Rafael Romero Barajas
Expediente 708/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Romero Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido que, en el presente asunto, obra documento exhibido por la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite el documento en comento, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otro lado, como resulta innecesario que, en autos, obre el legajo de copias certificadas remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAFAEL ROMERO BARAJAS. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido que, en el presente asunto, obra documento exhibido por la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite el documento en comento, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otro lado, como resulta innecesario que, en autos, obre el legajo de copias certificadas remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el uno y seis siguientes (fojas 123, 126, 129 y 130). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 86 a 91), por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Rafael Romero Barajas, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 886/2010". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable excedió los términos legales, para emitir el laudo, trajo como consecuencia la inobservancia del artículo 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita. Sentencia que causó ejecutoria el doce de febrero del año que transcurre y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 103-105). Mediante proveído de quince siguiente (foja 112), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia del fallo protector, toda vez que no acreditó o justificó el retraso para cumplir a cabalidad el fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió el oficio sin número (foja 116), al que acompañó copia certificada de la constancia siguiente: Laudo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral 886/2010 (fojas 117 a 122). Del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues el veintisiete de febrero de la anualidad que cursa, los integrantes de la Junta, emitieron el laudo respectivo en el juicio laboral 886/2010. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en el juicio laboral 886/2010 dictó el laudo correspondiente, lo que aconteció el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dictar el laudo correspondiente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAFAEL ROMERO BARAJAS. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el uno y seis siguientes fojas 123, 126, 129 y 130. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro se inserta: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete fojas 86 a 91, por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Rafael Romero Barajas, para los efectos que se reproducen: que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 886/2010. Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable excedió los términos legales, para emitir el laudo, trajo como consecuencia la inobservancia del artículo 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita. Sentencia que causó ejecutoria el doce de febrero del año que transcurre y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento fojas 103-105. Mediante proveído de quince siguiente foja 112, se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia del fallo protector, toda vez que no acreditó o justificó el retraso para cumplir a cabalidad el fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió el oficio sin número (foja 116), al que acompañó copia certificada de la constancia siguiente: Laudo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral 886/2010 (fojas 117 a 122). Del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues el veintisiete de febrero de la anualidad que cursa, los integrantes de la Junta, emitieron el laudo respectivo en el juicio laboral 886/2010. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en el juicio laboral 886/2010 dictó el laudo correspondiente, lo que aconteció el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dictar el laudo correspondiente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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