Rafael Guadarrama Castañeda
Expediente 1301/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Guadarrama Castañeda
Actuaciones
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria de la Mesa de Amparos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el que este órgano jurisdiccional le remitió los autos originales del toca familiar **********, de su índice.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Rafael Guadarrama Castañeda, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Finalmente, y toda vez que no es necesario seguir conservando el toca familiar 172/2018, se ordena hacer la devolución de las mismas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Se tiene recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al que inserta la determinación de catorce de noviembre del año en curso, dictada en autos del juicio de amparo directo civil **********, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; asimismo, envía los autos originales del amparo directo **********, dentro del cual se encuentran agregados el informe de la responsable, la demanda original y los emplazamientos realizados a las partes, así también envía el toca familiar**********, en un tomo, y una copia de la demanda de amparo; por tanto, con los anexos enviados se ordena abrir el primer tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1301/2018-II, y fórmese expediente. Con fundamento en el artículo 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y en acatamiento a la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, este Juzgado Séptimo de Distrito, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal declinante, para los efectos legales procedentes. Cumplimentado lo anterior, se procede a proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, y para ello, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: El artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien de la demanda de amparo se aprecia que el peticionario del amparo reclama a través de esta vía constitucional lo siguiente: "La sentencia definitiva dictada en el toca No. **********, con fecha 28 de agosto, por la autoridad señalada como responsable." Al respecto en su capítulo de antecedentes refirió lo que sigue: "a).- Por escrito de fecha 26 de agosto del 2008, ante el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, se denunció el juicio testamentario a bienes del señor **********, por los CC. ********** y por el suscrito, radicándose bajo el expediente número**********. Aclarando que la ubicación de los bienes materia de la sucesión están ubicados en distintos lugares, ya que un predio se ubica en Arcelia; otro en Iguala; otro más en la ciudad de México y el último en Cuernavaca, Morelos, como se desprende de los títulos de propiedad que se acompañaron con la denuncia testamentaria y que obran en el principal. b).- Habiéndose desahogado todas las etapas procesales en dicho juicio, se dictó sentencia de adjudicación el 3 de agosto del año 2009, declarándose procedente la denuncia testamentaria, reconociéndose como herederos a **********, a quienes se les adjudicaron los bienes que fueron propiedad de **********, en los términos propuestos por el testador en el testamento. c).- Habiéndose declarada ejecutoriada la sentencia de adjudicación, se mandó el expediente a la Notaría Pública número 2, de Iguala, Guerrero, para la protocolización de las constancias que servirían de títulos de propiedad a cada heredero respecto del inmueble que les correspondió a cada uno. d).- Inesperadamente mi señora madre **********, azuzada por mis hermanos, especialmente por **********, promovió amparo como tercera extraña a juicio y falta de notificación y contra los actos emitidos por el Juez señalado como responsable en el expediente **********, juicio de amparo que se radicó ante el C. Juez Quinto dl Distrito con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, bajo el número de expediente **********, Juicio de Amparo promovido por la citada quejosa y previos los trámites correspondientes con fecha 28 de febrero del 2017, se dictó sentencia definitiva en la que el Juez Federal concedió Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa contra los actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero. e).- En cumplimiento de la ejecutoria federal el Juez Primero de lo Familiar, dejó sin efecto todo lo actuado en el expediente **********, excepto el auto de radicación y ordenó notificar nuevamente a todos los herederos. Y al apersonarse mi señora madre y mis hermanos en el sucesorio interpusieron la Excepción de Incompetencia por Declinatoria del Juez antes mencionado, quien admitió dicha excepción y ordenó se enviara el citado expediente a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación de dicha incompetencia. f).- Llegados los autos a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se radicó bajo el número de Toca **********, aceptando conocer la excepción y previos los trámites correspondientes, con fecha 28 de agosto del 2018, la Sala señalada como autoridad responsable, dictó sentencia definitiva declarando procedente la excepción de incompetencia por declinatoria y ordenando se remitiera el expediente al Juez competente con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. g).- Contra dicha resolución vengo a interponer la siguiente Demanda de Amparo." Así, la que suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu (sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a las garantías individuales; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu (sentido contrario). Ilustra a lo anterior la tesis siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis LVII/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época). No obstante a ello, debe tenerse presente que la Ley de Amparo vigente en su numeral 107, fracción VIII, establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de resoluciones que "determinen" declinar competencia de un asunto; sin embargo, esa norma no debe interpretarse literalmente, sino debe asumirse en relación con la diversa fracción V del aludido numeral, que establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación; luego, a partir de una connotación más amplia, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que declinó competencia. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, como se dijo anteriormente, el quejoso **********, reclama la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Sala responsable, en la que se resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que interpuso **********, en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, para conocer del juicio sucesorio testamentario a bienes de **********, registrado con el número de expediente **********, y en la cual la Sala determinó fundada y procedente dicha excepción, al haberse acreditado que el autor de la sucesión tuvo su último domicilio en Cuernavaca, Morelos, por lo que ordenó enviar los autos del juicio de origen al Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, en turno, con jurisdicción territorial en Cuernavaca, Morelos, para que de estimarse éste competente, se avoque al asunto. A lo que es aunado que de autos no se advierte que el juez que fue considerado competente por la autoridad responsable hubiere recepcionado el expediente del que deriva el acto combatido y aceptado la competencia declinada; de ahí que la resolución reclamada no le cause perjuicios de imposible reparación ni una afectación personal y directa, pues ello ocurriría, cuando el juez a quien se le envió el expediente acepte la competencia, pues en este estadío procesal no se sabe si ocurrirá ello, dado que también existe la posibilidad de que no acceda a dicha competencia. De ese modo, se obtiene que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, **********, no así a **********, por no tener registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, con lo que se acredita que se encuentra legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en Derecho, por lo que se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de acuerdo a la parte final del segundo párrafo del precepto legal invocado; así como a **********, para el único efecto de imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente.
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