Rafael Crecencio Torres Torres

Expediente 950/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
950/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael Crecencio Torres Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la última de las partes en ser notificada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Capturas. En esa virtud, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado, rendido por la presidenta de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la Junta responsable; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L - III; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Rafael Crecencio Torres Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. El veintisiete de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El retardo en la impartición de justicia de la responsable al no efectuar debidamente la prosecución del juicio laboral, en específico, el no preparar y desahogar las diversas probanzas que fueron admitidas en los autos del juicio laboral 535/2020, del índice de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Existencia del acto reclamado La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues de las documentales que anexó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de autos del expediente 535/2020 del índice de la Junta responsable, se denota una evidente dilación en la impartición de justicia, en detrimento de la parte quejosa, circunstancias que se plasmarán en los párrafos siguientes de este fallo. Certeza que se deduce de las constancias que remitió en apoyo, de las que se desprende la omisión reclamada. Causas de improcedencia. En la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados en el apartado III, consistente en la omisión de desahogar las probanzas allí precisadas. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyeron nuevas situaciones jurídicas que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneró en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En efecto, la parte quejosa combate la omisión de desahogar tres medios de prueba testimoniales, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó la presidenta responsable a su informe justificado, se advierte que el siete de julio de dos mil veintitrés, realizó las acciones proclives para lograr el desahogo de las multireferidas probanzas, a saber señaló una nueva fecha para que se lleven cabo. Pretensiones objetivas que se dilucidan de la aludida actuación, en virtud de que, no solamente señaló data para el desahogo de las probanzas, sino que también se ejecutó por el actuario actos tendentes a la notificación de los testigos ofrecidos, dentro del juicio laboral 535/2020, acarreó a que cesaran los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de junio de dos mil veintitrés), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Consecuentemente, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesaron en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyeron situaciones jurídicas que definitivamente destruyeron la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquél en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por los actos reclamados señalados en el apartado III. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Crecencio Torres Torres, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto de las constancias recibidas el ocho de agosto anterior; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas el catorce de julio del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Finalmente dese vista a las partes con su contenido. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

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