Rafael Reyes Reyes
Expediente 433/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Reyes Reyes
- Florencio Arturo Lulo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo y, en su segundo punto, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 433/2022, promovido por ********************, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veinticinco de marzo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El treinta de marzo de dos mil veintidós. III. Emplazamiento al tercero interesado: El veinticinco de abril de dos mil veintidós. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a) Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de su competencia, la discusión, aprobación, sanción y publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere al artículo 124, fracción I. b) Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 01/378/15, en el que se impuso multa, consistente en quince unidades de medida y actualización en términos del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como su ejecución. c) De la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, el cobro de la citada multa. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de su competencia, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior es así, porque la existencia de las disposiciones legales no depende de las manifestaciones de las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Sustenta esta consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 01/378/15, así como sus consecuencias jurídicas y materiales, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del juicio de origen, valoradas con antelación. IV. Causales de improcedencia infundadas. El Tribunal responsable invoca la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo sin expresar los motivos por los que considera actualizada la misma. Por tanto, dicha causa de improcedencia debe desestimarse al no expresar los argumentos tendentes a justificar la causa de improcedencia que propone, dado que la falta de afectación al interés jurídico o legítimo prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo no es de obvia y objetiva constatación, debido a que puede actualizarse por diversos supuestos, es decir, existen varias alternativas para que opere y se requiere el desarrollo de mayores razonamientos para dar respuesta al planteamiento formulado. Aunado al hecho de que la quejosa acreditó el interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la norma de carácter general reclamada, con motivo del primer acto de aplicación en su contra, pues se trata del titular del derecho afectado de manera directa, actual y presente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Por su parte, el Coordinador de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que la quejosa no hizo valer concepto de violación alguno. Causa de improcedencia que no se actualiza, en virtud de que la demanda de amparo contiene conceptos de violación en los que la parte quejosa expresa la norma y actos impugnados y las razones particulares por las que estima que se le afecta a sus derechos subjetivos. Finalmente, el Gobernador del Estado de Morelos señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso considera que el quejoso no combate la sanción y promulgación de la norma general reclamada por vicios propios. Es infundada la causal hecha valer por la autoridad responsable, toda vez que el propio artículo 108, fracción III, de la Ley de la materia impone al quejoso la obligación de señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Asimismo, el texto del precepto citado, prevé que solo será en los casos de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, que el quejoso debe señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Así´, contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, cuando en el amparo indirecto se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar como autoridad responsable a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, siendo que en el caso del estado de Morelos, es al gobernador a quien compete tal ejercicio legislativo, de conformidad con el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Estatal. De ahí que, no se actualice la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, toda vez que conforme a la fracción III del artículo 108 de la Ley de la materia, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclaman normas generales, debe señalarse invariablemente como autoridad responsable a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio. V. Causales de improcedencia fundadas. I. Persona moral oficial. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [.]" De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por ********************, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos, en este sentido, es claro que fue promovido por una persona moral oficial, en contra de la multa impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representan. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por las personas a quienes les fueron impuestas en su carácter de funcionarios públicos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro Ius 190346, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo". Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos, y los actos reclamados no le paran perjuicio alguno a la administración y bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede sobreseer en este juicio de amparo con respecto a la persona moral oficial que representa el aquí quejoso. II. Publicación. En otro contexto, con respecto a la publicación de la norma de carácter general reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." Estas normas legales evidencian que, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una norma legal y se señalan como autoridades responsables a las encargadas del refrendo (firma) y la publicación de ella, sin controvertir esas etapas del proceso legislativo por vicios propios. En la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se señaló como autoridad responsable al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, a quien se le atribuyó la publicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del mismo Estado. Sin embargo, dicha actuación del proceso de creación de la normativa reclamada no se controvierte por vicios propios, pues se omitió expresar conceptos de violación en su contra y, en el caso, de ninguna manera procede la suplencia de la queja deficiente en favor de la parte quejosa. En efecto, el artículo 79 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo." El precepto trascrito establece que opera la suplencia de la queja deficiente en los supuestos siguientes: 1) cuando el acto reclamado se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Plenos de Circuito, 2) en favor de los menores o incapaces o en los casos que se afecte el orden y desarrollo de la familia, 3) en materia penal, 4) en materia agraria, 5) en materia laboral a favor del trabajador, 6) en otras materias cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación que lo haya dejado sin defensa por afectar sus derechos, y 7) en cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En el caso concreto, la norma de carácter general reclamada no ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Plenos de Circuito; además, el presente juicio de ninguna manera trata de menores o incapaces, ni se afecta el orden y desarrollo de la familia, tampoco es un asunto en materias penal, agraria o laboral, porque el artículo que se controvierte prevé la imposición de una multa contra quienes se rehúsen a cumplir las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y la quejosa es una persona física que en el ejercicio de su cargo público se hizo acreedora a dicha sanción pecuniaria. Asimismo, de los autos nada se advierte sobre una violación que hubiere dejado sin defensa a la quejosa, mucho menos se aprecia que éste tenga condiciones de pobreza o marginación. Entonces, al no ubicarse el presente asunto en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de Ley de Amparo, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio respecto de la publicación de la norma de carácter general reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistente en la publicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, difundida el seis de septiembre del dos mil. VI. Estudio relativo a la constitucionalidad del artículo 124 fracción I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En principio se estudiarán los conceptos de violación hechos valer contra la norma de carácter general reclamada, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se puede desvincular la norma legal y su acto aplicativo. Es decir, si la acción constitucional resulta improcedente respecto del acto de aplicación, se impone sobreseer en el juicio por ese acto y la norma reclamada con base en él; si el amparo resulta procedente respecto del acto aplicativo, debe analizarse la procedencia de la disposición de carácter general reclamada y, en caso de ser procedente, como en el caso concreto, debe estudiarse la constitucionalidad de la ley, si se determina que ésta es violatoria de derechos debe concederse el amparo respecto de la norma y el acto aplicativo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del sumario siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En el primer concepto de violación se indica, esencialmente, que el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no cumple con los requisitos para su creación, lo cual vulnera el numeral 14 de la Constitución Federal. Que se afirma lo anterior, porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, entre otras cosas, no fue refrendada por el Secretario del ramo. Ahora bien, se advierte cuestionado el proceso legislativo de creación de la norma fue indebido, empero del estudio que se hace a la publicación ocurrida en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de seis de septiembre de dos mil, en su 6° época, número 4074, publicado en Cuernavaca, Morelos, se obtiene: Se publicó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y de su contenido se advierte que el congreso del Estado envió para su promulgación al Gobernador del Estado, dicho ordenamiento, con lo cual se concluye que efectivamente el ejecutivo promulgó el cuerpo normativo de referencia. En lo relativo a la iniciativa de ley, del contenido de la misma se aprecia que en su considerando se expuso: "En ese orden de ideas, el ordenamiento que se somete a su consideración no busca alcanzar un valor universal, y se limita a responder a los problemas sociales, económicos y de trabajo propios del mismo, en el que se atiende la evolución histórica, los factores reales de poder, el de los servidores públicos y la cultura."; con ello se obtiene, que contrario a lo que sostiene el quejoso, sí existió una iniciativa de ley, misma que para poder ser discutida fue dictaminada. Del estudio que se hace a la publicación de referencia se obtiene que la misma fue aprobada y se ordenó su expedición el veintidós de agosto del dos mil, en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, con lo que resulta inconcuso que se dio cumplimiento a la obligación parlamentaria de votar y aprobar la propuesta legislativa. Así también en la publicación de la norma se puede leer que los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso firmaron la propuesta de ley, y ordenaron imprimir, publicar y circular el cuerpo normativo de referencia. Posteriormente, sancionaron la ley tanto el Gobernador como el Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos, lo que dio origen a la publicación en estudio y con lo que obtiene la participación del Poder Ejecutivo en la creación del dispositivo legal. En efecto, conforme al artículo 76 de la Constitución Local y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, vigentes a la fecha en que se expidió el decreto que crea la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con fecha seis de setiembre del año dos mil, todos los Decretos debían estar suscritos por el secretario del ramo; circunstancia que respecto a dicho decreto no aconteció, pues sólo fue refrendado por el secretario general de gobierno. No obstante lo anterior, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, actualmente dicha legislación, no adolece del vicio que refiere, dado la reforma que sufrió el artículo 76 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 76.- Todos los decretos, reglamentos y acuerdos administrativos del Gobernador del Estado, deberán ser suscritos por el Secretario de Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda. El decreto promulgatorio que realice el titular del Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno." El transcrito dispositivo constitucional local establece que todos los decretos, reglamentos y acuerdos administrativos del Gobernador, deberán ser suscritos por el Secretario del Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda; por su parte, el segundo párrafo señala una excepción en tratándose de los decretos promulgatorios respecto de leyes y decretos legislativos, los cuales únicamente deberán ser refrendados por el Secretario de Gobierno. Ahora, respecto de los decretos promulgatorios, debe decirse que éstos constituyen un acto preformativo (una acción lingüística) mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo da a conocer a los habitantes del Estado una ley o un diverso decreto (creación, reforma o adición) una vez que ha sido discutida y aprobada por el Poder Legislativo, y ordena su publicación. Luego, si bien es cierto que el reseñado artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, hace alusión a que todos los decretos deben estar suscritos por el Secretario de Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, también lo es que ello no debe entenderse en el sentido de que, en cualquier caso, incluyendo los decretos promulgatorios, se requiere que dicho secretario los suscriba. Lo anterior es así, pues si bien el segundo párrafo de tal numeral señala que los decretos promulgatorios "deberán ser refrendados únicamente por el Secretario de Gobierno", debe asumirse una distinción expresa en ese sentido, la cual se evidencia si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 70 de la propia Constitución Local, el Gobernador tiene, entre otras atribuciones, a) Promulgar y publicar las leyes y decretos que surgen del Congreso del Estado, y b) presentar al congreso las iniciativas de leyes o decretos que estime convenientes; además, porque en términos del multireferido artículo 76, depende de la clase de decreto el tipo de formalidades para su obligatoriedad, es decir, respecto de la promulgación de normas legales aprobadas por el Poder Legislativo, se requiere únicamente del refrendo del secretario de gobierno, en cambio, los decretos de carácter administrativo que emanan de la facultad propia conferida al Titular del Ejecutivo, necesita ser suscrito por el encargado del ramo al que corresponda el asunto. Por tanto, el refrendo de los decretos promulgatorios de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado no necesitan ser suscritos por el secretario de despacho del ramo a que el asunto corresponda, sino que debe ser refrendados por el secretario de gobierno, al no tratarse de un decreto o acuerdo de carácter administrativo. En efecto, contrario a lo argüido por el quejoso actualmente no es factible dicha formalidad, pues previo a ello, la expedición de una norma debía ajustarse al procedimiento de la constitución local vigente al momento de la creación del decreto correspondiente, porque son las normas vigentes las que regulan los procedimientos de creación de una ley y la consecuente derogación de una diversa; pero bien puede establecerse que debido a los constantes reformas que pueda sufrir una ley, continúe o persista ese vicio; máxime, si uno de los requisitos para su creación dejo´ de existir constitucionalmente, como en el caso concreto. Lo anterior, porque si el artículo 50 de la Constitución de esta entidad federativa establece que en la derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites que para su formación, necesariamente el legislador se refiere a los trámites de las normas vigentes al momento de la creación de una ley y la consecuente derogación de una diversa, pues tal dispositivo de ningún modo permite establecer que el legislador haya tenido la intención de darle efectos ultractivos a los procedimientos para la creación de las leyes; es decir, un mismo decreto para la creación de una norma y la derogación de otra no puede observar dos procedimientos distintos; por tanto, para la creación de una ley que conlleva la derogación de otra, solamente deberá verificarse bajo las pautas de la constitución local vigente al momento de crearse. Efectivamente, si al crearse una norma estaba vigente un procedimiento en la constitución local y posteriormente se cambia o modifica los pasos o procedimientos para su creación, serán las normas vigentes al momento de la creación de las leyes las que debe observar el legislador, pero no aquéllos que regulaban la norma derogada, pues no es factible darles efectos ultractivos, porque el decreto que reformo´ el artículo 76, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de veinte de julio de dos mil cinco, no permite darle efectos ultractivos al texto anterior de ese precepto y, en vía de consecuencia, si la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ha sido reformada o modificada a través de diversos decretos, bajo la vigencia del dispositivo constitucional local reformado, se estima que el vicio de que se duele el hoy quejoso, en donde ya no se exige el refrendo del Secretario del ramo, no puede coexistir por si´ mismo. Lo anterior, sin que sea óbice, que en el presente caso, el precepto legal que se tilda de inconstitucional no ha sido reformado desde la aprobación de dicha ley; pues se estima, que al formar parte del sistema normativo las diversas reformas que ha sufrido indefectiblemente han convalidado su refrendo; es decir, es inconcuso que al reformarse la ley a través de diversos decretos que las propias autoridades, creadoras de la norma, Gobernador, Congreso del Estado, han promulgado, se puede considerar como un nuevo acto legislativo, que aún y cuando quede incólume su contenido, o incluso repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente, es indefectible que la ley nueva deroga a la anterior, y ello, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido. Resulta ilustrativa, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son: "LEYES. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIO´N LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR, O TENGA CON ELLA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. En ejercicio de su libertad de configuración, los órganos que participan en el proceso legislativo expresan su voluntad soberana a través del mecanismo establecido por el Constituyente en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consolidándose así la posibilidad de que sus integrantes no queden sujetos a la voluntad de quienes los antecedieron a través de las normas que emitieron, existiendo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legislativo apruebe nuevos ordenamientos. Así, el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento indicado, debe entenderse bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales pueden expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en el sentido específico en que lo hagan, que podrá ser repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido". Ciertamente, si del artículo constitucional citado, se desprende que desapareció el requisito relativo a que el refrendo se llevara a cabo por el secretario del ramo, además de la firma del Secretario de Gobierno, la invalidez de la norma cuestionada, quedo´ superada con dicha reforma efectuada a la Constitución del Estado de Morelos, al dejar de exigir las dos firmas aludidas y quedar sólo la proveniente del Secretario de Gobierno, por lo cual los actos de aplicación de la norma reclamada, efectuados con posterioridad a la reforma, no deben satisfacer un requisito que ya no se exige. Lo anterior, aunado al hecho de que no se podría conceder el amparo al quejoso, bajo la premisa que el Decreto no satisface un requisito constitucional (local) que a la fecha no está vigente, toda vez que no existe jurídicamente, forma en que las autoridades responsables puedan subsanar la omisión que ya no constituye un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad. Lo hasta aquí expuesto, es acorde a la irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual no se autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad, pues lo que el legislador estableció fue el ámbito temporal de aplicación de la nueva norma constitucional estatal sin modificar el de la disposición anterior. Ahora, en relación al inicio de vigencia esta se obtiene del Transitorio Artículo Primero, en el que se estableció: "Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano oficial del Gobierno del Estado de Morelos. Visto el proceso de legislativo de creación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, resulta inoperante lo expuesto por el quejoso, esto dado que hace depender su argumento en premisas equivocadas, como lo fue calificar el proceso legislativo como deficiente, circunstancia que no se actualiza. Al respecto, tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con registro 2008226, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Dado lo inoperante del concepto de violación en estudio, procede negar el amparo y protección de los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario General, y Secretario del Trabajo todos del Estado de Morelos. VII. Estudio de la resolución reclamada. Previo al estudio de los conceptos de violación enderezados contra la resolución emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, es necesario realizar una reseña de las actuaciones a manera de antecedentes: 1. ********************, promovió juicio laboral contra el Ayuntamiento Constitucional de ********************, Morelos, por lo que se radicó el juicio ********************del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, procedimiento que fue desahogado en todos sus etapas, por lo que el diez de octubre de dos mil dieciocho, se dictó laudo condenatorio. 2. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se decretó auto de requerimiento de pago por la cantidad de ********************, por lo que se comisionó al actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y le requiriera por conducto del ********************, apercibido para que en caso de no dar cumplimiento se haría acreedor a una multa, conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil. 3. En diligencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, la Actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en compañía de la parte actora, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de veintiséis de junio del mismo año, diligencia que se entendió con una persona que dijo ser "auxiliar", quien manifestó no poder dar cumplimiento a lo requerido. 4. Toda vez que el laudo no se encontraba debidamente cumplido, el uno de julio de dos mil veintiuno, se emitió una resolución en la que se determinó multar al quejoso y se declaró procedente la multa de hasta por quince salarios mínimos al Presidente del Ayuntamiento de ********************; como consecuencia de dicho acuerdo se emitió el oficio ********************. En razón de lo anterior, el quejoso formuló los siguientes conceptos de violación; en primer lugar, señala que la resolución es arbitraria e ilegal puesto que aplicó la sanción al primer requerimiento de pago, con lo que considera se trastocan las reglas esenciales del procedimiento. Enseguida refiere que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como órgano colegiado no está facultado para imponer las medidas de apremio, sino que dicha facultad está reservada al Presidente ejecutor, conforme al Reglamento interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante, y para tal efecto, es necesario transcribir el artículo 41 primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que prevé lo siguiente: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y" De la lectura de dicho numeral, se aprecia que el Presidente Municipal tiene la representación jurídica del Ayuntamiento y también es su obligación legal cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma, entre otros, los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Luego, en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó que por conducto del Presidente Municipal de ********************, Morelos, se requiriera el cumplimiento del laudo dictado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se procedería a lo previsto en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado; asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio del ayuntamiento demandado y le requiriera por conducto del Presidente Municipal el pago de dicha suma. Por tanto, el actuario adscrito al Tribunal responsable, mediante diligencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, se constituyó en las instalaciones de las oficinas oficiales del Ayuntamiento demandado, en busca del Presidente Municipal y fue atendido por ********************, quien se ostentó como secretaria de la consejería jurídica, a quien requirió la presencia del Presidente Municipal y al no encontrarse le hizo saber el motivo de su presencia y puso a la vista la totalidad del acuerdo; asimismo, le requirió de pago del crédito laboral y al no pagar, el fedatario, le hizo sabedor del apercibimiento decretado al Presidente Municipal en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Razón por la cual, no existe un procedimiento arbitrario y defectuoso, pues el Presidente Municipal tuvo conocimiento del apercibimiento decretado, pues el actuario acudió según consta en el acta de la diligencia, a su domicilio oficial; y ante su contumacia se hizo efectivo el apercibimiento. Por otra parte, es infundado el argumento donde se alega que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no tiene facultades para imponer las medidas de apremio, pues a su decir debe hacerlo el Presidente ejecutor, de conformidad con el Reglamento del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen lo siguiente: "Artículo 123. Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente. Artículo 124. Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I. Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II. Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Del texto de los artículos transcritos se advierte que contrario a lo aducido por la parte quejosa, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (en Pleno) imponer las sanciones establecidas como medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones y corresponde al Presidente Ejecutor llevar a cabo el procedimiento de ejecución, formular los apercibimientos y ejecutar las sanciones impuestas por el Tribunal en Pleno. En ese sentido, si el tribunal laboral tiene la facultad legal para imponer la media de apremio en caso de incumplimiento a sus determinaciones, y si el quejoso no ha cumplido con el requerimiento de pago, entonces es válida la imposición de la sanción reclamada. Al ser infundados los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva contra los actos de ejecución, toda vez que no se reclaman por vicios propios. Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 40, registro 239424, de texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada" Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en los términos del considerando V de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, a fin de que las partes se impongan de su contenido de manera formal, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia prevista y, en su lugar, se fijan las nueve horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 5, cuyo rubro estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por conducto de la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, al que adjunta constancia que guardan relación con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la Ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa. Medios especiales de comunicación. Por otro lado, no ha lugar a tener como medios de notificación la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues la Ley de Amparo, no contempla dichos medios para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, la cual podrá ser utilizada por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Consulta de expediente electrónico. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los usuarios "********", "*********", "*********", "********", "*******" y "*****" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Instrucciones al oficial judicial "A". En tales consideraciones, se instruye al oficial judicial "A" habilite la consulta del expediente vía internet en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios que refiere. Pruebas Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tiene por anunciadas las pruebas documental que ofrece la responsable en su escrito de cuenta, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hace valer la responsable, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.
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