Rafael Bustamante Leal
Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 33 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- Rafael Bustamante Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, así como del proveído dictado en fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, por el que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia referida en primer término. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, remítase el expediente original al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, un tomo de pruebas, el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del aludido medio de impugnación; debiendo recabar constancia de su envío para que obre como corresponda. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico al Tribunal Colegiado Oficiante, para que esté en aptitud de imponerse del expediente electrónico relativo al presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el escrito presentado por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente a las partes y vía electrónica a la parte quejosa; y córrase traslado con el escrito de expresión de agravios.
- Principal
Siendo las nueve horas del nueve de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada, la determinación judicial dictada el tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 211/2023-A, promovido por Rafael Bustamante Leal, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, Rafael Bustamante Leal, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que son los siguientes: Autoridad responsable - Juez de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California. Acto reclamado Se reclama todas y cada una de las actuaciones realizadas en el procedimiento radicado ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California, bajo expediente número 674/2021, relativo al Juicio de Prescripción Positiva promovido por el señor Alvino Lizárraga Osuna, en contra de María Teresa Aguilar. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y TIENEN RELACION CON LA OMISION RECLAMADA SON: Los hechos y antecedentes que afectan a la parte quejosa y que transgreden la garantía de seguridad jurídica consisten en los derechos de audiencia, legalidad y tutela judicial efectiva, contemplados en el artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El suscrito soy titular de los derechos de posesión de una porción del predio nacional denominado Rancho Salgado, ubicado en el municipio de Tecate, Baja California, con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, titularidad que adquirí mediante contrato de cesión de derechos de fecha 26 de marzo del 2022 celebrado por la señora Eva Salgado Rayo y el de la voz Rafael Bustamante Leal . Así mismo hago de su conocimiento que la cesionaria Eva Salgado Rayo, adquirió los derechos de posesión del predio nacional mediante contrato de cesión de derechos de fecha 01 de febrero del 2017, que suscribió con el señor Irving Geovany Romero Romero. Así mismo y como consecuencia del acto jurídico celebrado entre Eva Salgado Rayo e Irving Geovany Romero Romero, esta primera en mención acudió al Tribunal Unitario Agrario Distrito Dos, a solicitar que se le reconocieron los derechos de posesión de un predio con un polígono mayor y en donde se encuentra inmerso el inmueble que tengo en posesión, radicándose el expediente número 80/2018, en donde se dictó sentencia el día 03 de abril del 2018, en el cual se reconoce los derechos de posesión a favor de Eva Salgado Rayo, relativo al predio Rancho Salgado con una superficie de 10-00-00.00 hectáreas. Como consecuencia de los antecedentes apenas señalados en los párrafos que anteceden, se desprende que el suscrito ahora quejoso soy causahabiente de los derechos de posesión que originalmente le correspondían a Irving Geovany Romero Romero, y que fueron transmitidos a Eva Salgado Rayo, y finalmente fueron cedidos a mi favor, motivo por el cual es claro que mi derecho e interés jurídico en el presente juicio de amparo queda acreditado y con ello mi derecho a comparecer al juicio civil de prescripción positiva que promueve el ahora tercero interesado Alvino Lizárraga Osuna, ante la Autoridad Responsable, en virtud de que el predio materia de prescripción es el mismo que tengo en posesión física y jurídica y no así el de nombre Alvino Lizárraga Osuna, circunstancia que se acreditará en el presente juicio de amparo con la inspección judicial que se haga al respecto. Así mismo no es óbice mencionar que el ahora quejoso ha contratado el servicio de energía eléctrica a beneficio del predio que tengo en posesión por lo que la Comisión Federal de Electricidad, ha expedido a mi favor los recibos correspondientes, documentos que se adjuntan al presente escrito. Aunado a lo anterior adjunto a la presente demanda diversas fotografías que revelan la posesión física que tengo del predio Rancho Salgado, municipio de Tecate, Baja California, con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, mismo que solicito se adminiculen con las diversas pruebas que se ofertan el presente juicio de amparo. Es el caso que el día 10 de febrero del 2023, acudí a las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a solicitar inscribieran el contrato de cesión de derechos de fecha 26 de marzo del 2022, celebrado por la señora Eva Salgado Rayo y el de la voz Rafael Bustamante Leal, relativo al predio Rancho Salgado, municipio de Tecate, Baja California, con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, y fue entonces cuando me enteré que el predio que tengo en posesión es materia de un juicio de prescripción radicado ante la autoridad responsable bajo el expediente número 674/2021, promovido por Alvino Lizárraga Osuna en contra de María Teresa Aguilar, tal y como se acredita con la hoja de inscripción del citado órgano registral que se adjunta al presente. No omito manifestar que el juicio de prescripción que promueve Alvino Lizárraga Osuna, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en la ciudad de Tecate, en contra de María Teresa Aguilar, se trata de un predio denominado El Encino, municipio de Tecate, Baja California, con una superficie total de 72-00-02.745 hectáreas, en donde se encuentra inmerso el predio que tengo en posesión y que se denomina como Rancho Salgado, con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, juicio de prescripción positiva que fue promovido por Alvino Lizárraga Osuna, en contra de María Teresa Aguilar, circunstancia que evidencia que el tercero interesado apenas mencionado tiene pleno conocimiento del que el suscrito quejoso tengo en posesión física del predio que pretende prescribir en el juicio de prescripción positiva radicado ante la autoridad responsable, vulnerando mi derecho de audiencia que la Lev prevé a mi favor, motivo por el cual es que acudo ante su Señoría, a fin de que se respeten mis derechos que la Constitución me otorga. Así mismo manifiesto que el día sábado 18 de febrero del 2023, me percaté que en el cerco de mi predio instalaron lonas que indica PROPIEDAD PRIVADA-NO TRASPASAR-SE CONSIGNARA AUTORIDADES COMPETENTES - 665.851.3092, lo que significa que no obstante que el de la voz está en posesión del predio denominado Rancho Salgado, existe la intención de quizás del ahora tercero interesado Alvino Lizárraga Osuna, de molestar o perturbar al quejoso en mi derecho de posesión de manera extrajudicial y no ante el procedimiento instaurado ante la autoridad responsable. Por lo que su Señoría, no deberá de permitir que el suscrito quejoso sea desalojado del inmueble que habito, y actualmente tengo la titularidad de los derechos de posesión hasta en tanto no sea oído y vencido en el juicio de prescripción positiva que promovió Alvino Lizárraga Osuna, esto es así en razón de que existe la inminente posibilidad que como consecuencia de tal procedimiento el de la voz sea lanzado de mi predio que tengo en posesión, como consecuencia de la transgresión de mi derechos de audiencia y legalidad." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés radicó la demanda de amparo con el número 211/2023-A y la admitió, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, emplazó a juicio al tercero interesado Alvino Lizárraga Osuna, y llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Cuarto. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que de considerarlo necesario ampliara su demanda de amparo, sin que haya hecho lo propio dentro del plazo establecido para tal efecto, motivo por el cual el veintiocho de abril siguiente se tuvo por no ampliada su escrito inicial de demanda. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: - La falta de emplazamiento a juicio y todo lo actuado en el expediente número 674/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, ya que así se advierte del contenido de su informe justificado. Lo que quedó corroborado con las constancias en copia certificada del expediente civil 674/2021 que remitió el Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, la cual anexó al informe justificado registrado bajo folio 4077, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. Cuarto. No obstante la certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando anterior, este órgano jurisdiccional considera que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El artículo invocado en primer lugar establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De la porción normativa transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Respecto de dicho interés, si bien la ley de la materia no da un concepto exacto, ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, como apoyo a su informe justificado se advierte que: 1. El seis de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, radicó con el número de expediente 674/2021 la demanda presentada por Alvino Lizárraga Osuna, y lo previno en los términos ahí planteados. 2. El veinticuatro de mayo de ese año el actor dio cumplimiento al requerimiento formulado en autos y se le tuvo demandando en la vía ordinaria civil de prescripción positiva a María Teresa Aguilar por las prestaciones planteadas en el escrito inicial y escrito aclaratorio respecto al inmueble ahí detallado, y en virtud que el actor manifestó desconocer el domicilio de la demandada, ordenó girar oficios a diversas dependencias y empresas a fin de que localizaran domicilio a nombre de la demandada María Teresa Aguilar. 3. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada mediante edictos. 4. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo al actor exhibiendo tres ejemplares del Periódico "El Mexicano" emitidos los días siete y diez de diciembre de dos mil veintiuno y cinco de enero de dos mil veintidós, relativo a la publicación de los edictos para emplazar a la parte demandada. 5. El nueve de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable determinó que el emplazamiento de la demandada se realizó de manera indebida, en los términos ahí planteados y ordenó reponer el emplazamiento efectuado por edictos. 6. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al actor exhibiendo tres ejemplares del Periódico "El Mexicano" emitidos los días dos, siete y diez de marzo de ese año, relativo a la publicación de los edictos para emplazar a la parte demandada. 7. El veinte de abril de dos mil veintidós, se acusó en rebeldía a la demandada María Teresa Aguilar, y se le tuvo por confesa de los hechos contenidos en la demanda que dejó de contestar. 8. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación y desahogo de pruebas en los términos ahí planteados. 9. Y el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Juez responsable dictó un proveído relativo con la prueba pericial ofrecida por la parte actora, sin que se advierta que hasta la fecha de emisión del informe justificado rendido por dicha autoridad se haya emitido la sentencia correspondiente en aquél asunto. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. Entonces, de acuerdo con las constancias que allegó el juez responsable, se advierte que en el juicio de origen figura como parte actora el de nombre Alvino Lizárraga Osuna y como demandada María Teresa Aguilar, sin que se desprenda que se haya enderezado reclamo alguno contra el aquí quejoso, por lo que debe considerarse que comparece con el carácter de tercero extraño al juicio de origen. Ahora tal calidad (tercero extraño) no es suficiente para que el juicio de amparo sea procedente, pues para ello también es necesario que el promovente acredite la afectación a sus derechos sustantivos; en la especie tener algún derecho legalmente reconocido sobre el bien inmueble identificado como fracción número 6 del Rancho El Encino, perteneciente al municipio de Tecate, Baja California con una superficie de 20- 04-47.7502 hectáreas. Luego, la parte quejosa para acreditar su interés jurídico en este juicio, ofreció como prueba la documental consistente en el contrato de compraventa de veintiséis de marzo de dos mil veintidós celebrado entre Eva Salgado Rayo (vendedor) y Rafael Bustamante Leal (comprador) en relación con el inmueble identificado como porción del terreno nacional con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, del denominado Rancho Salgado, perteneciente al Municipio de Tecate, Baja California, por lo que afirma adquirió el carácter de propietario respecto del inmueble antes mencionado. Ahora, si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, -en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio-, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. En ese contexto, se obtiene que el documento consistente en el contrato privado de compraventa con el que la parte quejosa refiere acreditar su interés jurídico como propietaria del inmueble de referencia, carece de fecha cierta, puesto que no reúne ninguno de los requisitos anteriormente señalados, es decir, que i) se encuentre inscrito en el Registro Público, bajo escritura pública, o bien, que ii) se encuentre acreditado que alguno de los contratantes murió, y por último, que iii) el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.3o.C.6 C (11a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro digital 2025485 de rubro y texto siguiente: "CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE DE FECHA CIERTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, ES INSUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO A LA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE ORIGEN, CUANDO ADEMÁS DEL EMBARGO RECLAMA EL REMATE Y LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN. Hechos: Una persona extraña al juicio ejecutivo mercantil ostentándose propietaria de un inmueble promovió demanda de amparo indirecto, en la cual señaló como actos reclamados el embargo, remate y la adjudicación del bien a favor de un tercero, y al efecto exhibió un contrato privado de promesa de compraventa de fecha cierta no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si un contrato privado de promesa de compraventa de inmueble de fecha cierta no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es insuficiente para conceder el amparo a la persona extraña al juicio ejecutivo mercantil de origen, cuando además del embargo reclama el remate y la adjudicación del bien. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2008 estableció que es ilegal el embargo trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor a causa de un contrato privado de compraventa de fecha cierta que no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de lo que se deduce que para efectos del amparo, el contrato de fecha cierta no inscrito tiene efectividad cuando el derecho de propiedad del quejoso se enfrenta al derecho personal del embargo; también lo es que con posterioridad la propia Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 333/2012, de la que derivo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.) sostuvo: "... cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil."; por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclama además del embargo del inmueble, su remate y adjudicación; entonces, el derecho real del impetrante de amparo, sustentado en el contrato privado de promesa de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, pues se trata de derechos de la misma naturaleza que, en todo caso, deberán dilucidarse en función de la inscripción del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 46/99 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 78, cuyo rubro y texto dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." De igual manera, es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia 21/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XXXI, abril de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." De igual manera, la parte quejosa exhibió la documental consistente en la impresión de la hoja de inscripción relativo a la partida registral 5060212 de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, respecto a la inscripción preventiva de la demanda relativa al expediente 674/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, en relación con el inmueble antes mencionado, la cual si bien es cierto, tiene valor probatorio de indicio, cierto es también que con el hecho de anotar preventivamente en el Registro Público la demanda de que se trata, la parte quejosa no acreditó, el derecho que defiende sobre el inmueble de referencia, toda vez que dicha anotación atiende a un acto jurídico para salvaguardar derechos litigiosos del actor, mientras se resuelve el juicio de fondo de las prestaciones reclamadas, así como ofrecer a terceros la publicidad de que un bien inmueble está en litigio y evitarles enajenaciones infructuosas como adquirentes de buena fe, respecto de predios y construcciones en controversia. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis aislada 1a. CXLV/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161208 de rubro y texto siguiente: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDAS RELATIVAS A BIENES INMUEBLES A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 3043 Y 3044 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, NO CONSTITUYE UN ACTO VEJATORIO O DE DESCRÉDITO. El hecho de anotar preventivamente en el Registro Público las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos, no constituye un acto vejatorio o que ocasione descrédito a las personas que resientan la inscripción, al permitir que la población en general pueda enterarse de lo que ocurre durante la tramitación de un juicio. Lo anterior obedece a que el fin perseguido con las anotaciones preventivas en los artículos 3043 y 3044 del Código Civil Federal, es dar seguridad a las personas adquirentes de una finca o derecho real, y en modo alguno publicitar los pormenores de una disputa privada. Así, cuando una demanda de controversia civil se relaciona, incluso de manera indirecta con derechos de propiedad de un inmueble, procede la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad para salvaguardar derechos litigiosos del actor, mientras se resuelve el juicio de fondo de las prestaciones reclamadas, así como ofrecer a terceros la publicidad de que un bien inmueble está en litigio y evitarles enajenaciones infructuosas como adquirentes de buena fe, respecto de predios y construcciones en controversia. No pasa inadvertido que la parte quejosa también exhibió copia certificada de la sentencia dictada el tres de abril de dos mil dieciocho dentro del expediente 80/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 2, con residencia en Mexicali, Baja California, en la que se resolvió procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria planteadas por Eva Salgado Rayo, respecto de la posesión de un predio presuntamente nacional con superficie de 10-00-00.00 hectáreas, denominado Rancho Salgado, ubicado en Tecate, Baja California, y se reconoció la posesión de la antes mencionada sobre el referido terreno. Documental a la que si bien se le otorga valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, cierto es también que con dicha documental no se advierte algún derecho reconocido a favor del directo quejoso. Así también, la parte quejosa ofreció como prueba la copia certificada del acta notarial de veinte de abril de dos mil veintidós, realizada por el Notario Público Número Dos de Tecate, Baja California, en relación con la comparecencia de Rafael Bustamante Leal en la que solicitó se diera fe de la posesión que éste ejerce sobre una fracción del terreno presuntamente nacional sin construcciones, actualmente identificado como Rancho Salgado, ubicado en Tecate, Baja California, con una superficie de diez mil metros cuadrados, sobre el cual manifestó adquirió los derechos posesorios mediante contrato privado de cesión de derecho celebrado el once de agosto de dos mil dieciocho, documental a la que si bien se le otorga valor probatorio, cierto es también que la eficacia probatoria privilegiada de ese documento no se refiere a todo su contenido, sino únicamente a la fecha y lugar, identidad del notario y de las personas que intervienen, y el estado de cosas que documente, es decir, al hecho de que determinada persona solicitó la presencia del notario para dar fe sobre pedido; pero sin que la fe pública cubra la veracidad intrínseca de lo hecho constar por el notario, por lo que el estado de cosas del que se da fe se limita a aquello que el fedatario público ve, oye o percibe por los sentidos, sin que alcance la veracidad intrínseca de lo restante, por lo que cabe prueba en contrario respecto de todo aquel contenido al que no se extiende la fe pública notarial. Luego, la parte quejosa ofreció como prueba la inspección judicial, la cual tuvo verificativo el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la que la Actuaria Judicial hizo constar que con la información que le fue proporcionada por el directo quejoso en el acto de la diligencia respecto al inmueble ahí precisado, por medio del sentido de la vista asentó lo relativo a las características del referido predio; sin embargo, dicha actuación, no es el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene más objeto que hacer que el fedatario público compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración. En lo conducente, sirve de apoyo la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, tomo XCVI, página 55, materia civil común, con número de registro 345733, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: INSPECCIÓN OCULAR, NO PRUEBA LA POSESIÓN. Esta diligencia no demuestra la posesión, ya que se refiere a un hecho aislado que cabe únicamente sobre la apreciación que hace el que practica esa diligencia, en un momento determinado y la posesión se refiere a actos continuos durante un largo tiempo, que no pueden ser demostrados por una simple inspección, que se realiza de una manera pasajera y fugaz aun cuando en el momento de practicarse se examine a personas que se encuentran en el lugar, pues lo declarado por éstas, no puede tomarse como prueba, por ser declaraciones de testigos que no se reciben con las formalidades que la ley establece para la prueba, por disponerlo así el artículo 131 de la Ley de Amparo; por más que se contenga que la diligenciación de inspección no es muda, pues que las partes tienen derecho a hacer las observaciones que juzguen procedentes para el esclarecimiento de la verdad; porque estas observaciones se refieren a cuestiones objetivas que el Juez o el encargado de practicar la diligencia o inspección ocular, puede tomar en cuenta, y tomar declaraciones o recibir dictámenes periciales, implica otra clase de pruebas, y aunque puedan estar relacionadas con la inspección, no están legalmente autorizados, ya que el artículo citado sólo considera que pueden recibirse la documental y la tan citada prueba de inspección ocular. (Énfasis añadido) Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o. J/75 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 218872 de rubro y texto siguiente: POSESION. NO PUEDE PROBARSE POR LA INSPECCION JUDICIAL. La inspección judicial no es el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene más objeto que hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración. De igual manera, la parte quejosa ofreció como prueba la pericial en materia topográfica, y con motivo de ello, obran en autos los dictámenes periciales rendidos tanto por el perito de la parte oferente, así como el perito oficial de este Juzgado de Distrito, los cuales se encuentran ratificados por los referidos profesionistas, sin embargo, con dichos dictámenes periciales únicamente se demuestra la existencia del bien inmueble identificado como terreno nacional con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, del denominado Rancho Salgado, perteneciente al Municipio de Tecate, Baja California, el cual ha sido materia tanto del contrato referido como del juicio citado con antelación, toda vez que los peritajes topográficos se utilizan para determinar la localización de las irregularidades de superficies lo que permite alcanzar una mayor precisión en la colección de datos en campo, sin que dicha probanza tenga por objeto constituir un derecho de propiedad a favor del directo quejoso en relación el referido inmueble. Por último, la parte quejosa ofreció diversas documentales en copias simples, por lo que carecen de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sea bastantes, en virtud de no encontrarse adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar -en lo particular- el derecho con el que cuenta el aquí quejoso en relación con el aludido inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 33, materia común, con número de registro 185215, cuyo rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Por tanto, si en autos no está demostrado el interés jurídico de la parte quejosa, así como la afectación al mismo con los actos reclamados en el juicio de origen, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual debe sobreseerse en el presente asunto y por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 211/2023- A, promovido por Rafael Bustamante Leal, por propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe
Quedan 29 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- PROSPERO ALBERTO TREJO ROMERO y Otros.481/2021
- Prospero Alberto Trejo Romero66/2021
- RABIA IMREN EROL y Otros.1335/2023
- Rafael Amador Rojas530/2021
- Rafael Amador Rojas531/2021
- Rafael Balderas Paez508/2022
- Rafael Calderón Martínez809/2022
- Rafael do Carmo Pedro1355/2023
- Rafael Figueroa Palomares813/2021
- Rafael Guzman Salazar74/2019
- Rafael Luna Viramontes478/2020
- Rafael Mejía Mercado132/2022