Rafael Maldonado Barragan

Expediente 675/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
675/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Rafael Maldonado Barragan

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 146/2018 de su estadística, promovido por el accionante *****, en la que se determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Remítase a la superioridad el acuse de recibo requerido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual acusa recibo del oficio al que se acompañó el original del escrito de agravios y copia certificada del juicio de amparo 675/2018; asimismo, informa que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto, registrándolo con el número 146/2018.

  3. Principal

    Agréguese a los antecedentes el escrito que firma el quejoso ******, por el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de agosto del año en curso, que desechó su demanda de amparo, adjunto al cual exhibe uno diverso con expresión de agravios; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno el escrito original de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ******, por propio derecho, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en el entendido de que se encuentra registrado con el número 675/2018-VI. Desechamiento de demanda. Al surtirse la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, con el 17 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La referida causal de improcedencia que se desprende de los preceptos transcritos, es de estudio preferente a las demás, debido a que la demanda de amparo que se analiza no se presentó en tiempo y, por ende, este órgano de control constitucional no puede actualizar otra diversa, dado que la acción, en sí misma, es improcedente por extemporánea. Es aplicable a la consideración que antecede por no oponerse a la actual Ley de Amparo, en lo conducente, la tesis I. 3o. A. 135 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 619, del Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES". Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Además, los artículos 92 y 101 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato establecen: "ARTÍCULO 101. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este ordenamiento. Cuando no se establezca un plazo determinado para un acto procesal, se entenderá que es de tres días. Los plazos legales serán improrrogables, salvo que la ley los exceptúe de esta regla general. Los plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haya efectuado la notificación al interesado. Los plazos comunes desde el día siguiente a la última notificación que se practique. En ambos casos, el último día del plazo se contará completo". "ARTÍCULO 92. Las notificaciones deberán hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan ordenado, salvo que se disponga un plazo menor y sólo obligarán a las personas debidamente notificadas. Quien haya estado presente en la audiencia en que se decretaron, se tendrá por notificado". Así, en la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso directo ******, el dos de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; esto, bajo los lineamientos de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato, que resulta la aplicable al caso concreto al haberse suscitados los hechos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, del análisis integral del escrito de cuenta y de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, es factible inferir que el dos de enero de dos mil diecisiete compareció voluntariamente ante el juez de Control de Oralidad responsable y que en audiencia de formulación de imputación fue vinculado a proceso, de lo que se deduce que tuvo conocimiento del acto que reclama durante el verificativo de la citada audiencia. Manifestaciones que constituyen una confesión de que al menos en dicha fecha, tuvo conocimiento del acto reclamado. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio". "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, así como en la boleta de turno correspondiente, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, con el 17 de la ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al dos de enero de dos mil diecisiete, fecha en la cual el quejoso manifestó tener conocimiento de la resolución que constituye el acto reclamado al estar presente en el momento de la emisión del auto de vinculación a proceso -acorde a lo dispuesto por los artículos 92 y 101 de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato-, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del tres de enero de dos mil diecisiete para concluir el veintitrés de enero del mismo año, excluyendo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de esa anualidad, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA". En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados. La parte promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *** en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que sí tienen inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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