Rafael Maldonado Barragan

Expediente 647/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
647/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Rafael Maldonado Barragan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo

  2. Principal

     Recepción del escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso **********, por el cual cumple con la prevención que se le formuló el veinticinco de julio de dos mil diecinueve.  Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Para lo anterior, se destacan los siguientes antecedentes: 1. En la Agencia del Ministerio Público Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, se inició la carpeta de investigación ***, por el hecho que la ley señala como delito de fraude. 2. En dicha indagatoria, la representación social solicitó ante el juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad, la audiencia de formulación de imputación en contra del quejoso. 3. El dos de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal **** del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso y se señaló como fecha de cierre de investigación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. 4. La fiscalía formuló acusación en contra del aquí quejoso y, previo diferimiento, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de preparación a juicio oral, en la que el juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad, no admitió la prueba testimonial a cargo de **********. 5. En contra de dicha determinación, el Ministerio Público acusador y el asesor de las víctimas, interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, registrado con el número de toca***. 6. El cinco de julio de dos mil diecinueve, la citada sala penal resolvió el medio de defensa de que se trata, y modificó la determinación de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por el juez de Control de Oralidad en la causa penal **** a fin de que se admita la prueba testimonial a cargo de **********, así como incorporarla al juicio oral (acto reclamado). Ahora bien, la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar la resolución de segunda instancia que modificó la determinación de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por el juez de control del Juzgado de Oralidad en la causa penal **********, a fin de que se admita la prueba testimonial a cargo de **********, así como incorporarla al juicio oral; de lo anterior se advierte que el aquí quejoso es parte dentro de dicho procedimiento penal, el cual se encuentra en la etapa de juicio oral. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la determinación emitida por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que modificó la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por el juez de control del Juzgado de Oralidad en la causa penal ***, a fin de que se admita la prueba testimonial a cargo de **********, para incorporarla al juicio oral, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente. Lo anterior es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del quejoso, pues, se reitera, la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, modificó la resolución de primera instancia para el efecto de que de admita una prueba y se incorpore a la etapa de juicio. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que la no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. Máxime que no se está en alguno de los supuestos de ejecución irreparable a que ha hecho referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, concretamente a la admisión, desahogo o desechameiento de pruebas. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis II.3o.P.27 P (10a.), número de registro 2019536, legible en la página 2662, libro 64, marzo de dos mil diecinueve, tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de La Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Así como el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a), número de registro 2018868, visible en la página 175, libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, tomo I, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, que establece: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **********, en contra de actos del magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 647/2019-IV. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a ************para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise en forma clara el estado procesal que guarda o etapa en que se encuentra la causa penal ***. Explique en forma exacta y clara el contenido y efectos de las determinaciones de veintinueve de abril y cinco de julio, ambas del año en curso, emitidas respectivamente, por el juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad dentro de la causa penal 1P0616-217 y magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato en el toca 046/2019-O. Cuestiones requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo; así como para fijar adecuadamente la litis constitucional, los alcances y efectos de la suspensión provisional solicitada. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por **********, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Cabe mencionar que del escrito aclaratorio, el accionante también deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción prevista en el artículo 110 de la ley de la materia. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y autorizados. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Parque Xochipilli número 131, fraccionamiento del Parque Tercera Sección de esta ciudad. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julián García Jáuregui y Brenda Juárez Lagunas, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **********, en contra de actos del magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 647/2019-IV. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a ************para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise en forma clara el estado procesal que guarda o etapa en que se encuentra la causa penal ***. Explique en forma exacta y clara el contenido y efectos de las determinaciones de veintinueve de abril y cinco de julio, ambas del año en curso, emitidas respectivamente, por el juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad dentro de la causa penal 1P0616-217 y magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato en el toca 046/2019-O. Cuestiones requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo; así como para fijar adecuadamente la litis constitucional, los alcances y efectos de la suspensión provisional solicitada. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por **********, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Cabe mencionar que del escrito aclaratorio, el accionante también deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción prevista en el artículo 110 de la ley de la materia. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y autorizados. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Parque Xochipilli número 131, fraccionamiento del Parque Tercera Sección de esta ciudad. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julián García Jáuregui y Brenda Juárez Lagunas, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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