Rafael Santiago Castellanos Ruiseco

Expediente 836/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
836/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Rafael Santiago Castellanos Ruiseco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído el juicio, mientras que el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos con posterioridad al DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se hará con posterioridad al DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del expediente laboral 1425/2017-III, de su índice; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvanse a la autoridad de mérito, sin que sea necesario que acuse recibo, en virtud de que en autos obrará la constancia de notificación del oficio que al efecto se gire.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 836/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y recibido por razón de turno en este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, el mismo día, Rafael Santiago Castellanos Ruiseco, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que a continuación se indica: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. 47 y 48 Admite Autoridad indicada de quien reclamó: "La resolución incidental de fecha 06 de julio de 2018." SEGUNDO.- REGISTRO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado Decimoquinto de Distrito, registró la demanda de amparo bajo el número 836/2018, la admitió, dio la intervención legal que le compete al Fiscal Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, le solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se citó a las partes a la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo, en su oportunidad, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA LEGAL.- Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en virtud de que los dispositivos legales antes referidos establecen que los Juzgados de Distrito serán competentes para conocer de juicios de amparo en cuya jurisdicción deba tener lugar la ejecución del acto reclamado, y si el acto reclamado fue atribuido a autoridades que tienen su residencia en el territorio en donde ejerce su jurisdicción este órgano judicial y carece de efectos de ejecución material, resulta inconcuso que el suscrito juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo por haberse presentado la demanda que originó el expediente que se resuelve en esta misma ciudad. SEGUNDO.- FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que el impetrante de amparo reclama de la autoridad responsable el acto siguiente: La resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de competencia planteado dentro del expediente laboral 1425/2017-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. TERCERO.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con la documental pública consistente en copia certificada del expediente laboral 1425/2017-III, del índice de la autoridad responsable, a la que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridades legalmente competentes para ello. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Es necesario señalar que previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso artículo 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y.". Esta causa de improcedencia, se actualiza cuando la eventual concesión del amparo no pueda ser materializada porque existe de una imposibilidad jurídica para ello. Lo anterior obedece a que resultaría ocioso realizar un análisis sobre un acto u omisión que, de considerarse inconstitucional, no podrá ser reparado mediante la sentencia de amparo, tornando el juicio constitucional en algo meramente ilusorio y sin ningún beneficio para el justiciable. En el caso, el solicitante de amparo se duele de la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, en la que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, declaró improcedente el incidente de competencia interpuesto por el apoderado legal del actor Rafael Santiago Castellanos Ruiseco. Ahora bien, para sustentar de manera adecuada y clara la acreditación de la causa de improcedencia referida es necesario hacer una reseña de las actuaciones que constan en el expediente laboral 1425/2017-III, a saber: El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, Rafael Santiago Castellanos Ruiseco, aquí quejoso, presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en contra de la autoridad tercera interesada Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y/o quien resulte responsable de la relación laboral y/o como en el futuro se denomine o llegue a denominar, en la cual demandó las siguientes prestaciones: La reinstalación al trabajo que venía desempeñando en esa institución. El pago de salarios caídos. El reconocimiento de la antigüedad correspondiente al tiempo que venía laborando. El pago proporcional de vacaciones y prima vacacional, generadas del uno de julio al nueve de diciembre de dos mil dieciséis. El pago proporcional de aguinaldo generado del uno de enero al nueve de diciembre de dos mil dieciséis. El pago de $1,000.00 (mil pesos 00/MN) por concepto de anteojos como partida de previsión social o lo que resulte de la cantidad actualizada. El pago de estímulo económico por concepto de antigüedad. El pago de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/MN) por concepto de bono de despensa. El pago de veinticinco días adicionales de compensación de fin de año. El pago de cuotas obrero patronales. El pago de gastos médicos y medicinas que tenga que erogar con motivo de no estar afiliado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El pago de salarios devengados del uno al nueve de diciembre de dos mil dieciséis. En ese tenor, mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, radicó la demanda laboral bajo el número 73/VI/2017, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y citó a las partes para la celebración de la misma. Mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Apoderado Legal de la parte demandada, aquí tercera interesada, dio contestación y formuló las excepciones correspondientes a la demanda instaurada en su contra. Asimismo, a través de diverso escrito de la misma data, la parte demandada interpuso incidente de competencia en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En ese tenor, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por celebrada la etapa de demanda y excepciones, por ratificado el escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa, respecto a la demanda laboral, y al escrito en donde se dio contestación a la misma y la interposición del incidente de competencia, por la parte demandada, aquí tercera interesada. Asimismo, se citó a las partes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de competencia planteado. El veinte de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de incompetencia planteado por la parte demandada, y se tuvieron por reproducidos los alegatos manifestados por la parte actora en el escrito de la misma data, así como las pruebas ofrecidas en el mismo. Mediante resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declaró procedente el incidente de competencia planteado por la parte demandada, se declaró incompetente para conocer del asunto planteado, por lo que, declinó la competencia y ordenó remitir las actuaciones que obraban en el expediente laboral 73/VI/2017, de su índice, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para su substanciación. En consecuencia, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, por lo que admitió la demanda en comento, la registró bajo el número 1425/2017-III, y citó a las partes a la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, determinación que ordenó notificar personalmente a las partes, lo que se realizó el catorce y quince de febrero de dos mil dieciocho, a la actora y demandada, respectivamente. Por auto de veintiséis de marzo del año en curso, la autoridad responsable tuvo por recibidos dos escritos presentados por la parte actora, aquí quejosa, de quince y veintiuno de marzo del presente año, en los cuales solicitó que se remitieran los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno del Séptimo Circuito e interpuso incidente de competencia, respectivamente, por lo que en esa misma data, se admitió el mismo y se fijó fecha y hora para la celebración de a la audiencia de pruebas y alegatos respecto de la incidencia planteada. El siete de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, tuvo por celebrada la audiencia de pruebas y alegatos respecto del incidente de incompetencia planteado por la parte actora Rafael Santiago Castellanos Ruiseco, aquí quejosa, por ratificado el escrito presentado por la parte demandada, aquí tercera interesada, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, así como admitidas las pruebas ofrecidas por ambas partes ahí expuestas. Finalmente, el seis de julio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió resolución respecto al incidente de incompetencia planteada, aquí acto reclamado, mediante la cual determinó la improcedencia del mismo, y se declaró legalmente competente para seguir conociendo del expediente laboral 1425/2017-III, de su índice. De esta reseña se aprecia que inicialmente conoció de la demanda que originó el expediente natural, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, quien con motivo del incidente promovido por la parte demandada determinó declinar su legal competencia en favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, mismo que aceptó ser legalmente competente para conocer del asunto declinado en su favor, sin que tal determinación fuese recurrida o impugnada por la parte actora de tal controversia. Posteriormente, el apoderado legal del actor promovió incidente de competencia en razón de la materia, el cual una vez sustanciado, la ahora autoridad responsable determinó declararlo infundado y por ende, proseguir con el conocimiento del proceso de origen. Así las cosas, se debe considerar que desde el proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento que la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, había declinado su legal competencia y había sido aceptada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, domiciliado también en esta ciudad, que sería en todo caso la determinación que le causó perjuicio, por ser en la que la autoridad señalada como responsable aceptó la competencia para conocer del asunto declinado a su favor y ser la considerada como definitiva para efectos de la promoción del juicio de amparo. Así se determinó en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En esta tesitura, si fue en el proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia declinada en su favor, es incuestionable que fue tal determinación la que podría causar perjuicios al solicitante de amparo y la que resolvió con efectos de cosa juzgada la cuestión en controversia, esto es, determinó de manera definitiva cuál era la autoridad competente para conocer del juicio de origen; por consiguiente, se debe considerar que es la determinación que actualmente rige, en cuestión de competencia legal en el procedimiento natural. Así las cosas, si la determinación referida en el párrafo precedente es la que podría causar perjuicios al solicitante de amparo, deviene incuestionable que es respecto de tal determinación en contra de la que debió inconformarse promoviendo en su contra el juicio de amparo en la vía indirecta y no promoviendo diverso incidente de incompetencia, porque éste no es el recurso o medio de impugnación idóneo, por no estar previsto en la ley de la materia, ni podría tener la fuerza legal para dejar sin efectos legales la resolución de un diverso incidente que adquirió fuerza de cosa juzgada cuando en ambos se pretende se resuelva la misma cuestión sujeta a controversia. Entonces, en nada práctico resultaría emprender el análisis para determinar si la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, emitida en los autos del expediente 1425/2017-III del índice de la autoridad responsable, en la que se determinó, por segunda vez, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer del procedimiento de origen, fue emitida con apego a la legalidad que toda autoridad debe acatar, dado que aun cuando se concluyera que la resolución reclamada fuese ilegal, se presentaría un impedimento jurídico para cumplimentar la sentencia de amparo, porque los efectos de la concesión del amparo, en caso de ser procedente, alcanzarían únicamente a la resolución que constituye el acto reclamado, pero de ninguna manera podrían trascender a los efectos originados por el proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable declaró ser legalmente competente para conocer del asunto de origen, aceptando la competencia legal declinada en su favor, determinación que fue consecuencia de la declaración de procedencia del primero de los incidentes de incompetencia que se plantearon en los autos del procedimiento natural, que fue interpuesto ante la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mismo que se insiste, se encuentra vigente y rigiendo la situación actual de la competencia legal del asunto de origen, por haber sido consentido por la parte quejosa al no haberse inconformado respecto de esa resolución. En efecto, si la autoridad responsable en mención declaró, en este segundo incidente de incompetencia, ser legalmente competente para seguir conociendo del juicio natural; es patente que, aun y cuando pudiera asistir razón al solicitante de amparo y se le concediera la protección constitucional que demanda, los efectos de tal concesión no podrían verificarse en el plano fáctico pues existiría un impedimento jurídico y material para cumplir con la sentencia de amparo, ya que aún continuaría rigiendo la cuestión relativa a la competencia legal de la autoridad responsable determinada en el diverso proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se aceptó la declinación de competencia que a favor de la responsable realizó la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Derivado de lo explicado, es que se llega a la convicción que los efectos de la posible concesión de la protección constitucional no podrían materializarse y ello conlleva a la acreditación de una causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por RAFAEL SANTIAGO CASTELLANOS RUISECO. QUINTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 836/2018, promovido por RAFAEL SANTIAGO CASTELLANOS RUISECO, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los fundamentos y motivos precisados en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesada.

  3. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído.

  4. Incidental

    [...] se resuelve: ÚNICO Se concede la suspensión definitiva que solicita *****, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el último considerando de la presente resolución.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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