Rafael García Zavaleta

Expediente 426/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 115 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
426/2016
Año
2016
Actuaciones
115
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Rafael García Zavaleta
  • Municipio de Salina Cruz, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 115.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 59/2019, el quince de agosto del actual, en la que se desechó por improcedente dicho medio de impugnación interpuesto por los Integrantes del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y Tesorero Municipal de esta localidad, contra el auto dictado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 426/2016; asimismo, devuelve copia certificada de las constancias deducidas de dicho juicio; acúsese recibo vía interconexión. Precisándose que en la ejecutoria de mérito, se destacó que por el momento no se puede llevar a cabo su cobro material por el juez de Distrito, ya que se encuentra subjudice a la impugnación de ella en las vías indicadas en dicha resolución. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales conducentes, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. ARCHIVO RECIENTE. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que este expediente se tramitó sin incidente de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de dieciséis de julio del año en curso (fojas 2091 a 2102), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Debido a que en este expediente obra copia certificada de la copia del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2917, copia certificada de los informes de avances de gestión financiera correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 (anexos I, II y III, remitidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Asesoría Superior del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; copia certificada de las constancias contables de los ingresos propios del Ayuntamiento de esta ciudad, del uno al treinta y uno de agosto del actual, copia certificada de los avances de los dos informes trimestrales entregados a la Auditoría Superior del Estado respecto de los ingresos propios del Ayuntamiento de esta Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, remitidos por el Tesorero Municipal; así como copia certificada de la iniciativa de Ley de Ingresos 2019 y copia certificada del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, remitidas por los integrantes del citado municipio; en consecuencia; devuélvanse las referidas documentales a las citadas autoridades, pues carecen de objeto su permanencia en este Juzgado. Por otra parte, glósese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo de Presidencia dictado el dos de agosto del actual en la queja 59/2019 de su índice, del que se advierte que el magistrado Willy Earl Vega Ramírez, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, fue readscrito a ese Tribunal en sustitución del magistrado Darío Carlos Contreras Favila, a partir del dieciséis de junio de este año. Cabe precisar que por el momento no se ordena el archivo definitivo del presente expediente, en virtud de que se encuentra pendiente de resolverse la queja 59/20199 del índice del Tribunal de Alzada citado en el párrafo que antecede. Notifíquese. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Tesorera Municipal de esta ciudad, por el que exhibe el cheque número 0000691, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor del quejoso Rafael García Zavaleta, con el que queda cubierto en su totalidad el pago del convenio correspondiente, solicitando copia certificada del acta de entrega del citado cheque. En su atención, por conducto del quejoso, requiérase a Armando Gómez Vásquez, para que en días y horas hábiles se presente ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento oficial vigente (credencial para votar con fotografía), para que se le haga entrega del aludido cheque; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 1120 del tomo IV), en el que por solicitud expresa del quejoso, se autorizó a dicha persona a recibir los cheques a su nombre. Hecho lo anterior, remítase copia certificada de la razón de entrega correspondiente a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. En el entendido que Armando Gómez Vásquez, deberá firmar en nombre del quejoso Rafael García Zavaleta, el acuse de recibido remitido por la autoridad oficiante. Ahora, con el propósito de determinar si se cumple en sus términos con la ejecutoria de amparo, cabe precisar que por sentencia engrosada el treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 237 a 255 del tomo I), se concedió al quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, el amparo solicitado contra actos de la Juez Primero Civil, con residencia en esta ciudad, para los siguientes efectos (fojas 253 a 254 vuelta del tomo I): ".En consecuencia, tomando en cuenta que es un hecho notorio, que en la actualidad el Ayuntamiento demandado de Salina Cruz, Oaxaca, dentro del expediente número 558/2009 del índice del Juzgado Primero Civil, con residencia en esta ciudad, se integra de nuevos elementos, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los siguientes efectos: 1. La Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad, mediante oficio que dirija al representante legal del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, deberá solicitarle que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, le proporcione los nombres y apellidos de los integrantes del Cabildo Municipal, debiendo especificar sus cargos respectivos. 2. Una vez que cuente con la información solicitada, deberá girar oficio al Cabildo de dicho Municipio, en el que se haga constar los nombres y cargo de cada uno de ellos, en el que les otorgue un plazo prudente que estime de conformidad con lo previsto en el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, para que presenten ante esa autoridad judicial un programa de cumplimiento de pagos que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la sentencia condenatoria correspondiente, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios. Debiéndolos apercibir con uno de los medios de apremio establecidos en el artículo 79 del aludido ordenamiento legal, en caso de incumplimiento. En la inteligencia que el programa de cumplimiento de pago deberá ser por la cantidad de $2,005,037.60 (dos millones cinco mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.), que es el importe restante de la condena respectiva. 3. Así también, para los efectos legales procedentes, deberá anexarles en el oficio de mérito, copia certificada de la sentencia condenatoria de primera instancia y de la ejecutoria dictada por el Tribunal de apelación en la cual se confirmó la aludida sentencia. 4. Así también, la autoridad judicial responsable deberá dictar todas medidas procedentes y hacer efectivos los medios de apremio correspondientes, a efecto de que a la brevedad posible se dé cabal cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en el juicio natural, pues sólo así se restituye al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales trasgredidos". Sentencia que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 287 y 288 del tomo I), causó ejecutoria, requiriéndose su cumplimiento a la Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad; así también, se requirió en su carácter de superior jerárquico de dicha autoridad responsable, al Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que conminara a dicha Juez a cumplir con la ejecutoria de mérito. Cabe precisar que por acuerdo de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 284 del tomo I), se ordenó glosar el escrito del quejoso de mérito, por el que hizo del conocimiento de este juzgado que había solicitado a la Juez responsable el cumplimiento de la sentencia concesoria dictada en este juicio. En dicho escrito (fojas 278 a 283 del tomo I), RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, le solicitó a la Juez natural que de inmediato requiriera al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, para que pusieran a su disposición de ese juzgado civil el total del monto de la sentencia, pero para el caso, aceptando sin conceder que alegaran no tener en ese momento el total del monto de la sentencia, entonces, también de inmediato presentaran un plan de pago y remitieran con el mismo el primer pago, advirtiéndose esa autoridad, que su plan de pago no debería exceder del quince de diciembre de dos mil diecisiete, para hacer efectiva la sentencia correspondiente. Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 459 a 461 del tomo I), se tuvo al Secretario encargado del Juzgado Primero Civil en esta ciudad, remitiendo copia certificada del acuerdo que dictó el dieciséis de marzo del actual, en el expediente número 558/2009 de su índice, del que se advertía que el Presidente Municipal, la Síndico Procuradora Municipal y los Regidores que integran el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, le comunicaron los motivos por los cuales se encontraban impedidos para cumplir con el pago de la sentencia dictada en el aludido expediente, solicitando un tiempo prudente para poder efectuar dicho cumplimiento; solicitando al suscrito Juez de Distrito le indicara a esa autoridad judicial lo conducente respecto del plazo solicitado por los condenados. En atención a lo anterior, se determinó que debido a que todas las autoridades que, por razón de sus facultades, lleguen a intervenir en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo están obligadas a acatarlo, no obstante que no hubieran sido designados como autoridades responsables. Por tal motivo, se ordenó requerir al Congreso del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes a su legal notificación, expidiera el decreto correspondiente que autorizara una partida especial al Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, para el único efecto de que se realizara el pago al quejoso de la cantidad de dos millones cinco mil treinta y siete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 606 a 610 del tomo I), se tuvo al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, informando y acreditando con la documental respectiva, que en sesión extraordinaria de veintidós de junio de dos mil diecisiete, fue aprobado por el Pleno de dicha legislatura, el dictamen con proyecto de decreto al expediente 1379 del índice de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, emitiéndose el Decreto número 649, que expidió un decreto especial que autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, para que de sus recursos propios incluyera en su presupuesto de egresos para el año dos mil diecisiete, en la partida presupuestal denominada "Sentencias y Laudos", el monto a pagar al quejoso de que se trata, relativo a las obligaciones que le fueron determinadas en la sentencia del expediente sumario civil 558/2009, radicado en el Juzgado Primero Civil en esta ciudad (fojas 592 a 594 del tomo I). Por tal motivo, en ese acuerdo, se requirió al Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, ordenara la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del aludido decreto. Publicación que se llevó a cabo el veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 698 del tomo I), por lo que, por acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 702 a 707 del tomo I), se ordenó requerir a los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días realizaran el pago correspondiente a favor del quejoso. El veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 798 a 802 del tomo I), en virtud de que los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, representante jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, superior jerárquico de las autoridades municipales, dentro del plazo legal que se les otorgó por auto de fecha doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 729 a 742 del tomo I), no cumplieron, los primeros con la ejecutoria de amparo y, el segundo, no acreditó haber ordenado a dichos integrantes del Municipio de esta ciudad, para que cumplieran con la misma, no obstante su legal notificación, se les impuso a cada uno de ellos la multa con la que se les apercibió y, se ordenó remitir los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para los efectos legales a que hubiera lugar y para que, en su caso, formularan el dictamen correspondiente y enviaran los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta resolviera lo conducente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejecutoria pronunciada el veinte de octubre de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia número 4/2017 (fojas 706 a 754 del tomo III), se declaró improcedente dicho incidente, ordenándose la reposición del procedimiento para los siguientes efectos: "En consecuencia, este Tribunal Colegiado considera oportuno reponer el procedimiento para que el A quo realice lo siguiente: a) Requiera a la Jueza Primera Civil de Salina Cruz, Oaxaca, para que investigue el nombre específico del Tesorero Municipal de Salina Cruz, Oaxaca; b) Hecho lo anterior, requiera a la jueza responsable y en su caso, a su superior jerárquico para que a su vez conminen a esa autoridad concretamente -Tesorero Municipal-, y a los integrantes del Ayuntamiento en cita, como autoridades obligadas al cumplimiento, para que en el plazo de tres días siguientes a su notificación, presenten ante ella, un programa de cumplimiento de pagos que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la sentencia condenatoria correspondiente, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto de cada pago que proponga, que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios. En la inteligencia que el programa de cumplimiento de pago será por la cantidad total de $2,005,037.60(dos millones cinco mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.), que es el importe restante de la condena respectiva. Lo cual también deberá realizar por su parte el juez Federal, esto es, requerir directamente a las autoridades municipales de mérito. c) Así, deberán precisarles a tales autoridades su obligación de tomar las medidas que estimen necesarias para la obtención del recurso económico necesario, acreditando el primer pago de dicho programa, el cual deberá tomarse con base en el presupuesto de esta anualidad dos mil diecisiete, respecto del cual el congreso autorizó dispusieran de cierta cantidad aunque no se hubiese destinado a ello en el presupuesto el año dos mil diecisiete. d) Asimismo, deberán realizar las gestiones administrativas necesarias que acrediten que dicho programa se acatará hasta lograr el pago de la citada cantidad, de manera que en el plazo fijado deberán anunciarlo para el siguiente año fiscal con la debida oportunidad, fijándole lapsos prudentes al quejoso, para no afectar los objetivos y metas de los programas prioritarios. e) Apercibiendo el juez Federal -y la jueza responsable y en su caso, el superior jerárquico de ésta; a cada una de las autoridades requeridas, con la imposición de una multa para el caso de incumplimiento injustificado al cumplimiento ordenado; vigilar su cumplimiento y en caso de contumacia, hacer efectivos los apercibimientos respectivos, así como que de no acatar la ejecución aludida, además la multa impuesta, dará lugar al procedimiento de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad respectiva". En consecuencia, en estricto acatamiento a lo determinado en la ejecutoria de mérito, por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 756 a 762 del tomo III), se indicó que tomando en cuenta que Víctor Manuel López Sosa, ostenta el carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, resultaba innecesario requerir a la Juez Primero Civil con residencia en esta ciudad, para el efecto de que investigara el nombre del aludido Tesorero Municipal. Así también, como lo indicó el Tribunal de Alzada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordenó requerir a la Juez Primero Civil, residente en esta ciudad, para que a su vez, requiera a Víctor Manuel López Sosa, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca. Así como a los Integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca (en su carácter de superior jerárquico), para que dentro del plazo legal de tres días siguientes a la notificación de dicho acuerdo, presentaran ante ella (Juez Primero Civil en esta ciudad), un programa de cumplimiento de pagos que debería ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la sentencia condenatoria correspondiente, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto de cada pago que propusiera, que no afectara los objetivos y metas de los programas prioritarios. En la inteligencia que el programa de cumplimiento de pago sería por la cantidad total de $2,005,037.60 (DOS MILLONES CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), que es el importe restante de la condena respectiva. Que la Juez responsable debería precisarles al Tesorero Municipal e integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, su obligación de tomar las medidas que estimaran necesarias para la obtención del recurso económico necesario, acreditando el primer pago de dicho programa, el cual debería tomarse con base en el presupuesto de esta anualidad dos mil diecisiete, respecto del cual el Congreso del Estado de Oaxaca autorizó dispusieran de cierta cantidad aunque no se hubiese destinado a ello en el presupuesto del año dos mil diecisiete. Así también, dicha Juez responsable debería requerir al Tesorero Municipal e integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, para que realizaran las gestiones administrativas necesarias que acrediten que dicho programa se acatará hasta lograr el pago de la citada cantidad, de manera que en el plazo fijado deberían anunciarlo para el siguiente año fiscal con la debida oportunidad, fijándole lapsos prudentes al quejoso, para no afectar los objetivos y metas de los programas prioritarios. En la inteligencia que la Juez Primero Civil en esta ciudad, debería apercibir con los medios de apremio previstos en la ley correspondiente a Víctor Manuel López Sosa, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, así como a cada uno de los integrantes de dicho Municipio, para el caso de incumplimiento injustificado al cumplimiento ordenado; vigilar su cumplimiento y en caso de contumacia, debería hacer efectivos los apercibimientos respectivos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, también se ordenó requerir al superior jerárquico de la Juez Civil responsable, que lo es el Magistrado Raúl Bolaños Cacho, Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que ordenara a la Juez Civil responsable acatar en sus términos la ejecutoria de amparo, siguiendo los lineamientos anteriormente precisados; haciéndole de su conocimiento que el número de expediente en el que debería actuar la Juez responsable, es el 558/2009 de su índice. Por otra parte, con apoyo en el artículo 197 de la Ley de Amparo, este juzgado requirió a Víctor Manuel López Sosa, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, así como a los integrantes de dicho Ayuntamiento, para que dentro del plazo legal de tres días (como así se indica en la ejecutoria de mérito), contado a partir de su legal notificación del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, de igual forma, presentaran ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, un programa de cumplimiento de pagos que debería ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la sentencia condenatoria correspondiente, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto de cada pago que propusiera, que no afectara los objetivos y metas de los programas prioritarios. Precisándoles que el programa de cumplimiento de pago sería por la cantidad total de $2,005,037.60 (dos millones cinco mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.), que es el importe restante de la condena respectiva. Indicándoles al Tesorero Municipal e integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, su obligación de tomar las medidas que estimaran necesarias para la obtención del recurso económico necesario, acreditando el primer pago de dicho programa, el cual debería tomarse con base en el presupuesto de esta anualidad dos mil diecisiete, respecto del cual el Congreso del Estado de Oaxaca autorizó dispusieran de cierta cantidad aunque no se hubiese destinado a ello en el presupuesto del año dos mil diecisiete. Así también, se requirió al Tesorero Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, e integrantes de dicho municipio, para que realizara las gestiones administrativas necesarias que acrediten que dicho programa se acatará hasta lograr el pago de la citada cantidad, de manera que en el plazo fijado deberán anunciarlo para el siguiente año fiscal con la debida oportunidad, fijándole lapsos prudentes al quejoso, para no afectar los objetivos y metas de los programas prioritarios. Apercibiendo al Tesorero Municipal e integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se harían acreedores, cada uno de ellos, a una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en caso de no dar cumplimiento a la concesión del amparo en los términos indicados por el Tribunal de Alzada, precisados anteriormente, dentro del plazo legal de tres días otorgado, se daría vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en ese entonces, para que hiciera valer lo que a su representación social corresponda, en virtud de que su omisión podría actualizar la hipótesis prevista y sancionada en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Y, por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 806 a 808 del tomo III), se tuvo en tiempo a los Integrantes del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, informando el cumplimiento al requerimiento que se les formuló en proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, precisando que esa administración municipal "acarrea" mensualmente un déficit de $736,924.00 (según lo manifestado en el oficio con el que se dio cuenta en ese acuerdo), y con el fin de no entorpecer los objetivos y metas de los programas prioritarios de ese Municipio, se estableció que el programa de pagos a favor del quejoso se realizará en veinte mensualidades de acuerdo al siguiente calendario: F E C H A CANTIDAD 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 $100.000.00 6 DE DICIEMBRE DE 2017 $100.000.00 5 DE ENERO DE 2018 $100.000.00 5 DE FEBRERO DE 2018 $100.000.00 7 DE MARZO DE 2018 $100.000.00 9 DE ABRIL DE 2018 $100.000.00 9 DE MAYO DE 2018 $100.000.00 8 DE JUNIO DE 2018 $100.000.00 9 DE JULIO DE 2018 $100.000.00 8 DE AGOSTO DE 2018 $100.000.00 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 $100.000.00 8 DE OCTUBRE DE 2018 $100.000.00 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 $100.000.00 7 DE DICIEMBRE DE 2018 $100.000.00 7 DE ENERO DE 2019 $100.000.00 6 DE FEBRERO DE 2019 $100.000.00 8 DE MARZO DE 2019 $100.000.00 8 DE ABRIL DE 2019 $100.000.00 8 DE MAYO DE 2019 $100.000.00 7 DE JUNIO DE 2019 $105.037.60 TOTAL $2,005,037.60 Precisando dichas autoridades que como medidas necesarias para obtener recursos, establecieron, en primer lugar presupuestar las partidas para cubrir el adeudo, en segundo lugar la separación del recurso mediante un fondo de $100,000.00 mensuales y la provisión de los recursos exclusivamente con la finalidad de cubrir las obligaciones derivadas del juicio ordinario mercantil promovido por el quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA; ordenándose hacer del conocimiento del Congreso del Estado el aludido calendario de pagos para dar certeza jurídica de que se cumplirá con su cometido; informando que quedaba a disposición del quejoso en la Tesorería de ese Ayuntamiento, el primer pago por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, 00/100 moneda nacional). Por tal motivo, se requirió al quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de dicho proveído, se presentara en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal de esta ciudad, a fin de que se le hiciera entrega del primer pago por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), debiendo informar lo correspondiente a este Juzgado. Así también, que debería presentarse en las subsecuentes fechas precisadas a recibir las cantidades de dinero correspondiente. De lo anteriormente expuesto, se advierte que se cumple en sus términos con la ejecutoria de amparo, pues no obstante que la Juez Primero Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del plazo legal de tres días que se le otorgó ni hasta la fecha no ha acreditado haber requerido al Tesorero Municipal de esta ciudad e integrantes de dicho municipio (en su carácter de superior jerárquico del primero), para que cumplieran en sus términos con la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el acuerdo dictado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el que se le notificó por oficio 2344, el cual obra en su poder desde el siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 796 a 800 del tomo III), según se advierte de la constancia de notificación respectiva. Sin embargo, los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca (incluyendo al Tesorero Municipal), por oficio número 610/2016 de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, presentaron un programa de cumplimiento de pagos a favor del quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, por la cantidad de $2,005,037.60 (dos millones cinco mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.), cuyo importe es el restante de la condena a que fue sentenciado dicho Ayuntamiento en el juicio sumario civil número 558/2009, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad (fojas 802 a 804 del tomo III). Oficio en el que indicaron las medidas necesarias que adoptaron para la obtención de dicho recurso y acreditaron el primer pago que se debería efectuar el seis de noviembre del actual, por la cantidad de cien mil pesos cero centavos, moneda nacional, el que se tomó, según su manifestación, con base en el presupuesto de ese año fiscal, respecto del cual el Congreso del Estado autorizó se dispusiera, aun cuando no se hubiese destinado en el presupuesto del año dos mil diecisiete (sin que pase desapercibido que también dichos integrantes del Ayuntamiento Municipal acreditaron que el segundo pago correspondiente se verificará en el mes de diciembre relativo al año fiscal dos mil diecisiete). De igual forma, realizaron las gestiones administrativas necesarias que acreditan que dicho programa se cumplirá hasta lograr su pago, en virtud de que por oficio número 479/2016, firmado por el Tesorero Municipal de esta ciudad, remitió copia certificada del diverso oficio 476/2017 de dieciséis de noviembre del año en curso, que dirigió a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, por el que les hizo de su conocimiento el referido programa de pagos en veinte mensualidades de acuerdo al calendario que ahí se detalló, con la finalidad de cubrir las obligaciones derivadas del juicio sumario número 558/2009, promovido por el quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, en contra del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca; lo anterior, para dar certeza jurídica de que se cumplirá con dicha obligación; así como del acuse de recibo correspondiente. Además, fijaron plazos prudentes para el pago de lo adeudado al quejoso (como son los primeros días de cada mes que comprende el calendario respectivo), para no afectar los objetivos ni programas prioritarios del Municipio de esta ciudad. Además, dichos integrantes y Tesorero Municipal de esta ciudad, establecieron como medidas necesarias para obtener los recursos correspondientes, en primer lugar presupuestar las partidas para cubrir el adeudo, en segundo lugar la separación del recurso mediante un fondo de cien mil pesos mensuales y la provisión de los recursos exclusivamente con la finalidad de cubrir las obligaciones derivadas del juicio ordinario mercantil promovido por el quejoso RAFAEL GARCÍA ZAVALETA. Pagos que se realizaron en las fechas estipuladas en el calendario propuesto por el Municipio, a saber: (fojas 1047, 1073, 1106, 1128, 1143 y 1155 del tomo IV; 1258, 1276, 1300, 1311, 1329, 1472 y 1535 del tomo V; 1960, 1991, 2024, 2055, 2066 y 2080 del tomo VI). F E C H A PACTADA CANTIDAD No. CHEQUE FECHA ENTREGA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 $100.000.00 188 22 DE DICIEMBRE DE 2017 6 DE DICIEMBRE DE 2017 $100.000.00 198 22 DE DICIEMBRE DE 2017 5 DE ENERO DE 2018 $100.000.00 208 11 DE ENERO DE 2018 5 DE FEBRERO DE 2018 $100.000.00 0000004 16 DE FEBRERO DE 2018 7 DE MARZO DE 2018 $100.000.00 012 06 DE MARZO DE 2018 9 DE ABRIL DE 2018 $100.000.00 0000021 06 DE ABRIL DE 2018 9 DE MAYO DE 2018 $100.000.00 0000032 11 DE MAYO DE 2918 8 DE JUNIO DE 2018 $100.000.00 0000045 08 DE JUNIO DE 2018 9 DE JULIO DE 2018 $100.000.00 0000069 10 DE JULIO DE 2018 8 DE AGOSTO DE 2018 $100.000.00 0000072 09 DE AGOSTO DE 2018 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 $100.000.00 0000092 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 8 DE OCTUBRE DE 2018 $100.000.00 0000123 15 DE OCTUBRE DE 2018 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 $100.000.00 0000132 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 7 DE DICIEMBRE DE 2018 $100.000.00 0000144 10 DE DICIEMBRE DE 2018 7 DE ENERO DE 2019 $100.000.00 0000066 01 DE MARZO DE 2019 6 DE FEBRERO DE 2019 $100.000.00 0000067 01 DE MARZO DE 2019 8 DE MARZO DE 2019 $100.000.00 0000080 13 DE MARZO DE 2019 8 DE ABRIL DE 2019 $100.000.00 0000256 12 DE ABRIL DE 2019 8 DE MAYO DE 2019 $100.000.00 0000423 20 DE MAYO DE 2019 7 DE JUNIO DE 2019 $100.037.60 0000497 11 DE JUNIO DE 2019 7 DE JUNIO DE 2019 $5.000,00. 0000691 PENDIENTE DE RECIBIR CHEQUE En consecuencia, con fundamento en el artículo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito, toda vez que a la fecha ya se le pagó al quejoso Rafael García Zavaleta, la cantidad total de $2,005,037.60 (DOS MILLONES CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.). Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes y de las autoridades vinculadas a su cumplimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al quejoso. III-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, advirtiéndose que en proveído de diez de junio pasado (fojas 2070 a 2072), se requirió a los integrantes del actual Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a fin de que remitieran a este órgano jurisdiccional, el cheque certificado a favor del quejoso Rafael García Zavaleta, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), o en su defecto, pusieran a disposición del citado quejoso esa cantidad de dinero en las oficinas de la Tesorería de ese Ayuntamiento, a fin de que se le entregara; lo que deberían hacer del conocimiento de este Juzgado Federal, sin que hayan informado lo correspondiente; en consecuencia, requiéraseles nuevamente para que dentro del término legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, comuniquen si realizaron el pago de la cantidad faltante al mencionado quejoso y, de ser así, remitan copia certificada de dicha entrega, de no ser así, remitan a este juzgado el cheque respectivo. Apercibidos que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así también, se harán acreedores (incluida la Tesorera Municipal), a una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil diecinueve, cada uno de ellos. Notifíquese. III-A

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