Rafael García Arellano

Expediente 1165/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1165/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Rafael García Arellano
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Se agrega al expediente el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio dirigido a la siguiente autoridad: 27080/2018 +++++ Tal sobre fue rehusado por los motivos asentados en el mismo. Sin embargo, de autos resalta que un diverso oficio en este juicio fue dirigido a la autoridad citada, y sí fue recibido (foja 340). En consecuencia, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo se tiene hecha la notificación del proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho (en cual se declaró firme el acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se ordenó el archivo de este expediente), a la referida autoridad.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de seis de julio de dos mil dieciocho, el cual declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Así mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo. Empero, se hace notar que el presente asunto, carece de relevancia documental. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, se deberá transferir el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por último, se deja establecido que ningún pronunciamiento debe hacerse para el incidente de suspensión, porque este nunca se formó en el presente juicio, y el documento adjunto a la demanda no se tiene que devolver al quejoso, pues este fue exhibido en copia simple.

  3. Principal

    Del estado procesal del presente juicio, se advierte ha transcurrido el plazo concedido al quejoso y a la tercera interesada para manifestarse respecto de las diligencias efectuadas en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada, sin haberse recibido alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procedo a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable , si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos- . Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución . Entonces, bajo esa premisa, veo materializado el derecho de acceso a la justicia de +++ (en lo subsecuente ++), pues el agente ministerial responsable ha actuado, en cierto modo, conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia. Expongo el motivo de tal afirmación: ++ vio transgredidos sus derechos fundamentales, pues a pesar de haberse ordenado la devolución de su vehículo, para su entrega se le exigía el pago de $12,875.80 (doce mil ochocientos setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), por derecho de piso. Una cantidad desproporcional al cobro establecido en la ley. Sin embargo, con motivo de la concesión de amparo, cesó la violación a esos derechos. Pues, el agente ministerial responsable, una vez declarado insubsistente el acuerdo reclamado, en estricto apego a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, ordenó la devolución del vehículo del quejoso en términos artículo 26 fracción VIII, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, cuyo cobro debía comprender del diecinueve de abril al veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete -como se precisó en la sentencia-. Mediante constancia levantada el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 291) entregó al quejoso el oficio en cual ordena la devolución. Lo anterior, se traduce en una restitución de los derechos fundamentales que le fueron violados, a ++, pues aunque materialmente no se ha devuelto la unidad, ello obedece a una causa ajena a la autoridad responsable. A pesar de tratar de comunicarse con el quejoso en múltiples ocasiones, este ha sido omiso en acudir al corralón para pagar el cobro establecido para la devolución de su vehículo. Incluso, el agente responsable certificó la llamada realizada, donde Rafael refiere los efectos de la sentencia implicaban no pagar ni un centavo por la devolución de su vehículo. Luego, al haberse ordenado la devolución del vehículo previo pago de derechos por concepto de ocupación de espacios, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, pues dicho pago está condicionado a la voluntad del quejoso, quien ha sido omiso en acudir a realizarlo. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, determino cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si ++ llegara a estar inconforme con mi decisión, le informo tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Ahora, toda vez que no se advierte una reticencia por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de nombre ++++, para cumplir con lo requerido en la ejecutoria de protección dictada en este juicio; por única vez se cancela la multa impuesta en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 284 a 285). Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) En audiencia celebrada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia correspondiente donde se concedió el amparo al quejoso (fojas 201 a 213); b) Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, alcanzó el rango de ejecutoria (237 a 239); c) La autoridad ministerial señalada como responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el nueve de mayo del año en curso (foja 291); d) El diez de mayo de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio 772/2018, por el cual dicha autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias para acreditar su dicho (fojas 288 a 292). e) En esta data (seis de julio de dos mil dieciocho) se declara cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    se dejo aviso de notificación a la parte quejosa.- Del estado procesal del presente juicio, se advierte ha transcurrido el plazo concedido al quejoso y a la tercera interesada para manifestarse respecto de las diligencias efectuadas en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada, sin haberse recibido alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procedo a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable , si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos- . Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución . Entonces, bajo esa premisa, veo materializado el derecho de acceso a la justicia de +++ (en lo subsecuente ++), pues el agente ministerial responsable ha actuado, en cierto modo, conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia. Expongo el motivo de tal afirmación: ++ vio transgredidos sus derechos fundamentales, pues a pesar de haberse ordenado la devolución de su vehículo, para su entrega se le exigía el pago de $12,875.80 (doce mil ochocientos setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), por derecho de piso. Una cantidad desproporcional al cobro establecido en la ley. Sin embargo, con motivo de la concesión de amparo, cesó la violación a esos derechos. Pues, el agente ministerial responsable, una vez declarado insubsistente el acuerdo reclamado, en estricto apego a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, ordenó la devolución del vehículo del quejoso en términos artículo 26 fracción VIII, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, cuyo cobro debía comprender del diecinueve de abril al veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete -como se precisó en la sentencia-. Mediante constancia levantada el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 291) entregó al quejoso el oficio en cual ordena la devolución. Lo anterior, se traduce en una restitución de los derechos fundamentales que le fueron violados, a ++, pues aunque materialmente no se ha devuelto la unidad, ello obedece a una causa ajena a la autoridad responsable. A pesar de tratar de comunicarse con el quejoso en múltiples ocasiones, este ha sido omiso en acudir al corralón para pagar el cobro establecido para la devolución de su vehículo. Incluso, el agente responsable certificó la llamada realizada, donde Rafael refiere los efectos de la sentencia implicaban no pagar ni un centavo por la devolución de su vehículo. Luego, al haberse ordenado la devolución del vehículo previo pago de derechos por concepto de ocupación de espacios, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, pues dicho pago está condicionado a la voluntad del quejoso, quien ha sido omiso en acudir a realizarlo. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, determino cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si ++ llegara a estar inconforme con mi decisión, le informo tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Ahora, toda vez que no se advierte una reticencia por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de nombre ++++, para cumplir con lo requerido en la ejecutoria de protección dictada en este juicio; por única vez se cancela la multa impuesta en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 284 a 285). Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) En audiencia celebrada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia correspondiente donde se concedió el amparo al quejoso (fojas 201 a 213); b) Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, alcanzó el rango de ejecutoria (237 a 239); c) La autoridad ministerial señalada como responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el nueve de mayo del año en curso (foja 291); d) El diez de mayo de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio 772/2018, por el cual dicha autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias para acreditar su dicho (fojas 288 a 292). e) En esta data (seis de julio de dos mil dieciocho) se declara cumplida la ejecutoria de amparo.

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