Rafael Maxinez Echeverria
Expediente 700/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Maxinez Echeverria
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de seis de julio pasado, en el que se desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado como queja administrativa 234/2023; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de seis de julio del presente año, este órgano jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo promovida por *****, y adjuntándole copia certificada de todo lo actuado y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal de la Federación adscrito. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, póngase a su disposición la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se substancie dicho medio de impugnación. Para ello, se instruye a la Oficial Judicial "A", adscrita a este juzgado federal para que habilite los permisos necesarios para que el Tribunal de alzada se encuentre en aptitud de realizar la consulta correspondiente. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de julio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Titular de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades responsables. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 700/2023-IV y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la resolución en la que se determinó que el aquí quejoso era responsable laboralmente de la conducta irregular que se le imputó y en consecuencia se rescindió de la relación laboral como Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo, Guerrero y se ordenó suspender su salario, sin haber sido llamado a juicio; por tanto, a consideración de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que en su orden literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El referido precepto legal indica también que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Respecto del concepto de autoridad responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Dicho lo anterior, en el caso concreto tenemos que el quejoso ostentaba el cargo de Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo y reclama la resolución en la que se determinó que el aquí quejoso era responsable laboralmente de la conducta irregular que se le imputó y en consecuencia se rescindió de la relación laboral como Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo, Guerrero y se ordenó suspender su salario, sin haber sido llamado a juicio. Por lo que a juicio de esta juzgadora resulta evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intentan combatir actos que surgen de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables y el impetrante, en la que las primeras hacen las veces de patrón y el quejoso se erige como empleado, por lo que esta instancia constitucional es improcedente, en virtud de que los actos reclamados dadas las características del caso, no provienen de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a las autoridades que el peticionario señala como responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que se entiende por ésta, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, se insiste, "autoridad responsable" es quien emitió o ejecutó el acto reclamado a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en las primeras actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en las últimas se despojan de ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que el ahora quejoso era trabajador de Comisión Federal de Electricidad, con la categoría de Jefe de Oficina Divisional y que se encuentra adscrito en Zihuatanejo, Guerrero, lo que se corrobora con las documentales que el impetrante anexó a la demanda de amparo, se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre el quejoso y quienes señala como autoridades responsables, en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. Hipótesis que no se actualiza en la especie, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad que resulta competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es la suspensión de salario. De ahí que, a tales funcionarios no les resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. Es importante señalar que lo anterior no comprende a todos los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cinco grupos: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior; 4. Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo. En efecto, en la jurisprudencia P./J. 10/90, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, equiparó la relación Estado y empleado, en vínculo laboral similar a la de un patrón exceptuando las hipótesis de los militares, marinos, miembros de seguridad pública y personal de servicio exterior, y que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, concluyendo que cualquier decisión que adoptara como empleador, respecto de alguno de sus empleados en sus labores, no constituyen un acto de autoridad sino de la relación laboral existente; tesis cuyo rubro dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Sin embargo, en el caso concreto el quejoso no se ubica dentro de alguna de las citadas excepciones, según sus propias manifestaciones, las documentales que anexó a la demanda de amparo, como enseguida se explicará. Los artículos 37, 5, 6, 12, fracciones I, II, incisos c) y d), V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII; y, 16, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, establecen: "ARTÍCULO 37. La relación jurídica entre la Secretaría y sus servidores públicos administrativos, se regirá por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248 y demás disposiciones administrativas, y en tratándose de elementos policiales, se estará a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 5. El Secretario se auxiliará de un gabinete de apoyo, que se integrará con la Secretaría Particular, la Unidad de Asesores Políticas y Alertamiento, Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y demás unidades, tendrán las atribuciones que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos del Secretario. Las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados o descentralizados de la Secretaría estarán obligadas a auxiliar al gabinete de apoyo en términos de sus respectivas atribuciones. ARTÍCULO 6. Para el despacho de las atribuciones que le competen, la Secretaría se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas siguientes: I. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: a). Unidad de Contraloría y Asuntos Internos (.)" ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así como del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: (.) I. Vigilar el cumplimiento de las normas que se hubieren fijado por el Secretario en materia de control, fiscalización y evaluación, atención de quejas, responsabilidades e inconformidades; II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la ley, mediante el ejercicio de las siguientes acciones: c). Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría y de sus órganos sectorizados; d). Practicar investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, hasta su resolución; (.) V. Ordenar de oficio, por denuncia o queja debidamente fundada, o en virtud de irregularidades derivadas de auditorías, la práctica de investigaciones respecto de la conducta de servidores públicos de la Secretaría que pudiera implicar inobservancia de las obligaciones previstas por el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; VI. Citar al presunto responsable dentro del procedimiento de investigación a que se refiere la fracción anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga; VII. Emitir el acuerdo mediante el cual se dé por concluida la investigación por falta de elementos o de competencia; VIII. Expedir el acuerdo de radicación para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; (.) XI. Citar a los servidores públicos de la Secretaría y de sus órganos sectorizados, presuntos responsables, a la audiencia a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; (.) XIII. Recomendar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, si de las constancias se desprenden elementos que hagan necesaria esta medida y si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones; XIV. Emitir las resoluciones en los procedimientos administrativos de responsabilidad; (.) XVII. Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo previsto en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de dichos ordenamientos, realizados por las áreas competentes de la Secretaría y las de sus órganos desconcentrados, así como realizar las investigaciones de oficio que resulten pertinentes a partir de las inconformidades de que conozca; (.) XVIII. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría; XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación policial, así como proponer medidas y acciones para inhibirlos; determinando la solicitud del procedimiento disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia; sin perjuicio de dictar los acuerdos de archivo y de conclusión de dicha investigación, en asuntos que la Ley lo autorice (.) XX. Solicitar información y documentación a las unidades administrativas de la Secretaría y de sus órganos sectorizados, relacionadas con los hechos objeto de investigación, así como la información o la comparecencia de personas y servidores públicos de la Secretaría relacionados con la investigación de que se trate, levantando las actas administrativas a que haya lugar; (.) XXII. Fungir como órgano acusador ante el H. Consejo de Honor y Justicia (.)" ARTÍCULO 16. Corresponde a los Directores Generales, Jefes de Unidad, y Coordinadores, las siguientes atribuciones: (.) IV. Vigilar que se cumpla estrictamente con las leyes y disposiciones aplicables en todos los asuntos a ellos encomendados; (.) VI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas, y proponer a la unidad administrativa correspondiente, su creación, fusión o eliminación en su caso, conforme a los lineamientos que determine el Secretario y este Reglamento." Del primer precepto, se desprende que existen dos tipos de relaciones jurídicas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y los servidores de públicos adscritos a ésta partiendo de su naturaleza, es decir, si se trata de un servidor público administrativo se rige por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y las demás disposiciones administrativas que resulten aplicables; mientras que, si se trata de un servidor público, de naturaleza policial, rige los dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución, esto es, se rigen por sus propias normas. Mientras de los restantes artículos se deduce que el Secretario de Seguridad Pública, se auxiliará de Unidades administrativas, en el caso, la encargada de integrar las investigaciones a los elementos policiales por incumplimiento a los deberes y obligaciones previstos en la Ley, así como recibir quejas y denuncias por incumplimiento a la Ley, es la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, acorde a la naturaleza del servidor público (administrativo) corresponde a dicha Unidad ordenar de oficio, por denuncia o queja, incluyendo irregularidades derivadas de auditoría, la práctica de investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidades e instruirlo, citar a los probables responsables a que manifiesten lo que a su derecho corresponda en audiencia, así como, emitir la resolución que corresponda; o en su defecto dictar los acuerdos de archivo y conclusión de investigación, cuando así proceda. Sin embargo, cuando se trata de una irregularidad o acto de corrupción atribuida a un servidor público de carrera policial, a la referida Unidad de Asuntos Internos, sólo le corresponde recibir y atender quejas, realizar investigaciones, citar a los probables responsables a que manifiesten lo que a su derecho corresponda en audiencia, así como, proponer las medidas y acciones necesarias para inhibirlos a través de la recomendación de una suspensión temporal de sus cargos, empleos o comisiones siempre que de las constancias se desprendan elementos que hagan necesaria tal medida y conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, además de dictar la solicitud del procedimiento disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, puesto que en este caso, funge como órgano acusador ante el aludido Consejo; en caso contrario, dictar los acuerdos de archivo y conclusión de investigación, cuando así proceda. De los citados artículos se observa que la Secretaría de Seguridad Pública, ejerce funciones en el ámbito laboral, respecto de sus servidores públicos administrativos, y que la relación jurídica entre éstos se rige por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. De ahí que, a través de la promoción de la acción constitucional la quejosa intenta combatir actos que surgen de la relación laboral, pues se insiste, ésta tiene la categoría de Técnico Administrativo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Laboral, página 1956, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Máxime que de las propias manifestaciones que vierte el promovente en su demanda se aprecia que éste inició un procedimiento laboral ante la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicado bajo el número de expediente 232/2020, con motivo de lo que aduce fue un despido injustificado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Rafael Maxinez Echeverría. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lenin Leyva Valente y Blanca Nayeli García Hernández, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de julio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Titular de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades responsables. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 700/2023-IV y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la resolución en la que se determinó que el aquí quejoso era responsable laboralmente de la conducta irregular que se le imputó y en consecuencia se rescindió de la relación laboral como Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo, Guerrero y se ordenó suspender su salario, sin haber sido llamado a juicio; por tanto, a consideración de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que en su orden literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El referido precepto legal indica también que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Respecto del concepto de autoridad responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Dicho lo anterior, en el caso concreto tenemos que el quejoso ostentaba el cargo de Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo y reclama la resolución en la que se determinó que el aquí quejoso era responsable laboralmente de la conducta irregular que se le imputó y en consecuencia se rescindió de la relación laboral como Jefe de Oficina Divisional asignado en Zona Zihuatanejo, Guerrero y se ordenó suspender su salario, sin haber sido llamado a juicio. Por lo que a juicio de esta juzgadora resulta evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intentan combatir actos que surgen de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables y el impetrante, en la que las primeras hacen las veces de patrón y el quejoso se erige como empleado, por lo que esta instancia constitucional es improcedente, en virtud de que los actos reclamados dadas las características del caso, no provienen de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a las autoridades que el peticionario señala como responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que se entiende por ésta, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, se insiste, "autoridad responsable" es quien emitió o ejecutó el acto reclamado a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en las primeras actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en las últimas se despojan de ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que el ahora quejoso era trabajador de Comisión Federal de Electricidad, con la categoría de Jefe de Oficina Divisional y que se encuentra adscrito en Zihuatanejo, Guerrero, lo que se corrobora con las documentales que el impetrante anexó a la demanda de amparo, se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre el quejoso y quienes señala como autoridades responsables, en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. Hipótesis que no se actualiza en la especie, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad que resulta competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es la suspensión de salario. De ahí que, a tales funcionarios no les resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. Es importante señalar que lo anterior no comprende a todos los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cinco grupos: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior; 4. Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo. En efecto, en la jurisprudencia P./J. 10/90, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, equiparó la relación Estado y empleado, en vínculo laboral similar a la de un patrón exceptuando las hipótesis de los militares, marinos, miembros de seguridad pública y personal de servicio exterior, y que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, concluyendo que cualquier decisión que adoptara como empleador, respecto de alguno de sus empleados en sus labores, no constituyen un acto de autoridad sino de la relación laboral existente; tesis cuyo rubro dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Sin embargo, en el caso concreto el quejoso no se ubica dentro de alguna de las citadas excepciones, según sus propias manifestaciones, las documentales que anexó a la demanda de amparo, como enseguida se explicará. Los artículos 37, 5, 6, 12, fracciones I, II, incisos c) y d), V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII; y, 16, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, establecen: "ARTÍCULO 37. La relación jurídica entre la Secretaría y sus servidores públicos administrativos, se regirá por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248 y demás disposiciones administrativas, y en tratándose de elementos policiales, se estará a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 5. El Secretario se auxiliará de un gabinete de apoyo, que se integrará con la Secretaría Particular, la Unidad de Asesores Políticas y Alertamiento, Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y demás unidades, tendrán las atribuciones que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos del Secretario. Las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados o descentralizados de la Secretaría estarán obligadas a auxiliar al gabinete de apoyo en términos de sus respectivas atribuciones. ARTÍCULO 6. Para el despacho de las atribuciones que le competen, la Secretaría se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas siguientes: I. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: a). Unidad de Contraloría y Asuntos Internos (.)" ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así como del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: (.) I. Vigilar el cumplimiento de las normas que se hubieren fijado por el Secretario en materia de control, fiscalización y evaluación, atención de quejas, responsabilidades e inconformidades; II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la ley, mediante el ejercicio de las siguientes acciones: c). Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría y de sus órganos sectorizados; d). Practicar investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, hasta su resolución; (.) V. Ordenar de oficio, por denuncia o queja debidamente fundada, o en virtud de irregularidades derivadas de auditorías, la práctica de investigaciones respecto de la conducta de servidores públicos de la Secretaría que pudiera implicar inobservancia de las obligaciones previstas por el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; VI. Citar al presunto responsable dentro del procedimiento de investigación a que se refiere la fracción anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga; VII. Emitir el acuerdo mediante el cual se dé por concluida la investigación por falta de elementos o de competencia; VIII. Expedir el acuerdo de radicación para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; (.) XI. Citar a los servidores públicos de la Secretaría y de sus órganos sectorizados, presuntos responsables, a la audiencia a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; (.) XIII. Recomendar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, si de las constancias se desprenden elementos que hagan necesaria esta medida y si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones; XIV. Emitir las resoluciones en los procedimientos administrativos de responsabilidad; (.) XVII. Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo previsto en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de dichos ordenamientos, realizados por las áreas competentes de la Secretaría y las de sus órganos desconcentrados, así como realizar las investigaciones de oficio que resulten pertinentes a partir de las inconformidades de que conozca; (.) XVIII. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría; XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación policial, así como proponer medidas y acciones para inhibirlos; determinando la solicitud del procedimiento disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia; sin perjuicio de dictar los acuerdos de archivo y de conclusión de dicha investigación, en asuntos que la Ley lo autorice (.) XX. Solicitar información y documentación a las unidades administrativas de la Secretaría y de sus órganos sectorizados, relacionadas con los hechos objeto de investigación, así como la información o la comparecencia de personas y servidores públicos de la Secretaría relacionados con la investigación de que se trate, levantando las actas administrativas a que haya lugar; (.) XXII. Fungir como órgano acusador ante el H. Consejo de Honor y Justicia (.)" ARTÍCULO 16. Corresponde a los Directores Generales, Jefes de Unidad, y Coordinadores, las siguientes atribuciones: (.) IV. Vigilar que se cumpla estrictamente con las leyes y disposiciones aplicables en todos los asuntos a ellos encomendados; (.) VI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas, y proponer a la unidad administrativa correspondiente, su creación, fusión o eliminación en su caso, conforme a los lineamientos que determine el Secretario y este Reglamento." Del primer precepto, se desprende que existen dos tipos de relaciones jurídicas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y los servidores de públicos adscritos a ésta partiendo de su naturaleza, es decir, si se trata de un servidor público administrativo se rige por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y las demás disposiciones administrativas que resulten aplicables; mientras que, si se trata de un servidor público, de naturaleza policial, rige los dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución, esto es, se rigen por sus propias normas. Mientras de los restantes artículos se deduce que el Secretario de Seguridad Pública, se auxiliará de Unidades administrativas, en el caso, la encargada de integrar las investigaciones a los elementos policiales por incumplimiento a los deberes y obligaciones previstos en la Ley, así como recibir quejas y denuncias por incumplimiento a la Ley, es la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, acorde a la naturaleza del servidor público (administrativo) corresponde a dicha Unidad ordenar de oficio, por denuncia o queja, incluyendo irregularidades derivadas de auditoría, la práctica de investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidades e instruirlo, citar a los probables responsables a que manifiesten lo que a su derecho corresponda en audiencia, así como, emitir la resolución que corresponda; o en su defecto dictar los acuerdos de archivo y conclusión de investigación, cuando así proceda. Sin embargo, cuando se trata de una irregularidad o acto de corrupción atribuida a un servidor público de carrera policial, a la referida Unidad de Asuntos Internos, sólo le corresponde recibir y atender quejas, realizar investigaciones, citar a los probables responsables a que manifiesten lo que a su derecho corresponda en audiencia, así como, proponer las medidas y acciones necesarias para inhibirlos a través de la recomendación de una suspensión temporal de sus cargos, empleos o comisiones siempre que de las constancias se desprendan elementos que hagan necesaria tal medida y conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, además de dictar la solicitud del procedimiento disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, puesto que en este caso, funge como órgano acusador ante el aludido Consejo; en caso contrario, dictar los acuerdos de archivo y conclusión de investigación, cuando así proceda. De los citados artículos se observa que la Secretaría de Seguridad Pública, ejerce funciones en el ámbito laboral, respecto de sus servidores públicos administrativos, y que la relación jurídica entre éstos se rige por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. De ahí que, a través de la promoción de la acción constitucional la quejosa intenta combatir actos que surgen de la relación laboral, pues se insiste, ésta tiene la categoría de Técnico Administrativo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Laboral, página 1956, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Máxime que de las propias manifestaciones que vierte el promovente en su demanda se aprecia que éste inició un procedimiento laboral ante la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicado bajo el número de expediente 232/2020, con motivo de lo que aduce fue un despido injustificado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Rafael Maxinez Echeverría. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lenin Leyva Valente y Blanca Nayeli García Hernández, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe."
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