Rafael Bernal Mendoza

Expediente 1159/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1159/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Bernal Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de once de abril del presente año, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos originales aportados por la quejosa, dígasele que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar dichos documentos, apercibido que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente una vez que se verifique dicho evento. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de once de abril del presente año, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos originales aportados por la quejosa, dígasele que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar dichos documentos, apercibido que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente una vez que se verifique dicho evento. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado en vía de aclaración que remite la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación, vía delegación de facultades, del Recaudador de Rentas en Ciudad Ahumada, Chihuahua; sin que se haga necesario dar vista a las partes con su contenido por las razones que a continuación se expondrán. El treinta de marzo pasado, se tuvo a la autoridad precisada en el párrafo precedente rindiendo su informe justificado, e informando que no es cierto el acto que le endilga la parte quejosa, pues del comunicado que envió el Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza, se desprende que el automotor con matrícula DG3251A, a la fecha en que se realizó la revisión, no se encuentra bloqueado, remitiendo copia certificada del sistema ingresos padrones que a su decir lo acredita. Luego, si bien con el informe en vía de aclaración que remite y con el que se da cuenta en este proveído, refiere que la autoridad hacendaria residente en Ahumada, Chihuahua, le comunicó que es cierto el acto que se reclama, pues el vehículo en cuestión se encuentra bloqueado con motivo de un adeudo a la Secretaría de Desarrollo Rural. Lo cierto es que remitió una constancia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que aparece que el quejoso **********, tiene un adeudo derivado del contrato 418/2020; no obstante, su informe justificado data del seis de marzo del presente año -es decir en fecha posterior-, en el que el Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza informó que a la fecha en que realizó la revisión de dicho automotor, éste no contaba con alguna restricción. Ello se ve corroborado con el escrito presentado por el licenciado **********, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual manifestó que cesaron los efectos del acto reclamado del presente juicio de amparo, ya que la oficina de Recaudación de Rentas de Ahumada, Chihuahua, ya permitió se realice el cambio de propietario del vehículo, identificado con la marca **********, tipo **********, número de serie ********** y número de placas **********. Con motivo de lo expuesto, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se desprende que el justiciable reclamó al Encargado de la Oficina de Recaudación de Rentas, dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua en Villa Ahumada, Chihuahua, la negativa de realizar el trámite correspondiente para el cambio de propietario y por ende de regularizar la propiedad del vehículo, identificado con la marca **********, tipo **********, número de serie **********, número de placas **********, ello en virtud del embargo decretado en contra de dicho automotor. Así, en su informe justificado, la autoridad responsable indicó que el automotor con matrícula ********** no se encuentra bloqueado, lo que se ve corroborado con lo manifestado por la parte quejosa, pues expresó que la oficina de Recaudación de Rentas en Ahumada, Chihuahua, le permitió llevar a cabo el trámite relativo al cambio de propietario. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, quedando sin efectos la fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a las partes (quejosa en el usuario "**********") y a la autoridad por oficio. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, dado que el treinta de marzo del presente año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación, vía delegación de facultades, en representación del Recaudador de Rentas en Ciudad Ahumada, Chihuahua. Atento a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las once horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano