Rafael Edmundo Martínez Lara
Expediente 597/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rafael Edmundo Martínez Lara
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista con lo anterior a las partes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de sobreseimiento. Inexistencia de los actos reclamados. En atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable -omisión de fijar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo-, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el nueve de mayo de dos mil veintidós. Previamente, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión por parte de la junta responsable de fijar fecha para la audiencia que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, dado que la parte quejosa expresa en los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad, que presentó demanda laboral en el año dos mil once; y, que seguido que fue el procedimiento la responsable fijó fecha para la audiencia de ley el ocho de febrero de dos mil diecisiete y a partir de esa data ya no fijó nuevamente fecha para la celebración de la aludida audiencia, por lo cual acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como apoyo de su informe justificado, mismas que fueron valoradas con antelación, se advierte que en actuación de veintidós de junio de dos mil veintiuno (previo a la presentación de la demanda de amparo), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, archivó en definitiva el juicio de origen 3031/11, ello en razón de la parte quejosa no atendió requerimiento que se le efectuó el veinticinco de mayo de esa anualidad. De lo anterior se observa que a la data de presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa - el nueve de mayo del año en curso-, no existía el acto reclamado por la parte quejosa, pues desde el veintidós de junio de dos mil veintiuno, la junta archivó el juicio obrero de origen; por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resultó inexistente y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y siete minutos del catorce de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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