Rafael del Castillo López

Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael del Castillo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En el caso concreto, los actos reclamados en este juicio de amparo consisten en la omisión de dar respuesta a la solicitud del quejoso para aplicar el beneficio del programa "pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente". Luego, de las manifestaciones y constancia que acompañó el oficiante2 se advierte que han cesado los efectos por revocación de tal acto reclamado, dado que de la solicitud de incorporación de folio 2836637 a nombre de Rafael del Castillo López, al Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, resultó procedente e informó que se están realizando las actuaciones correspondientes para culminar con la incorporación del peticionario de amparo al citado programa social. Lo antes relatado pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis de improcedencia delatada respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, ya que cesaron los efectos del mismo, en razón de haber sido revocado por un nuevo acto de autoridad, esto es, por el proceso de incorporación del quejoso al aludido programa, con motivo de su procedencia. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo epígrafe y contenido establecen: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo."3 Sin que lo anterior deje en estado de indefensión al peticionario de amparo, toda vez que tendrá conocimiento de la referida contestación a través del fedatario adscrito. Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V4 , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Por otra parte, la quejosa también señaló como acto reclamado la omisión de cubrir el monto de la pensión desde la fecha en que fue solicitada, esto es, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el cual resulta inexistente y por ende procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por tal motivo. Se explica. Se explica. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. En ese sentido, en la especie se actualiza la hipótesis enunciada en el inciso a), pues de las constancias se advierte la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que la omisión reclamada debe derivar de la obligación de pago al beneficiario impuesta a la autoridad, a través de la resolución de su solicitud de manera procedente, resolución que a la fecha de la presentación de la demanda, no existía, conforme las constancias remitidas adjuntas al oficio de cuenta Es aplicable, la tesis I.16o.T.7 K (10a.) sostenida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito., visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, página 2646, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, en relación con el acto en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que sobre precisar, que los actos reclamados deben analizarse en relación con la fecha de presentación de la demanda, por tanto, no sería jurídicamente dable, analizar la eventual omisión de la secretaría responsable respecto de la obligación de pago que le atribuye la resolución procedente de la solicitud de incorporación al programa, puesto que el mismo es un acto futuro e incierto. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las diez horas con treinta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Prórroga para rendir informe justificado. Glósese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio 510.E.-25799 firmado electrónicamente por el subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar -en representación de su titular-, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual solicita se conceda prórroga para rendir el informe justificado requerido en autos a la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios y la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se concede el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para efectos de que rinda el informe con justificación respectivo, debiendo remitir adjunto a éste copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Designación de delegados y domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia Constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las diez horas con treinta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Reexpedición de oficios. Del estado de los autos se advierte que no obra constancia de notificación de las siguientes autoridades señaladas como responsables, respecto del auto de radicación, por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el trámite y resolución del presente juicio de amparo, reexpídanse los siguientes oficios con los insertos necesarios, a fin de que se encuentren en posibilidad de emitir el informe justificado correspondiente. Oficio Autoridad responsable 17822/2023 TITULAR DE LA UNIDAD PARA ATENCIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, CIUDAD DE MÉXICO. 17824/2023 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que no obra en el presente sumario la constancia de notificación, o bien, el informe justificado de la totalidad de las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; y por oficio a las autoridades de referencia. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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