Raciel Rojas Antonio

Expediente 193/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
193/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • Raciel Rojas Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido, debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión glósese y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. En otro aspecto, tomando en cuenta que en el incidente de suspensión conexo a este juicio de garantías el quejoso Raciel Rojas Antonio, exhibió el billete de depósito N-780099, valioso por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a efecto de garantizar la suspensión provisional que se le otorgó; en consecuencia, requiérasele para que en días y horas hábiles se presente a recogerlo, debidamente endosado a su favor; en el entendido que en caso de no hacerlo dentro del término de dos años naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído, dicho numerario prescribirá a favor del Erario Federal. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que dentro del término legal de tres días concedido al quejoso RACIEL ROJAS ANTONIO por acuerdo de ocho del actual (foja 181), el que se le notificó por lista el dieciséis siguiente (foja 183), transcurrió del dieciocho al veintidós del mes y año en curso, descontándose los días diecinueve y veinte por haber sido inhábiles, sin que en ese plazo hubiera realizado manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; por tal razón, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 98 a 115), se concedió al quejoso, RACIEL ROJAS ANTONIO, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo que dictó el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal número 210/2013 de su índice, en la que libró la orden de reaprehensión reclamada en contra del quejoso de mérito; debiendo hacer del conocimiento tal circunstancia al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción para los efectos legales procedentes. Hecho lo anterior, reanudara el procedimiento en la aludida causa penal y dictara otro acuerdo, en el que valorara junto con las constancias que integran el expediente penal, el contenido de la documental exhibida por el quejoso junto con su escrito presentado en la Oficialía de Partes de ese Juzgado Federal, el quince de febrero de dos mil diecisiete, por el que solicitó a la autoridad hacendaria la reconsideración administrativa de su determinación contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017-folio 396, en la que resolvió no aceptar la garantía ofrecida en su modalidad de embargo en la vía administrativa respecto de un inmueble, por haber considerado que no se cumplió con el requisito de presentar el original y fotocopia para cotejo del medio de defensa interpuesto. Precisándole que debería expresar la fundamentación y motivación adecuada correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo así se restituía al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados. De igual forma, se le indicó que en caso de que estimara no librar orden de reaprehensión en contra del quejoso, debería recabar la póliza exhibida por el quejoso que sirvió para garantizar sus obligaciones procesales, misma que ordenó se hiciera efectiva, para que siguiera surtiendo sus efectos legales procedentes. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecisiete (foja 138), causó ejecutoria la sentencia de mérito, requiriéndose al Juez responsable su cumplimiento. Por tal razón, por oficio número 5191 (foja 169), la Secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, transcribió el acuerdo de tres de agosto del año en curso, dictado por el Titular de ese juzgado en la causa penal 210/2013, en la que dejó sin efecto el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ordenando hacer dicha determinación del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para los efectos legales. Así también, por diverso oficio 5252, la Secretaria encargada del despacho de dicho órgano jurisdiccional, por vacaciones del Titular, remitió copia certificada del acuerdo que dictó el siete de agosto del actual, en el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó literalmente lo siguiente (fojas 175 a 179): "Visto los autos y en cumplimiento a la sentencia engrosada el treinta de junio del actual, dictada en el juicio de amparo 193/2017, promovido por RACIEL ROJAS ANTONIO, y toda vez que el tres de agosto de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente el proveído de veintitrés de marzo del actual, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales se reanuda el procedimientos Penales se reanuda el procedimientos Penales se reanudara el procedimiento en este asunto y se procede a dictar acuerdo. Como se advierte que a foja 1492 vuelta, únicamente se agregó el escrito del sentenciado RACIEL ROJAS ANTONIO, con registro 2325 de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 1482), donde se asentó que no requería mayor pronunciamiento, en consecuencia se prevé respecto de su contenido en los términos siguientes: Toda vez que RACIEL ROJAS ANTONIO, hace del conocimiento de este juzgado lo siguiente: Que por medio del presente escrito vengo a exhibir el original del escrito recibido el siete de febrero de dos mil diecisiete, por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", Servicio de Administración Tributaria. Se prueba con dicho escrito que el suscrito estoy realizando los trámites inherentes al otorgamiento de la garantía del interés fiscal en concepto de la reparación del daño. En dicho escrito se explica en forma detallada a la autoridad antes citada, que es procedente el otorgamiento de la garantía, en virtud de que la cantidad de $1,650,072.58 no deriva de una determinación y liquidación, sino de un dictamen pericial y contable. Manifestando bajo protesta de decir verdad que el suscrito me entreviste personalmente con el personal de la dependencia antes citada, y me manifestaron que la calificación de la garantía y aceptación de la misma, procederá una vez que la autoridad superior la confirme". Solicitando que dicha manifestación se tome en consideración, respecto a la reparación del daño. Por lo que en su atención y vista la manifestación asentada en dicho escrito, se le tiene por exhibido el escrito de siete de febrero del actual dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación, de Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, en donde solicita la reconsideración administrativa, de la resolución contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017 folio 306 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que resolvió no aceptar la garantía ofrecida por el sentenciado; de ahí que se desconoce si dicha resolución se encuentra firme; por lo que se toma en consideración su manifestación respecto al trámite que está realizando, para cubrir el monto de la reparación del daño a que fue condenado. En relación a lo señalado por el sentenciado se advierte obra la copia del oficio 400-45-00-02-01-2017-folio 306 del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Oaxaca (fojas 2075-2077), donde informa a RACIEL ROJAS ANTONIO, que no aceptó la garantía ofrecida en su modalidad de embargo en la vía administrativa del inmueble consistente en "sitio solar del barrio Santa Cruz, Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; sin embrago dicha autoridad indicó que iniciaría o continuaría según fuera el caso con el procedimiento administrativo de ejecución de conformidad con los artículos 145, primer párrafo y 151 del Código Fiscal de la Federación. Se toma en consideración dicha información y se advierte que dicha autoridad continuará con el trámite correspondiente para que se le resarza el daño causado. Ahora bien, de la resolución incidental de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 1872-1877), se advierte que en dicha resolución se determinó que una de las obligaciones a que fue sujeto RACIEL ROJAS ANTONIO, para gozar del beneficio de condena condicional, es: "f.- Reparar el daño causado. Atendiendo a lo que establece el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, que literalmente dice: Artículo 101. No procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105 fracciones I a la IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este Código. En los demás casos, además de los requisitos señalados en el código penal aplicable en la materia fiscal federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". En ese sentido, para que el sentenciado RACIEL ROJAS ANTONIO, pueda gozar del beneficio de la condena condicional, deberá comprobar haber cubierto o garantizado a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto fiojado por este órgano jurisdiccional como reparación del daño en la causa penal 210/2013, dfel índice de este Juzgado.." En base a lo establecido en dicha resolución, se requiere a RACIEL ROJAS ANTONIO, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación compruebe hacer cubierto o garantizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto fijado por este juzgado como reparación del daño, hecho lo anterior, se procederá a tenerlo por acogido del beneficio de condena condicional. Apercibido que de no hacerlo, dentro del plazo concedido como al existir sentencia definitiva en la instancia ordinaria, ipso iure deviene revocada e insubsistente la libertad provisional bajo caución, al tenor expreso del normativo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, para la ejecución consecuente de la pena de prisión impuesta, se librará orden de aprehensión, de conformidad con el diverso 414, párrafo segundo, del propio Código. No obstante lo anterior, mediante oficio solicítese al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informe el trámite que haya realizado en relación al escrito de RACIEL ROJAS ANTONIO presentado el siete de febrero del actual ante esas oficinas; o en su caso comunique si dicha persona ya cubrió o garantizó el monto de la reparación del daño, fijado por este órgano jurisdiccional en la causa penal 210/2013. En vista de lo anterior y toda vez que el dos de agosto del actual, se dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en donde se ordenó la reaprehensión de RACIEL ROJAS ANTONIO, lo que implica la insubsistencia de la orden librada, por tanto, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, procede la cancelación de la orden de reaprehensión; hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente e infórmese mediante oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, requiérase al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este juzgado la póliza de fianza número 3129-03325-8 expedida por Afianzadora Aserta, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que le fue remitida mediante oficio mil doscientos veinticinco de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1496)" (sic). De lo anteriormente expuesto, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que el Juez responsable dejó sin efecto el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 210/2013, de su índice; ordenando hacer dicha determinación del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para los efectos legales. Así también, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó un nuevo acuerdo en el que tuvo al quejoso por exhibido el escrito de siete de febrero del año en curso, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, en el que le solicitó la reconsideración administrativa de la resolución contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017 folio 306 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que resolvió no aceptar la garantía ofrecida por el sentenciado; tomando en consideración su manifestación respecto al trámite que está realizando para cubrir el monto de la reparación del daño a que fue condenado. De igual forma, por los motivos que expuso en dicho acuerdo, ordenó requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación comprobara haber cubierto o garantizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto fijado por ese juzgado como reparación del daño; hecho lo anterior, se procedería a tenerlo por acogido al beneficio de condena condicional. Por otra parte, ordenó solicitar a la aludida autoridad exactora, informara el trámite que hubiera realizado en relación al escrito del quejoso presentado el siete de febrero del actual ante esas oficinas; o en su caso, comunicara si dicho quejoso ya había cubierto o garantizado el monto de la reparación del daño fijado por ese órgano jurisdiccional en la causa penal 210/2013. Cancelando la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso el veintitrés de marzo pasado y ordenó hacer tal circunstancia del conocimiento del fiscal federal de su adscripción para los efectos legales a que hubiera lugar. Requiriendo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remitiera la póliza de fianza correspondiente, que le fue remitida por oficio 1225 de veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes y de la autoridad responsable, Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. IIIA-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que dentro del término legal de tres días concedido al quejoso RACIEL ROJAS ANTONIO por acuerdo de ocho del actual (foja 181), el que se le notificó por lista el dieciséis siguiente (foja 183), transcurrió del dieciocho al veintidós del mes y año en curso, descontándose los días diecinueve y veinte por haber sido inhábiles, sin que en ese plazo hubiera realizado manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; por tal razón, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 98 a 115), se concedió al quejoso, RACIEL ROJAS ANTONIO, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo que dictó el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal número 210/2013 de su índice, en la que libró la orden de reaprehensión reclamada en contra del quejoso de mérito; debiendo hacer del conocimiento tal circunstancia al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción para los efectos legales procedentes. Hecho lo anterior, reanudara el procedimiento en la aludida causa penal y dictara otro acuerdo, en el que valorara junto con las constancias que integran el expediente penal, el contenido de la documental exhibida por el quejoso junto con su escrito presentado en la Oficialía de Partes de ese Juzgado Federal, el quince de febrero de dos mil diecisiete, por el que solicitó a la autoridad hacendaria la reconsideración administrativa de su determinación contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017-folio 396, en la que resolvió no aceptar la garantía ofrecida en su modalidad de embargo en la vía administrativa respecto de un inmueble, por haber considerado que no se cumplió con el requisito de presentar el original y fotocopia para cotejo del medio de defensa interpuesto. Precisándole que debería expresar la fundamentación y motivación adecuada correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo así se restituía al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados. De igual forma, se le indicó que en caso de que estimara no librar orden de reaprehensión en contra del quejoso, debería recabar la póliza exhibida por el quejoso que sirvió para garantizar sus obligaciones procesales, misma que ordenó se hiciera efectiva, para que siguiera surtiendo sus efectos legales procedentes. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecisiete (foja 138), causó ejecutoria la sentencia de mérito, requiriéndose al Juez responsable su cumplimiento. Por tal razón, por oficio número 5191 (foja 169), la Secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, transcribió el acuerdo de tres de agosto del año en curso, dictado por el Titular de ese juzgado en la causa penal 210/2013, en la que dejó sin efecto el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ordenando hacer dicha determinación del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para los efectos legales. Así también, por diverso oficio 5252, la Secretaria encargada del despacho de dicho órgano jurisdiccional, por vacaciones del Titular, remitió copia certificada del acuerdo que dictó el siete de agosto del actual, en el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó literalmente lo siguiente (fojas 175 a 179): "Visto los autos y en cumplimiento a la sentencia engrosada el treinta de junio del actual, dictada en el juicio de amparo 193/2017, promovido por RACIEL ROJAS ANTONIO, y toda vez que el tres de agosto de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente el proveído de veintitrés de marzo del actual, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales se reanuda el procedimientos Penales se reanuda el procedimientos Penales se reanudara el procedimiento en este asunto y se procede a dictar acuerdo. Como se advierte que a foja 1492 vuelta, únicamente se agregó el escrito del sentenciado RACIEL ROJAS ANTONIO, con registro 2325 de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 1482), donde se asentó que no requería mayor pronunciamiento, en consecuencia se prevé respecto de su contenido en los términos siguientes: Toda vez que RACIEL ROJAS ANTONIO, hace del conocimiento de este juzgado lo siguiente: Que por medio del presente escrito vengo a exhibir el original del escrito recibido el siete de febrero de dos mil diecisiete, por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", Servicio de Administración Tributaria. Se prueba con dicho escrito que el suscrito estoy realizando los trámites inherentes al otorgamiento de la garantía del interés fiscal en concepto de la reparación del daño. En dicho escrito se explica en forma detallada a la autoridad antes citada, que es procedente el otorgamiento de la garantía, en virtud de que la cantidad de $1,650,072.58 no deriva de una determinación y liquidación, sino de un dictamen pericial y contable. Manifestando bajo protesta de decir verdad que el suscrito me entreviste personalmente con el personal de la dependencia antes citada, y me manifestaron que la calificación de la garantía y aceptación de la misma, procederá una vez que la autoridad superior la confirme". Solicitando que dicha manifestación se tome en consideración, respecto a la reparación del daño. Por lo que en su atención y vista la manifestación asentada en dicho escrito, se le tiene por exhibido el escrito de siete de febrero del actual dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación, de Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, en donde solicita la reconsideración administrativa, de la resolución contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017 folio 306 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que resolvió no aceptar la garantía ofrecida por el sentenciado; de ahí que se desconoce si dicha resolución se encuentra firme; por lo que se toma en consideración su manifestación respecto al trámite que está realizando, para cubrir el monto de la reparación del daño a que fue condenado. En relación a lo señalado por el sentenciado se advierte obra la copia del oficio 400-45-00-02-01-2017-folio 306 del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Oaxaca (fojas 2075-2077), donde informa a RACIEL ROJAS ANTONIO, que no aceptó la garantía ofrecida en su modalidad de embargo en la vía administrativa del inmueble consistente en "sitio solar del barrio Santa Cruz, Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; sin embrago dicha autoridad indicó que iniciaría o continuaría según fuera el caso con el procedimiento administrativo de ejecución de conformidad con los artículos 145, primer párrafo y 151 del Código Fiscal de la Federación. Se toma en consideración dicha información y se advierte que dicha autoridad continuará con el trámite correspondiente para que se le resarza el daño causado. Ahora bien, de la resolución incidental de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 1872-1877), se advierte que en dicha resolución se determinó que una de las obligaciones a que fue sujeto RACIEL ROJAS ANTONIO, para gozar del beneficio de condena condicional, es: "f.- Reparar el daño causado. Atendiendo a lo que establece el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, que literalmente dice: Artículo 101. No procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105 fracciones I a la IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este Código. En los demás casos, además de los requisitos señalados en el código penal aplicable en la materia fiscal federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". En ese sentido, para que el sentenciado RACIEL ROJAS ANTONIO, pueda gozar del beneficio de la condena condicional, deberá comprobar haber cubierto o garantizado a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto fiojado por este órgano jurisdiccional como reparación del daño en la causa penal 210/2013, dfel índice de este Juzgado.." En base a lo establecido en dicha resolución, se requiere a RACIEL ROJAS ANTONIO, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación compruebe hacer cubierto o garantizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto fijado por este juzgado como reparación del daño, hecho lo anterior, se procederá a tenerlo por acogido del beneficio de condena condicional. Apercibido que de no hacerlo, dentro del plazo concedido como al existir sentencia definitiva en la instancia ordinaria, ipso iure deviene revocada e insubsistente la libertad provisional bajo caución, al tenor expreso del normativo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, para la ejecución consecuente de la pena de prisión impuesta, se librará orden de aprehensión, de conformidad con el diverso 414, párrafo segundo, del propio Código. No obstante lo anterior, mediante oficio solicítese al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informe el trámite que haya realizado en relación al escrito de RACIEL ROJAS ANTONIO presentado el siete de febrero del actual ante esas oficinas; o en su caso comunique si dicha persona ya cubrió o garantizó el monto de la reparación del daño, fijado por este órgano jurisdiccional en la causa penal 210/2013. En vista de lo anterior y toda vez que el dos de agosto del actual, se dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en donde se ordenó la reaprehensión de RACIEL ROJAS ANTONIO, lo que implica la insubsistencia de la orden librada, por tanto, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, procede la cancelación de la orden de reaprehensión; hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente e infórmese mediante oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, requiérase al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este juzgado la póliza de fianza número 3129-03325-8 expedida por Afianzadora Aserta, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que le fue remitida mediante oficio mil doscientos veinticinco de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1496)" (sic). De lo anteriormente expuesto, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que el Juez responsable dejó sin efecto el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 210/2013, de su índice; ordenando hacer dicha determinación del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para los efectos legales. Así también, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó un nuevo acuerdo en el que tuvo al quejoso por exhibido el escrito de siete de febrero del año en curso, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, en el que le solicitó la reconsideración administrativa de la resolución contenida en el oficio 400-45-00-02-01-2017 folio 306 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que resolvió no aceptar la garantía ofrecida por el sentenciado; tomando en consideración su manifestación respecto al trámite que está realizando para cubrir el monto de la reparación del daño a que fue condenado. De igual forma, por los motivos que expuso en dicho acuerdo, ordenó requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación comprobara haber cubierto o garantizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto fijado por ese juzgado como reparación del daño; hecho lo anterior, se procedería a tenerlo por acogido al beneficio de condena condicional. Por otra parte, ordenó solicitar a la aludida autoridad exactora, informara el trámite que hubiera realizado en relación al escrito del quejoso presentado el siete de febrero del actual ante esas oficinas; o en su caso, comunicara si dicho quejoso ya había cubierto o garantizado el monto de la reparación del daño fijado por ese órgano jurisdiccional en la causa penal 210/2013. Cancelando la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso el veintitrés de marzo pasado y ordenó hacer tal circunstancia del conocimiento del fiscal federal de su adscripción para los efectos legales a que hubiera lugar. Requiriendo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remitiera la póliza de fianza correspondiente, que le fue remitida por oficio 1225 de veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes y de la autoridad responsable, Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. IIIA-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por la Secretaria encargada del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista al quejoso Raciel Rojas Antonio, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y personalmente al quejoso. IIIA-A

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