Rafael Domingo Briceño Pinzón

Expediente 1327/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1327/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael Domingo Briceño Pinzón

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, relativo a la queja con número de toca 308/2023, promovido por Rafael Domingo Briceño Pinzón, contra el auto dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en el presente juicio de amparo, mediante el cual remite testimonio electrónico de la resolución dictada en el mismo en la que en su resolutivo primero se declaró infundado el recurso de queja y en su resolutivo segundo se confirmó el acuerdo impugnado de veinticuatro de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta. ACUSESE DE RECIBO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Por último, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. ********************Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que en atención al requerimiento que se le hizo en auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, informa que en el expediente 284/2023 no se ha nombrado albacea o interventor a la sucesión de Manuel Alejandro Itzá Desantos. ********************Notifíquese. ********************Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...)

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Domingo Briceño Pinzón, presentada con seis copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1327/2023-III. Ahora bien, vista la demanda de amparo lo que procede es desechar de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el presente caso la parte quejosa reclama la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 164/2017, que resolvió el recurso de revocación promovido en contra de la audiencia de uno de febrero del dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable requirió al quejoso exhibiera el precio del remate efectuado en fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble que refiere. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rafael Domingo Briceño Pinzón, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado en los términos amplios que alude el artículo 12 de Ley de Amparo a Rafael Alfredo Briceño Sosa, en razón que acredita ante este Juzgado Federal, y en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; de igual manera se autoriza en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrea Avilés Aguilar, Arely del Rosario Barbeito Castillo y Geiser Gaspar Poot, en los términos restringidos a que alude el citado precepto legal, lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que los autorizados hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene el correo electrónico, proporcionado en la demanda de amparo, únicamente como contacto de la parte quejosa, el cual se utilizara, con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Por último, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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