Rafael Domingo Briceño Pinzón

Expediente 197/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
197/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Rafael Domingo Briceño Pinzón y Otros.
  • Rafael Domingo Briceño Pinzón
  • Gobernador del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que mediante acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó levantar la suspensión de las labores ordinarias y reanudar plazos y términos a partir del día de tres de agosto de dos mil veinte, con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado. En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que se reanudan los plazos y términos legales en el presente asunto, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora, toda vez que en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se declaró la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el referido auto; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. En tal virtud, toda vez que en sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el resolutivo primero se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 18, b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción I del artículo 18, a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación de que los cuadernos original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que por acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, y por resolución de diecinueve del mismo mes y año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Público del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento quince de noviembre del año en curso, e informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mismo que se ordena agregar a los presentes autos, para los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha Corporación, mediante oficio SSP/DJ/31987/2019, mediante el cual informa que la diligencia con auxilio de la fuerza pública programada para el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, se dejó sin efectos, toda vez que el diez de septiembre del año en curso, recibió el oficio 20805-IV, con el que se le comunicó que por resolución dictada en un diverso juicio de amparo este juzgado concedió a Elena Esther Llanes Solís, tercera interesada en este asunto la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos que reclama, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan en el expediente 1839/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva a informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo o, en su caso, el impedimento para dar cumplimiento a la misma, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se les señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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