Rafael Olascoaga Hernandez
Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Olascoaga Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable, no obstante de estar debidamente notificada; consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso Rafael Olascoaga Hernández, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, cumpliera con los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para escuchar la resolución respecto de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen; 2. Señale nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo; y 3. Lo notifique a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma.". Sentencia que causó ejecutoria el once de mayo de dos mil veintidós y en esa misma data se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido el diecinueve de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, a través del cual proveyó lo relativo a las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral 357/2020 y remitió las constancias de notificación realizadas a las mismas, asimismo, adjuntó la celebración de las audiencias de desahogo pruebas de tres, cuatro y once de mayo de dos mil veintidós. Documentales expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. En las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por CUMPLIDA la ejecutoria dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, puesto que la responsable ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos violados. Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución, siempre que las autoridades responsables se abstengan de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando las responsables, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. Anotaciones respectivas. Con base en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal y con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo del dispositivo 196, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración del cuaderno incidental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo se ubica, en la hipótesis prevista en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el cuadernillo original de la incidencia es susceptible de destrucción. Depuración del expediente. Ahora bien, toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte), se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del original del cuaderno incidental. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el original del cuaderno incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Valoración de documentales. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio proveniente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, a través del cual admitió las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral 357/2020 y remitió las constancias de notificación realizadas a las mismas, asimismo, adjuntó la celebración de las audiencias de pruebas de tres, cuatro y once de mayo de dos mil veintidós. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Firmeza de la sentencia. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones respectivas. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Requerimiento a las autoridades. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para escuchar la resolución respecto de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen; Señale nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo; y Lo notifique a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, se le impondrá como medida de apremio una multa de cien unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya a lo anterior determinación, la Tesis VII.2o.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 391/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecisiete de marzo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintidós de marzo de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) El auto de ocho de marzo del año en curso, por el que la autoridad responsable señaló el veintinueve de junio de dos mil veintidós, para escuchar la resolución respecto de las pruebas. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, anexando copia certificada del acuerdo reclamado dictado en el juicio de origen, a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, ya que la junta responsable fijó fecha lejana para que las partes comparezcan escuchar la resolución respecto de las pruebas ofrecidas. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente a fin de proveer lo relativo al deshogo de las pruebas ofrecidas en el expediente de origen. Ahora bien, de las copias certificadas rendidas por la autoridad responsable -ya valoradas-, se advierte que por auto de ocho de marzo dos mil veintidós, la responsable señaló el veintinueve de junio de dos mil veintidós, para escuchar la resolución respecto de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del juicio laboral de origen. Establecido lo anterior, se estima que se ha vulnerado en perjuicio del quejoso, la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, atento a las siguientes consideraciones. "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora bien, el artículo 880, (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve) de la Ley Federal del Trabajo, señala: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." De la lectura del mencionado precepto de la ley obrera se puede determinar que la autoridad responsable una vez desahogada en sus términos la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, en caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. A su vez, el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Conforme a lo anterior, las juntas laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con el derecho fundamental a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. En las narradas circunstancias, es claro que la autoridad responsable incurre en denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que, se encuentra demostrado que no ha actuado con diligencia en el procedimiento laboral, esto en atención a que en virtud de que no resolvió inmediatamente lo relacionado con el acervo probatorio ofrecido por las partes en audiencia de ocho de marzo del año en curso, debió señalar fecha para dictar la resolución correspondiente dentro del plazo de cinco días que establece la ley para ello. No obstante, al fijar fecha para para escuchar la resolución respecto de las pruebas ofertadas por las partes fuera hasta el veintinueve de junio de dos mil veintidós, esto es, fuera del plazo de cinco días hábiles previsto en la Ley Federal del Trabajo, resulta inconcuso que tal actuación, traerá como resultado que no se continuará con la tramitación del juicio en los términos legales, y su consecuente resolución, porque desde un aspecto integral, es evidente que una vez salido de sus cauces legales, ya que no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, dada la necesaria conexión de los actos procesales y, si alguno se efectúa tardíamente, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; situación que acontece en el presente asunto, por lo que, la junta laboral responsable ha incurrido en dilación en el procedimiento laboral natural. VI. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a ******** en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el juicio laboral ******, proceda a realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para escuchar la resolución respecto de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen; 2. Señale nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo; y 3. Lo notifique a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese.
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