Rafael Martínez Ramírez

Expediente 995/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
995/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que aceptó la competencia que le fue planteada a través de proveído de treinta y uno de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 995/2019-I, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en el que este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Rafael Martínez Ramírez, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero fracción I, del citado Acuerdo General, el presente cuaderno es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por ..... en su carácter de quejoso, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue realizado en auto de veinticinco de julio del presente año y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio cierto del tercero interesado Cruz Herrera Basurto a fin de poder ser emplazado a juicio. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En efecto, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de amparo. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. De la demanda se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al suscrito mediante acuerdo de fecha 09 de mayo de 2019, dentro del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/046/2015." Asimismo conviene precisar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su capítulo de antecedentes en la parte que interesa, lo siguiente: "1. Que el C. CRUZ HERRERA BASURTO, demandó del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, la nulidad del acto consistente en la supuesta baja como policía preventivo ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Zihuatanejo, Guerrero (otora Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo), misma a la que se le asignó el número TCA/SRZ/221/2012. 2. Que una vez desahogada la secuela procesal, se declaró la nulidad del acto impugnado y se condenó al pago de diversas prestaciones. 3. Una vez emitida la sentencia, el expediente fue remitido a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para que dicha autoridad lleve a cabo el cumplimiento y ejecución de la ejecutoria antes citada, asignándole como número de expediente el TJA/SS/046/2015. 4. Es el caso de que con fecha 02 de abril de 2019, me fue notificado el oficio 1305/2019 de fecha 01 de abril de 2019, emitido por la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dentro del expediente de número TJA/SS/046/2015 derivado del expediente de origen TCA/SRZ/221/2012, adjuntando a dicho oficio el acuerdo de fecha 14 de marzo de 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente: "6. [.]. "Por tanto con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de pleno de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, se le impone una multa al titular de la autoridad demandada RAFAEL MARTINEZ RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO, de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) a razón de $80.60 (OCHENTA PESOS 60/100), equivalente a la a la cantidad de $9,672.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)." Lo anterior, pone de manifiesto que de manera categórica la parte quejosa Rafael Martínez Ramírez, impugna una multa que le fue aplicada en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, acto que se va a ejecutar materialmente en Coauhayutla de José María Izazaga, Guerrero. Es así, en virtud de que se aprecia que se hizo efectiva una multa por parte de la Sala Superior en cita, dentro del expediente administrativo TJA/SS/046/2015, de ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Coauhayutla de José María Izazaga, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, si la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, impuso una multa, cuya ejecución según lo manifestado por el aquí quejoso se verificará donde tiene su domicilio oficial, por habérsele aplicado en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coauhayutla de José María Izazaga, Guerrero, lugar en el que se le requerirá de pago de esa multa, por la autoridad que corresponda; en consecuencia, se determina que este Juzgado Federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado del cual deriva la multa decretada por un tribunal administrativo, se efectuará de forma material en el municipio antes referido, donde tiene su residencia el impetrante del amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se está tratando de ejecutar materialmente el acto reclamado. Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud de suspensión del acto reclamado, quien esto resuelve considera que no es procedente pronunciarse al respecto, puesto que no se trata de los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni de los precisados en el artículo 22 Constitucional.

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