Rafael Pineda Sosa

Expediente 586/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
586/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael Pineda Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución de documentos Finalmente, no se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rafael Pineda Sosa, por conducto de su apoderada legal Zayra Mendoza Torres, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito. Omisión de acordar y notificar la promoción presentada el siete de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 01/940/19. SEGUNDO. El dos de mayo de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 586/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: Omisión de acordar y notificar la promoción presentada el siete de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 01/940/19. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable negó el acto reclamado; sin embargo y no obstante su negativa, se tiene por cierto el mismo, tomando en consideración las manifestaciones vertidas en su informe justificado, así como de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. El actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, fue omiso en rendir su informe no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio por medio del cual se le solicito; por tanto, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se establece la presunción de certeza del acto reclamado y por ello, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. En lo que interesa se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito de siete de febrero del dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 01/940/19; mismo que fue notificado personalmente a la parte quejosa el seis de junio del presente año. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de pronunciarse respecto del escrito de presentado el siete de febrero del dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 01/940/19; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es conceder el amparo solicitado por ********************, para los siguientes efectos: 1) La Tesorería del municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de ********************. 2) No se le aplique ni en lo presente ni en lo futuro la obligación tributaria prevista en el artículo 17, de la Ley de Ingresos del municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2021; esto es, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, exclusivamente en relación con el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, y el pago corresponda al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Asimismo se precisa que, la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad.". Ahora bien, cabe hacer la aclaración que el municipio al que corresponde el servicio que aparece en la facturación electrónica ********************es el de Morelia, Michoacán; lo anterior se desprende del escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ".Al respecto le informo a usted que la cantidad que le fue transferida vía SPEI a la moral quejosa, corresponde a la cantidad que ésta pagó por concepto de Derecho de Alumbrado Público en relación con el ******************** de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021, precisamente reportado por el Ing. ********************, responsable de la Zona Comercial Morelia, C.F.E. Suministrador de Servicios Básicos, como consta en el oficio ********************, del 20 de enero de 2023." Precisado lo anterior, el municipio al que se hará alusión en relación al pago por concepto de Derecho de Alumbrado Público, respecto del servicio que aparece en la facturación electrónica ********************es el de Morelia, Michoacán, por ser al que corresponde, en base a la información proporcionada y que ha quedado precisada en el párrafo que antecede. Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Municipio de Morelia, Michoacán, mediante escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito Banamex, del tres de febrero de dos mil veintitrés. En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, informa que la cantidad que le fue transferida vía SPEI a la moral quejosa, corresponde a la cantidad que ésta pagó por concepto de Derecho de Alumbrado Público en relación con el R.P.U. ********************por el período del año dos mil veintiuno, que abarca los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno, precisamente reportado por el responsable de la Zona Comercial Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, como consta en el oficio ******************** del veinte de enero de dos mil veintitrés. Para acreditar lo anterior, en el escrito que se describe con antelación, adjuntó el desglose del importe por la cantidad de ******************** reflejada cada mes, es decir, del mes de enero al mes de diciembre de dos mil veintiuno, que sumadas dan la cantidad total motivo de la transferencia de ********************lo cual se colige con la copia de la constancia respectiva que obra anexa al citado escrito. Asimismo, en diverso escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia Michoacán, remite copia de la transferencia vía SPEI efectuada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por la cantidad de ******************** que corresponde a la actualización generada de la cantidad total de ********************),relativa al período dos mil veintiuno, que abarcó los meses de enero a diciembre de esa anualidad, al cual adjunta copia del desglose correspondiente. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado lo siguiente: Mediante escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito Banamex, del tres de febrero de dos mil veintitrés. En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, informa que la cantidad que le fue transferida vía SPEI a la moral quejosa, corresponde a la cantidad que ésta pagó por concepto de Derecho de Alumbrado Público en relación con el R.P.U. ********************por el período del año dos mil veintiuno, que abarca los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno, precisamente reportado por el responsable de la Zona Comercial Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, como consta en el oficio ******************** del veinte de enero de dos mil veintitrés. Para acreditar lo anterior, en el escrito que se describe con antelación, adjuntó el desglose del importe por la cantidad de ******************** reflejada cada mes, es decir, del mes de enero al mes de diciembre de dos mil veintiuno, que sumadas dan la cantidad total motivo de la transferencia de ********************lo cual se colige con la copia de la constancia respectiva que obra anexa al citado escrito. Asimismo, en diverso escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia Michoacán, remite copia de la transferencia vía SPEI efectuada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por la cantidad de ******************** que corresponde a la actualización generada de la cantidad total de ********************),relativa al período dos mil veintiuno, que abarcó los meses de enero a diciembre de esa anualidad, al cual adjunta copia del desglose correspondiente. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de ********************, y no se le aplique el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber realizado lo siguiente: Mediante escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito Banamex, del tres de febrero de dos mil veintitrés. En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, informa que la cantidad que le fue transferida vía SPEI a la moral quejosa, corresponde a la cantidad que ésta pagó por concepto de Derecho de Alumbrado Público en relación con el R.P.U. ********************por el período del año dos mil veintiuno, que abarca los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno, precisamente reportado por el responsable de la Zona Comercial Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, como consta en el oficio ******************** del veinte de enero de dos mil veintitrés. Para acreditar lo anterior, en el escrito que se describe con antelación, adjuntó el desglose del importe por la cantidad de ******************** reflejada cada mes, es decir, del mes de enero al mes de diciembre de dos mil veintiuno, que sumadas dan la cantidad total motivo de la transferencia de ********************lo cual se colige con la copia de la constancia respectiva que obra anexa al citado escrito. Asimismo, en diverso escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal de Morelia Michoacán, remite copia de la transferencia vía SPEI efectuada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por la cantidad de ******************** que corresponde a la actualización generada de la cantidad total de ********************),relativa al período dos mil veintiuno, que abarcó los meses de enero a diciembre de esa anualidad, al cual adjunta copia del desglose correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentren debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en término de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".1) El Tesorero de Benito Juárez, Quintana Roo, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 783121200851, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $679.34 (seiscientos setenta y nueve pesos 34/100 m.n.). 2) No se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista el contrato de colaboración aquí estudiado celebrado entre el municipio referido y la empresa estatal..". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Tesorero de Benito Juárez, Quintana Roo, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por un total de $679.34 (seiscientos setenta y nueve pesos 34/100 m.n.), por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, el cual fue transferido el de seis de enero de dos mil veintitrés; la cantidad de $106.92 (ciento seis pesos 92/100 m.n.), equivalente a la actualización generada de dicha cantidad, el cual fue transferido el treinta de enero de dos mil veintitrés; el monto de $70,257.10 (setenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 10/100 m.n.), relativos al periodo de febrero a diciembre de dos mil veintiuno y el equivalente a $8,274.26 (ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 m.n.), que corresponde a la actualización de dicho periodo y que fueron depositada el ocho de marzo de la presente anualidad; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por las cantidades de $679.34 (seiscientos setenta y nueve pesos 34/100 m.n.), por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, mismo que incluye su actualización, el cual fue transferido el seis de enero de dos mil veintitrés; la cantidad de $106.92 (ciento seis pesos 92/100 m.n.), equivalente a la actualización generada de dicha cantidad, el cual fue transferida el treinta de enero de dos mil veintitrés; el monto de $70,257.10 (setenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 10/100 m.n.), relativos al periodo de febrero a diciembre de dos mil veintiuno y el equivalente a $8,274.26 (ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 m.n.), que corresponde a la actualización de dicho periodo y que fueron depositada el ocho de marzo de la presente anualidad, tal como se desprende de la tabla del desglose correspondiente de los pagos y de la actualización generada y devuelta por la responsable. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 783121200851, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $679.34 (seiscientos setenta y nueve pesos 34/100 m.n.), y no se le aplique el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por las cantidades de $679.34 (seiscientos setenta y nueve pesos 34/100 m.n.), $106.92 (ciento seis pesos 92/100 m.n.), $70,257.10 (setenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 10/100 m.n.), y $8,274.26 (ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 m.n.), pagos correspondiente al periodo de enero a diciembre de dos mil veintiuno, con su actualización generada, realizados respectivamente mediante transferencia bancaria el seis de enero y ocho de marzo de dos mil veintitrés, con su actualización generada de dicho cobro. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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