Rafael Eduardo Villarreal Reta
Expediente 654/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Eduardo Villarreal Reta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 654/2023-V, promovido por . Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chihuahua, (2) Jefe y/o Encargado y/o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal y los agentes a su cargo de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua y (3) Jefe y/o Encargado y/o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal y los agentes a su cargo de la Policía Federal Ministerial con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, todos residentes en esta ciudad, de las que reclamó: [.] La probable orden de aprehensión girada por Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chihuahua con sede en ciudad Juárez Chihuahua, en funciones de Juez de Control. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 654/2023-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: I. La orden de aprehensión librada en contra de, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal 958/2021, por el delito de desocupación o desaparición de domicilio fiscal, sin previo aviso al Registro Federal de Contribuyentes, previsto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia e Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control y el Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, ambos en esta ciudad, convinieron en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, la orden de captura librada en contra de, dentro de la causa penal 958/2021, por el delito de desocupación o desaparición de domicilio fiscal, sin previo aviso al Registro Federal de Contribuyentes, previsto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; así como su ejecución. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la resolución y la videograbación de la audiencia de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal 958/2021, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. La parte quejosa argumenta que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, que prevé que nadie puede ser privado de su libertad o de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; así como que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es infundado el concepto de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, de julio de 2017, Tomo I, página 263, que a la letra dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Marco constitucional aplicable. Del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que podrá librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial cuando preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, éste sea sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Normativa federal aplicable al caso. Los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión, entre los que destacan los siguientes: i) Deberá ser solicitada por el Ministerio Público, quien precisará la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello el tipo penal, grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ii) Exista denuncia o querella. iii) El hecho señalado como delito tenga sanción privativa de libertad. iv) Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. v) Se advierta la necesidad de cautela, exista resistencia o evasión a una orden de comparecencia; si hay declaratoria de sustracción de la acción de la justicia o se haya incumplido la medida cautelar en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Premisa de hecho. En el caso, de las videograbaciones aportadas al sumario y que dan sustento al informe justificado que rindió el Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se decretó la apertura de la audiencia inicial en la causa penal 958/2021, en la que el agente del Ministerio Público informó los motivos por los cuales no fue posible citar a, para que compareciera a dicha audiencia y peticionando audiencia privada para solicitar orden de aprehensión, lo que fue acordado en sentido afirmativo por el titular de dicho órgano jurisdiccional. Así, una vez que se verificó dicha audiencia privada, de los datos de prueba analizados por la autoridad judicial responsable, se advierte que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra de. En ésta, la representación social relató que, en esta ciudad, en el periodo comprendido del siete de julio de dos mil dieciséis al veintidós de mayo de dos mil diecisiete y hasta la fecha; esto después de que se le notificará un crédito fiscal por la cantidad de cinco millones quinientos un mil ciento veinte pesos, con diecisiete centavos; omitiendo así, dar aviso del cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, lo que a su consideración actualiza el tipo penal contemplado en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal Federal, en vinculación con el numeral 95 de la citada codificación. Al respecto, expuso los datos de prueba con los que contaba, en los términos siguientes: (.)Agente del Ministerio Público (.) solicita se gira orden de aprehensión contra del señor Rafael Eduardo Villarreal, de conformidad con el artículo 141, fracción III, 142 143, esto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta solicitud su Señoría, en base a que se considera que se actualiza una conducta con apariencia de delito y así como la posibilidad de que participó en la comisión de esta conducta con apariencia de delito, esta solicitud pues descansa en los siguientes hechos: Que el señor desapareció del domicilio ubicado en, en un periodo comprendido del siete de julio de dos mil dieciséis al veintidós de mayo de dos mil diecisiete y hasta la fecha; esto después de que se le notificará un crédito fiscal por la cantidad de cinco millones quinientos un mil ciento veinte punto diecisiete pesos; esto, para dar aviso del cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, siendo con ello el vínculo entre la autoridad hacendaria y el contribuyente (.) para que la autoridad lleve a cabo sus funciones de comprobación y de cobro. (.) El delito previsto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal Federal, esto es, desaparición de domicilio sin dar aviso al registro público del contribuyente, esto después de ser notificado su crédito fiscal. Este delito se considera que es permanente de acción y doloso y llevado por el señor Rafael Eduardo; participación en términos del artículo 95 del Código Fiscal Federal. Estos hechos señoría, se soportan en los siguientes datos de prueba. Primeramente, oficio número 600-22-00-2019-3547, de fecha treinta y uno de julio de dos mil (sic), mediante el cual, el Servicio de Administración Tributaria, presenta o fórmula querella en contra de la moral, , ya que se desprenden los hechos de que el primero de enero de mil novecientos noventa y seis, el representante legal de la moral, a la referida moral, quedando bajo el registro federal de contribuyente; así mismo, también el oficio 009/2011 de treinta y uno de enero de dos mil once, en el que la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua determinó el crédito fiscal por la cantidad de cinco millones quinientos un mil ciento veinte punto diecisiete pesos a cargo de la contribuyente, el doce de marzo de dos mil catorce, se le notificó este crédito fiscal en el domicilio que había otorgado ante el Registro Federal de Contribuyentes, que es en, en esta ciudad; en esta notificación, se atendió en el referido domicilio, la notificación la, Notificador y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas del municipio, y en el referido domicilio lo atendió, quien expresó, bajo protesta de decir verdad, que era empleado de la referida contribuyente, y que en el momento se identificó con la credencial para votar con terminación 057. El siete de mayo de dos mil dieciocho, se emitió oficio 258/2018 de siete de mayo de dos mil dieciocho, donde se estableció que la contribuyente no contaba con fondos bancarios para poder embargar y liquidar el crédito fiscal de referencia; es por ello, que el siete de julio de dos mil dieciséis, se le practica visita para embargo, esto por el licenciado , compuesto por un edificio de color verde con ventanales y rejas en parte superior, sombrilla en color verde, y dice que en este domicilio lo atendió una persona que se encontraba en el primer piso, en virtud de que nadie atendió en el interior "a" da sus datos del sexo masculino, tez morena clara, complexión robusta y ojos cafés, contorno rostro ovalado, quien le manifestó que la contribuyente ya no se encontraba laborando en el domicilio desde hace aproximadamente dos años, ya que se encontraba arrendando la parte superior de este edificio. (.) En fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, acudió, A, a efecto de aplicar el acuerdo de embargo, en esta constancia, asienta nuevamente que ese domicilio se encuentra deshabitado y que va a preguntar al interior "b", esto recordando que el domicilio de la moral es interior "a" pues se acerca al mismo número, pero interior "b", a preguntar la razón de esta moral, en la cual dice que lo atendió una persona, con filiación del sexo masculino, que es morena, complexión robusta, ojos cafés, estatura aproximada 1.65, y que al preguntarle por argumentó que la contribuyente tenía tiempo que no se encontraba en ese domicilio que tenía aproximadamente dos años, que ya no se encontraba en el inmueble. (.) Se encuentra también la tercer visita, esta de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, practicada por el licenciado Leonardo Marcelo González Benítez, Ministro Ejecutor Fiscal de Recaudación de Rentas de la ciudad, en la cual, nuevamente, dice que se constituye en el domicilio ubicado en igualmente que se percata que se encuentre completamente cerrado y no se observa movimiento alguno y llama a la puerta de nuevo en constantes ocasiones, pudo constatar que se trataba de un local vacío, puesto que nadie abre la puerta ni tampoco atendió; este Ministro Ejecutor también se dirigió al interior "b" a preguntar respecto de la moral y lo atendió un masculino y al preguntarle por la moral de respondió que se ubicaba en el segundo piso, pero que la empresa que se encontraba en el interior "a". hacia aproximadamente tres años que se encontraba vacío este local. Eso es lo que se desprende de estos hechos, de este oficio de querella. (.) También se cuenta con el dato de prueba, consistente en el nombramiento con número de oficio 600-2017-00093, de fecha dieciséis de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual, el Administrador General Jurídico, Jaime (.) Flores Carrasco, le otorga a la licenciada Mayra Orozco Chávez, nombramiento como Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2". (.) El oficio AUBNJ-DC-009/2011, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, que suscribe María Isabel Ortiz (.), Directora de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, mediante el cual se determina el crédito fiscal de cinco millones quinientos un mil ciento veinte punto diecisiete pesos, derivado de los ejercicios fiscales dos mil siete. (.) El acuerdo de requerimiento de pago y embargo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, suscrito por Jaime Campos Zepeda, Subrecaudador de Rentas en el Municipio de Juárez, mediante el cual se ordena la solicitud de pago o embargo a la moral por el crédito fiscal en mención. (.) Diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha doce de marzo de dos mil catorce. (.) Con las tres actas circunstanciadas de las tres visitas, las cuales ya se hicieron mención; la primera de ellas de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, practicada por el licenciado Roberto Pedraza Avilés, Notificador y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez; la segunda visita de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, practicada por Edgar Ramírez Gastelum Juárez, Notificador y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez; y la tercera visita de dos mil diecisiete, practicada por el licenciado Leonardo Marcelo González Benítez, también Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas de esta ciudad. En las tres visitas, como ya se explicó en el oficio de querella, en las cuales no encontró a la moral en el domicilio, y asentaron que se encontraban en diverso domicilio y se entrevistaron con la persona del interior. (.) Cédula de Identificación Fiscal, de la que se desprende que el SAT otorgó a la moral Almacén y Asesoría Computacional, s.a. de c.v., el RFC AAC951228BQ0, y se aprecia en esta cédula, que la denominación o razón social es este Almacén y Asesoría Computacional, con régimen capital, sociedad anónima de capital variable, fecha de inicio de operaciones diez de enero de mil novecientos noventa y seis, estatus en el patrón activo; fecha del último cambio de Estado, diez de enero de mil novecientos noventa y seis, y de cuál era su ubicación se desprende el código postal 32030, así como el domicilio ubicado en Con estos datos de prueba su señoría, se consideran suficientes para sustentar la solicitud de orden de aprehensión, en virtud de que son los datos con los cuales se sustentan los hechos por los cuales se está solicitando la referida conducción; en relación a la necesidad de cautela: esta Fiscalía considera que se actualiza el supuesto (.) del artículo 141, en su párrafo IV, esto es, no se encuentra el domicilio, no se encuentra en el domicilio, el cual fue otorgado a la Secretaría de Administración Tributaria y el cual también se encuentra en el acta constitutiva, su señoría, si me lo permite, y reciba una atenta disculpa, también se cuenta con la misma Acta Constitutiva de la referida empresa moral, con número , ante el cual acudió el señor Rafael Eduardo Villarreal Reta y Fernando Villarreal Reta, para constituir la moral de referencia, de la cual también se desprende, en el apartado de acuerdos, en su número uno, que la sociedad será administrada por administrador único, nombrándose o designándose al señor como administrador único. Entonces, continuando con la necesidad de cautela, al acudir al domicilio, el cual está inscrito en la Secretaría de Administración Tributaria, así como en su acta constitutiva de la referida moral, esta Fiscalía en apoyo a ese centro de justicia debido a la carga que tiene, procedió a realizar la notificación en el domicilio correspondiente, esto es, en el de calle, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se procedió a tocar en repetidas ocasiones en el domicilio casa color blanco con café, y en este caso el presenta letras negras con la leyenda Proveedora de Insumos de salud, donde fue personal de la Fiscalía atendido por una persona de sexo femenino de aproximadamente veinticinco años de edad, estatura aproximada uno sesenta centímetros de estatura, tez morena clara, vestimenta, pantalón de mezclilla y sudadera gris, cabello corto negro, quien omitió sus datos de identificación por temor a tener problemas legales, quien al preguntarle por el señor Rafael Eduardo Villarreal Reta, manifestó no conocer a esa persona y que no vive en ese lugar, ya que este domicilio es una empresa que distribuye insumos de salud. Aunado a esta constancia, se solicitaron fuentes a efecto de verificar si se puede localizar en algún otro lugar al señor , teniendo resultados negativos Por parte del gas natural y la Comisión Federal de Electricidad, por estas circunstancias y toda vez que no existe un domicilio o un lugar donde pueda ser notificado o ubicado el señor es que solicitaría se considere al señor sustraído de la acción de la justicia. En atención a lo anterior, el Juez resolvió en los términos siguientes: 24:33 Juez (.) Y le resuelvo, primero: justificando la competencia de su servidor como Juez de Distrito, con las facultades que me confiere el artículo 150, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para conocer delitos del orden federal, puedo ocuparme de esta petición, un tipo penal que se precisa en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, es un delito fiscal, competencia de la Federación a través de su (.) federales. De igual forma, soy competente en términos de que efectivamente fue cometido durante la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y presuntivamente, pues fue cometido en el Estado de Chihuahua y concretamente en el tiempo de la jurisdicción territorial, en donde la competencia de este centro se suscrita, que es precisamente en Ciudad Juárez, Chihuahua y algunos municipios que le son aledaños, conforme al Acuerdo General 29/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Soy competente también, en términos del artículo 16 del Pacto Federal de la Carta Magna, que prevé las hipótesis de excepciones al derecho humano a la libertad personal; y además de ello, soy competente también en términos de lo que prevé el artículo 141 y 142. En cuanto a lo atinente a las formas de conducción al proceso de una persona investigada, a la cual se pretende enderezarle un cargo, como es la hipótesis de este caso; justificada la competencia, fiscal advierto que los datos narrados por usted, mencionados en su contenido, justifican los dos aspectos inherentes, pues a que existe un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad de que esta persona, , fracción V, en cuanto a la desocupación o desaparición del lugar donde tenía su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, según dice la fracción V de este tipo penal, después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o el requerimiento de la contabilidad, documentación e información, de conformidad con la fracción II, del artículo 42, o bien después de que se hubiera notificado un crédito fiscal, como aconteció en la especie y antes de que éste se haya garantizado pagado, quedado sin efectos o que hubiesen realizado actividades por las que deberán pagar contribuciones y haya transcurrido más de un año, contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio del ejercicio de sus facultades de comprobación. Es el artículo en comento, en su fracción V, su segundo párrafo, para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal, cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a dicho domicilio durante un periodo de doce meses y no pueda practicar la diligencia en términos de este artículo, esa diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, pues se verificó en tres ocasiones, ya lo puntualizó usted, en este contexto de sus datos de prueba señor Fiscal, es decir, en junio de dos mil dieciséis, septiembre de dos mil dieciséis, también en mayo de dos mil diecisiete, por los Ministros Ejecutores pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria que usted puntualizó en sus datos de prueba. Pero entonces este contexto en cuanto al oficio , en que estipula precisamente, pues, toda esa narrativa de las visitas, del alta de la Secretaría de Hacienda, del inicio de actividades de esta moral, , el nombramiento pues expedido precisamente a esta persona como su Administradora Jurídica Desconcentrada "2" de Chihuahua, por parte del Administrador General Jurídico, correspondiente el oficio AUBNJ/DC/009/2011/39/2011, donde María Isabel Ortiz, Directora de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, pues finca este crédito fiscal de cinco millones quinientos un mil ciento veinte pesos con diecisiete centavos. El acuerdo de requerimiento de pago y embargo de trece de febrero de dos mil catorce, del Subrecaudador de rentas en Ciudad Juárez; la diligencia de requerimiento de pago y embargo de trece de marzo de dos mil catorce, los actos de las visitas que se puntualizan, la cédula de identificación fiscal de la persona moral, repito su registro federal de contribuyentes o causantes formada en su momento a través del instrumento del acta constitutiva de verificar por la fe de Notario número 13 de este Distrito Judicial Bravos, Óscar Gutiérrez Florentino, donde Rafael Eduardo y Fernando, ambos de apellidos Villarreal Reta, constituyeron esta moral, designado el domicilio fiscal mencionado, y prácticamente, pues reitero Fiscal, se da la posibilidad de la comisión de delito en torno precisamente, pues a que se resquebraja el vínculo de comunicación entre las autoridades hacendarias y los gobernados, tanto por el cumplimiento de sus obligaciones como por el ejercicio de sus derechos ante la autoridad exactora. En ese sentido, pues se libra orden de aprehensión en contra del señor por el tipo penal previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, tendiente a la desaparición del domicilio fiscal; entonces obtenida esta orden de aprehensión solicitada señor fiscal, con ese contexto resaltado, que encuentra su justificación también en la cautela evidenciada o el informe atinente, pues a que las fuentes de información consistentes en Gas Natural y Comisión Federal de Electricidad, no le dieron ningún contexto adicional al del domicilio que ya conocía, es que después de buscar (.) en en esta ciudad, se pudo constatar que ahí no se encuentra, a pesar de ser el domicilio manifestado ante las autoridades por la actora para su búsqueda y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en ese sentido, pues se constató cómo se encontraba una empresa nominada o diversa. Por tanto, reitero señor fiscal, actualizados los datos de prueba que justifican el extremo atinente a la existencia del hecho que la ley señala como delito, la tipología del artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y la posibilidad de que esta persona intervenga en su comisión, además de la cautela evidenciada, es que se libra orden de aprehensión única y exclusivamente como conducción al procedimiento señor fiscal, no cuenta con ningún plazo de retención ministerial, deberá agotarlo y mandar captura, del cual deberá entregar una copia de los puntos resolutivos, una copia del registro de audio y video para que este justiciable tenga la oportunidad de defensa correspondiente, deberá ponerlo sin dilación alguna y respetando en todo momento irrestrictamente sus derechos fundamentales a disposición de este centro para el enderezamiento de cargo correspondiente. (.) Conforme a lo expuesto, resultan infundados los conceptos de violación del quejoso. Se arriba a la anterior conclusión, pues en primer término el Juez del origen atendió a la naturaleza del delito previsto por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, es decir, que se satisface el requisito de procedibilidad a que refiere el artículo 92, fracción I, de la codificación en comento, a través del ocurso, por medio del cual presentó querella en contra del representante legal de. Luego, en relación a la desocupación del local donde tenga su domicilio fiscal, es necesario señalar que conforme al artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, el domicilio fiscal es, tratándose de personas morales, cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Así, a efecto de establecer el domicilio registrado de la moral, el Juez citó el acta constitutiva de la referida empresa, con número 7580, pasada ante la fe del Notario Público Número Trece del Distrito Judicial Bravos, ante el cual acudió , en la que se designó como administrador único a . Del mismo modo, con el propósito de afirmar que el domicilio de la moral , con registro federal de contribuyentes , citó la cédula de identificación fiscal otorgada a dicha moral por el Servicio de Administración Tributaria. Así, con dichos datos de prueba el Juzgador de origen, dejó establecido el domicilio que ocupaba la moral en comento. Por otra parte, en lo relativo a que omita presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes; y que tal omisión ocurra después de la notificación de una orden de visita o después de notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos. El juzgador valoró el oficio 009/2011, de treinta y uno de enero de dos mil once, en el que la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, determinó un crédito fiscal por la cantidad de cinco millones quinientos un mil ciento veinte pesos con diecisiete centavos, a cargo de; así como la diligencia de notificación de doce de marzo de dos mil catorce, en la que , Notificador y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas, se presentó en el domicilio de la moral ubicado en , quien expresó ser empleado de la referida contribuyente. Aunado a lo anterior, el Juez tomó en consideración las diligencias realizadas por los Notificadores el siete de julio de dos mil dieciséis, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis y veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de las que destaca que los Ministros Ejecutores Fiscales de Recaudación de Rentas en esta ciudad, se constituyeron en el domicilio ubicado en, en esta ciudad, advirtiendo que se encuentra cerrado, además de que nadie atiende su llamado. En este sentido, se puede establecer que es correcta la apreciación del Juzgador, al establecer que en un periodo de doce meses, la autoridad acudió al domicilio señalado con antelación, sin que fuera posible tener comunicación con persona alguna; ello, en fecha posterior a que le fue notificado a la moral un crédito fiscal y antes de que hubiera sido garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubiera realizado actividades por las que deba pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación. Finalmente, para acreditar que se omitió presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, dicho acto omisivo se demostró en sentido negativo al no desprenderse de los datos de prueba aportados que efectivamente se haya realizado dicho aviso. Con los datos de prueba reseñados, el Juez del proceso concluyó que se actualiza el hecho que la ley describe como delito de desocupación del domicilio fiscal sin previo aviso al Registro Federal de Contribuyentes, previsto por el numeral 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; así como la posible participación del justiciable en su comisión, considerando acertada su exposición en ese sentido. Finalmente, a efecto de acreditar la necesidad de cautela, el Juzgador tomó en consideración que a efecto de citar al justiciable a audiencia inicial, la Representación Social se presentó en el domicilio ubicado en calle Angela Peralta número 4146, del fraccionamiento Los Nogales, en esta ciudad, el cual se encuentra registrado a nombre del quejoso para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no siendo posible su localización, pues en dicho inmueble se encuentra la moral denominada "Proveedora de Insumos de salud", y una vez que se entrevistaron con la persona que la atiende, manifestó no conocer al aquí quejoso, además de que se solicitaron informes a las empresas Gas Natural y Comisión Federal de Electricidad, sin obtener algún dato adicional para la localización del aquí quejoso. Es aplicable la tesis 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021956, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, de agosto de 2020, Tomo III, página 2553, que a la letra dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Por consiguiente, tal como resolvió la autoridad responsable, se cumplieron todos los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se librara orden de aprehensión; de ahí que resulten infundados sus conceptos de violación, pues sí hay hechos que la ley señala como delito, en el cual se le está involucrando y existen datos de prueba que revelan su probable participación, así como la necesidad de cautela. Al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita respecto de la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, en esta ciudad. Negativa que se hace extensiva respecto al Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, porque sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión por la que se negó el amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , contra los actos que reclamó al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, y otra autoridad, por los razonamientos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y a las autoridades que les reviste el carácter de terceros interesados. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que veintitrés de los corrientes, se intentó verificar una audiencia inicial, sin embargo, no fue posible contar con la presencia de ********************, compareciendo únicamente su defensor particular, el licenciado ********************, por ello, se fijaron las once horas con cincuenta minuto del nueve de abril de dos mil veinticuatro. De lo anterior, toma conocimiento el juzgado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el veintitrés de los corrientes, se ordenó notificarle al tercero interesado Servicio de Administración Tributaria, a través del área jurídica, residente en esta localidad, el complemento del informe justificado que remitió la Asistente de Despacho Judicial, Encargada de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, diligencia que se llevó a cabo el veinticinco de agosto del año en curso. De lo anterior, se desprende que aún no transcurre el término señalado en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por ello, se difiere la citada audiencia y se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se tiene que el seis de julio del presente año, se concedió al quejoso ***, la suspensión definitiva con motivo de la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 958/2021, por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, imponiéndosele como medidas de aseguramiento el comparecer ante el Juez de la causa; sin que a la fecha se tenga conocimiento que haya cumplido con dicha prevención. Atento a ello, se requiere al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, a efecto de que en el plazo de tres días, informe si el justiciable se presentó ante ese órgano jurisdiccional, y en su caso, lo resuelto en el proceso penal que se le sigue; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la suma de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional, de conformidad con los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de la Materia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
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