Rafael Marinez Álvarez

Expediente 828/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
828/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Rafael Marinez Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es destruible dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los cuadernos incidentales. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario ordenar la devolución de documentos originales y garantía, toda vez que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído del pasado dieciséis de febrero se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridades responsables; para que realizaran las manifestaciones que estimaran pertinentes, mismo que fue notificado a la parte quejosa por lista publicada el veintiuno de febrero del año en curso, sin que hiciera uso de tal derecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia P./J 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad en la sesión del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 141 a 158), se concedió la protección constitucional los términos siguientes: Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciban los quejosos, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción de los quejosos, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley. Ahora, en acatamiento al fallo protector el Gobernador del Estado de Michoacán, mediante oficio sin número del siete de febrero de dos mil dieciocho, al que acompañó copia de los ejemplares de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de treinta y uno de diciembre de dos mil trece (fojas 166 a 182), veinticuatro de enero de dos mil catorce (fojas 183 y 184), veintinueve de diciembre de dos mil catorce (foja 185 a 195), treinta y uno de diciembre de dos mil quince (fojas 196 a 207), treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 208 a 219) y de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 220 a 231), se justificó que en los ejercicios fiscales correspondientes, se realizó la transferencia de los recursos financieros para cumplir con las obligaciones relativas a la gratuidad de la educación superior. Por su parte las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del oficio de doce de febrero y su anexo (fojas 236 y 237), y de quince de febrero y anexo (fojas 241 y 242), demostró que se tomaron la medidas necesarias para abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que imparte la casa de estudios, así como la cancelación de los adeudos que la parte quejosa tenía con ese organismos público descentralizado. Del examen de las documentales indicadas, mismas que goza de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, ya que fueron observadas las obligaciones que le fueron impuestas. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, lo relativo a los incidentes de suspensión, al igual que las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de esta determinación en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAFAEL MARINEZ ÁLVAREZ. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído del pasado dieciséis de febrero se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridades responsables; para que realizaran las manifestaciones que estimaran pertinentes, mismo que fue notificado a la parte quejosa por lista publicada el veintiuno de febrero del año en curso, sin que hiciera uso de tal derecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia P./J 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad en la sesión del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 141 a 158), se concedió la protección constitucional los términos siguientes: Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciban los quejosos, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción de los quejosos, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley. Ahora, en acatamiento al fallo protector el Gobernador del Estado de Michoacán, mediante oficio sin número del siete de febrero de dos mil dieciocho, al que acompañó copia de los ejemplares de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de treinta y uno de diciembre de dos mil trece (fojas 166 a 182), veinticuatro de enero de dos mil catorce (fojas 183 y 184), veintinueve de diciembre de dos mil catorce (foja 185 a 195), treinta y uno de diciembre de dos mil quince (fojas 196 a 207), treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 208 a 219) y de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 220 a 231), se justificó que en los ejercicios fiscales correspondientes, se realizó la transferencia de los recursos financieros para cumplir con las obligaciones relativas a la gratuidad de la educación superior. Por su parte las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del oficio de doce de febrero y su anexo (fojas 236 y 237), y de quince de febrero y anexo (fojas 241 y 242), demostró que se tomaron la medidas necesarias para abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que imparte la casa de estudios, así como la cancelación de los adeudos que la parte quejosa tenía con ese organismos público descentralizado. Del examen de las documentales indicadas, mismas que goza de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, ya que fueron observadas las obligaciones que le fueron impuestas. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, lo relativo a los incidentes de suspensión, al igual que las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de esta determinación en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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