Rafael Maldonado Barragan

Expediente 194/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
194/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Rafael Maldonado Barragan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el termino para interponer recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de los corrientes en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL....

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 73/2017-III, promovido por Rafael Maldonado Barragán, contra actos del actos del Juez de Control de Oralidad Penal en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 pérrafo I y II, 20 apartado A fracciones I, V, IX y X y apartado B fracciones I, II y IV Constitucionales. Acúsese recibo. Fórmese el expediente físico y digital; asimismo, regístrese en el libro de gobierno y sistema respectivo, bajo el número 194/2017-A2. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, residente en Celaya, Guanajuato, al compartir los argumentos del juzgador oficiante (conocimiento previo), se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. B) Estudio y desecamiento de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Luego, los artículos 92 y 101 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato establece: "ARTÍCULO 101. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este ordenamiento. Cuando no se establezca un plazo determinado para un acto procesal, se entenderá que es de tres días. Los plazos legales serán improrrogables, salvo que la ley los exceptúe de esta regla general. Los plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haya efectuado la notificación al interesado. Los plazos comunes desde el día siguiente a la última notificación que se practique. En ambos casos, el último día del plazo se contará completo." "ARTÍCULO 92. Las notificaciones deberán hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan ordenado, salvo que se disponga un plazo menor y sólo obligarán a las personas debidamente notificadas. Quien haya estado presente en la audiencia en que se decretaron, se tendrá por notificado." En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en la causa penal 1P0616-217 del índice del Juzgado de Oralidad Penal en esta ciudad, el dos de enero del año en curso; esto, bajo los lineamientos de la ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que resulta la aplicable al caso concreto al haberse suscitados los hechos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, del análisis integral del escrito de cuenta se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento del acto que reclama el dos de enero del año en curso, esto, durante el verificativo de la audiencia inicial, momento en el cual fue vinculado a proceso por el Juez de Oralidad responsable. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato en la misma fecha (quien a la postre planteo su incompetencia legal por razón de conocimiento previo por haber tenido vinculación directa con la diversa registrado con el número 1176/2016-A1 del índice de este juzgado), como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, así como en la boleta de turno correspondiente, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al dos de enero pasado, en que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado al estar presente en el momento de la emisión del auto de vinculación a proceso -acorde a lo dispuesto por los artículos 92 y 101 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato-, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del tres de enero de dos mil diecisiete para concluir el veintitrés del mismo mes y años, excluyendo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós del presente mes y año, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro del presente mes y año, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." C) Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, poniente, numero setecientos nueve, letra "A", interior 101, zona Centro en esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Montoya Rodríguez, Víctor Manuel Avecilla y Gloria Ramírez Villegas. D) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo. E) Compensación de cargas. Infórmese lo anterior a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, para los efectos de compensación correspondientes, debiendo remitir a la brevedad las constancias con que así lo acredite.

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