Rafael Martínez Ramírez

Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1212/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 1212/2023-III, de éste índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, como lo establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado oficiante. Es así, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que remitió este juzgado, al considerar medularmente que: "(.) En ese contexto, es indudable que el acto que reclama el quejoso, en lo que atañe a la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo; ya que el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, contiene la orden específica al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de hacer efectiva la multa impuesta. Por lo que se advierte con objetividad, que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en Chilpancingo; entendiéndose que es en dicha localidad donde en su momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación; para luego continuar con tal ejecución en el lugar donde labora el quejoso como Presidente Municipal Constitucional de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, a fin de hacer efectiva la multa. De ahí que es claro que en Chilpancingo, Guerrero, es donde se inicia o existen principios de ejecución, ante la orden dada por la autoridad responsable ordenadora para cumplir el mandamiento, esto es, realizar el cobro de la multa respectiva a través del medio que estime conveniente. Y si bien es cierto, tal ejecución cuyo inicio, se insiste, tiene lugar en la jurisdicción del mencionado Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, continuará su materialización en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, en donde se entiende tiene su domicilio laboral el quejoso, esto es, en una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra dicha autoridad, también lo es que ello no hace más que reafirmar que en la especie se actualiza la segunda regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de un juez de Distrito. (.)" [Énfasis añadido] Al respecto, este órgano de control constitucional, difiere de los argumentos realizados por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado juzgado, a quien le fue turnada la demanda derivado de la incompetencia planteada, por las razones siguientes. En primer lugar, la impetrante de amparo reclama en esta vía el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente administrativo de origen TJA/SS/054/2018, en el que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, le impuso una multa que asciende a la cantidad de $12,448.80 (doce mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional). En ese orden, es evidente que al haberse decretado una multa a la aquí quejosa en el juicio de origen TJA/SS/054/2018, la ejecución o cobro de dicha sanción habrá de materializarse o ejecutarse en el lugar en que la persona física reside, en el caso, en la ciudad de Coahuayutla, Guerrero, dado que el quejoso actualmente desempeña el cargo de Presidente Municipal de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como lo refiere en el escrito inicial de demanda, de ahí, el hecho de que la autoridad responsable haya ordenado girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que reside en esta ciudad, implique que ésta realizará el cobro, pues, es de conocimiento público y de explorado derecho que, las oficinas centrales radican en esta ciudad; sin embargo, cuentan con oficinas auxiliadoras para llevar a cabo los distintos trámites de cobro encomendados. Por ello, se difiere de lo considerado por el Juzgado Cuarto de Distrito mencionado, al decir que la competencia se surte a favor de este juzgado debido a que, el acto reclamado habrá de iniciarse a ejecutar en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ya que de ninguna forma se advierte tal circunstancia como a continuación se explica. Es cierto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Entonces, al ser en este asunto el acto reclamado consiste en el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente administrativo TJA/SS/054/2018, en el que la autoridad responsable impuso al aquí quejoso Rafael Martínez Ramírez, una multa equivalente a la cantidad de $12,448.80 (doce mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), ya que el quejoso actualmente ostenta el cargo de Presidente Constitucional del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; entonces, es posible concluir que la multa impuesta a la inconforme deberá ser cubierta, de su propio peculio, debiendo ser aplicada y pagada, por consiguiente, en el lugar en el cual percibe sus ingresos, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de salario debe efectuarse en el lugar en el cual los trabajadores presten sus servicios; por tanto, se desprende que la aludida medida de apremio, en su momento y de ser procedente (lo cual no se prejuzga), deberá ser cubierta en el lugar de residencia de la ahora impetrante, y evidentemente al ostentar un cargo público el quejoso radica en ese municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; por tanto, se insiste que es allá, en que iniciará la materialización de dicha multa, pues es en ese lugar en que habrá de apersonarse un funcionario o servidor público, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda que originó el presente sumario. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." También tiene aplicación por las razones que la sustentan, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2ª./J.68/2015 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En mérito de lo expuesto, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo 1212/2023-III, de este índice, por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1212/2023-III, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que conozca del conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero; ello, en razón de que si bien el juicio de origen es el TJA/SS/054/2018, en el que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; también es cierto que, del escrito de demanda de aprecia que el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, a quien representa el aquí quejoso, es parte demandada respecto de la nulidad de la baja como policías de los designados como terceros interesados Juan Cabrera Bustos y otros, es decir, deriva de actos relacionados con naturaleza laboral. Sin que en el caso, sea necesario formar cuaderno de antecedentes toda vez que éste fue formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1212/2023-III-s, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INCOMPETENICA. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, se explica. En efecto, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Es importante precisar que, del escrito de demanda se aprecia que literalmente la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: ". la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al suscrito mediante acuerdo de fecha 02 de agosto de 2023 emitido por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del Expediente de Ejecución de Cumplimiento de Sentencia número TJA/SS/054/2018." Asimismo, del capítulo que el promovente titula en su escrito de demanda como "CAPÍTULO ESPECIAL DE LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR JUICIO DE AMPARO", en lo que aquí interesa, expresa lo siguiente: "El suscrito me encuentro legitimado para presentar el juicio de amparo, esto en virtud de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mediante acuerdo de fecha 2 de agosto de 2023, emitido dentro de un Procedimiento de Justicia Administrativa (Expediente de Cumplimiento de Sentencia) identificado bajo la clave TJA/SS/054/2018, derivado del expediente TCA/SRZ/353/2015, del índice de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Zihuatanejo, Guerrero, impuso al suscrito en mi calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, una MULTA de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N) equivalente a la cantidad de $12,448.80 (DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) por un supuesto incumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente antes referido. Por lo que al tener el suscrito actualmente la categoría de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, se entiende que la multa es impuesta en mi calidad de persona física, no así al Ayuntamiento, por lo que ésta tendré que cubrirla de mi propio peculio, motivo por el cual dicho acuerdo violenta mi esfera jurídica, de ahí que esté legitimado para promover el Juicio de Amparo Indirecto." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró, expresa: "(.) 6. Es el caso de que con fecha 2 de agosto de 2023, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado emitió acuerdo dentro del Expediente de Ejecución de Cumplimiento de Sentencia Número TJA/SS/054/2018, mediante el cual en la parte que interesa determinó lo siguiente: (.)" De igual manera en el segundo agravio que hace valer el promovente en su escrito de demanda refiere entre otras cosas lo siguiente: "Causa agravio la parte que se transcribe del acuerdo de fecha 02 de agosto de 2023, en virtud de que la autoridad ahora responsable impone la multa consistente en multa individual de ciento veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a razón de $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N), equivalente a la suma de $12,448.80 al suscrito como Presidente Municipal del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, derivado de que a su juicio el suscrito no di cumplimiento a la ejecutoria de 20 de abril de 2016 emitida en el expediente TCA/SRZ/353/2015 del índice de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y al requerimiento realizado mediante auto de fecha 13 de abril 2023 emitido dentro del expediente de ejecución de sentencia número TJA/SS/054/2018." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en el acuerdo de dos de agosto del presente año, emitido dentro del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TJA/SS/054/2018, en el que la autoridad responsable impuso al aquí quejoso Rafael Martínez Ramírez, quien actualmente ostenta el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, lo que hace patente que dicha persona física radica en aquélla municipalidad; por tanto, el acto combatido tendrá ejecución "material" en el municipio de Coahuayutla, Guerrero, pues, materialmente allá iniciará la ejecución de la multa impuesta, ello, con el apersonamiento de un funcionario o servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en su domicilio particular o al de su empleo, con la finalidad de cobrar dicha sanción "multa"; de ahí que, la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala. "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. (...)." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este órgano de control constitucional, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito que corresponda, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Sin que en el caso proceda emitir pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, toda vez que éstos no se encuadran en los supuestos que prevé el artículo 1265 y 126 de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano judicial que corresponda conocer del presente asunto el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en calle Filosofía y Letras esquina con Facultad de Economía, Lote 1, Manzana "K" del fraccionamiento Reforma Universitaria, (a un costado de Plaza Galerías, centro comercial Liverpool, a unos pasos del restaurante "el Mesón de Memo") en esta ciudad capital, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Benítez Salinas, Armando Martínez Ayala y Norma Paulina Tapia Gutiérrez, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a César Uriel Tapia Gutiérrez, Magali Lorenzo Ramírez, Gerardo Jakcel del Valle Bernal y Crysthian Donaldo Cantú Marcial, por no contar con dicho requisito AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano