Rafael Orozco Zamudio

Expediente 703/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
703/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Rafael Orozco Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que el titular del órgano de su adscripción admitió a trámite la demanda de amparo promovida por **********; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 703/2018-V. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: El embargo del bien inmueble que arguye le pertenece y que se ubica en calle **********, número **********, colonia ********** de Morelia, Michoacán, decretado en el juicio ejecutivo mercantil ********** de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, en el que no figura como parte, así como la desposesión del mismo. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior se afirma, porque el acto reclamado tuvo ejecución en Morelia, Michoacán, ya que en aquel lugar se materializó el embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil número M-17/2013 de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, respecto del bien raíz que manifiesta el quejoso es de su propiedad. Además de que en aquella localidad se llevará a cabo la desposesión del inmueble de referencia como consecuencia del embargo que se reclama. Sin que en el caso pueda estimarse que el solicitante del amparo reclame el remate y la adjudicación del inmueble de referencia y, como consecuencia, que sirvan para fijar la competencia en el presente juicio de amparo, ya que: 1) se ostenta como tercero extraño en sentido estricto al juicio de origen, por lo que es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador de los actos reclamados y, por ende, no le causa ningún agravio personal y directo lo resuelto en aquél; y, 2) en sus conceptos de violación no atribuye vicios propios al embargo ni al remate, sino que simple y llanamente afirma que se embargó el citado bien inmueble que arguye le pertenece sin que se respetara su derecho fundamental de audiencia. Por ello, no puede estimarse que los actos reclamados puedan tener ejecución o se han ejecutado en la jurisdicción que ejerce este juzgado, sino en Morelia, Michoacán, en donde se materializó el embargó y se llevará a cabo la desposesión del bien raíz, como resultado del embargo que generó su remate y adjudicación. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por tales motivos este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele se ejecutó en Morelia, Michoacán, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Lo anterior es así, dado que conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Morelia, Michoacán, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con el artículo 48 de la ley de la materia no se provee sobre la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 15 de la misma legislación. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Donovan Isaac Santoscoy Martínez, José Refugio Reyes Hernández, Felipe Luna Obregón, y a Erasto Rubén Navarrete González al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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