Rafael Reyes Reyes, Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos

Expediente 1567/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1567/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Rafael Reyes Reyes, Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos
  • Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras Y Servicios Públicos, Predial Y Catastro de Jiutepec, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos la razón signada por el actuario adscrito a este juzgado de distrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia dictada en este juicio, a la parte quejosa y al tercero interesado. Al respecto, en virtud de que la razón actuarial de cuenta se recibió el veinte de abril del año en curso, sin que se hubiera acordado lo conducente, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se ordena regularizar el presente expediente y se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las partes quejosa y tercero interesada, la sentencia de referencia, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCDEDE A NOTIFICAR TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DICTADA EN LOS PRESENTES AUTOS MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".El acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/1ªS/219/16., por el cual pretende ejecutar en mi contra UNA MULTA DE CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1567/2019, y se desechó la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito de dos de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día siguiente. CUARTO. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se recibió el oficio 113/2020-B, al que anexó testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 11/2020, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, donde resolvió fundada la queja. QUINTO. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, esta autoridad, admitió la demanda de los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable el acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/1ªS/219/2016, por el cual impone multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y, anexó diversas constancias del juicio laboral TJA/1ªS/219/2016, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 7º, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Conforme a lo dispuesto por la primera hipótesis normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha norma no es limitativa sino enunciativa, esto es, da oportunidad a considerar distintas causas de improcedencia que no sólo pueden derivar de la Ley de Amparo, sino también de la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal es el caso de la que se deriva de la interpretación del diverso numeral 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe decirse que la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo puede considerarse restricción al poder público, de aquí se sigue que el Estado, que actúa a través de las autoridades correspondientes, no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio constitucional; la única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden solicitar el amparo cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, como en el caso. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Luego, el amparo solicitado por las personas morales públicas sólo es procedente cuando se reúnan los siguientes requisitos: Que el acto reclamado afecte su patrimonio, esto es, que menoscabe su presupuesto directo o que afecte los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones; y, Que esa afectación patrimonial derive de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares (relación de coordinación). De modo que la interpretación en sentido contrario del numeral 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite válidamente concluir que la ausencia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que del análisis comparativo de los artículos 9º de la Ley de Amparo abrogada y 7º de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa; así conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) Cuando aquél obra como persona moral de derecho privado -equiparándose-; y, b) Se trate de actos que afecten su patrimonio. Ese es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción, siendo la primera, que el Estado -poder público- no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo, en cuanto a la excepción, será cuando actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir a esta instancia constitucional, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichos entes -bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones-, quedando excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1022, del libro 47, octubre de 2017, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, acuden a la instancia constitucional impugnando la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio administrativo TJA/1ªS/219/2016, mediante la cual la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ante el reiterado incumplimiento de pago del convenio en que incurrió el ente demandado por conducto del presidente municipal, Síndico Municipal y representante del Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, impuso la sanción prevista en el artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en ejecución de sentencia. No obstante, es claro que el juicio de amparo fue promovido en su calidad de personas morales oficiales, en contra de la multa impuesta por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representan. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al apercibimiento de multa, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Entonces, si los quejosos, Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, no se duelen de alguna afectación directa a los intereses patrimoniales de la institución que representan, en su calidad de persona moral oficial no está legitimado para promover el amparo. Por tanto, la persona física responsable es quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, si la multa se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad incurre en un desacato, dicha multa es susceptible de analizar si viola los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, es la legitimada para promover el juicio de amparo; no así en su carácter de autoridad o por conducto como en el caso del municipio, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la multa sino a la persona física en su actuar como funcionario. Por identidad de razones, es aplicable la jurisprudencia 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, página 110, de rubro y texto: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.3o.A.9 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1908, que dice: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción." En tales condiciones, es claro que los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, con el carácter que ostentan, carecen de legitimación para acudir a la instancia constitucional, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física que ocupa ese cargo, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate -Ayuntamiento Municipal de Jiutepec-, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente. Por las razones que la sustentan, por analogía es aplicable la jurisprudencia 92/2010, emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 7º, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, respecto de la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve. Lo hasta aquí expuesto queda robustecido con el hecho de que en el escrito inicial de demanda, los promoventes adjuntaron a la misma las documentales con las cuales pretendieron acreditar el carácter con que se ostentaron, es decir las respectivas constancias de mayoría expedidas a su favor, con lo cual queda en evidencia su intención de acudir al juicio de amparo como personas morales oficiales. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que los quejosos no han sido notificados de la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, a fin de integrar debidamente el presente expediente, instrúyase al personal de actuaría a fin de que notifiquen personalmente a los quejosos en el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones, ubicado en ********************. Notifíquese y personalmente a los quejosos. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".El acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/1ªS/219/16., por el cual pretende ejecutar en mi contra UNA MULTA DE CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1567/2019, y se desechó la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito de dos de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día siguiente. CUARTO. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se recibió el oficio 113/2020-B, al que anexó testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 11/2020, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, donde resolvió fundada la queja. QUINTO. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, esta autoridad, admitió la demanda de los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable el acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/1ªS/219/2016, por el cual impone multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y, anexó diversas constancias del juicio laboral TJA/1ªS/219/2016, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 7º, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Conforme a lo dispuesto por la primera hipótesis normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha norma no es limitativa sino enunciativa, esto es, da oportunidad a considerar distintas causas de improcedencia que no sólo pueden derivar de la Ley de Amparo, sino también de la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal es el caso de la que se deriva de la interpretación del diverso numeral 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe decirse que la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo puede considerarse restricción al poder público, de aquí se sigue que el Estado, que actúa a través de las autoridades correspondientes, no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio constitucional; la única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden solicitar el amparo cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, como en el caso. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Luego, el amparo solicitado por las personas morales públicas sólo es procedente cuando se reúnan los siguientes requisitos: Que el acto reclamado afecte su patrimonio, esto es, que menoscabe su presupuesto directo o que afecte los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones; y, Que esa afectación patrimonial derive de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares (relación de coordinación). De modo que la interpretación en sentido contrario del numeral 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite válidamente concluir que la ausencia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que del análisis comparativo de los artículos 9º de la Ley de Amparo abrogada y 7º de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa; así conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) Cuando aquél obra como persona moral de derecho privado -equiparándose-; y, b) Se trate de actos que afecten su patrimonio. Ese es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción, siendo la primera, que el Estado -poder público- no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo, en cuanto a la excepción, será cuando actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir a esta instancia constitucional, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichos entes -bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones-, quedando excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1022, del libro 47, octubre de 2017, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, acuden a la instancia constitucional impugnando la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio administrativo TJA/1ªS/219/2016, mediante la cual la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ante el reiterado incumplimiento de pago del convenio en que incurrió el ente demandado por conducto del presidente municipal, Síndico Municipal y representante del Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, impuso la sanción prevista en el artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en ejecución de sentencia. No obstante, es claro que el juicio de amparo fue promovido en su calidad de personas morales oficiales, en contra de la multa impuesta por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representan. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al apercibimiento de multa, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Entonces, si los quejosos, Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, no se duelen de alguna afectación directa a los intereses patrimoniales de la institución que representan, en su calidad de persona moral oficial no está legitimado para promover el amparo. Por tanto, la persona física responsable es quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, si la multa se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad incurre en un desacato, dicha multa es susceptible de analizar si viola los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, es la legitimada para promover el juicio de amparo; no así en su carácter de autoridad o por conducto como en el caso del municipio, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la multa sino a la persona física en su actuar como funcionario. Por identidad de razones, es aplicable la jurisprudencia 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, página 110, de rubro y texto: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.3o.A.9 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1908, que dice: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción." En tales condiciones, es claro que los quejosos Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, con el carácter que ostentan, carecen de legitimación para acudir a la instancia constitucional, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física que ocupa ese cargo, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate -Ayuntamiento Municipal de Jiutepec-, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente. Por las razones que la sustentan, por analogía es aplicable la jurisprudencia 92/2010, emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 7º, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por Rafael Reyes Reyes, Presidente, Cira Hortencia Vega Velázquez, Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, respecto de la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve. Lo hasta aquí expuesto queda robustecido con el hecho de que en el escrito inicial de demanda, los promoventes adjuntaron a la misma las documentales con las cuales pretendieron acreditar el carácter con que se ostentaron, es decir las respectivas constancias de mayoría expedidas a su favor, con lo cual queda en evidencia su intención de acudir al juicio de amparo como personas morales oficiales. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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