Rafael Novelo Marfil
Expediente 656/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Novelo Marfil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este asunto como concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por proveído de veinte de septiembre del año en curso, se reservó acordar lo conducente en relación de las manifestaciones realizadas por el directo quejoso Rafael Novelo Marfil, hasta en tanto obrara en autos el exhorto 423/2019, girado a efecto de notificar a Leticia Guadalupe Ramírez Loria, en su calidad de defensora pública del aludido quejoso, el contenido del proveído de diecisiete de los actuales, y diera cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado en el mismo, y transcurriera el término concedido, lo cual ya aconteció; por tanto, toda vez que la defensora antes referida, no desahogó la prevención de mérito, y el quejoso, en diligencia de dieciocho de septiembre último, téngasele a este último desahogando la prevención efectuada par los efectos legales a que haya lugar. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, los actos reclamados se tratan de lo siguiente: 1. La calificación de legal del traslado del quejoso Rafael Novelo Marfil del Centro de Reinserción Social de Chetumal, con sede en Quintana Roo, al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, así como su ejecución. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado precisado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. En este contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, el promovente reclama la resolución que calificó la legalidad del traslado del quejoso Rafael Novelo Marfil del Centro de Reinserción Social de Chetumal, con sede en Quintana Roo, al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, así como su ejecución; entonces debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de apelación previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, específicamente en los artículos 52, 131 y 132, fracción VII, numerales que establecen: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Lo anterior pone de manifiesto que contra la resolución emitida por un Juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación, medio de impugnación que conforme a lo establecido por el precepto 131, de la citada legislación, tiene como efecto revisar la legalidad de la resolución impugnada, y así confirmar, modificar o revocar la determinación adoptada por el Juez responsable; por tanto, la parte quejosa debió agotar dicho recurso, previo a la prosecución del presente controvertido. En este orden de ideas, si la resolución reclamada puede ser revisada por un tribunal de segunda instancia, quien la puede confirmar, modificar o revocar, y no se agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación en la materia; por tanto, es incuestionable que dicho quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución; aunado a que su defensor fue notificado de dicha resolución veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por lo que estuvo en aptitud de interponer en su contra el medio de defensa ordinario y además la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Debe puntualizarse que si bien la orden de traslado implica una afectación indirecta a la libertad del aquí quejoso, lo cierto es que en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el referido inciso a), toda vez que la orden de traslado de que se trata, ya fue legalizada por el Juez Auxiliar "B" Penal, por lo que ya no hay una afectación a la libertad del quejoso fuera de procedimiento. Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante dicho supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación. Entonces, es incuestionable que respecto del acto reclamado aquí analizado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Similar criterio ha sustentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 52/2019 y el recurso de revisión 536/2018, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de revisión 21/2019. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso. Finalmente, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado en el aludido proveído, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintisiete de septiembre al uno de los actuales, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada en proveído de diecisiete de septiembre último, y con fundamento en el artículo 27, inciso c), párrafo tercero, de la Ley de Amparo, hágasele por medio de lista de acuerdos la notificación del presente proveído así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto no subsane dicha omisión.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 423/2019, con número de orden 568/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, girado a fin de notificar a Leticia Guadalupe Ramírez Loria, en su carácter de defensora pública de Rafael Novelo Marfil, el auto de diecisiete de septiembre último, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, téngase por debidamente notificado a la aludido defensora, para los efectos legales a que haya lugar, dese de baja la citada comunicación oficial, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial que se provee, toda vez que dicha comunicación oficial fue devuelta a través de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y su envío en línea, generó un acuse de recepción en el que consta un número de folio electrónico que lo valida. Finalmente, estese en espera de que fenezca el término de cinco días concedido a Leticia Guadalupe Ramírez Loria, en su carácter de defensora pública de Rafael Novelo Marfil, otorgado en proveído de diecisiete de septiembre de presente año, a fin de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 1286-B/2019, signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 9/2019, de su índice, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rafael Novelo Marfil por conducto de Leticia Guadalupe Ramírez Loria, quien se ostenta como Defensora Publica en contra del acto reclamado al Juzgado Auxiliar Penal "B" de Primera Instancia con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, y otras autoridades, en la que determinó lo siguiente: ".Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Existe el conflicto competencial a que este expediente se refiere. SEGUNDO. El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, es competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Rafael Novelo Marfil contra la orden de traslado como medida urgente y de protección del centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo al Centro Federal de Reinserción Social, número Cinco, con sede en Villa Aldama, Veracruz." Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo número 857/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en el cual obra agregado el diverso 656/2019-VI-A, del índice de este Juzgado. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales, en el entendido de que únicamente se glosarán las constancias originales del respectivo cuaderno, toda vez que las copias simples deberán desglosarse pues las mismas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por conformar parte de un expediente auxiliar, de acuerdo al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo; asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y considerando lo previsto en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre la demanda de amparo que dio origen a la incompetencia planteada por el homólogo federal precitado. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los artículos transcritos se tiene que es obligación del quejoso indicar, bajo protesta de decir verdad, de manera completa y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 108, fracción V, de la Ley de la Materia. Ahora, de la lectura integra de la demanda, se aprecia que la parte quejosa omitió relatar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. Por consiguiente, a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requerir a Leticia Guadalupe Ramírez Loria, en su calidad de defensora pública de Rafael Novelo Marfil, para que en el plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre notificada, manifieste bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, lo siguiente: 1. Deberá relatar de manera clara y cronológica, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador para poder estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia. Sustenta lo anterior la tesis aislada VI.2o.213 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EN MATERIA PENAL. ACLARACIÓN DE, PUEDE REALIZARLA EL DEFENSOR DEL QUEJOSO. De la sana interpretación de los artículos 4o. y 16 de la Ley de Amparo, se concluye que si bien es verdad que en principio el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, también lo es que dicha acción la puede promover el representante legal del quejoso, y que en tratándose del amparo penal, la puede ejercitar el defensor del inculpado en el proceso del que emana el acto reclamado, y que en este caso, basta, para la admisión de la demanda, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 116 de la ley de la materia, la simple manifestación del promovente en el sentido de que tiene el carácter de defensor particular del quejoso en el juicio generador; por consiguiente, es inconcuso que el defensor del quejoso puede cumplir los requerimientos y prevenciones que a este último se hagan para admitir su demanda de garantías, siendo suficiente para tener por recibido el escrito aclaratorio de que se trate, que el promovente precise que tal promoción la presenta con el carácter de defensor del peticionario de garantías; por tanto, la resolución dictada por el Juez de Distrito que tiene por incumplida la prevención realizada al quejoso, en virtud de que el escrito aclaratorio respectivo aparece suscrito por quien afirma ser el defensor particular del quejoso en el proceso generador del acto reclamado, resulta ilegal, pues si la demanda de garantías puede interponerla, en materia penal, el defensor del quejoso, por ende, legalmente éste también puede aclararla, en términos de los preceptos legales en cita, habida cuenta, que idéntica razón existe para admitir la demanda de amparo cuando el promovente de la misma afirma ser defensor del impetrante de garantías, que en el caso de que quien cumple un requerimiento manifiesta tener tal carácter. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. NOTIFICACIÓN. Considerando que Leticia Guadalupe Ramírez Loria señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de la Defensoría Pública, edificio del Poder Judicial de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Quintana Roo en Turno, con sede en Cancún, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique a Leticia Guadalupe Ramírez Loria, en su calidad de defensora pública del directo agraviado el contenido del presente proveído. Asimismo, se sirva requerirla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificada el presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Por otro lado, en cumplimiento a los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remítase el presente exhorto por la vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su diligenciación correspondiente. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar el presente exhorto, que una vez desahogada la solicitud, remitan la totalidad de la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinara resulta innecesario; en el entendido que, al ser actuaciones judiciales, deben ser firmadas electrónicamente, haciendo uso de la "FIREL", por los mismos funcionarios que la emiten, lo anterior de conformidad con el numeral 107 del citado Acuerdo General, así como lo establecido en la Circular SECNO/3/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, del Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Además, la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de Internet. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos a las autoridades responsables se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y por exhorto a Leticia Guadalupe Ramírez Loria.
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