Rafael Domingo Briceño Pinzón

Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Rafael Domingo Briceño Pinzón

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el telegrama de la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en este asunto, con el que desahoga el requerimiento que se hizo en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso. En atención a lo anterior, este juzgado tiene por notificado el acuerdo de veintisiete de abril del presente año, en la fecha señalada en el telegrama de cuenta. Ahora bien, en relación al oficio 17602/2022 de doce de abril del año en curso, con el que se le comunicó la sentencia dictada en este asunto, reenvíese el oficio a la autoridad ocursante para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el memorial suscrito por Jorge Alberto Rosado Ocampo, representante de su hijo menor de iniciales A.A.R.D., parte quejosa en los presentes autos, con el que informa que al menor quejoso, ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna BioNTech Pfizer. Manifestaciones de la parte quejosa que revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 199, 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia que determinan: "ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." "ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Hipótesis las anteriores que se actualizan en el presente caso, dado que reviste el carácter de una confesión la realizada por la promovente del amparo, en el sentido de señalar que el menor quejoso ya fue inoculado con la segunda dosis de la vacuna; por tanto, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 al menor quejoso con iniciales A.A.R.D. Sin embargo, Jorge Alberto Rosado Ocampo, progenitor del menor con iniciales A.A.R.D., parte quejosa, manifiesta expresamente en su escrito de cuenta que al menor quejoso ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna BioNTech Pfizer; manifestación que le reviste el carácter de confesión y es posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del día de hoy siete de marzo de dos mil veintidós. Finalmente, se ordena glosar copia certificada de la presente determinación al incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, con el fin de proveer lo que legalmente corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos de los que se advierte que el Juez Primero Penal Auxiliar "A" en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, cuyo domicilio se encuentra en el Estado de Quintana Roo, es decir, fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, aún no ha rendido su informe previo ni obra en autos acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó el mismo, por tanto, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las doce horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a fin de dar oportunidad a dicha autoridad de rendir su informe previo. Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones, pídase el informe previo a la autoridad responsable, vía telegráfica, el cual deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a la presente fecha. En el entendido que el quejoso Rodrigo Solís de la Torre, señaló como acto reclamado lo siguiente: "Acto reclamado, los cuales sirven de fundamento a los conceptos de violación la inminente detención, sin derecho ni motivación legal para ello, que pretenden realizar las autoridades señaladas como responsables en conjunto o individualmente, sin que medie orden judicial en tal sentido, ahora bien, bajo protesta de decir verdad, manifiesto los hechos que me constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado." En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá hacer llegar a este Juzgado su informe previo requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolo al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las restantes autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano