Rafael Martínez Ramírez y Otros.
Expediente 569/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Martínez Ramírez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de julio de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y este juzgado federal, el cual quedó registrado bajo el conflicto competencial entre Jueces de Distrito 36/2023, de su índice; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, a través del cual informa que insiste en carecer de competencia para seguir conociendo del juicio de amparo 233/2023 de su índice, y en razón de ello, ordenó remitir los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial entre dicho órgano de control constitucional y este juzgado federal; de lo que queda enterado este recinto judicial, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio 13180/2023, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo 233/2023 de su índice, promovido por *****. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 569/2023-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia inmediata aceptar la competencia declinada, pues esta juzgadora disiente de las razones dadas por la jueza declinante. Se explica: En primer término se destaca que dicha juzgadora determinó no ser competente para conocer del asunto en virtud de que considera que los actos reclamados tendrán ejecución en el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; sin embargo, el artículo 37 de la Ley de Amparo señala que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, así, si una multa como la que en particular, los quejosos reclaman, comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado. En efecto, la competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 162 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. 2 "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consiste en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia con número de expediente TJA/SS/054/2018, mediante el cual le impuso a Rafael Martínez Ramírez y Juan Salvador Ramírez Sánchez una multa por la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), como se advierte de lo manifestado por los impetrantes en el capítulo relativo del escrito inicial de demanda y del tomo de pruebas que obra en autos. De ahí que, es indudable que el acto que se reclama, en lo que atañe a la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo; ya que además, de las documentales que se exhibieron se advierte la orden específica a la autoridad exactora Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de cobrar la multa. Por lo que se advierte con objetividad, que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en Chilpancingo; entendiéndose que es en dicha localidad donde en su momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación, para luego continuar con tal ejecución en el lugar donde laboran los quejosos como Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Coahuayutla de José María Izazaga, a fin de hacer efectiva la multa. Y si bien tal ejecución, cuyo inicio, se insiste, tiene lugar en la jurisdicción del mencionado Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, lo cierto es que continuará su materialización en las instalaciones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, esto es, en una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra dicha autoridad, lo que reafirma que en la especie se actualiza la segunda regla establecida en el artículo 37, de la Ley de Amparo para determinar la competencia de un juez de distrito, motivo por el cual, contrario a lo aseverado por el declinante estamos ante un acto cuya ejecución ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, esto es, se está ante la segunda de las hipótesis de procedencia de la competencia a que refiere el mencionado precepto 37 de la Ley de la materia. Idéntica postura adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 38/2021. Luego, como quien previno en el conocimiento del juicio de amparo fue el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es a éste a quien corresponde conocer y resolver el aludido juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO." (Novena Época. Registro: 200824. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 2/95. Página: 31). Corolario de lo expuesto, en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la demanda de que se trata, es al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la misma normatividad, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En esa coyuntura, devuélvasele la demanda de amparo promovido por Rafael Martínez Ramírez y Juan Salvador Ramírez Sánchez, por propio derecho, a fin de que acuerde lo conducente; por ende, respetuosamente se solicita al titular de ese órgano jurisdiccional, haga del conocimiento de esta juzgadora la determinación que asuma sobre el particular. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para debida constancia legal. Notifíquese por oficio al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
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