Rafael Garcia Trujillo

Expediente 257/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
257/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Rafael Garcia Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 257/2023-IX. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 257/2023-VII. En Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signada por*, contra actos del Juzgado Segundo de lo Penal del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"3 . En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado el siguiente: (.)Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el Quinto Transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén: Ley de Amparo. En la causal de mérito se previene el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. El mismo precepto en mención exceptúa de lo anterior cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción que posteriormente se transcribe, estableció que el quinto transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, otorga la posibilidad a los inculpados o imputados a quienes se les instruye un proceso penal en el sistema procesal inquisitivo soliciten la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, pero aplicando las reglas del sistema penal acusatorio. Para la superioridad, la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional o inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema, de ninguna manera altera las reglas de tramitación reguladas conforme al procedimiento penal tradicional. Que en realidad, la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, a la que hace referencia el artículo quinto transitorio constituye una circunstancia de carácter sustantivo que de ninguna manera afecta el procedimiento penal mixto. La directriz de que sea revisada la prisión preventiva a la luz de los parámetros establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de tener como base el vigente artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un entendimiento esencial de la reforma procesal penal, que da prevalencia al respeto de los derechos humanos. Asimismo, se estableció que la razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual, no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debe instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que, además, es acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de restricción de libertad en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. En ese sentido, sostuvo la superioridad que debe considerarse que la revisión de la prisión preventiva, a partir de los parámetros establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, impuesta a los inculpados o imputados a quienes se les instruye proceso bajo el sistema procesal penal tradicional o mixto representa un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en los artículos 1o., 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En ese sentido es procedente que el juez que instruye un proceso penal mixto revise la prisión preventiva, en términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos jurídicos, que remite a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, en los artículos 153 a 171. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma; sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 453 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2015309, intitulada: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016". Luego, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal de origen la subsistencia de la prisión preventiva ni el lapso transcurrido ni el cese de la misma, pues previamente el quejoso en el proceso penal que se le instruye, debe solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, pero aplicando las reglas del sistema penal acusatorio. Como puede verse de los preceptos transcritos, los actos reclamados conciernen en su totalidad al exceso de prisión preventiva de la que se duele el quejoso, quien se encuentra al interior del centro penitenciario respectivo, privado de la libertad; por tanto, tales actos son susceptibles de ser impugnados mediante el medio de defensa consistente en la revisión de la prisión preventiva de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Nacionales, sobre todo porque al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen al ser el inculpado o, sentenciado, al parecer, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales y, en razón de ello, en aptitud de interponer el medio de impugnación referido. En consecuencia, en cumplimiento al principio de definitividad, si el ordenamiento aplicable prevé la revisión de la prisión preventiva de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Nacionales, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que no constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni el acto reclamado consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de formal prisión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto ni mucho menos éste tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época Materias(s): Común, página 902). Así como la tesis de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO" (Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: II.4o.C.1 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1676) A mayor abundamiento, debe decirse que del contenido de los preceptos anteriormente transcritos también se advierte que la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva por más de dos años -acto reclamado-, de la que se duele la parte quejosa, no se puede analizar en el juicio de amparo de forma autónoma e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es necesario que, en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar la referida subsistencia de la prisión preventiva, sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, lo cual, además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo Quinto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis del referido ordenamiento procesal penal, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia de que el imputado, ahora quejoso, de acuerdo a lo que refiere en el capítulo de antecedentes del acto reclamado en cuanto al tiempo que lleva en prisión preventiva, invariablemente debe -en términos de lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis del Código Nacional de Procedimientos Penales-, plantear la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la mencionada medida cautelar, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial -como en el caso-, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. Porque la razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que se actualice en la especie, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia estudiada. Por último, debe señalarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo un criterio que puede aplicarse al caso por analogía jurídica, en un diverso asunto con algunas similitudes, que fue objeto de la ejecutoria del recurso de queja 179/2022 de su índice, en donde estimó correcto analizar en actos como los presentes, la causal de improcedencia la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, partiendo de un análisis del contenido de la jurisprudencia invocada, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo quinto transitorio de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, otorga la posibilidad a los inculpados o imputados a quienes se les instruye un proceso penal en el sistema procesal inquisitivo soliciten la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, pero aplicando las reglas del sistema penal acusatorio. Incluso, sobre este tópico el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se ha pronunciado en el mismo sentido al resolver el recurso de queja 20/2023, en el que confirmó el desechamiento de la demanda que se registró con el número de juicio de amparo 19/2023 del índice de este juzgado de distrito Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda de amparo promovida por el quejoso y, por ello, procede con apoyo en lo establecido por el artículo 113, debido al análisis de la causal de improcedencia invocada. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, esto es, el lugar donde guarda reclusión. Por otra parte, se tienen como autorizados con las restricciones que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en su escrito de demanda, en virtud de que no cuentan con su cedula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a practicar notificaciones a través del correo electrónico, toda vez que dicho medio procesal no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, sin embargo, se hace saber al actuario que podrá localizar a la parte quejosa a mediante dicha vía por alguna cuestión en específico. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente -por lista- a la parte quejosa.

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