Rafael Martínez Ramírez
Expediente 552/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Martínez Ramírez
- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de agosto de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial entre Jueces de Distrito 2/2022, suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en aquella ciudad; atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria de mérito, se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, para conocer de la multa impuesta a Rafael Martínez Ramírez, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, por la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa con sede en Chilpancingo, Guerrero. SEGUNDO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional para que continúe con la sustanciación del asunto, en términos de los expuesto en el último punto considerativo de la presente ejecutoria." En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, y dado que se trata de un cuaderno de antecedentes, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Finalmente, téngase recibido el oficio enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con sede en Acapulco, Guerrero, atento a su contenido se instruye a la Encargada del mencionado Sistema, adscrita a este juzgado federal, vincule el presente asunto para que dicho órgano jurisdiccional esté en posibilidad de tener acceso a las constancias que integran el expediente en que se actúa vía remota, esto para los efectos legales conducentes y gírese oficio al Juzgado de referencia para su conocimiento.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Acapulco, Guerrero, al que correspondió el conflicto competencial 2/2022, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgador federal, y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, mediante sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. En ese orden de ideas, y dado que el Juzgado precitado, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar lo siguiente: "De lo anterior se colige que hay reglas distintas para establecer la competencia según si el acto requiere o no de ejecución material; en el caso, el acto reclamado referente al acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, en el que se impuso una multa al quejoso en su carácter Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, en el expediente de ejecución de Cumplimiento de sentencia TJA/SS/047/2015, si bien tendrá ejecución material en razón de que su ejecución consiste en el cobro de la multa; contrario a lo que sostiene el juzgador declinante de las constancias remitidas, no se advierte evidencia alguna en este momento del lugar en el que tendrá ejecución, pues de la demanda no se lee como lo afirma de que según lo manifestado por el quejoso el cobro de la multa se verificará donde tiene su domicilio oficial por habérsele aplicado en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, aunado a que del informe justificado remitido por la autoridad responsable, no se aprecia que se haya girado el oficio correspondiente al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, de Guerrero, y de que este a su vez haya iniciado el requerimiento de pago en la residencia oficial de la autoridad demandada, es decir que haya tratado de ejecutarse en el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. En efecto, la ejecución del acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, en el que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero le impuso una multa en su carácter Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, en el expediente administrativo TJAlSS/047/2015, no implica que deba realizarse en el domicilio oficial de la persona a la que se haya impuesto la referida medida de apremio, pues dicha aseveración no se advierte constituya una regla prevista en alguna legislación o algún criterio jurisprudencial, esto aunado a que el importe de la multa impuesta a un funcionario público como en el caso acontece, debe ser cubierta con propio peculio, pues es precisamente a la persona física que, ocupa el cargo correspondiente a quien se aplica la medida de apremio no así a la dependencia a la que pertenece o al cargo que ejerce, aunado a que como se dijo no existe evidencia en este momento de que se haya tratado de ejecutar la referida multa en el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. Consecuentemente, tomando en consideración que en este momento no se tiene evidencia en este momento de donde tendrá ejecución la multa, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda y que en el caso particular lo es el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; quien precisamente previno en el conocimiento del asunto." Al respecto, este juzgado difiere de los argumentos realizados por el órgano aludido, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado órgano jurisdiccional e insiste en carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, a razón de que la parte quejosa Rafael Martínez Ramírez, impugna una multa que le fue aplicada en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, acto que se va a ejecutar materialmente en Coauhayutla de José María Izazaga, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde al Juzgado de cuenta, con residencia en Acapulco. Señala el Juzgado Octavo de Distrito mencionado, en esencia, que en efecto el acto reclamado tiene ejecución material, pero que de las constancias de autos en este momento no se tiene evidencia de donde tendrá ejecución la multa reclamada. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Ahora bien, el quejoso en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita, refirió en su demanda que la multa sería ejecutada en el municipio que representa, con lo cual es evidente que se ejecutará allá; luego refiere el Juzgado Octavo mencionado, que no advertía de las constancias que obran en el sumario, el oficio dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, a fin de que se ejecutara la multa impuesta, es decir que se haya intentado ejecutar en aquélla ciudad; empero, ello carece de sentido, toda vez que el sólo acto es de naturaleza ejecutiva, sin que sea necesario contar con el oficio que señala, ni que se aprecie que se haya intentado ejecutar, pues el artículo 37 de la Ley de Amparo, es preciso al señalar que "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado", es decir, mientras el acto tenga el carácter ejecutivo (lo cual aceptó en su oficio de cuenta), la ejecución puede ser en futuro, presente o pasado (deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado), a lo que es aunado a que en el presente asunto, no fue señalada como autoridad responsable a dicha Secretaría de Finanzas. En lo que se refiere a que la multa reclamada "no implica que deba realizarse en el domicilio oficial de la persona a la que se haya impuesto la referida medida de apremio, pues dicha aseveración no se advierte constituya una regla prevista en alguna legislación o algún criterio jurisprudencial, esto aunado a que el importe de la multa impuesta a un funcionario público -como en el caso acontece-, debe ser cubierta con su propio peculio, pues es precisamente a la persona física que ocupa el cargo correspondiente a quien se aplica la medida de apremio; no así a la dependencia a la que pertenece o al cargo que ejerce"; sin embargo, también carece de sentido su aseveración, ya que si bien, la ejecución será sobre el peculio propio de la persona física que ejerce el cargo, también lo es que a razón del cargo que ostenta (Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero), es notorio, lógico y evidente que su domicilio particular y oficial, sea en esa ciudad, pues no puede tener dicho cargo sin estar presente en aquel lugar a fin de atender las necesidades propias del encargo que detenta. Sin que se desconozca la jurisprudencia 2a./J. 92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO."; sin embargo no es aplicable al caso particular, ya que en el presente asunto se está decidiendo sobre la competencia de Juzgados de Distrito, y no sobre si el quejoso está o no legitimado para promover el juicio de garantías. En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 552/2020, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, formado con motivo de la incompetencia planteada en resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que no obra en autos la constancia de notificación ordenada en auto de veintiocho de junio del año en curso. Atento a lo anterior, se ordena al Actuario Judicial adscrito que corresponda conocer del presente asunto, notifique el auto en mención a la parte quejosa a fin de manifieste lo que a su interés convenga. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior la audiencia señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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