 124, fracción II, que la parte quejosa atribuye al Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se actualiza, de oficio, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III y VIII del numeral 108 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; VIII. Los conceptos de violación". En ese contexto, aun cuando el impetrante de garantías acude a esta contienda constitucional impugnando la publicación de la norma controvertida, no lo hace por vicios propios, sino como parte del proceso de formación de la ley. Es importante destacar que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el constituyente federal introdujo en el artículo 108 un motivo de improcedencia que se hace descansar en la obligación del gobernado que acude al amparo, de señalar como autoridades responsables cuando se impugnen normas generales a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación, así como a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, de estos últimos únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En efecto, conforme a las disposiciones que rigen en materia de amparo a partir del tres de abril de dos mil trece, es requisito indispensable, para la procedencia de la acción de constitucionalidad, que tratándose de amparo contra normas generales el quejoso impugne por vicios propios el refrendo o publicación de las mismas, esto es, no basta para hacer procedente la vía el simple señalamiento de inconstitucionalidad, sino que deben de formularse conceptos de violación en su contra, a efecto de posibilitar su estudio y conocer la causa en que apoya su contravención a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales que de ésta deriven. Ello es así, puesto que aun cuando es cierto que el máximo tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido, ello no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual, deberá de señalar la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de la publicación de la norma que por esta vía reclame; sin embargo, la quejosa omitió señalar claramente la causa de pedir en relación con la publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dado que basta el análisis integral que se realiza al escrito de demanda, para arribar a la conclusión de que efectivamente no especificó con claridad la causa de pedir respecto de la publicación de la misma. No es óbice a lo anterior, la existencia del ordenamiento reclamado, puesto que dicha circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de formular la mínima causa de pedir en relación con la transgresión de derechos que alegue derive del actuar de las autoridades señaladas como responsables. Tampoco es obstáculo que la quejosa haya formulado un capítulo relativo a los conceptos de violación del escrito de demanda, puesto que en éste únicamente se limitó a realizar manifestaciones en torno a la inconstitucionalidad del ordenamiento reclamado, no así respecto de los vicios propios de la publicación de la norma reclamada. En consecuencia, tratándose de la impugnación de normas generales, el quejoso no puede señalar a la autoridad que intervino en su publicación sin generar conceptos de violación de manera específica respecto del mismo, dado que dicho acto al revestir autonomía, únicamente puede impugnarse en el juicio de amparo por vicios propios, situación que no acontece, puesto que la parte quejosa no expresó ningún razonamiento lógico jurídico del que se desprenda se inconforme de esos actos por vicios propios. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes: Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC I A J/49 A (10) Página: 2248, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.". Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC I A J/50 A (10) Página: 2249, de contenido literal siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones III y VIII del 108, ambos de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. Causales de improcedencia infundadas. El Presidente, Tercer Arbitro y el Secretario General, todos de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ". Lo anterior, referente a la falta de interés jurídico del quejoso; lo cual considera así la autoridad señalada como responsable, porque dice haber dictado el acuerdo reclamado conforme a derecho, por lo que no puede haber una afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, lo que aduce la autoridad responsable es una cuestión que está íntimamente ligada al estudio de fondo del asunto, en la medida en que ahí se dilucidará si los actos reclamados contravienen alguna disposición constitucional y, por ende, si existe o no una afectación a los derechos de la parte quejosa. Y por tanto, ese tema de análisis no es propio del apartado de procedencia, sino del problema jurídico principal planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P /J 135/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2 /J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Materia Común, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En principio, para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por el quejoso es la siguiente: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje". Y, a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de ese precepto, el quejoso sostiene que no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es facultad única y exclusiva de las legislaturas locales separar o suspender de su encargo a los miembros de un ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, resultan infundados los argumentos vertidos por el quejoso, pues ya existe un criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determinó que, al aplicar el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debe hacerse una interpretación conforme con la Constitución e interpretarse en el sentido de que, dicho artículo, excluye de la destitución a los miembros de los ayuntamientos. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal se incurre en un acto contrario a ésta, como ocurrió en el caso analizado por ella, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, estipulando así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. Así la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 181 y 182, disponen lo siguiente: "Artículo 181.- Procederá la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular cuando el munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos que sean calificados como causas graves por el Congreso del Estado: I.- Quebrante los principios jurídicos del régimen federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; II.- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; III.- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; IV.- Cuando abuse de su autoridad en perjuicio de la comunidad y del Ayuntamiento; V.- Por omisión en el cumplimiento de sus funciones; VI.- Cuando se le dicte auto de formal prisión por delito doloso; y VII.- En los casos de incapacidad física o legal permanente. Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto". "Artículo 182.- Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo, el Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus miembros, acordará la revocación del mandato del munícipe de que se trate. Decretada la revocación, se procederá en los términos del último párrafo del Artículo anterior." Debido a todo esto, se adoptan las consideraciones que sustentan la determinación emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver la controversia constitucional 253/2016 el quince de noviembre de dos mil diecisiete; ello, ya que el supuesto analizado en este juicio, si bien no es idéntico, comparte características similares al estudiado en la referida controversia, en tanto que también versa sobre un acuerdo reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues se ordenó remitir el expediente laboral al Congreso del Estado, a fin de que determinara si la contumacia del Ayuntamiento representado por el quejoso encuadraba en uno de los supuestos de faltas graves estipuladas en el artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y, por tanto, que se iniciara el procedimiento para su destitución. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un interpretación conforme del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, 10, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y consideró que, aunque el artículo 124 en comento, efectivamente, permite que el tribunal burocrático del Estado de Morelos puede sancionar la desobediencia a sus determinaciones con destitución del infractor, dentro de este concepto "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que de estimar lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al considerarse facultado dicho tribunal para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, soslayando que el citado artículo 115 señala que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan." "Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. ". "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: I.- Declarará la desaparición de Ayuntamientos cuando se hayan presentado previamente circunstancias de hecho como la desintegración del Cuerpo Edilicio o que éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional tanto Federal como Estatal; II.- Podrá dictar la suspensión definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: a).- Cuando el Municipio ha dejado de funcionar normalmente por cualquier circunstancia distinta a las señaladas como causa de declaración de desaparición de los Ayuntamientos; b).- Cuando el Ayuntamiento como tal, haya violado reiteradamente la Legislación Estatal o la de la Federación; c).- Cuando todos los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el caso de que proceda su suspensión en lo particular. III.- Ordenará la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el Munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos: a).- Quebrante los principios jurídicos del régimen Federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; b).- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; c).- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco Sesiones de Cabildo sin causa justificada; d).- Cuando reiteradamente abuse de su Autoridad en perjuicio de la Comunidad y del Ayuntamiento; e).- Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; f).- Cuando se le dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por delito doloso, sancionado con pena privativa de libertad, y g).- En los casos de incapacidad física o legal permanente. IV.- Acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el caso. En caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los Suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputación Permanente lo convocará a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constitución". "Artículo 178.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política Local." Además al interpretar el artículo 115 Constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a partir de lo determinado por el Pleno de ese Máximo Tribunal en la jurisprudencia P /J 7/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1163, Materia Constitucional, Novena Época, de contenido siguiente: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional.". En ese sentido, es que se considera que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no deviene inconstitucional, pues el órgano del Alto Tribunal determinó que su interpretación debe ser en el sentido de que la palabra "infractor" contenida en ese precepto, no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, pues debe ser éste el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. De ahí lo infundado de los argumentos hechos valer por el quejoso en su concepto de violación, pues como ya quedó demostrado, el precepto impugnado no es inconstitucional en sí mismo, sino que lo que puede resultar inconstitucional, en todo caso, es la aplicación que se haga de ese precepto. Por otro lado, el quejoso combate la resolución de veintitrés de noviembre de dos mi veintiuno, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente burocrático laboral 01/687/18, en la cual, ante la contumacia del Ayuntamiento demandado de dar cumplimiento al laudo de seis de octubre de dos mil diecinueve, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por acuerdos de cinco y seis de agosto de dos mil veintiuno y se ordenó remitir copia del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, esencialmente, para que éste determine si la conducta del ahora quejoso encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal y, en su caso, inicie el procedimiento de destitución que establece el artículo 115 de la Constitución Federal en contra del quejoso. Contra esa determinación, el aquí quejoso argumenta en su único concepto de violación, esencialmente, que acorde al artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, solo el Gobernador del Estado puede solicitar al Congreso la destitución de alguno de los integrantes de los ayuntamientos del Estado, por lo que el Tribunal responsable no está facultado para hacer esa solicitud. Resulta inoperante el concepto de violación relativo, lo anterior, en razón de que conforme al artículo 41 de la Constitución Local, establece lo siguiente: "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente:" En relación a lo anterior, como se advierte también el Congreso pueden solicitar el inicio del procedimiento de destitución, y en el caso la resolución que también constituye el acto reclamado no constituye propiamente la petición de destitución establecida en el artículo mencionado, sino lo único que hace el Tribunal señalado como responsable es incluso referir que no realizó mayor pronunciamiento respecto del procedimiento o destitución en su caso, dadas las facultades del Congreso Local para tal efecto. En consecuencia, la resolución reclamada, en lo que interesa precisó lo siguiente: "Con base en los antecedentes que fueron narrados, en relación a la normatividad que fue plasmada en líneas que anteceden, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, considera que ante el incumplimiento del laudo dictado el seis de octubre del dos mil diecinueve, se actualiza la hipótesis contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos relativa a la omisión en el cumplimiento de las funciones (obligaciones) por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de JIUTEPEC, Morelos.----------------------------.Se estima que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, tomando en consideración no solo las atribuciones que por disposición legal le corresponden, sino también conforme a lo previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado., en aplicación supletoria, preceptos que grosso modo, establecen que el laudo deberá cumplirse voluntariamente dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, el cual una vez concluido, la parte que obtuvo podrá solicitar su ejecución. .En esa lógica, la Ley Burocrática Estatal prevé de dos recursos jurídicos para el cumplimiento de los laudos que se emiten, esto es, la imposición de multas y la destitución del infractor. Como puede apreciarse en la etapa de ejecución del presente juicio, se ha agotado lo relativo a la primera hipótesis, quedando como consecuencia la imposición de la segunda.---------------------- .con base en la normatividad fijada, es claro que no sólo corresponde al Congreso del Estado determinar si se actualiza alguna o algunas de las hipótesis que ameriten la suspensión definitiva de aquél integrante de un Ayuntamiento que incurra en alguna de las causas mencionadas, si no también llevar a cabo el procedimieno respectivo. tomando en consideración que existe una restricción en el ámbito de las facultades de este Tribunal para su imposición, lo que conlleva y así ha sido determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 253/2016 a que sea el Congreso del Estado de Morelos, quien determine con base en los artículos 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si es procedente o no la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ante el incumplimiento del laudo.---------------------------------------------.". De la transcripción anterior, se advierte que en efecto la autoridad señalada como responsable precisó claramente la restricción existente para la aplicación de la disposición reclamada en la resolución de veintitrés de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente 01/687/18, ya que incluso invoca el contenido de la controversia constitucional 253/2016, índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, se advierte de la resolución en comento que la autoridad laboral únicamente se limitó a remitir los autos del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, para efectos de en su caso iniciar el procedimiento de destitución, y como lo narró en su informe, incluso fueron devueltos los autos por el Congreso de referencia. De ahí la inoperancia del argumento del quejoso, pues no se puede considerar la resolución reclamada como la solicitud de inicio del procedimiento de destitución del quejoso en su cargo de presidente municipal, pues en la redacción de esa determinación, la autoridad señalada como responsable hace hincapié a quien corresponde esa, sino tal y como se advierte de alguno de los párrafos transcritos de la resolución reclamada, únicamente ordena hacer de su conocimiento el incumplimiento del laudo, no obstante haber agotado la imposición de multas para su acatamiento, sin éxito. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL REYES REYES, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 94/2022, promovido por RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RAFAEL REYES REYES, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Congreso del Estado de Morelos. ° Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. ° Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. ° Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. ° Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ° Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RECLAMO LO SIGUIENTE: LA APROBACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE RECLAMA; EL REFRENDO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD, APLICADA EN VÍA DEL CUARTO ACTO RECLAMADO. .DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO: LA PUBLICACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. .DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS SE RECLAMA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL 01/687/18. .H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. SE RECLAMA: LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARCIULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II CONSISTENTE EN A DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL NÚMERO 01/687/18.". SEGUNDO. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 94/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la aprobación, sanción, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, particularmente del artículo 124 fracción II, consistente en la destitución del quejoso en su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, consistentes en la norma general reclamada a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Congreso del Estado de Morelos, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, también es cierta la resolución reclamada, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables Presidente, Tercer Arbitro y Secretario General, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, lo cual además se corrobora con las copias certificadas de los autos que integran el juicio laboral burocrático 01/687/18, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la publicación de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en particular el artículo 124, fracción II, que la parte quejosa atribuye al Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se actualiza, de oficio, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III y VIII del numeral 108 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación.". En ese contexto, aun cuando el impetrante de garantías acude a esta contienda constitucional impugnando la publicación de la norma controvertida, no lo hace por vicios propios, sino como parte del proceso de formación de la ley. Es importante destacar que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el constituyente federal introdujo en el artículo 108 un motivo de improcedencia que se hace descansar en la obligación del gobernado que acude al amparo, de señalar como autoridades responsables cuando se impugnen normas generales a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación, así como a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, de estos últimos únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En efecto, conforme a las disposiciones que rigen en materia de amparo a partir del tres de abril de dos mil trece, es requisito indispensable, para la procedencia de la acción de constitucionalidad, que tratándose de amparo contra normas generales el quejoso impugne por vicios propios el refrendo o publicación de las mismas, esto es, no basta para hacer procedente la vía el simple señalamiento de inconstitucionalidad, sino que deben de formularse conceptos de violación en su contra, a efecto de posibilitar su estudio y conocer la causa en que apoya su contravención a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales que de ésta deriven. Ello es así, puesto que aun cuando es cierto que el máximo tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido, ello no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual, deberá de señalar la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de la publicación de la norma que por esta vía reclame; sin embargo, la quejosa omitió señalar claramente la causa de pedir en relación con la publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dado que basta el análisis integral que se realiza al escrito de demanda, para arribar a la conclusión de que efectivamente no especificó con claridad la causa de pedir respecto de la publicación de la misma. No es óbice a lo anterior, la existencia del ordenamiento reclamado, puesto que dicha circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de formular la mínima causa de pedir en relación con la transgresión de derechos que alegue derive del actuar de las autoridades señaladas como responsables. Tampoco es obstáculo que la quejosa haya formulado un capítulo relativo a los conceptos de violación del escrito de demanda, puesto que en éste únicamente se limitó a realizar manifestaciones en torno a la inconstitucionalidad del ordenamiento reclamado, no así respecto de los vicios propios de la publicación de la norma reclamada. En consecuencia, tratándose de la impugnación de normas generales, el quejoso no puede señalar a la autoridad que intervino en su publicación sin generar conceptos de violación de manera específica respecto del mismo, dado que dicho acto al revestir autonomía, únicamente puede impugnarse en el juicio de amparo por vicios propios, situación que no acontece, puesto que la parte quejosa no expresó ningún razonamiento lógico jurídico del que se desprenda se inconforme de esos actos por vicios propios. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes: Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.A. J/49 A (10a.) Página: 2248, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.". Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.A. J/50 A (10a.) Página: 2249, de contenido literal siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones III y VIII del 108, ambos de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. Causales de improcedencia infundadas. El Presidente, Tercer Arbitro y el Secretario General, todos de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Lo anterior, referente a la falta de interés jurídico del quejoso; lo cual considera así la autoridad señalada como responsable, porque dice haber dictado el acuerdo reclamado conforme a derecho, por lo que no puede haber una afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, lo que aduce la autoridad responsable es una cuestión que está íntimamente ligada al estudio de fondo del asunto, en la medida en que ahí se dilucidará si los actos reclamados contravienen alguna disposición constitucional y, por ende, si existe o no una afectación a los derechos de la parte quejosa. Y por tanto, ese tema de análisis no es propio del apartado de procedencia, sino del problema jurídico principal planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 135/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Materia Común, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En principio, para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por el quejoso es la siguiente: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: [.] II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje". Y, a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de ese precepto, el quejoso sostiene que no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es facultad única y exclusiva de las legislaturas locales separar o suspender de su encargo a los miembros de un ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, resultan infundados los argumentos vertidos por el quejoso, pues ya existe un criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determinó que, al aplicar el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debe hacerse una interpretación conforme con la Constitución e interpretarse en el sentido de que, dicho artículo, excluye de la destitución a los miembros de los ayuntamientos. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal se incurre en un acto contrario a ésta, como ocurrió en el caso analizado por ella, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, estipulando así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. Así la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 181 y 182, disponen lo siguiente: "Artículo 181.- Procederá la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular cuando el munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos que sean calificados como causas graves por el Congreso del Estado: I.- Quebrante los principios jurídicos del régimen federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; II.- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; III.- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; IV.- Cuando abuse de su autoridad en perjuicio de la comunidad y del Ayuntamiento; V.- Por omisión en el cumplimiento de sus funciones; VI.- Cuando se le dicte auto de formal prisión por delito doloso; y VII.- En los casos de incapacidad física o legal permanente. Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto". "Artículo 182.- Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo, el Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus miembros, acordará la revocación del mandato del munícipe de que se trate. Decretada la revocación, se procederá en los términos del último párrafo del Artículo anterior." Debido a todo esto, se adoptan las consideraciones que sustentan la determinación emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver la controversia constitucional 253/2016 el quince de noviembre de dos mil diecisiete; ello, ya que el supuesto analizado en este juicio, si bien no es idéntico, comparte características similares al estudiado en la referida controversia, en tanto que también versa sobre un acuerdo reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues se ordenó remitir el expediente laboral al Congreso del Estado, a fin de que determinara si la contumacia del Ayuntamiento representado por el quejoso encuadraba en uno de los supuestos de faltas graves estipuladas en el artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y, por tanto, que se iniciara el procedimiento para su destitución. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un interpretación conforme del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, 10, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y consideró que, aunque el artículo 124 en comento, efectivamente, permite que el tribunal burocrático del Estado de Morelos puede sancionar la desobediencia a sus determinaciones con destitución del infractor, dentro de este concepto "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que de estimar lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al considerarse facultado dicho tribunal para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, soslayando que el citado artículo 115 señala que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan." "Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. (.)". "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: I.- Declarará la desaparición de Ayuntamientos cuando se hayan presentado previamente circunstancias de hecho como la desintegración del Cuerpo Edilicio o que éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional tanto Federal como Estatal; II.- Podrá dictar la suspensión definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: a).- Cuando el Municipio ha dejado de funcionar normalmente por cualquier circunstancia distinta a las señaladas como causa de declaración de desaparición de los Ayuntamientos; b).- Cuando el Ayuntamiento como tal, haya violado reiteradamente la Legislación Estatal o la de la Federación; c).- Cuando todos los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el caso de que proceda su suspensión en lo particular. III.- Ordenará la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el Munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos: a).- Quebrante los principios jurídicos del régimen Federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; b).- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; c).- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco Sesiones de Cabildo sin causa justificada; d).- Cuando reiteradamente abuse de su Autoridad en perjuicio de la Comunidad y del Ayuntamiento; e).- Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; f).- Cuando se le dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por delito doloso, sancionado con pena privativa de libertad, y g).- En los casos de incapacidad física o legal permanente. IV.- Acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el caso. En caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los Suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputación Permanente lo convocará a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constitución". "Artículo 178.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política Local." Además al interpretar el artículo 115 Constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a partir de lo determinado por el Pleno de ese Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1163, Materia Constitucional, Novena Época, de contenido siguiente: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional.". En ese sentido, es que se considera que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no deviene inconstitucional, pues el órgano del Alto Tribunal determinó que su interpretación debe ser en el sentido de que la palabra "infractor" contenida en ese precepto, no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, pues debe ser éste el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. De ahí lo infundado de los argumentos hechos valer por el quejoso en su concepto de violación, pues como ya quedó demostrado, el precepto impugnado no es inconstitucional en sí mismo, sino que lo que puede resultar inconstitucional, en todo caso, es la aplicación que se haga de ese precepto. Por otro lado, el quejoso combate la resolución de veintitrés de noviembre de dos mi veintiuno, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente burocrático laboral 01/687/18, en la cual, ante la contumacia del Ayuntamiento demandado de dar cumplimiento al laudo de seis de octubre de dos mil diecinueve, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por acuerdos de cinco y seis de agosto de dos mil veintiuno y se ordenó remitir copia del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, esencialmente, para que éste determine si la conducta del ahora quejoso encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal y, en su caso, inicie el procedimiento de destitución que establece el artículo 115 de la Constitución Federal en contra del quejoso. Contra esa determinación, el aquí quejoso argumenta en su único concepto de violación, esencialmente, que acorde al artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, solo el Gobernador del Estado puede solicitar al Congreso la destitución de alguno de los integrantes de los ayuntamientos del Estado, por lo que el Tribunal responsable no está facultado para hacer esa solicitud. Resulta inoperante el concepto de violación relativo, lo anterior, en razón de que conforme al artículo 41 de la Constitución Local, establece lo siguiente: "Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: (.)" En relación a lo anterior, como se advierte también el Congreso pueden solicitar el inicio del procedimiento de destitución, y en el caso la resolución que también constituye el acto reclamado no constituye propiamente la petición de destitución establecida en el artículo mencionado, sino lo único que hace el Tribunal señalado como responsable es incluso referir que no realizó mayor pronunciamiento respecto del procedimiento o destitución en su caso, dadas las facultades del Congreso Local para tal efecto. En consecuencia, la resolución reclamada, en lo que interesa precisó lo siguiente: ".Con base en los antecedentes que fueron narrados, en relación a la normatividad que fue plasmada en líneas que anteceden, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, considera que ante el incumplimiento del laudo dictado el seis de octubre del dos mil diecinueve, se actualiza la hipótesis contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos relativa a la omisión en el cumplimiento de las funciones (obligaciones) por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de JIUTEPEC, Morelos.----------------------------.Se estima que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, tomando en consideración no solo las atribuciones que por disposición legal le corresponden, sino también conforme a lo previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado., en aplicación supletoria, preceptos que grosso modo, establecen que el laudo deberá cumplirse voluntariamente dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, el cual una vez concluido, la parte que obtuvo podrá solicitar su ejecución. .En esa lógica, la Ley Burocrática Estatal prevé de dos recursos jurídicos para el cumplimiento de los laudos que se emiten, esto es, la imposición de multas y la destitución del infractor. Como puede apreciarse en la etapa de ejecución del presente juicio, se ha agotado lo relativo a la primera hipótesis, quedando como consecuencia la imposición de la segunda.---------------------- .con base en la normatividad fijada, es claro que no sólo corresponde al Congreso del Estado determinar si se actualiza alguna o algunas de las hipótesis que ameriten la suspensión definitiva de aquél integrante de un Ayuntamiento que incurra en alguna de las causas mencionadas, si no también llevar a cabo el procedimieno respectivo. .tomando en consideración que existe una restricción en el ámbito de las facultades de este Tribunal para su imposición, lo que conlleva y así ha sido determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 253/2016 a que sea el Congreso del Estado de Morelos, quien determine con base en los artículos 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si es procedente o no la destitución del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado ante el incumplimiento del laudo.---------------------------------------------.". De la transcripción anterior, se advierte que en efecto la autoridad señalada como responsable precisó claramente la restricción existente para la aplicación de la disposición reclamada en la resolución de veintitrés de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente 01/687/18, ya que incluso invoca el contenido de la controversia constitucional 253/2016, índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, se advierte de la resolución en comento que la autoridad laboral únicamente se limitó a remitir los autos del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, para efectos de en su caso iniciar el procedimiento de destitución, y como lo narró en su informe, incluso fueron devueltos los autos por el Congreso de referencia. De ahí la inoperancia del argumento del quejoso, pues no se puede considerar la resolución reclamada como la solicitud de inicio del procedimiento de destitución del quejoso en su cargo de presidente municipal, pues en la redacción de esa determinación, la autoridad señalada como responsable hace hincapié a quien corresponde esa, sino tal y como se advierte de alguno de los párrafos transcritos de la resolución reclamada, únicamente ordena hacer de su conocimiento el incumplimiento del laudo, no obstante haber agotado la imposición de multas para su acatamiento, sin éxito. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL REYES REYES, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no obra en autos el emplazamiento del tercero interesado Josué Pineda Teodoro, mismo que se ordenó por conducto del actuario adscrito a este Juzgado Federal. En consecuencia, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que dicho tercero interesado sea emplazado en el presente juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con ocho minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y emplácese al tercero interesado. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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