Rafael Nicasio Escuen de Luna
Expediente 568/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Nicasio Escuen de Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de catorce de marzo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud, archívese el expediente como asunto concluido. Ante tal circunstancia, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Garantía, con residencia en Juchitán esta ciudad, los dos discos ópticos que en su momento remitió como justificación a su informe. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió la medida suspensional y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. IB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que el quejoso desahogó la vista que se le ordenó dar por acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y lo expuesto por la parte quejosa. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada en este juicio de garantías el dos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 172 a 184), se concedió al quejoso Rafael Nicasio Escuen de Luna, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Juez de Garantía de Juchitán, Oaxaca, para los efectos siguientes: "I. El Juez de Garantía de Juchitán, Oaxaca, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en la audiencia incidental 06/2015, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, imponiendo multa de veinticinco días de salario mínimo vigente en esta región, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán, Licenciado Rafael Nicasio Escuen de Luna; y, II. Deberá proveer lo necesario para celebrar una nueva audiencia, en la que, con plenitud de jurisdicción: a) Determine la procedencia o no de imponer multa al referido representante social, donde funde y motive adecuadamente el monto o cuantía del cargo aplicable, tomando en consideración: a) la gravedad de la infracción; b) la capacidad económica del infractor; c) la reincidencia de este último en el tipo de hechos que motiva la infracción; y, d) cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. b) Por otra parte, para el dado caso de imponer multa, deberá formular razonamientos tendentes a establecer las causas por las cuales procede esa específica medida de apremio, fijando los días de salario mínimo que eventualmente deberá cubrir el infractor, pero exponiendo las razones que justifiquen ese monto, así como invocar los preceptos legales que sustenten tal determinación." Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 198-199), requiriéndose a la autoridad judicial responsable su cumplimiento. Razón por la cual, el Juez de Garantía en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio CJ/SJPA/JZ/0111/2017-J, remitió copia certificada de la resolución de trece de enero de la presente anualidad, dictada en el cuaderno incidental número 6/2015 y un disco en formato DVD que contiene la audiencia privada, por el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 210 a 216). De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó sin efectos lo actuado en la audiencia incidental 06/2015, en donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se impuso multa de veinticinco días de salario mínimo vigente en la región al Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Local de esa ciudad, licenciado Rafael Nicasio Escuen de Luna, celebrando nueva audiencia, en la que emitió resolución, determinando imponer multa al aquí quejoso, formulando razonamientos tendentes a establecer las causas por las cuales procede esa específica medida de apremio, además fijó los días de salario mínimo que eventualmente deberá cubrir el infractor, exponiendo las razones que justifican ese monto, así como invocó los preceptos legales que sustentan tal determinación. En efecto, en la nueva determinación dictada, el Juez responsable fundó su determinación en los artículos 35 y 61 del Código Procesal Penal, agregando que se debía tomar en cuenta que el Ministerio Público no dio acceso de manera inmediata a la tercera interesada María Isabel Ruiz Orozco, a la investigación practicada en el legajo de investigación 4383/JU/2015, además de no informarle sobre las actividades tomadas para poder determinar lo correspondiente, en el plazo de tres días que se le había concedido. Además, al momento de imponer la multa de veinticinco días, tomó en cuenta la gravedad de la infracción, para lo cual dijo que, el Ministerio Público al no acatar la decisión judicial y no responder al requerimiento dentro del plazo concedido, transcendió en la vulneración de derechos fundamentales y humanos de la incidentista, denegando su derecho de acceso a una pronta administración de justicia, en detrimento al derecho a una defensa material y técnica, contrariando lo establecido en los artículos 1º y 17 constitucional; 13, 130 fracción V, 222, 223, 225 y 226 del Código Procesal Penal. Por cuanto hace a la capacidad económica del infractor, destacó que se trata de un agente del Ministerio Público, con una percepción aproximada de ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos a la fecha del acto, de acuerdo al tabulador salarial mensual para personas de mandos medios y superiores de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, que parece publicada en la página www.finanzasoaxaca.gob.mx, tomando en referencia al nivel mínimo de mandos medios y superiores. Respecto a la reincidencia, dijo que a pesar que desde el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil quince se le indicó de manera inmediata proveyera las peticiones que por escrito formulaba la incidentista y se le diera intervención, considerando la necesidad del caso y al efecto de no retrasar la secuela procesal, notificándole el tres de noviembre de dos mil quince, y no lo hizo, pasando por alto precisamente la consideración del juzgador en la urgencia que ameritaba para no vulnerar los derechos de la incidentista, no obstante lo anterior también se le indicó que debía informar sobre el cumplimiento otorgado en el plazo de tres días que transcurrió del cuatro al seis de noviembre y tampoco lo hizo. Tanto es así, que María Isabel Ruíz Orozco presentó un nuevo escrito fechado y presentado el nueve de noviembre de dos mil quince, en donde hacía patente dicha circunstancia, ello motivó a que se señalara hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental y resolver lo conducente. Finalmente, señaló otro elemento del que puede inferirse la gravedad o levedad del hecho del infractor, pues dijo tomar en consideración otro elemento primordial, el hecho que el Ministerio Público, no obstante, de hacérsele saber que debía actuar con inmediatez, por la demora excesiva y retraso en acordar las peticiones de la incidentista de darle acceso al legajo de investigación como ya se dijo, que lo hiciera de manera inmediata, señaló una fecha distante para dicho fin, esto el diecisiete de noviembre de dos mil quince, haciendo caso omiso y confrontando la decisión emanada de esa autoridad judicial. De manera que se advierte, que la autoridad responsable cumplió cabalmente con la sentencia concesoria de la protección constitucional y en ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata. En ese sentido, las manifestaciones del quejoso de que no está de acuerdo ni con la forma procedimental y mucho menos con el contenido de la resolución que dictó dicha responsable, en primer lugar, porque no dio cumplimiento en forma cabal a los lineamientos dados por esta autoridad federal en la ejecutoria de amparo, en donde debería, no únicamente dejar insubsistente la audiencia incidental, donde hizo efectivo el apercibimiento hecho a su cargo e imponer la referida multa, sino respetando el derecho de audiencia y permitiendo al quejoso ofrecer los argumentos dados del porqué considera que ya no es conveniente hacer efectivo dicho apercibimiento e imponerle la multa, pero contrariamente a ello, únicamente llevó a cabo dicha audiencia en el sentido de dictar nueva resolución en donde, según y a criterio de la responsable, dio cumplimiento con los parámetros que le fijó la autoridad federal para que pudiera establecer la imposición y la necesidad de la multa y que ésta no resulte excesiva; que con dicho aseveramiento, la responsable no cumple cabalmente con el parámetro de la gravedad de la infracción o cualquier otro elemento que la determine; tales manifestaciones son meramente subjetivas, sin sustento alguno, ya que como se precisó en párrafos que anteceden, el amparo se concedió para efecto de que la responsable, después de dejar insubsistente lo actuado en la audiencia incidental 6/2015, al celebrar la nueva audiencia, determinara la procedencia o no, de imponer una multa al representante fiscal, debiendo fundar y motivar el monto, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia y cualquier otro elemento del que pudiera inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, aspectos todos, que se consideran han quedado satisfechos, y en todo caso, la nueva determinación tomada por el juez responsable, puede entrañar un acto diverso al reclamado, que en todo caso puede reclamarse en la vía y forma que la parte quejosa opte, pues sus derechos quedan a salvo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. ib
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que el quejoso desahogó la vista que se le ordenó dar por acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y lo expuesto por la parte quejosa. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada en este juicio de garantías el dos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 172 a 184), se concedió al quejoso Rafael Nicasio Escuen de Luna, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Juez de Garantía de Juchitán, Oaxaca, para los efectos siguientes: "I. El Juez de Garantía de Juchitán, Oaxaca, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en la audiencia incidental 06/2015, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, imponiendo multa de veinticinco días de salario mínimo vigente en esta región, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán, Licenciado Rafael Nicasio Escuen de Luna; y, II. Deberá proveer lo necesario para celebrar una nueva audiencia, en la que, con plenitud de jurisdicción: a) Determine la procedencia o no de imponer multa al referido representante social, donde funde y motive adecuadamente el monto o cuantía del cargo aplicable, tomando en consideración: a) la gravedad de la infracción; b) la capacidad económica del infractor; c) la reincidencia de este último en el tipo de hechos que motiva la infracción; y, d) cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. b) Por otra parte, para el dado caso de imponer multa, deberá formular razonamientos tendentes a establecer las causas por las cuales procede esa específica medida de apremio, fijando los días de salario mínimo que eventualmente deberá cubrir el infractor, pero exponiendo las razones que justifiquen ese monto, así como invocar los preceptos legales que sustenten tal determinación." Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 198-199), requiriéndose a la autoridad judicial responsable su cumplimiento. Razón por la cual, el Juez de Garantía en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio CJ/SJPA/JZ/0111/2017-J, remitió copia certificada de la resolución de trece de enero de la presente anualidad, dictada en el cuaderno incidental número 6/2015 y un disco en formato DVD que contiene la audiencia privada, por el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 210 a 216). De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó sin efectos lo actuado en la audiencia incidental 06/2015, en donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se impuso multa de veinticinco días de salario mínimo vigente en la región al Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Local de esa ciudad, licenciado Rafael Nicasio Escuen de Luna, celebrando nueva audiencia, en la que emitió resolución, determinando imponer multa al aquí quejoso, formulando razonamientos tendentes a establecer las causas por las cuales procede esa específica medida de apremio, además fijó los días de salario mínimo que eventualmente deberá cubrir el infractor, exponiendo las razones que justifican ese monto, así como invocó los preceptos legales que sustentan tal determinación. En efecto, en la nueva determinación dictada, el Juez responsable fundó su determinación en los artículos 35 y 61 del Código Procesal Penal, agregando que se debía tomar en cuenta que el Ministerio Público no dio acceso de manera inmediata a la tercera interesada María Isabel Ruiz Orozco, a la investigación practicada en el legajo de investigación 4383/JU/2015, además de no informarle sobre las actividades tomadas para poder determinar lo correspondiente, en el plazo de tres días que se le había concedido. Además, al momento de imponer la multa de veinticinco días, tomó en cuenta la gravedad de la infracción, para lo cual dijo que, el Ministerio Público al no acatar la decisión judicial y no responder al requerimiento dentro del plazo concedido, transcendió en la vulneración de derechos fundamentales y humanos de la incidentista, denegando su derecho de acceso a una pronta administración de justicia, en detrimento al derecho a una defensa material y técnica, contrariando lo establecido en los artículos 1º y 17 constitucional; 13, 130 fracción V, 222, 223, 225 y 226 del Código Procesal Penal. Por cuanto hace a la capacidad económica del infractor, destacó que se trata de un agente del Ministerio Público, con una percepción aproximada de ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos a la fecha del acto, de acuerdo al tabulador salarial mensual para personas de mandos medios y superiores de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, que parece publicada en la página www.finanzasoaxaca.gob.mx, tomando en referencia al nivel mínimo de mandos medios y superiores. Respecto a la reincidencia, dijo que a pesar que desde el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil quince se le indicó de manera inmediata proveyera las peticiones que por escrito formulaba la incidentista y se le diera intervención, considerando la necesidad del caso y al efecto de no retrasar la secuela procesal, notificándole el tres de noviembre de dos mil quince, y no lo hizo, pasando por alto precisamente la consideración del juzgador en la urgencia que ameritaba para no vulnerar los derechos de la incidentista, no obstante lo anterior también se le indicó que debía informar sobre el cumplimiento otorgado en el plazo de tres días que transcurrió del cuatro al seis de noviembre y tampoco lo hizo. Tanto es así, que María Isabel Ruíz Orozco presentó un nuevo escrito fechado y presentado el nueve de noviembre de dos mil quince, en donde hacía patente dicha circunstancia, ello motivó a que se señalara hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental y resolver lo conducente. Finalmente, señaló otro elemento del que puede inferirse la gravedad o levedad del hecho del infractor, pues dijo tomar en consideración otro elemento primordial, el hecho que el Ministerio Público, no obstante, de hacérsele saber que debía actuar con inmediatez, por la demora excesiva y retraso en acordar las peticiones de la incidentista de darle acceso al legajo de investigación como ya se dijo, que lo hiciera de manera inmediata, señaló una fecha distante para dicho fin, esto el diecisiete de noviembre de dos mil quince, haciendo caso omiso y confrontando la decisión emanada de esa autoridad judicial. De manera que se advierte, que la autoridad responsable cumplió cabalmente con la sentencia concesoria de la protección constitucional y en ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata. En ese sentido, las manifestaciones del quejoso de que no está de acuerdo ni con la forma procedimental y mucho menos con el contenido de la resolución que dictó dicha responsable, en primer lugar, porque no dio cumplimiento en forma cabal a los lineamientos dados por esta autoridad federal en la ejecutoria de amparo, en donde debería, no únicamente dejar insubsistente la audiencia incidental, donde hizo efectivo el apercibimiento hecho a su cargo e imponer la referida multa, sino respetando el derecho de audiencia y permitiendo al quejoso ofrecer los argumentos dados del porqué considera que ya no es conveniente hacer efectivo dicho apercibimiento e imponerle la multa, pero contrariamente a ello, únicamente llevó a cabo dicha audiencia en el sentido de dictar nueva resolución en donde, según y a criterio de la responsable, dio cumplimiento con los parámetros que le fijó la autoridad federal para que pudiera establecer la imposición y la necesidad de la multa y que ésta no resulte excesiva; que con dicho aseveramiento, la responsable no cumple cabalmente con el parámetro de la gravedad de la infracción o cualquier otro elemento que la determine; tales manifestaciones son meramente subjetivas, sin sustento alguno, ya que como se precisó en párrafos que anteceden, el amparo se concedió para efecto de que la responsable, después de dejar insubsistente lo actuado en la audiencia incidental 6/2015, al celebrar la nueva audiencia, determinara la procedencia o no, de imponer una multa al representante fiscal, debiendo fundar y motivar el monto, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia y cualquier otro elemento del que pudiera inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, aspectos todos, que se consideran han quedado satisfechos, y en todo caso, la nueva determinación tomada por el juez responsable, puede entrañar un acto diverso al reclamado, que en todo caso puede reclamarse en la vía y forma que la parte quejosa opte, pues sus derechos quedan a salvo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Rafael Nicasio Escuen de Luna; en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo expone, respecto de la vista que se le dio sobre el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, mismas que se tomarán en consideración al momento de dictar lo conducente respecto de dicho cumplimiento, una vez que se realice la minuciosa revisión de las constancias que integran el expediente. Notifíquese. IB
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