Rafael Rodríguez Cruz
Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Rodríguez Cruz
- Encargado de la Estación Migratoria, perteneciente al Instituto Nacional de Migración La Ventosa. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan las actuaciones de este sumario constitucional y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la normativa de la materia, sin que el promovente directo del amparo Rafael Rodríguez Cruz, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de agosto de esta anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. En otro contexto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente de oficio se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, no existen documentos ofrecidos por el promovente, considerados como originales por el dispositivo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18, fracción II, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haberse admitido la demanda intentada por el promovente. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la diligencia de quince de agosto del año en curso, practicada vía whatsapp por la fedataria de la adscripción, se advierte que el directo quejoso del amparo ***, al requerimiento hecho en proveído de esa data, manifestó que ratifica su escrito de desistimiento que del presente juicio de amparo realizó. En ese contexto, se advierte que el requerido manifestó que es su deseo desistirse de la demanda de amparo en su entero perjuicio; por tanto se tiene por no presentada la misma. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de ***, en representación de ***, mediante el cual refiere que desiste del presente juicio de amparo, en su perjuicio; previo a proveer de conformidad y toda vez que el directo quejoso se encuentra en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración con domicilio en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, se comisiona al actuario judicial para que a través de los medios electrónicos correspondientes, tales como, el uso de la aplicación whatsapp, que establecen los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 5 del diverso Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid_19, tenga a bien llevar la diligencia relativa a que si el quejoso ratifica o no el contenido y firma del ocurso de cuenta, desahogado lo anterior, díctense las providencias legales correspondientes. En otro aspecto, agréguese a los autos el oficio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en representación del Encargado de la Estancia Migratoria, perteneciente al Instituto Nacional de Migración la Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de doce de agosto del año que transcurre, informa respecto de la suspensión de plano decretada en el presente asunto, ello de conformidad en lo dispuesto en los normativos 126 y 158 de la Ley de Amparo. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a la citada autoridad responsable señalando como correos institucionales y número telefónico el que indica en la misiva de cuenta. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Álvarez Cruz, en representación de Rafael Rodríguez Cruz, contra actos de ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA, perteneciente al Instituto Nacional de Migración la Ventosa, Juchitán, Oaxaca, con domicilio en carretera Panamericana Kilómetro 2.5, Oaxaca. Código postal 70102, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "4. ACTO RECLAMADO: A).- La ilegal e inconstitucional DETENCIÓNL La ilegal e inconstitucional PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD en LA ESTACIÓN MIGRATORIA MENCIONADA, sin haber cometido delito alguno y además ordenar la DEPORTACIÓN del quejoso. ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 551/2022-VI-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, toda vez que el promovente substancialmente refiere, bajo protesta de decir verdad, que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad, en el interior de la estación migratoria de La Ventosa Juchitán, Oaxaca, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier actos prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que el directo quejoso se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; d) Le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; e) En términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO al directo quejoso Rafael Rodríguez Cruz, para el efecto de que sea puesto en libertad -provisional-. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con las medidas de aseguramiento que se fijan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la calidad de directo quejoso que por tratarse de persona migrante debe considerarse grupo vulnerable; así, con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, debe observarse lo que establece el ordinal 102 de la Ley de Migración, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional". El invocado numeral 102 de la Ley de Migración, prevé: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." De la interpretación sistemática del precepto transcrito permite concluir que la inmigrante indocumentada podrá ser entregada en custodia a la representación diplomática del País del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber al extranjero cuya situación migratoria sea irregular en este País y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso, pudieran ser las autoridades responsables con sede en el Estado de Oaxaca, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa. Tomando en cuenta, en lo conducente, los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, las autoridades responsables pongan inmediatamente en libertad al directa quejoso, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que habrá de vigilar su exacto cumplimiento la autoridad migratoria, a saber: I. Establecer domicilio o lugar en la localidad en la se encuentre alojado; II. El directo quejoso no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo; III. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces, será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento; y, IV. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Cabe precisar que en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo es el directo quejoso en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las indicadas autoridades responsables deberán implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el directo quejoso cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, (repatriación asistida), el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que la directa quejosa permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que el directo quejoso sea puesto, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal al peticionario de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora, toda vez que el promovente del amparo refiere que el directo quejoso se encuentra internado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en La Ventosa, Oaxaca, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, líbrese vía fax o correo electrónico, atento despacho al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, designe al actuario o fedatario respectivo, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la estación migratoria ubicada en esa población, o en cualquier otro lugar de reclusión donde pudiera estar el directo quejoso, y proceda a: 1) certificar de manera pormenorizada su integridad física, y 2) le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlo en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá de apercibirlos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado. En la inteligencia de que el Juez de Primera Instancia está facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de la referida quejosa, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requerir a cualquier dependencia para que preste auxilio en la traducción al español del idioma que hable la parte quejosa, en coordinación con la autoridad responsable para el caso de que la tenga a su disposición. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se solicita al encargado del lugar donde se encuentre la quejosa, proporcione al fedatario judicial comisionado las facilidades necesarias para lo encomendado, debiendo salvaguardar la integridad física de tal funcionario bajo su más estricta responsabilidad. Consecuentemente, se solicita al aludido juzgador que una vez diligenciado en sus términos el respectivo despacho, se sirva remitir las constancias correspondientes y los devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, poniéndose a su disposición el correo oficial del juzgado 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; siendo innecesario su remisión por la vía ordinaria acostumbrada. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, dentro del término improrrogable de DOCE HORAS, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de esa legislación, se harán merecedores de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTORIZADOS. Como lo solicita se le tiene señalando como medio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica, para lo cual asigna el nombre de usuario "chematapana27". Atento a lo anterior, de conformidad con los numerales 3 y 26, fracción IV de la normativa de la materia, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se ordena se realicen las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto al usuario "aliciamendez1980", el cual se encuentra vinculado con la dirección de correo electrónico chematapana27@hotmail.es. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." De igual forma, como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere el promovente. Por otra parte, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. De conformidad con el precepto 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese..
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