Rafael Maurilio Moreno Lagunes

Expediente 722/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
722/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Rafael Maurilio Moreno Lagunes
  • Simitrio Zilli Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1002-II, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, librado en los autos de la queja 528/2022, de su índice, mediante el cual informa el contenido de su resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ****, contra el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, pronunciado por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 722/2022" En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente; notifíquesele a las partes la determinación de mérito. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que el auto de doce de julio del año en curso, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por ***, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de *** y ***, contra el auto de doce de julio de la presente anualidad, emitido en el juicio de amparo en que se actúa, el cual quedó registrado en su estadística con el número 528/2022; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de doce de julio de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud, remítanse vía interconexión copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, al que se anexa el escrito original de agravios, para la substanciación del medio de impugnación en comento. Aunado a lo anterior, a fin de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en los artículos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A", habilitar esa función. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la superioridad.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de julio de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por********************y ********************, contra actos reclamados al Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 722/2022/VI-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 113 de la Ley de Amparo a las y los juzgadores de amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La diligencia de ejecución ordenada en auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, misma que se señaló para las siete horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, respecto de las sentencias definitivas de diez de octubre del año dos mil y diecinueve de octubre de dos mil uno, dictadas en el juicio agrario número ********************, del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en esta ciudad de México, por las cuales se dotó de tierra al poblado de ********************, misma que se tomará de los inmuebles propiedad de los aquí quejosos. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del acto reclamado, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. (...) .Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, establece que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos supuestos, a saber: Cuando el peticionario del amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto al punto 2 (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como esta: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, b) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Amparo en el que podrá reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También tiene aplicación por su contenido la jurisprudencia número I.13o.T.J/10 (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." (Lo subrayado es propio) De igual forma, se cita por su contenido la jurisprudencia número PC.XVIII.J/10L (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." (Lo subrayado es propio) Cabe precisar que se han establecido algunas excepciones al criterio general referido, como es el caso de los actos dictados después de concluido el juicio, que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; verbigracia, dentro de éstos actos se encuentran la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También constituye una excepción la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual forma, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. La amplitud de la norma contenida en la fracción V del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV de dicho precepto, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas encuentran sustento en la tesis I.3o.C.51K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada." (Lo subrayado es propio) Con base en el criterio anterior, se puede concluir que el juicio de amparo también procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Expuesta la anterior premisa legal, y antes de analizar lo relativo al acto que en esta vía reclama, consistente en la diligencia de ejecución ordenada en auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, misma que se señaló para las siete horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, respecto de las sentencias definitivas de diez de octubre del año dos mil y diecinueve de octubre de dos mil uno, dictadas en el juicio agrario número ********************, del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en esta ciudad de México, por las cuales se dotó de tierra al poblado de ********************, misma que se tomará de los inmuebles propiedad de los aquí quejosos, resulta necesario destacar los antecedentes de dicho acto, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo a su emisión. El Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo ********************, emitió sentencia el diez de octubre del año dos mil, en la que en su resolutivo segundo estableció: "Se dota al poblado referido en el punto anterior, con superficie de 48-09-58-544 (Cuarenta hectáreas, nueve áreas, cincuenta y seis centiáreas, cincuenta y cuatro miliáreas, cuatro décimas), que se tomarán de los inmuebles propiedad de.********************, con superficie inexplotada de 10-74-48.835 (diez hectáreas, setenta y cuatro áreas, cuarenta y ocho centiáreas, ochenta y tres y media miliáreas), y ********************, con superficie inexplotada de 3-58-97(tres hectáreas, cincuenta y ocho áreas, noventa y siete centiáreas). La superficie en comento se localizará de conformidad con el plano proyecto que se elabore a favor de 29 (veintinueve) campesinos capacitados y que pasará a ser propiedad del núcleo beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres." (Lo subrayado en propio). Contra dicha resolución, de los dos impetrantes del presente asunto, únicamente ********************, promovió juicio de amparo, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se radicó bajo el número ********************, asunto en el que de acuerdo a sus puntos resolutivos determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal al citado ********************. Luego, en auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, se ordenó llevar a cabo la diligencia de ejecución de las de las sentencias definitivas de diez de octubre del año dos mil y diecinueve de octubre de dos mil uno, dictadas en el juicio agrario número ********************, del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México, por las cuales se dotó de tierra al poblado de ********************, misma que se tomará de los inmuebles propiedad de los aquí quejosos, señalándose la misma para las siete horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintidós. (Acto reclamado). En ese sentido, resulta inconcuso que el acto reclamado, precisado con anterioridad, fue emitido dentro de la ejecución de las sentencias dictadas en el juicio agrario número ********************, del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en ciudad de México, ya que como se observa en los antecedentes del acto reclamado, los impetrantes manifestaron que la diligencia señalada para las siete horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, tiene la finalidad de que se dé cumplimiento a la sentencia en la cual fueron condenados; por ende, se concluye que el citado acto reclamado, no constituye la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el acto impugnado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de ese controvertido, puesto que no es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de una determinación encaminada a cumplir con la citada resolución. Además de que no es un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues con dicha determinación se busca cumplir con lo que se les condenó en el juicio agrario número ********************, del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México, es decir, dotar de tierra al poblado de ********************, misma que se tomará de los inmuebles propiedad de los aquí quejosos, en los términos precisados en el resolutivo segundo del juicio agrario citado en líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.389, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito Materia Civil, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. No esta por demás destacar que la presente determinación atiende lo previsto por el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperado así, el dictado de una resolución en la que se reiteren sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número ********************, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a ********************e ********************, por así haberlo solicitado los directos quejosos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que las actuarias y los actuarios adscritos, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a las y los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados y encargadas de la digitalización de constancias, y a los Actuarias y Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

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