Rafael Flores Hernandez
Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Flores Hernandez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1080/2023-VIII. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1080/2023-VIII. Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente (con evidencia criptográfica) por *****, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Materia del juicio. El acto reclamado por el promovente, en términos de la demanda, comprende: ? La omisión de dar trámite al escrito presentado por correo electrónico el ocho de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta administrativa ****/2022/CJP/PUEBLA. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. En el presente caso, se observa que la demanda formulada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: ".la omisión de dar el trámite que conforme a derecho procede al escrito presentado por correo electrónico el 8 de octubre de 2023, dentro de la carpeta administrativa ****/2022/CJP/PUEBLA". Respecto al acto precisado que antecede, la suscrita no advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento de la referida causa penal, que haga procedente el juicio de amparo, como a continuación se explica. Se afirma lo anterior, porque como previamente se destacó, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que promovió recurso de queja contra las omisiones de las que se duele, el cual interpuso el día ocho de octubre de dos mil veintitrés. Luego, conforme al artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone: "Artículo 135. La queja y su procedencia. Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." Esto es, del numeral se desprende la obligación de la autoridad responsable para tramitar el recurso de queja puesto a su conocimiento, autoridad que cuenta con un término de veinticuatro horas para acordar ese medio de impugnación. Para lo cual, incluso debe de tenerse presente el numeral 84 de la codificación adjetiva nacional de la materia, que indica: "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." Entonces, si bien el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el recurso de queja se debe acordar dentro de las siguientes veinticuatro horas a su interposición, la defensa del quejoso ni siquiera espero el plazo legal para que la autoridad se pronunciara, ya que promovió demanda de amparo indirecto el trece de octubre de este año. Incluso, la determinación que haya dictado la autoridad conforme a los plazos legales previstos en la normatividad adjetiva penal, debe de notificarse al día siguiente, esto es, el diez de octubre de dos mil veintitrés. Entonces, no existe dilación notoria que haga procedente el juicio de amparo, pues incluso conforme los plazos legales, la determinación a su recurso pudiera encontrarse en vías de notificación. De modo que a la fecha todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en la mencionada causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la solicitud formulada por el ahora peticionario de amparo. Por consiguiente, de la propia narración del quejoso, se advierte que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en la causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a su petición. Por tanto, en este momento procesal la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar la omisión reclamada, dado que el hecho de que el amparo indirecto se presentó cuando aún transcurría el plazo de la autoridad responsable para pronunciarse respecto al recurso de queja interpuesto, incluso la determinación que haya recaído pudiera estar en vías de notificación; en consecuencia, hasta este momento no se advierte que exista una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva (en el presente caso la omisión de acordar el recurso de queja interpuesto el ocho de octubre de este año, sin que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo; pues se itera, la autoridad cuenta con veinticuatro horas para pronunciarse respecto de la promoción de ese medio de defensa, incluso debe de tenerse en cuenta el plazo para notificar a la parte recurrente); además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita la determinación correspondiente, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el fallo correspondiente dentro de un plazo razonable. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que como se relató en párrafos precedentes al momento de la presentación de la demanda no había transcurrido el plazo legal con el que cuenta la autoridad para pronunciarse, así como tampoco el relativo a la notificación que deba de realizársele. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Incluso, de admitirse este juicio de amparo, su sola tramitación, le generaría un mayor perjuicio al quejoso dado que tendría que estarse a los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de retardar el procedimiento que se le instruye aumenta exponencialmente. Se afirma lo anterior porque, de inicio, se fijaría audiencia constitucional dentro de los treinta días siguientes; dentro de ellos, se requeriría informe justificado a la autoridad responsable en el plazo de quince días hábiles a la recepción del requerimiento; una vez recibido, se le daría vista por el plazo de ocho días a las partes, prevista por el artículo 117 del citado ordenamiento, el cual se computaría a partir de la legal notificación del correspondiente proveído e integrado que fuera el expediente (en caso de que se logre emplazar con prontitud a las partes), se celebraría la audiencia constitucional, la cual de no existir motivo de diferimiento, se celebraría y dictaría la sentencia definitiva, misma que tendría que esperar a que transcurriera el plazo de diez días comunes para todas las partes, a fin de que pudieran impugnarla; si nadie la recurre, se declararía firme, por lo que hasta ese momento se requeriría su cumplimiento (señalar fecha para la reanudación); lo cual, puede ocurrir, incluso, pasada la fecha que prevé el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS" Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones y autorizado. Se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "****", dada la solicitud expresa del promovente; por lo que se instruye a la secretaria que habilite la notificación electrónica del expediente al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que así fue expresamente solicitado. Luego, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, pues dicho profesionista cuenta con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Con independencia de lo anterior, se tiene por expresada la oposición expresa del quejoso a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal electrónica al quejoso y cúmplase.
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