Rafael Quintín Durán Nava

Expediente 975/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
975/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Rafael Quintín Durán Nava
  • Emanuel Durán Nava
  • EMANUEL DURÁN NAVA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridades responsables Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial sede Xochitepec, Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de amparo 975/2022. SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 975/2022, promovido por Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de julio de dos mil veintidós (fojas 3 a 10). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veinte de julio de dos mil veinte (fojas 11 y 19). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. El veintiuno de julio de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 25). El dos de agosto de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada J. de J.V.G. y J.V.M. por medio de lista (foja 34). Asimismo, el veinticinco de julio de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión que intervino en el expediente JC/1285/2020 (foja 27). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 09). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra los peticionarios por la probable comisión del delito de homicidio calificado, dentro del toca penal 33/2022-8-OP derivado de la causa penal JC/1285/2020. Acto que atribuye como autoridad ordenadora: A la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Cuya ejecución reclama al: Al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, en su denominación correcta. TERCERO. Certeza de los reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que anexó el Presidente del Tribunal de alzada responsable consistentes en los discos versátiles digitales que contienen las videograbaciones de la audiencia de apelación de ocho de julio de dos mil veintidós y copias certificadas de las constancias que integran el toca penal 33/2022-8-OP continentes de la resolución reclamada, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia, ni este órgano constitucional advierte que se surta alguna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido del disco versátil remitido con el informe justificado por la Sala responsable, a saber: El siete de julio de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión, solicitó audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del mismo ordenamiento punitivo, cometido en agravio de la victima de iniciales H.E.V.G, citándose a las partes técnicas y procesales para el desahogo de audiencia inicial. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de H.E.V.G., diligencia en la que los imputados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. En continuación de la audiencia, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural decretó auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, 108, relacionado con el 126 fracción Il, inciso B y los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y 18 fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de J.G.V.G. Asimismo, dictó auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 108 en relación directa con el 126, fracción Il, inciso B, en relación directa con el artículo 17 y 67, en relación con los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y por la fracción I, todos del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima de iniciales cometido en agravio de H.E.V.G. Inconformes con dichas determinaciones las Defensas Técnicas interpusieron recurso de apelación, resuelto por la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del toca penal 33/2022-8-OP, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, y dictó auto de no vinculación a proceso a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. SEXTO. Decisión de este juzgado. De conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión del auto de vinculación a proceso, se deben verificar los requisitos siguientes: a). Se haya formulado la imputación; b). Se otorgue al imputado la oportunidad para declarar; y, c). De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso sometido a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se advierte que se cumplieron tales requisitos pues en audiencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por los hechos que la ley señala como delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la victima de iniciales H.E.V.G. y en la misma diligencia se les otorgó la oportunidad de declarar a lo que manifestaron que no era su deseo hacerlo, debidamente asistidos por su defensor. Una vez solicitada la vinculación a proceso por la institución ministerial los imputados referidos y su defensa solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término constitucional ampliado, de manera que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió auto de vinculación a proceso por los hechos materia de la imputación, resolución que fue recurrida en apelación. Diligencias en las que, según informó el juez de control responsable, intervinieron los licenciados Octavio Federico Lazcano Paz con número de cédula profesional 5399837 y José Luis Benítez Cordero con cédula profesional 11939204, como defensores particulares del imputado Emanuel Durán Nava. Asimismo, el licenciado Carlos Domínguez Pliego con número de cédula profesional 91132290, defensor particular del imputado Rafael Quintín Durán Nava, por lo que tenían la calidad de licenciados en Derecho, cédulas profesionales que fueron debidamente verificadas por parte de ese órgano jurisdiccional. Así, este resolutor de amparo advierte que se cumplieron en el caso de los quejosos las formalidades esenciales del procedimiento, pues es evidente que estuvieron asistidos, en las audiencias en que intervinieron, de un defensor profesional en Derecho, tuvieron conocimiento del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de declarar; y se dictó una resolución que dirimió su situación jurídica, misma que fue impugnada en la vía ordinaria. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, se respetaron cabalmente los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20, párrafo primero, constitucional, y cuyo contenido se desprende en los preceptos 4, 5, 6, 8, 7 y 9, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, contra lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, la resolución reclamada, emitida de manera escrita, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, que constriñe a toda autoridad a emitir sus actos en forma fundada y motivada. Ello es así, pues citó los artículos que tipifican el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I, del mismo ordenamiento, que prevén la el carácter doloso y la coautoría material como forma de comisión; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tuvo en cuenta para tener por acreditada la probable participación de los imputados en su comisión; expresando las consideraciones suficientes para sostener la vinculación a proceso respecto del delito de homicidio calificado. Asimismo, la Sala responsable expresó las razones por las que decretó auto de no vinculación a proceso por el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, modificando en ese aspecto la sentencia de primer grado. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. A. RESPECTO AL DELITO La Sala responsable encuadró la conducta desplegada por los imputados a la hipótesis normativa descrita en los artículos 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), del Código Penal para el Estado de Morelos, que tipifican el delito de homicidio calificado, cuyos elementos consideró son: La existencia de la vida del pasivo; La privación de ésta causada por una causa externa; y La modificativa que matiza esa conducta atinente a cuando los activos son superiores por las armas que utilizan. Al efecto, ponderó los datos de prueba que vertió la representación social de la manera siguiente: 1. Informe Policial Homologado de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Juan Carlos Mañón Antúnez y Roberto Brito Ramírez. 2. Diligencia de identificación cadavérica de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, realizada por el padre la víctima identificado con las iniciales J.V.M., respecto del occiso J.G.V.G., quien exhibe acta de nacimiento registrada en la oficialía 01, libro 04, ante el oficial de Registro de Cuernavaca, Morelos. 3. Declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve. 4. Informe de medicina legal con número de llamado SMF883-2019-11, suscrito por el perito Gonzalo Tapia Musquiz, respecto de la víctima identificada con iniciales J.G.V.G. 5. Informe en Materia en Criminalística de Campo suscrito por el perito Mario Jiménez Molina de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, quien se constituyó en la Unidad Habitacional Teopanzolco para realizar levantamiento de indicios. 6. Informe en materia de balística de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realiza estudio micro comparativo de los elementos balísticos encontrados en el lugar de los hechos y de los extraídos del cuerpo del occiso de iniciales J.G.V.G. 7. Informe de siete de noviembre de dos mil veinte suscrito por el agente de investigación criminal Brayan Robles González emitido dentro de la carpeta de investigación SC01/10875/2019 iniciada por el delito de Homicidio. 8. Informe en materia de balística FM27681FMBAL706 en el que se establece que el arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Durán Nava, está relacionada con siete carpetas de investigación, entre ellas, la SC/01/10875/2019, incoada por el delito de homicidio en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. 9. Informe en materia de balística de siete de noviembre de dos mil veinte, con número de llamado FM277FMBAL-708 relacionada con la carpeta de investigación SC01/1875/2019 de siete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Eduardo Mejía Chalico dentro de la carpeta de investigación FE-UECS/2/382/2020 en el cual realiza una actualización al Sistema IBIS. 10. La diligencia de identificación por fotografía realizada por el testigo de iniciales H.E.V.G. de siete de junio de dos mil veintiuno. 11. Diverso Informe en materia de balística de nueve de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realizó una confronta cerrada a elementos balísticos dentro de la carpeta de investigación SC01/10875/2019 y el arma asegurada en la carpeta FE-UECS/2/382/2020. Así, la Sala responsable, ponderó con acierto las declaraciones de las personas de iniciales H.E.V.G. y J.V.M., quienes llevaron a cabo la identificación del cadáver de la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., quien dijeron nació el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. Relacionada con el acta de nacimiento del hoy occiso que indica esa fecha de nacimiento. Ésta, adminiculada con los datos que proporcionan los agentes Juan Carlos Muñoz Antúnez y Roberto Brito Ramírez, quienes corroboran lo declarado por ese testigo en relación con los hechos posteriores a la privación de la vida de J.G.V.G., pues lo entrevistaron en ese lugar, concretamente el lugar y posición en que encontraron el cadáver de la víctima citada. Datos de prueba que valoró correctamente la autoridad responsable en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con ellas se acredita que antes del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que sucedieron los hechos, la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., estaba vivo, con lo que legal y correctamente tuvo por acreditado el primer elemento del delito de homicidio calificado. Respecto al segundo de los elementos, justipreció legalmente lo depuesto por el testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró que el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, aproximadamente las dieciséis horas, él y su hermano J.G.V.G. salieron de la Unidad Habitacional Teopanzolco situada en avenida Teopanzolco, abordo del vehículo marca Toyota, tipo Avanza, gris, placas RYV310 del Estado de Morelos, rumbo a Tepoztlán, conducido por el hoy occiso, pero al llegar a la calle Santa Veracruz de la Colonia Teopanzolco, una persona llamó a gritos a su hermano por su nombre, al mirar ambos a su izquierda vio que una persona se acercó y disparó contra éste, quien aceleró y al huir impactó el auto contra un árbol en el estacionamiento, momento en que llegaron corriendo dos sujetos portando armas de fuego con las que dispararon diversas ocasiones al interior del vehículo, posteriormente al incorporarse vio a su hermano herido sangrando del abdomen del lado derecho y de su brazo derecho. Lo que el tribunal de segunda instancia relacionó con el dictamen de necropsia practicado a la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., por el médico legista Gonzalo Tapia Muzquiz, quien determinó como causa de muerte: laceración de vísceras toraco abdominales secundaria a heridas por proyectil de arma de fuego. Datos de prueba que en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son indicios razonables para concluir acreditado el delito de homicidio en tanto establecen que los activos hicieron diversos disparos de arma de fuego contra la corporeidad de la víctima de iniciales J.G.V.G., los que le ocasionaron las lesiones consistentes en laceración de las vísceras toraco lumbares que a la postre ocasionaron su muerte, de manera que fueron correctamente justipreciadas en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que efectivamente llevan a concluir que la muerte del pasivo fue ocasionada por una causa externa. Con relación a la agravante, es legal la determinación de tenerla acreditada, pues la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., da cuenta de que él y su hermano fueron agredidos por dos personas que portaban armas de fuego, mientras ellos estaban inermes en el interior del vehículo marca Toyota, tipo Avanza, gris, placas RYV310, del Estado de Morelos. Lo que se corrobora con el Informe en materia de criminalística de campo de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el perito Mario Jiménez Molina, quien describió los impactos de bala que presentó el vehículo Toyota, tipo Avanza, gris, donde halló el cadáver de la víctima de iniciales J.G.V.G., concluyendo con base en los indicios localizados en el lugar de los hechos y el cuadro lesivo, que es la posición originaria y final donde fueron realizados disparos por arma de fuego, al menos por una. Datos de prueba, con los que la Sala responsable correctamente estimó actualizada la hipótesis de ventaja descrita en el artículo 126, fracción II, inciso b), del código sustantivo aplicable que establece que esa calificativa se surte cuando el inculpado es superior por las armas que emplea. De manera que es correcta la conclusión del Tribunal de Alzada responsable, atinente a que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de Homicidio calificado, en tanto, como lo determinó la Sala responsable, existen indicios razonables que así permiten suponerlo, de manera que es correcto y legal el encuadramiento que hizo de la conducta en la hipótesis normativa descrita en los artículos 106 y 108, relacionados con el diverso 126 fracción Il inciso b), del Código Penal para el Estado de Morelos. B. PROBABLE RESPONSABILIDAD Tocante a que exista la probabilidad de que los imputados Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, cometieron o participaron en su comisión, la Sala acertadamente estimó que se encuentra acreditada con los datos que arroja la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró la forma en que ocurrió el evento en que fue privado de la vida su hermano J.G.V.G., proporcionado las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos, incluso proporcionó la media filiación de los activos y la posición final del cuerpo de éste. Lo que relacionó con la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban. Adminiculados esos datos de prueba con el informe policial suscrito por el agente de investigación criminal Brayan Robles González quien narró que el seis de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FE/UECS/382/2020 informó el aseguramiento de dos armas de fuego cuando Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Duran Nava fueron detenidos en flagrancia en la comisión de los delitos contra la salud, resistencia de particulares y portación de arma de fuego, siendo un arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Duran Nava y un arma corta calibre 38 asegurada a Emmanuel Duran Nava. Informe en materia de balística FM27681FMBAL706 en el que se establece que el arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Durán Nava, está relacionada con siete carpetas de investigación, entre ellas, la SC/01/10875/2019, incoada por el delito de homicidio en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G., que dio origen a la causa penal cuyos hechos nos ocupan. Segundo informe en materia de balística de nueve de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realizó una confronta cerrada de los elementos balísticos correspondientes a la carpeta de investigación SC01/10875/2019, con los elementos balísticos de la carpeta FE-UECS/2/382/2020, particularmente derivados del arma de fuego Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, serie H34952Z, en la que concluye que los casquillos problema de la primer carpeta fueron percutidas por el arma asegurada en la segunda de ellas. Datos de prueba que valoró correctamente la autoridad responsable en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ciertamente con ellas se puede establecer la probabilidad de que los imputados Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, dispararon contra la víctima de iniciales J.G.V.G., pues los seis casquillos encontrados en el lugar de los hechos, coinciden con las características de los que se obtuvieron a una de las armas de fuego asegurada a los imputados en los hechos que son materia de la diversa carpeta de investigación FE/UECS/382/2020, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego, concretamente la Pietro Beretta 92 FS, matrícula H3925Z, calibre 9mmm., hallada por los agentes captores en poder de Rafael Quintín Durán Nava, con otra arma color plata calibre 38. Circunstancia la anterior, aunada al reconocimiento hecho por el testigo directo de iniciales H.E.V.G. en el sentido que Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, son las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, son datos de prueba en tanto hacen referencia al contenido de determinados medio de convicción aún no desahogados ante el Órgano jurisdiccional, que se advierten idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la probable participación de los imputados en el ilícito por el que se decretó su vinculación a proceso. En sus conceptos de violación la parte quejosa combate una supuesta sentencia condenatoria, luego hace una exposición de la definición dada por nuestro Máximo Tribunal del principio de presunción de inocencia como un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, así en el numeral ocho concluye que se vulneró ese principio porque las pruebas tomadas en consideración para acreditar su probable responsabilidad no tienen ese alcance, lo que es infundado. Es así, porque la Sala responsable conforme a sus facultades asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba que ponderó para acreditar la probable responsabilidad de Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, en la comisión del delito de homicidio calificado que se les imputa, lo que realizó de manera libre y lógica, pues ponderó los datos que arroja la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró la forma en que ocurrió el evento en que fue privado de la vida su hermano J.G.V.G., lo que relacionó con la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, de manera que justificó adecuadamente el valor otorgado a esos datos de prueba, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica, en tanto constituyen indicios razonables que permiten acreditar a título de probable su responsabilidad penal en el delito por el que se les vinculó a proceso. Continúa diciendo en el numeral nueve que el perito en materia de criminalística Mario Jiménez Molina estableció en su dictamen que en la agresión se utilizó un arma de fuego y que el perito en materia de balística Carlos Alberto Hernández Paredes hace alusión justamente a un arma de fuego, de manera que desvirtúa lo narrado por el testigo de iniciales H.E.V.G., en el sentido que los dos agresores portaban cada uno un arma de fuego con las que inclusive les apuntan y disparan, por lo que éste pierde credibilidad. Lo así expresado es infundado, pues la credibilidad del testigo de referencia deriva del hecho de haber resentido y presenciado los hechos que narró, por otra parte el perito en materia de criminalística Mario Jiménez Molina estableció en su dictamen la posibilidad de que en los hechos materia de la investigación intervino cuando menos un arma de fuego, lo que no excluye la existencia de otra u otras armas portadas por los perpetradores. Por otra parte, si el perito en materia de balística Carlos Alberto Hernández Paredes hace alusión justamente a un arma de fuego, es porque sólo una de las halladas en poder de Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, estaba registrada en el Sistema IBIS como relacionada con diversas carpetas, entre ellas, la SC01/10875/2019 que dio origen a la causa penal JC/1285/2020 y al toca penal 33/2022-8-OP, génesis del acto reclamado, concretamente el arma de fuego Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, serie H34952Z, por lo que ambas opiniones expertas no son factor para desvirtuar la versión del testigo en trato. Así, contra lo expresado por la parte quejosa, la resolución recurrida no vulnera el principio de presunción de inocencia con el dictado del auto de vinculación a proceso en tanto se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio; por tanto, se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal de aportar datos que hagan probable la responsabilidad de los imputados y éstos son congruentes y consistentes, como sucedió en el presente caso, con lo que no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Apoya lo así resuelto la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), con Registro digital 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Se duelen los amparistas, en el mismo numeral, que la sala responsable ponderó la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, pues dice no cumple con los requisitos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que es también infundado, pues ese numeral dispone que podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor y se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas, sin que hasta este momento procesal exista prueba que refute que no se hayan cumplido esos requisitos. No se soslaya, que los peticionarios aducen que estuvo presente en esa diligencia la perito en materia de psicología quien conocía de antemano la identidad de los imputados de manera que consideró esa prueba inducida; sin embargo, este órgano de control constitucional advierte subjetiva esa apreciación, sin sustento en datos objetivos que permitan arribar a esa conclusión, pues esa profesional sólo da apoyo a la víctima pero no interviene el desahogo de la diligencia. Además, lo que prohíbe el segundo párrafo del citado numeral es la imposibilidad de mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica, de manera que legalmente se llevó a cabo bajo la última hipótesis, es decir mediante identificación fotográfica, de ahí la legalidad de esa diligencia, dado que era conocida la identidad de los imputados, por lo que no se utilizaron reproducciones computarizadas ni electrónicas, sin que exista constancia de manipulación o que se hayan marcado, además ese reconocimiento deriva de que el testigo de iniciales H.E.V.G. resintió directamente los hechos que narró, por lo que proporcionó la media filiación del sujeto que disparó contra su hermano al verlo en la calle Santa Veracruz con dirección a la avenida Teopanzolco, cuando le dijo "Juan", instante en que el testigo y el occiso voltearon a ver a su izquierda, igual que después los vio por el espejo y hasta que llegaron a rematarlos, es cuando relata se escondió bajo tablero del vehículo Avanza, de ahí que sean razonables las manifestaciones expuestas por la Sala responsable. Asimismo, el reconocimiento por el testigo H.E.V.G., respecto de los imputados Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Durán Nava, se robustece con el dato de que una de las armas con las que dispararon contra J.G.V.G. cuyos casquillos, en número de seis, que fueron encontrados en el lugar de los hechos, coincide con una de las que les fue asegurada a los imputados en los hechos que son materia de la diversa carpeta de investigación FE/UECS/382/2020, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego, concretamente la Pietro Beretta 92 FS, matrícula H3925Z, calibre 9mmm., hallada en poder del primero, con otra arma color plata calibre 38, hallada al segundo. De lo anterior se constata, que la resolución reclamada cumple con los requisitos de forma y fondo del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, relativos a que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable y la posibilidad de que el imputado haya intervenido o participado en su comisión; toda vez que, la finalidad de tales elementos es justificar que se someta al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª. J/ 35/2017 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos sesenta de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima época, instancia de Primera Sala, Libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". En las relatadas consideraciones se determina que los datos de prueba, en que se apoya la resolución recurrida, son suficientes y fue correcta su valoración, porque se realizó en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, esa se encuentra debidamente fundada y motivada, por tanto, cumple con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque en la audiencia de formulación de la imputación el agente del Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho, menos la responsabilidad del imputado, sólo se exigen indicios razonables que así permitan suponerlo o establecerlo, cuyo estándar probatorio debe ser en un grado atenuado, precisamente porque en la fase de investigación complementaria, una vez formalizada la investigación con el dictado del auto de vinculación a proceso, las partes procesales continuarán con la recolección de elementos que permitan fundar la acusación y la defensa respectivamente. Es aplicable a la resolución anterior la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página tres mil trescientos veintitrés, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Tomo IV, Materia Penal, con registro 2010165, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Asimismo, es orientadora la tesis XV.3o.6 P(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página dos mil ciento sesenta y siete, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro treinta y nueve, febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Materia Penal, con registro 2013695, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor de los quejosos, es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo por los motivos y consideraciones en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintin Galindo Sanchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a EMPLAZAR Y NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA el auto y/o resolución de DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Juicio de amparo 975/2022. SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 975/2022, promovido por Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de julio de dos mil veintidós (fojas 3 a 10). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veinte de julio de dos mil veinte (fojas 11 y 19). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. El veintiuno de julio de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 25). El dos de agosto de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada J. de J.V.G. y J.V.M. por medio de lista (foja 34). Asimismo, el veinticinco de julio de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión que intervino en el expediente JC/1285/2020 (foja 27). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 09). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra los peticionarios por la probable comisión del delito de homicidio calificado, dentro del toca penal 33/2022-8-OP derivado de la causa penal JC/1285/2020. Acto que atribuye como autoridad ordenadora: A la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Cuya ejecución reclama al: Al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, en su denominación correcta. TERCERO. Certeza de los reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que anexó el Presidente del Tribunal de alzada responsable consistentes en los discos versátiles digitales que contienen las videograbaciones de la audiencia de apelación de ocho de julio de dos mil veintidós y copias certificadas de las constancias que integran el toca penal 33/2022-8-OP continentes de la resolución reclamada, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia, ni este órgano constitucional advierte que se surta alguna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido del disco versátil remitido con el informe justificado por la Sala responsable, a saber: El siete de julio de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión, solicitó audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del mismo ordenamiento punitivo, cometido en agravio de la victima de iniciales H.E.V.G, citándose a las partes técnicas y procesales para el desahogo de audiencia inicial. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de H.E.V.G., diligencia en la que los imputados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. En continuación de la audiencia, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural decretó auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, 108, relacionado con el 126 fracción Il, inciso B y los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y 18 fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de J.G.V.G. Asimismo, dictó auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 108 en relación directa con el 126, fracción Il, inciso B, en relación directa con el artículo 17 y 67, en relación con los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y por la fracción I, todos del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima de iniciales cometido en agravio de H.E.V.G. Inconformes con dichas determinaciones las Defensas Técnicas interpusieron recurso de apelación, resuelto por la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del toca penal 33/2022-8-OP, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, y dictó auto de no vinculación a proceso a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. SEXTO. Decisión de este juzgado. De conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión del auto de vinculación a proceso, se deben verificar los requisitos siguientes: a). Se haya formulado la imputación; b). Se otorgue al imputado la oportunidad para declarar; y, c). De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso sometido a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se advierte que se cumplieron tales requisitos pues en audiencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, por los hechos que la ley señala como delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la victima de iniciales H.E.V.G. y en la misma diligencia se les otorgó la oportunidad de declarar a lo que manifestaron que no era su deseo hacerlo, debidamente asistidos por su defensor. Una vez solicitada la vinculación a proceso por la institución ministerial los imputados referidos y su defensa solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término constitucional ampliado, de manera que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió auto de vinculación a proceso por los hechos materia de la imputación, resolución que fue recurrida en apelación. Diligencias en las que, según informó el juez de control responsable, intervinieron los licenciados Octavio Federico Lazcano Paz con número de cédula profesional 5399837 y José Luis Benítez Cordero con cédula profesional 11939204, como defensores particulares del imputado Emanuel Durán Nava. Asimismo, el licenciado Carlos Domínguez Pliego con número de cédula profesional 91132290, defensor particular del imputado Rafael Quintín Durán Nava, por lo que tenían la calidad de licenciados en Derecho, cédulas profesionales que fueron debidamente verificadas por parte de ese órgano jurisdiccional. Así, este resolutor de amparo advierte que se cumplieron en el caso de los quejosos las formalidades esenciales del procedimiento, pues es evidente que estuvieron asistidos, en las audiencias en que intervinieron, de un defensor profesional en Derecho, tuvieron conocimiento del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de declarar; y se dictó una resolución que dirimió su situación jurídica, misma que fue impugnada en la vía ordinaria. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, se respetaron cabalmente los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20, párrafo primero, constitucional, y cuyo contenido se desprende en los preceptos 4, 5, 6, 8, 7 y 9, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, contra lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, la resolución reclamada, emitida de manera escrita, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, que constriñe a toda autoridad a emitir sus actos en forma fundada y motivada. Ello es así, pues citó los artículos que tipifican el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I, del mismo ordenamiento, que prevén la el carácter doloso y la coautoría material como forma de comisión; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tuvo en cuenta para tener por acreditada la probable participación de los imputados en su comisión; expresando las consideraciones suficientes para sostener la vinculación a proceso respecto del delito de homicidio calificado. Asimismo, la Sala responsable expresó las razones por las que decretó auto de no vinculación a proceso por el diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, modificando en ese aspecto la sentencia de primer grado. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. A. RESPECTO AL DELITO La Sala responsable encuadró la conducta desplegada por los imputados a la hipótesis normativa descrita en los artículos 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), del Código Penal para el Estado de Morelos, que tipifican el delito de homicidio calificado, cuyos elementos consideró son: La existencia de la vida del pasivo; La privación de ésta causada por una causa externa; y La modificativa que matiza esa conducta atinente a cuando los activos son superiores por las armas que utilizan. Al efecto, ponderó los datos de prueba que vertió la representación social de la manera siguiente: 1. Informe Policial Homologado de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Juan Carlos Mañón Antúnez y Roberto Brito Ramírez. 2. Diligencia de identificación cadavérica de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, realizada por el padre la víctima identificado con las iniciales J.V.M., respecto del occiso J.G.V.G., quien exhibe acta de nacimiento registrada en la oficialía 01, libro 04, ante el oficial de Registro de Cuernavaca, Morelos. 3. Declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve. 4. Informe de medicina legal con número de llamado SMF883-2019-11, suscrito por el perito Gonzalo Tapia Musquiz, respecto de la víctima identificada con iniciales J.G.V.G. 5. Informe en Materia en Criminalística de Campo suscrito por el perito Mario Jiménez Molina de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, quien se constituyó en la Unidad Habitacional Teopanzolco para realizar levantamiento de indicios. 6. Informe en materia de balística de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realiza estudio micro comparativo de los elementos balísticos encontrados en el lugar de los hechos y de los extraídos del cuerpo del occiso de iniciales J.G.V.G. 7. Informe de siete de noviembre de dos mil veinte suscrito por el agente de investigación criminal Brayan Robles González emitido dentro de la carpeta de investigación SC01/10875/2019 iniciada por el delito de Homicidio. 8. Informe en materia de balística FM27681FMBAL706 en el que se establece que el arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Durán Nava, está relacionada con siete carpetas de investigación, entre ellas, la SC/01/10875/2019, incoada por el delito de homicidio en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. 9. Informe en materia de balística de siete de noviembre de dos mil veinte, con número de llamado FM277FMBAL-708 relacionada con la carpeta de investigación SC01/1875/2019 de siete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Eduardo Mejía Chalico dentro de la carpeta de investigación FE-UECS/2/382/2020 en el cual realiza una actualización al Sistema IBIS. 10. La diligencia de identificación por fotografía realizada por el testigo de iniciales H.E.V.G. de siete de junio de dos mil veintiuno. 11. Diverso Informe en materia de balística de nueve de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realizó una confronta cerrada a elementos balísticos dentro de la carpeta de investigación SC01/10875/2019 y el arma asegurada en la carpeta FE-UECS/2/382/2020. Así, la Sala responsable, ponderó con acierto las declaraciones de las personas de iniciales H.E.V.G. y J.V.M., quienes llevaron a cabo la identificación del cadáver de la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., quien dijeron nació el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. Relacionada con el acta de nacimiento del hoy occiso que indica esa fecha de nacimiento. Ésta, adminiculada con los datos que proporcionan los agentes Juan Carlos Muñoz Antúnez y Roberto Brito Ramírez, quienes corroboran lo declarado por ese testigo en relación con los hechos posteriores a la privación de la vida de J.G.V.G., pues lo entrevistaron en ese lugar, concretamente el lugar y posición en que encontraron el cadáver de la víctima citada. Datos de prueba que valoró correctamente la autoridad responsable en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con ellas se acredita que antes del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que sucedieron los hechos, la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., estaba vivo, con lo que legal y correctamente tuvo por acreditado el primer elemento del delito de homicidio calificado. Respecto al segundo de los elementos, justipreció legalmente lo depuesto por el testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró que el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, aproximadamente las dieciséis horas, él y su hermano J.G.V.G. salieron de la Unidad Habitacional Teopanzolco situada en avenida Teopanzolco, abordo del vehículo marca Toyota, tipo Avanza, gris, placas RYV310 del Estado de Morelos, rumbo a Tepoztlán, conducido por el hoy occiso, pero al llegar a la calle Santa Veracruz de la Colonia Teopanzolco, una persona llamó a gritos a su hermano por su nombre, al mirar ambos a su izquierda vio que una persona se acercó y disparó contra éste, quien aceleró y al huir impactó el auto contra un árbol en el estacionamiento, momento en que llegaron corriendo dos sujetos portando armas de fuego con las que dispararon diversas ocasiones al interior del vehículo, posteriormente al incorporarse vio a su hermano herido sangrando del abdomen del lado derecho y de su brazo derecho. Lo que el tribunal de segunda instancia relacionó con el dictamen de necropsia practicado a la persona que en vida llevara el nombre cuyas iniciales son J.G.V.G., por el médico legista Gonzalo Tapia Muzquiz, quien determinó como causa de muerte: laceración de vísceras toraco abdominales secundaria a heridas por proyectil de arma de fuego. Datos de prueba que en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son indicios razonables para concluir acreditado el delito de homicidio en tanto establecen que los activos hicieron diversos disparos de arma de fuego contra la corporeidad de la víctima de iniciales J.G.V.G., los que le ocasionaron las lesiones consistentes en laceración de las vísceras toraco lumbares que a la postre ocasionaron su muerte, de manera que fueron correctamente justipreciadas en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que efectivamente llevan a concluir que la muerte del pasivo fue ocasionada por una causa externa. Con relación a la agravante, es legal la determinación de tenerla acreditada, pues la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., da cuenta de que él y su hermano fueron agredidos por dos personas que portaban armas de fuego, mientras ellos estaban inermes en el interior del vehículo marca Toyota, tipo Avanza, gris, placas RYV310, del Estado de Morelos. Lo que se corrobora con el Informe en materia de criminalística de campo de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el perito Mario Jiménez Molina, quien describió los impactos de bala que presentó el vehículo Toyota, tipo Avanza, gris, donde halló el cadáver de la víctima de iniciales J.G.V.G., concluyendo con base en los indicios localizados en el lugar de los hechos y el cuadro lesivo, que es la posición originaria y final donde fueron realizados disparos por arma de fuego, al menos por una. Datos de prueba, con los que la Sala responsable correctamente estimó actualizada la hipótesis de ventaja descrita en el artículo 126, fracción II, inciso b), del código sustantivo aplicable que establece que esa calificativa se surte cuando el inculpado es superior por las armas que emplea. De manera que es correcta la conclusión del Tribunal de Alzada responsable, atinente a que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de Homicidio calificado, en tanto, como lo determinó la Sala responsable, existen indicios razonables que así permiten suponerlo, de manera que es correcto y legal el encuadramiento que hizo de la conducta en la hipótesis normativa descrita en los artículos 106 y 108, relacionados con el diverso 126 fracción Il inciso b), del Código Penal para el Estado de Morelos. B. PROBABLE RESPONSABILIDAD Tocante a que exista la probabilidad de que los imputados Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, cometieron o participaron en su comisión, la Sala acertadamente estimó que se encuentra acreditada con los datos que arroja la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró la forma en que ocurrió el evento en que fue privado de la vida su hermano J.G.V.G., proporcionado las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos, incluso proporcionó la media filiación de los activos y la posición final del cuerpo de éste. Lo que relacionó con la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban. Adminiculados esos datos de prueba con el informe policial suscrito por el agente de investigación criminal Brayan Robles González quien narró que el seis de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FE/UECS/382/2020 informó el aseguramiento de dos armas de fuego cuando Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Duran Nava fueron detenidos en flagrancia en la comisión de los delitos contra la salud, resistencia de particulares y portación de arma de fuego, siendo un arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Duran Nava y un arma corta calibre 38 asegurada a Emmanuel Duran Nava. Informe en materia de balística FM27681FMBAL706 en el que se establece que el arma Pietro Beretta calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín Durán Nava, está relacionada con siete carpetas de investigación, entre ellas, la SC/01/10875/2019, incoada por el delito de homicidio en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G., que dio origen a la causa penal cuyos hechos nos ocupan. Segundo informe en materia de balística de nueve de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Carlos Alberto Hernández Paredes, quien realizó una confronta cerrada de los elementos balísticos correspondientes a la carpeta de investigación SC01/10875/2019, con los elementos balísticos de la carpeta FE-UECS/2/382/2020, particularmente derivados del arma de fuego Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, serie H34952Z, en la que concluye que los casquillos problema de la primer carpeta fueron percutidas por el arma asegurada en la segunda de ellas. Datos de prueba que valoró correctamente la autoridad responsable en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ciertamente con ellas se puede establecer la probabilidad de que los imputados Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, dispararon contra la víctima de iniciales J.G.V.G., pues los seis casquillos encontrados en el lugar de los hechos, coinciden con las características de los que se obtuvieron a una de las armas de fuego asegurada a los imputados en los hechos que son materia de la diversa carpeta de investigación FE/UECS/382/2020, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego, concretamente la Pietro Beretta 92 FS, matrícula H3925Z, calibre 9mmm., hallada por los agentes captores en poder de Rafael Quintín Durán Nava, con otra arma color plata calibre 38. Circunstancia la anterior, aunada al reconocimiento hecho por el testigo directo de iniciales H.E.V.G. en el sentido que Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, son las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, son datos de prueba en tanto hacen referencia al contenido de determinados medio de convicción aún no desahogados ante el Órgano jurisdiccional, que se advierten idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la probable participación de los imputados en el ilícito por el que se decretó su vinculación a proceso. En sus conceptos de violación la parte quejosa combate una supuesta sentencia condenatoria, luego hace una exposición de la definición dada por nuestro Máximo Tribunal del principio de presunción de inocencia como un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, así en el numeral ocho concluye que se vulneró ese principio porque las pruebas tomadas en consideración para acreditar su probable responsabilidad no tienen ese alcance, lo que es infundado. Es así, porque la Sala responsable conforme a sus facultades asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba que ponderó para acreditar la probable responsabilidad de Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, en la comisión del delito de homicidio calificado que se les imputa, lo que realizó de manera libre y lógica, pues ponderó los datos que arroja la declaración del testigo de iniciales H.E.V.G., quien narró la forma en que ocurrió el evento en que fue privado de la vida su hermano J.G.V.G., lo que relacionó con la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, de manera que justificó adecuadamente el valor otorgado a esos datos de prueba, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica, en tanto constituyen indicios razonables que permiten acreditar a título de probable su responsabilidad penal en el delito por el que se les vinculó a proceso. Continúa diciendo en el numeral nueve que el perito en materia de criminalística Mario Jiménez Molina estableció en su dictamen que en la agresión se utilizó un arma de fuego y que el perito en materia de balística Carlos Alberto Hernández Paredes hace alusión justamente a un arma de fuego, de manera que desvirtúa lo narrado por el testigo de iniciales H.E.V.G., en el sentido que los dos agresores portaban cada uno un arma de fuego con las que inclusive les apuntan y disparan, por lo que éste pierde credibilidad. Lo así expresado es infundado, pues la credibilidad del testigo de referencia deriva del hecho de haber resentido y presenciado los hechos que narró, por otra parte el perito en materia de criminalística Mario Jiménez Molina estableció en su dictamen la posibilidad de que en los hechos materia de la investigación intervino cuando menos un arma de fuego, lo que no excluye la existencia de otra u otras armas portadas por los perpetradores. Por otra parte, si el perito en materia de balística Carlos Alberto Hernández Paredes hace alusión justamente a un arma de fuego, es porque sólo una de las halladas en poder de Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, estaba registrada en el Sistema IBIS como relacionada con diversas carpetas, entre ellas, la SC01/10875/2019 que dio origen a la causa penal JC/1285/2020 y al toca penal 33/2022-8-OP, génesis del acto reclamado, concretamente el arma de fuego Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, serie H34952Z, por lo que ambas opiniones expertas no son factor para desvirtuar la versión del testigo en trato. Así, contra lo expresado por la parte quejosa, la resolución recurrida no vulnera el principio de presunción de inocencia con el dictado del auto de vinculación a proceso en tanto se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio; por tanto, se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal de aportar datos que hagan probable la responsabilidad de los imputados y éstos son congruentes y consistentes, como sucedió en el presente caso, con lo que no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Apoya lo así resuelto la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), con Registro digital 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Se duelen los amparistas, en el mismo numeral, que la sala responsable ponderó la diligencia en la que el testigo de iniciales H.E.V.G. identificó las fotografías correspondientes a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, como de las personas que dispararon contra su hermano cuando estaba en el interior del vehículo en que viajaban, pues dice no cumple con los requisitos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que es también infundado, pues ese numeral dispone que podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor y se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas, sin que hasta este momento procesal exista prueba que refute que no se hayan cumplido esos requisitos. No se soslaya, que los peticionarios aducen que estuvo presente en esa diligencia la perito en materia de psicología quien conocía de antemano la identidad de los imputados de manera que consideró esa prueba inducida; sin embargo, este órgano de control constitucional advierte subjetiva esa apreciación, sin sustento en datos objetivos que permitan arribar a esa conclusión, pues esa profesional sólo da apoyo a la víctima pero no interviene el desahogo de la diligencia. Además, lo que prohíbe el segundo párrafo del citado numeral es la imposibilidad de mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica, de manera que legalmente se llevó a cabo bajo la última hipótesis, es decir mediante identificación fotográfica, de ahí la legalidad de esa diligencia, dado que era conocida la identidad de los imputados, por lo que no se utilizaron reproducciones computarizadas ni electrónicas, sin que exista constancia de manipulación o que se hayan marcado, además ese reconocimiento deriva de que el testigo de iniciales H.E.V.G. resintió directamente los hechos que narró, por lo que proporcionó la media filiación del sujeto que disparó contra su hermano al verlo en la calle Santa Veracruz con dirección a la avenida Teopanzolco, cuando le dijo "Juan", instante en que el testigo y el occiso voltearon a ver a su izquierda, igual que después los vio por el espejo y hasta que llegaron a rematarlos, es cuando relata se escondió bajo tablero del vehículo Avanza, de ahí que sean razonables las manifestaciones expuestas por la Sala responsable. Asimismo, el reconocimiento por el testigo H.E.V.G., respecto de los imputados Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Durán Nava, se robustece con el dato de que una de las armas con las que dispararon contra J.G.V.G. cuyos casquillos, en número de seis, que fueron encontrados en el lugar de los hechos, coincide con una de las que les fue asegurada a los imputados en los hechos que son materia de la diversa carpeta de investigación FE/UECS/382/2020, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego, concretamente la Pietro Beretta 92 FS, matrícula H3925Z, calibre 9mmm., hallada en poder del primero, con otra arma color plata calibre 38, hallada al segundo. De lo anterior se constata, que la resolución reclamada cumple con los requisitos de forma y fondo del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, relativos a que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable y la posibilidad de que el imputado haya intervenido o participado en su comisión; toda vez que, la finalidad de tales elementos es justificar que se someta al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª. J/ 35/2017 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos sesenta de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima época, instancia de Primera Sala, Libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". En las relatadas consideraciones se determina que los datos de prueba, en que se apoya la resolución recurrida, son suficientes y fue correcta su valoración, porque se realizó en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, esa se encuentra debidamente fundada y motivada, por tanto, cumple con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque en la audiencia de formulación de la imputación el agente del Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho, menos la responsabilidad del imputado, sólo se exigen indicios razonables que así permitan suponerlo o establecerlo, cuyo estándar probatorio debe ser en un grado atenuado, precisamente porque en la fase de investigación complementaria, una vez formalizada la investigación con el dictado del auto de vinculación a proceso, las partes procesales continuarán con la recolección de elementos que permitan fundar la acusación y la defensa respectivamente. Es aplicable a la resolución anterior la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página tres mil trescientos veintitrés, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Tomo IV, Materia Penal, con registro 2010165, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Asimismo, es orientadora la tesis XV.3o.6 P(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página dos mil ciento sesenta y siete, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro treinta y nueve, febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Materia Penal, con registro 2013695, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor de los quejosos, es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Quintín y Emanuel de apellidos Duran Nava, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo por los motivos y consideraciones en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintin Galindo Sanchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al cual adjunta diversas constancias que tienen relación con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Anexos. Ahora, en atención a la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmense un anexo que quedara registrado con el número II, con el propósito de tener un mejor manejo del presente expediente. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, la autoridad responsable no realiza manifestación alguna respecto a la clasificación de la información remitida por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114, 116 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Índice crónologico y registro de audio y video. En un diverso orden de ideas, se tienen por recibidos los registros de audio y video consistentes en tres discos en formato DVD, y el índice cronológico del desarrollo de la audiencia del acto reclamado. En razón de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en el auto admisorio del presente sumario, y por ende, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en el mismo. Notifíquese.

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