Rafael Martínez Ramírez

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de siete de septiembre del presente año, dictada en el conflicto competencial administrativo 36/2023; por tanto, hágase saber a las partes que dicho tribunal de alzada en la ejecutoria de que se trata, dictó los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, para continuar conociendo de la acción constitucional instada por *****." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y acúsese recibo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo; asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de seis meses. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a la destrucción de los autos, háganse las anotaciones en los Libros de Gobierno Electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dentro del término de treinta días siguientes, remítase una copia del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado ante este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, habiéndose registrado como conflicto competencial administrativo 36/2023; circunstancia de la que queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital, mediante el cual informa que se insiste en declinar la competencia a favor de este juzgado, por lo que remitió el juicio de amparo 677/2023 del que deriva este cuaderno de antecedentes, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que determine a qué órgano jurisdiccional compete el conocimiento del asunto; de lo que queda enterada la suscrita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio 12331/2023 signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal la demanda de amparo 677/2023, de su índice, promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 567/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, este juzgado respetuosamente disiente de las razones que sustentó el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, para declinar el conocimiento del juicio por lo siguiente: En primer término, se destaca que dicho juzgado en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, consideró lo siguiente: "Entonces, como ya se adelantó, el peticionario del amparo en el escrito inicial de demanda, reclama la multa equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N)., misma que aún no ha comenzado a ejecutarse; por tanto, es evidente que dicha multa habrá de cobrarse en el lugar donde desempeña el cargo de Presidente Municipal, por lo que es en esa localidad en donde en su momento, habrán de requerirle el pago del respectivo crédito fiscal, a través de cualquier autoridad administrativa que llegue a figurar como exactora encargada de su recaudación. Lo que se corrobora, con lo que manifestó en el escrito de demanda, en el cual bajo protesta de decir verdad señaló que reclama la imposición de la multa por propio derecho que le fue impuesta en su calidad de Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, de modo que es indudable que por la función pública que desempeña, el domicilio del quejoso, se encuentra ubicado precisamente en esa la ejecución material de la multa tendrá lugar precisamente en ese municipio, lo cual fija la jurisdicción del Juez de Distrito a quien corresponde conocer del juicio de amparo correspondiente. De este modo, esta juzgadora Federal, sostiene que en el presente asunto, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como en el caso acontece. En esa tesitura, se estima que al tener la multa reclamada un efecto positivo, cuya ejecución se llevará a cabo en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero; es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora Federal de es incompetente para conocer del presente juicio de amparo." De los párrafos previamente insertos se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó no ser competente para conocer del asunto, en virtud de que considera que los actos reclamados tendrán ejecución en el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; sin embargo, como se adelantó, este juzgado federal no comparte tal criterio, motivo por el cual se determina no aceptar la competencia planteada. En efecto, la competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 162 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en 2 "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En el caso quedan al margen la primera y la tercera de las hipótesis en cuestión en tanto que, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa a consideración de este órgano jurisdiccional el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito. En efecto, los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. No debe perderse de vista que la ejecución del acto no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consiste en el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente TJA/SS/087/2018 relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad TCA/SRZ/352/2015, del índice de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual le impuso al quejoso una multa por la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M/N). Dicho acuerdo, en lo que interesa dice: ". en consecuencia, al incumplimiento de las responsables, al requerimiento contenido en el proveído del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 4°, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, a los CC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal, autoridad demandada; y JUAN SALVADOR RAMÍREZ SÁNCHEZ, Tesorero, autoridad vinculada, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, consistente en multa individual de ciento (sic) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N), equivalente a la suma de $11,546.40 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N) cantidad que realmente corresponde a ciento veinte veces el valor de la U.M.A. Para lo anterior, gírese atento oficio a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponda se haga efectiva la multa impuesta a los titulares de las autoridades en cita, quienes pueden ser requeridos de pago en su domicilio oficial ampliamente conocido, ubicado en el recinto del Palacio Municipal de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero; haciendo precisión en dicho oficio, "que este Tribunal no cuenta con el dato del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave", y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, las deposite en la cuenta 65509585167 de la Institución Bancaria SANTANDER, así mismo, a la brevedad, remita a este tribunal, copia de los recibos de pago." En ese contexto, es indudable que el acto que reclama el quejoso, en lo que atañe a la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; ya que el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, contiene la orden específica a la autoridad ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de hacer efectiva la multa impuesta. Por lo que se advierte con objetividad, que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en Chilpancingo; entendiéndose que es en dicha localidad donde en su momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación; para luego continuar con tal ejecución en el lugar donde labora el quejoso como Presidente Municipal Constitucional de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, a fin de hacer efectiva la multa. De ahí que es claro que en Chilpancingo, Guerrero, es donde se inicia o existen principios de ejecución, ante la orden dada por la autoridad responsable ordenadora para cumplir el mandamiento, esto es, realizar el cobro de la multa respectiva a través del medio que estime conveniente. Y si bien es cierto, tal ejecución cuyo inicio, se insiste, tiene lugar en la jurisdicción del mencionado Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, continuará su materialización en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, en donde se entiende tienen su domicilio laboral el quejoso, esto es, en una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra dicha autoridad, también lo es que ello no hace más que reafirmar que en la especie se actualiza la segunda regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de un juez de distrito. En ese contexto, se está ante un acto cuya ejecución se inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando en otro, como lo son el ubicado en Chilpancingo, Guerrero y el localizado en Municipio de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, (ciudades que pertenecen a distritos judiciales diversos), puesto que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien reside en Chilpancingo y a quien el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, encomendó la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta al quejoso ante la negativa de cumplir la sentencia dictada en el juicio natural, será el encargado de realizar los trámites correspondientes para ejecutar la determinación dada por la autoridad ordenadora en el auto reclamado, actuación que ciertamente seguirá teniendo una repercusión material en el municipio donde se ubica el ayuntamiento en el que el quejoso funge como Presidente Municipal. De ahí que, se asevere que la materialización del acto de que se trata, inicia con la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como con los actos que éste despliegue para el cobro de la multa, y tales actos se seguirán materializando en el municipio de Coahuayutla de María Izazaga, Guerrero, donde se localiza el domicilio laboral del impetrante. Por lo cual, conforme a las reglas contenidas en la Ley de Amparo, si el mandamiento en cuestión se despliega en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada juez de distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Motivo por el cual, contrario a lo aseverado por el declinante estamos ante un acto cuya ejecución ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, esto es, se está ante la segunda de las hipótesis de procedencia de la competencia a que refiere el mencionado precepto 37 de la Ley de la materia. Tal y como lo determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la ejecutoria dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 4/2023, derivado de un asunto idéntico al aquí planteado, cuya ejecutoria en lo que interesa dice: ". En ese contexto, en el caso, dadas las características y naturaleza de lo que aquí se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el segundo párrafo del citado artículo; particularmente, en lo relativo a que será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito. Lo anterior es así, porque de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado ordenador el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de nulidad número TCA/SRO/128/2016, ventilado en la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Ometepec, autoridad a quien se lo atribuye; y la ejecución del mismo a través de la Secretaría de Finanzas y Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Proveído en el que dicen los quejosos la sala regional de referencia hizo efectivo el apercibimiento formulado en el diverso auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós por no haber dado cumplimiento al requerimiento que ahí se le hizo, en el sentido de dar cumplimiento a la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil diecisiete, imponiendo a los quejosos la multa de treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos y 22/100 m.n.), equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 m.n.), a cada uno, y se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se haga efectiva la multa. Es importante destacar que los peticionarios de amparo relatan, que en el proveído impugnado, la autoridad responsable Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que haga efectiva la multa. Por lo anterior, a consideración de este órgano jurisdiccional, queda evidenciado que la autoridad responsable ordenadora ha ordenado el cobro de la multa por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en ejecución del acto reclamado. De ahí que pueda establecer que se reclama el acuerdo que ordena el cobro de la multa impuesta a los quejosos por la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Multa impuesta, así se sostiene, como medida de apremio por la autoridad jurisdiccional responsable, que se ha mandado hacer efectiva a través de la autoridad fiscal, y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo. Ahora bien, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva, y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, la cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. En esa postura, se colige que en el caso particular existe información limitada para evidenciar que ya se está ejecutando el acto reclamado, pero suficiente para considerar que el acto que reclaman los quejosos, en lo que atañe a la multa, puede tener ejecución en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, pues señalan que se giró la orden específica a la aludida autoridad exactora (Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado); entendiéndose que es en dicha localidad donde en un primer momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación; pero luego podrá continuar con tal ejecución en el lugar donde laboran los quejosos en su carácter de presidente municipal y director de seguridad pública, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, respectivamente; a fin de hacer efectiva la multa. Así, teniendo en cuenta el contexto de lo precisado como actos reclamados y los hechos que exponen los impetrantes en la demanda, es posible concluir que hasta el momento se está en presencia de la impugnación de un acto que puede tener ejecución en más de un distrito, es decir, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde reside la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y en el diverso municipio de Florencio Villareal, donde laboran los quejosos en su carácter de presidente municipal y director de seguridad pública, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, respectivamente. En consecuencia, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es ante quien se presentó ésta, porque el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito". Luego, como quien previno en el conocimiento del juicio de amparo fue el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, es a éste a quien corresponde conocer y resolver el aludido juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella". (Novena Época. Registro: 200824. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 2/95. Página: 31). También se cita la tesis aislada XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención". (Décima Época. Registro: 2006496. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.13 K (10a.). Página: 1941). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones apuntadas en párrafos anteriores. En consecuencia, comuníquese la anterior determinación al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, a fin de que acuerde lo conducente, y de no tener inconveniente legal alguno, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, secretaria que autoriza. Doy fe.

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