Rafael Pérez Contreras
Expediente 1024/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán
- Rafael Pérez Contreras
- Rafael Pérez Contreras y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acusa recibo. Visto el comunicado de cuenta signado por la encargada del despacho por ministerio de Ley de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso *************** del índice de este juzgado, a través del cual se le notificó el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés y se le devolvieron los autos del toca ********************.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el comunicado de cuenta signado por la encargada del despacho por Ministerio de Ley de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que el doce de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que se ordenó su archivo, al tratarse de un asunto totalmente concluido. De igual forma, como lo solicita y toda vez que resulta innecesario que signa conservándose en este juzgado el toca *********************que remitió dicha autoridad como justificación de su informe, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrá como recibido a su entera satisfacción.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las catorce horas con cuatro minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 1024/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de la tercera interesada Ma. o María Leonor o Leonor Villegas Valdepsino o Leonor Villegas V. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que la parte quejosa hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente asunto. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 1024/2021, promovido por M.J.P.H. a través de su representante legal Rafael Pérez Contreras por alegada violación a los derechos humanos consignados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUCTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamado. La quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La resolución de apelación de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca I-219/2021, que confirmó la resolución interlocutoria de litisconsorcio pasivo necesario dentro del juicio ordinario civil 674/2020, que se declaró improcedente el cinco de julio del mismo año. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse determinaciones que carecen de ejecución material y la demanda fue presentada en la oficialía de partes de los Juzgados en esta ciudad, en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. El Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, la existencia del acto reclamado se advierte de las constancias que anexo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del toca civil I-219/2021, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna causal de improcedencia, por lo que procede el análisis de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación no tomó en consideración que la demandada es una menor de edad, por lo que se vulnera el interés superior del menor, pues debía actuar de oficio y supliendo la deficiencia de la queja, pronunciándose sobre lo que no fue materia del litigio pero que beneficiara a la menor. Los hechos narrados por la parte actora dentro del juicio ordinario civil fueron antes de que la menor naciera, por lo que no los podría controvertir o desvirtuar, por lo que es necesario que la sucesión del Elba Hernández Villegas sea llamada juicio, pues es quien puede contestar los hechos atribuidos a la de cujus. La resolución de apelación es rigorista al referir de forma tajante que la sucesión acaba con la adjudicación de bienes, sin tomar en cuenta que toda norma tiene una excepción y, en el caso, nos encontramos ante una excepción. En el caso concreto el Magistrado responsable confirmó la resolución de primera instancia en la que se declaró improcedente el litisconsorcio pasivo necesario, pues consideró que fue correcta la determinación del juez primigenio, toda vez que de las constancias que tuvo a la vista para resolver advirtió que el juicio sucesorio a bienes de Elsa Hernández Villegas ya habían sido protocolizadas, por lo que no debía llamarse a la sucesión a bienes al juicio sino a los herederos en lo personal ya que son los obligados al haberse adjudicado el bien inmueble materia de la litis. Asimismo, precisó que con la resolución primigenia no se dejaba en estado de indefensión a la menor M.J.P.H., pues al habérsele llamado a juicio a través de su representante, es quien debe defender sus derechos dentro del juicio de origen, realizando las gestiones que estime pertinentes, de igual forma, que no se suplía la deficiencia de la queja a favor de la menor, ya que no había nada que suplir, toda vez que dicha determinación no afectaba su esfera jurídica. Dicha determinación se encuentra ajustada a derecho, toda vez que los albaceas de las sucesiones son una figura jurídica que tienen la representación legal de la sucesión y trámite de la misma, comprendiéndose dentro de sus obligaciones destacadas, tanto la defensa de la herencia en juicio y fuera de juicio, como la representación de la sucesión en todos los procesos que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieran contra ella. Al albacea le corresponde la representación legal de la sucesión y trámite de la misma como "patrimonio común", hasta que ocurre la adjudicación individual de los bienes y derechos remanentes en favor de los herederos con carácter de definitiva. Asimismo, respecto al argumento en el sentido de que el magistrado debía actuar de oficio y supliendo la deficiencia de la queja, pronunciándose sobre lo que no fue materia del litigio pero que beneficiara a la menor, se considera infundado. El artículo 4° de la Constitución Federal, con relación a la obligación del Estado, de proteger el derecho de menores de edad, dice: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.." Asimismo, la protección de los derechos de los menores se encuentran previstos en los artículos 3, 9, 12, 19 y 27, de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." De conformidad con lo establecido en el artículo 4 Constitucional, y la citada Convención, el interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativas, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De la adopción de la mencionada convención se deriva la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4 Constitucional, como lo es el interés superior de los niños, que se estableció como principio central. En los artículos 4 y 8 de esa Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece lo siguiente: "Artículo 4. El Estado de Michoacán y sus municipios, en el diseño y ejecución de políticas públicas deberán garantizar el máximo bienestar posible de niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior, tomando en cuenta su situación familiar y social. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental, ética y cívica de niñas, niños y adolescentes artículo 8. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral. En tales condiciones, en toda contienda judicial, en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, se debe resolver atendiendo al principio básico "interés superior del niño". Sin embargo, la obligación de los Jueces de atender el citado principio protector de los menores de edad, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver positivamente cada una de las peticiones o acciones que se ejerzan en representación de los niños y adolescentes, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos, en el caso, en la legislación civil y procesal civil del Estado, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de "interés superior del menor", por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Ciertamente, no se desconoce que el interés superior del menor es un principio previsto en los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la normativa internacional previamente transcrita, que obliga al órgano jurisdiccional a tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, el pleno ejercicio de sus derechos, fundándose en la dignidad del ser humano, en las características de aquéllos y en la situación particular en que se hallen; por ende, en aras de esa protección, el juzgador de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en favor del menor, en atención al interés superior de éste, pues por falta de madurez física y mental, necesita de una protección legal especial, a fin de hacer efectivos sus derechos. Empero, tales ordenamientos no establecen la posibilidad de que el interés superior de los menores constituya una justificación válida para que dejen de observarse las formalidades esenciales del procedimiento, previamente establecidas en la ley; de ahí que si bien los órganos jurisdiccionales deben velar por la protección de los derechos de niños y adolescentes, ello no implica que se desatiendan esas formalidades procesales, ya que de lo contrario, se atentarían otros principios también de rango constitucional como la equidad procesal y la seguridad jurídica de los justiciables. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, décima época, que a la letra, dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Igualmente, por las razones que informa, se invoca la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, del tomo XXV, relativo al mes de enero de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Así, se tiene que en el presente asunto, la parte quejosa pretende que atendiendo el interés superior de la menor se declare procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario para llamar al juicio de origen a la albacea de la sucesión a bienes de Elsa Hernández Villegas, sin embargo, como se explicó en párrafos precedentes eso sería contrario a derecho, pues de las constancias que obran en autos del toca de apelación I-219/202, así como las que allegó la quejosa consistente en las copias certificadas del juicio ordinario civil de prescripción positiva o adquisitiva, se advierte que el juicio sucesorio ya concluyó pues las constancias fueron protocolizadas el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, bajo la fe del Notario Público número diecinueve, con jurisdicción y residencia en Pachuca, Hidalgo, por lo que resulta que el encargo del albacea ya concluyó. Por las consideraciones que la integran, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis: 1a./J. 117/2013 (10a.) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1022, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DEL TÍTULO DE CRÉDITO AL SUSCRIPTOR O AVAL AUTOR DE LA SUCESIÓN, SI EXISTE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA HERENCIA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y MICHOACÁN). Acorde con las disposiciones civiles de las entidades señaladas que rigen en materia sucesoria, es regla general que, aun cuando a la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, la titularidad de la herencia debe reconocerse en favor de "la sucesión" como entidad impersonal equiparable al propio autor de la sucesión, cuyo representante es el albacea; ello en tanto no se declaren judicialmente adjudicados a los herederos los bienes y derechos hereditarios. En ese sentido, se afirma que a partir de tal adjudicación: 1. Se extingue la sucesión en cuanto patrimonio común, lo que provoca que el albacea cese en sus funciones representativas por "término natural del encargo"; y, 2. Opera jurídicamente la titularidad plena y personal de cada heredero sobre los bienes que integran la porción hereditaria que le corresponde bajo la modalidad de "beneficio de inventario". Por otra parte, de los artículos 1391, fracción IV, del Código de Comercio y 5o. y 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo conducente, deriva que con motivo de la literalidad que caracteriza a los títulos de crédito en la vía ejecutiva mercantil, el actor funda la identidad de quien es demandado a partir del contenido literal y expreso consignado en el documento base de la acción cambiaria, mientras que el demandado se encuentra constreñido a no poder oponer excepciones diferentes a las previstas en el citado artículo 8o. Consecuentemente, cuando existe adjudicación definitiva de la herencia, el juicio ejecutivo mercantil es improcedente para reclamar el pago del título de crédito al suscriptor o aval autor de la sucesión, pues con tal adjudicación judicial se extinguió la herencia como patrimonio común y operó una sustitución de deudor, bajo la modalidad de "beneficio de inventario", situación jurídica que no es compatible con el principio de literalidad que impera en materia cambiaria, ni con la regulación procesal especial que rige para el juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, el hecho de que se actualice dicha improcedencia de la vía ejecutiva para cobrar al suscriptor o aval autor de la sucesión, no implica que el acreedor respectivo pierda el derecho de cobro relacionado con el título de crédito, por lo que quedan a salvo sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.". Desde esta perspectiva, y sin desconocerse el interés superior de los menores de edad, no es posible que, solamente por la condición que les asiste, los Jueces Estatales y Federales dicten otros trámites que los que para cada caso se determinan en la legislación aplicable, pues se sobrepasarían los límites constitucionales al privilegiar los derechos del menor de edad y desatender la aplicación estricta de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico mexicano, lo que implicaría la emisión de sentencias carentes de sustento, contrariando de ese modo, los principios de seguridad jurídica y legalidad que deben revestir, como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se reitera, la obligación de los Jueces de atender el principio del interés superior del menor, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver positivamente cada una de las peticiones o acciones que se ejerzan en representación de los niños y adolescentes, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos, en el caso, en la legislación civil y procesal civil del Estado, pues dicho principio, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente. En esas circunstancias, al no advertirse violación manifiesta de la ley, ni deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicitó. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Niega el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado por M.J.P.H. a través de su representante legal Rafael Pérez Contreras, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso sexto de la presente sentencia.
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