Praxedis Urrea Molina y Otros.

Expediente 754/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
754/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Praxedis Urrea Molina y Otros.
  • Praxedis Urrea Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de enero de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS LA SENTENCIA DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de enero de dos mil veintidós. Visto, para resolver, el juicio de amparo 754/2021-VII, promovido por Ana Karen Maldonado Vera, en representación de los directamente quejosos **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado el mismo día, **********, en representación de los directamente quejosos **********, promovió demanda de amparo contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, y otras autoridades, a quienes les reclamó la privación de libertad sin acceso directo y personal, detención y su traslado a una estación migratoria, posible deportación, así como la omisión de iniciar el trámite de regulación migratoria. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número 754/2021-VII, se proveyó respecto a la suspensión de plano, y se solicitaron los informes relativos a la suspensión de plano; asimismo, en acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia, la privación de libertad sin acceso directo y personal, detención, deportación y el procedimiento administrativo de migración (regulación). Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados relativos a la privación de libertad sin acceso directo y personal, detención y deportación. Las autoridades responsables, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, residentes en esta ciudad, al rendir su informe con justificación manifestaron que no eran ciertos los actos de que se duelen los quejosos, consistente en la privación de libertad sin acceso directo y personal, detención y deportación. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado relativo al procedimiento administrativo migratorio. Las autoridades responsables, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, residentes en esta ciudad, al rendir su informe con justificación manifestaron que no era cierto el acto de que se duelen los quejosos, consistente en la instauración del procedimiento administrativo de regulación migratoria; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada ya que exponen razones de las que se desprende que el acto reclamado sí existe, aunado a que acompañan diversas constancias relativas a los procedimientos migratorios instaurados a los directos quejosos **********, en tal virtud deberán tenerse como ciertos los mismos. Es aplicable al caso, por analogía de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y además expongan razones o circunstancias de las que se desprenden que esos actos sí existen, pues en ese caso lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, esta condición de certeza se corrobora como se dijo, con las copias certificadas de los expedientes migratorios 3893/2021 y 3837/2021, instaurados a los citados directos quejosos; que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuentan con pleno valor probatorio por tratarse de documento público expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Causales de sobreseimiento. Previo al estudio del fondo del juicio de garantías, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..". Se afirma lo anterior, debido a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a sus informes justificados, consistentes en copias certificadas de los expedientes 3893/2021 y 3837/2021, instaurados a los directos quejosos **********, se advierte que estos últimos fueron sujetos al procedimiento administrativo migratorio, dictándose la resolución correspondiente en la cual se determinó su salida de la Estación Migratoria, para efectos de regular su situación migratoria. En consecuencia, es indudable que respecto de los directos quejosos, **********, cesaron los efectos de los actos reclamados, pues de las constancias se aprecia que los impetrantes de amparo solicitaron el retorno a su país de origen, y en tal procedimiento administrativo migratorio se dictaron las resoluciones de retorno asistido a su país el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y tres de noviembre del mismo año, respectivamente, razón por la cual los aquí quejosos fueron retornados a sus países de orígenes Honduras y Guatemala, respectivamente. De modo que con ese nuevo estado de cosas quedaron irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, ya que no podría analizarse la constitucionalidad de los procedimientos administrativos migratorios, pues resultan ser consecuencia de las propias solicitudes de retorno realizadas por los directos quejosos **********, en los que se emitieron las resoluciones, ya ejecutadas relativas a su retorno a respectivo a sus países de orígenes Honduras y Guatemala, respectivamente. Incluso, el autorizado de los quejosos mediante promoción recibida el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, promovió el desestimiento en el presente juicio de amparo, el cual por cierto no fue aceptado, debido a que los impetrantes ya habían sido retornados a su país de origen. En relación con lo anterior, es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, se produce cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en razón del acto que reclamó en el amparo; respecto del cual no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, debiéndose considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; y, que asimismo, debe existir autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.CXI/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Novena Época, página 219, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En consecuencia, lo anterior conlleva a determinar que en el presente caso se configura un cambio de situación jurídica, ya que al dictarse la resolución en los procedimientos administrativos en cuestión, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones de la detención inmotivada que pudieron haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, por no poder decidirse respecto del acto reclamado en la demanda de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada. Tiene aplicación al caso la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIV, Materia(s): Penal, Quinta Época, página 892, de rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas". Por lo expuesto, debe de decretarse el sobreseimiento, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que se prescinde del estudio de los conceptos de violación, con motivo del arribo de la anterior conclusión, siendo ilustrativa a esa consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 24, Tercera Parte, página 49, del que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron reproducidos en esta sentencia, se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 754/2021-VII, promovido por **********, en representación de los directamente quejosos **********, contra los actos y autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, hasta el día que lo permitieron las labores de juzgado, seis de enero de dos mil veintidós, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a sus autos el escrito de cuenta, en atención a su contenido téngase a la licenciada **********, en su carácter de autorizada, informando que los quejosos ********** y **********, han sido deportados a su país de origen. Así mismo, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo solicita se le tenga desistiendo del presente juicio de garantías promovido en nombre y representación de ********** y **********. Sin que haya lugar a acordar de conformidad su solicitud, ello en virtud de que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el autorizado queda facultado para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier que resulte necesario para la defensa de los derechos de la parte quejosa, pero en el caso no puede desistirse del amparo en nombre de las garantes, ya que esto es un acto personal. Notifíquese. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en ausencia del Titular de la Oficina de Representación en esta ciudad, mediante oficio INM/OR/CHIH/DAJ/0815/2021 de nueve de noviembre del año en curso, en lo conducente señaló que no tenía inconveniente en que se permitiera el acceso de la defensa al lugar donde se encontraban los quejosos -estancia provisional de esa institución- a fin de que se entrevistaran con los impetrantes; asimismo, indico ".que a la fecha ********** y **********, se encuentran en calidad de presentados, alojados provisionalmente en dicha estancia, y sujetos a Procedimiento Administrativo Migratorio de Retorno Asistido, beneficio solicitado por los mismos ante dicha autoridad administrativa migratoria competente."; en tal virtud, a pesar de que la autoridad haya señalado que no es cierto el acto reclamado ya que no se encuentra a su disposición, sin embargo de lo anteriormente expuesto se aprecia lo contrario. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, remita copia certificada de todas las constancias relativas al procedimiento administrativo seguido en contra de los citados quejosos, que derivan de la permanencia provisional de los quejosos; apercibido de no hacerlo así se le impondrá como medida de apremio, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00). Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con cincuenta minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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