Rafael Colín Benítez
Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Colín Benítez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por Rafael Colín Benítez y firmada electrónicamente por Wilberth Sebastián Joven, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos, pues no fueron exhibidos. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el algoritmo electrónico identificado como 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.fa a nombre de Rafael Colín Benítez y firmada electrónicamente por Wilberth Sebastián Joven contra actos de Alejandra Espinoza Morales, agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Justicia Integran para Adolescentes, perteneciente a la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. Registro de expediente Fórmese expediente y regístrese con el número III-125/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se tiene que en el ocurso de amparo se indica que el peticionario de amparo directo es Rafael Colín Benítez, quien -por su propio derecho- formula demanda de amparo contra Alejandra Espinoza Morales, agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Justicia Integran para Adolescentes, perteneciente a la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. Petición de amparo que se formula por considerar que violentan sus derechos humanos, al tenor de los motivos de hecho y fundamentos de derecho que se indican en tal ocurso. Sin embargo, como se señaló en el inicio del presente auto, la demanda de amparo presentada en la modalidad de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el algoritmo electrónico identificado como 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.fa que corresponde a la firma electrónica de una persona de nombre Wilberth Sebastián Joven. Así, los datos expuestos ponen evidencia la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origina el desechamiento de la demanda de cuenta; sin embargo, previo a indicar cuál es la citada causa y los motivos por los que se considera actualizada, es pertinente recordar que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Precisado lo anterior, como se indicó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que dice ser promovida por Rafael Colín Benítez pero presentada mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a Wilberth Sebastián Joven, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura del precepto 6 de la ley de la materia, se obtiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada rige el procedimiento constitucional. Es decir, que necesariamente para estar en condiciones de analizar cualquier petición de amparo, debe contarse con la manifestación de quien se dice afectado en sus derechos, en el sentido de que es su voluntad acudir a dicha instancia constitucional, pues sólo de esa forma puede impulsarse la maquinaria jurisdiccional de amparo a fin de verificar si los actos que se reclaman son atentatorios de los derechos humanos de la parte quejosa. Lo anterior implica que de no contarse con la aludida expresión de voluntad, es inconcuso que -ante una petición de amparo carente de tal requisito fundamental- la demanda de amparo resultará improcedente, dado que no existe petición de amparo de parte agraviada que deba ser atendida por el tribunal constitucional. Hasta aquí con el análisis de los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se considera actualizada en el caso concreto. De igual forma, este juzgado federal no puede emprender el análisis de la oportunidad, urgencia o cualquier otro requisito de procedibilidad de una determinada demanda de amparo, si la petición de que se trata no cuenta con la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, en el sentido de que desea acudir al juicio de amparo. Luego, para clarificar tales señalamientos es pertinente hacer un breve paréntesis para explicar las formas en las que se puede expresar esa voluntad de instar el juicio de amparo. Así, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que se generen nuevas formas de comunicación que sustituyen las tradicionales impresas en papel. Con relación a ello, en el juicio de amparo se ha reconocido como forma de comunicación aquella que se genera de manera electrónica cuando se emplean mecanismos reconocidos como confiables, en específico, en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". Como se observa, dicho numeral establece que los escritos y promociones pueden presentarse, entre otras, de manera electrónica mediante el empleo la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuyo uso se regula en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Para concluir el paréntesis explicativo, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Ya dejamos establecido que para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada; asimismo, que esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. Por otro lado, con relación a la presentación de demandas de amparo por medios tecnológicos empleando firma electrónica, este juzgado federal advierte pueden presentarse tres supuestos. El primero de ellos sería el caso de que se presente una demanda de amparo empleando la firma electrónica del quejoso directo o, bien, del representante o apoderado legal que promuevan ejerciendo tales encargos a nombre de la parte quejosa directa, es decir, que la firma electrónica empleada para la presentación de la demanda de amparo corresponda a la persona que aparezca como promovente de la misma, ya que sea que actúe para defender derechos propios o bajo algún encargo o representación legal, sin que sea el objetivo de este estudio analizar lo relativo al acreditamiento de cualesquiera de esas representaciones. En este caso, y en aplicación de lo establecido en el referido numeral 3 de la ley de la materia, tal firma electrónica tiene la misma validez que una autógrafa para considerar que el contenido de la demanda corresponde a la voluntad del promovente, se insiste, siempre y cuando dicha evidencia electrónica se encuentre a nombre de quien aparezca como promovente del juicio constitucional, ya por derecho propio, ya en representación o mandato de alguien más. Al respecto se invoca la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Ahora, con relación a la presentación vía electrónica de las demandas de amparo, puede presentarse el supuesto de que tal ocurso se envíe sin la correspondiente firma electrónica, supuesto en el cual, al carecer de evidencia que vincule a quien aparezca como promovente con el contenido del escrito correspondiente, hace improcedente el aludido juicio, al no contar con la expresión de voluntad del quejoso en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que dicha situación no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque no estamos en presencia de una irregularidad, sino de una ausencia de voluntad del quejoso. En ese sentido de se pronunció el Más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.)17, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual modo, en el caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)18 que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". De las jurisprudencias preinsertas, mismas que resultan de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que si una demanda es presentada por medios digitales empleando la firma electrónica de la persona a quien en la demanda se le designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, tal petición de amparo debe ser desechada. Lo que resulta de ese modo, porque tal demanda no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte que aparece como quejosa, toda vez que la autorización en términos del citado numeral 12 de la ley de la materia, al tratarse de una representación procesal limitada, que además para surtir efectos es menester que sea reconocida de forma expresa por la autoridad jurisdiccional una vez iniciada la controversia constitucional no en forma previa a tal reconocimiento judicial. En este punto resulta oportuno señalar que no es inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho notorio relativo a la emergencia sanitaria que actualmente se vive; motivo por el cual el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido diversos acuerdos que regulan la actividad de los órganos jurisdiccionales y proporcionan las reglas bajo las cuales se realizará la tramitación de los procedimientos del conocimiento de los tribunales de la Federación, entre ellos, el juicio en línea a través de la presentación de demandas de amparo mediante el uso de la firma electrónica respectiva. Así, en la actualidad esa tramitación se rige por lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, que señalan tanto los asuntos que son de tramitación urgente, como aquellos que sin tener esa calidad pueden ser admitidos o reanudados para su continuación, bajo las condiciones y lineamientos que se fijan en dichas disposiciones. Por su parte, la lectura integral de tales disposiciones administrativas nos permite concluir que en ellas no se incluyó disposición alguna que pugne, contravenga o prevea una situación adicional a la que estableció el Más Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), con relación a la presentación de la demanda de amparo a través de la vía digital empleando la firma electrónica de quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De ahí que no existe disposición administrativa extraordinaria que impida su acatamiento -de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)- por parte de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el aludido ordinal 217 de la Ley de Amparo. Hasta aquí con el marco normativo y jurisprudencial que justifica la calificativa de improcedencia que se emitió al inicio de este proveído. En efecto, como se indicó, en el caso particular se tiene que en la demanda de amparo se indica que el carácter de quejoso directo lo tiene Rafael Colín Benítez, quien actúa por su propio derecho; no obstante, se optó por la presentación electrónica de tal petición de amparo, mediante el uso de la firma electrónica perteneciente a Wilberth Sebastián Joven, persona a quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque al haberse elegido la vía electrónica para su presentación, era menester que ello se realizara mediante la utilización de la firma del quejoso directo, de su representante o de su apoderado, ya que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito, como se observa de la naturaleza de los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. Lo precedente, en función de que el acto reclamado radica en el citatorio de diez de febrero de dos mil veintiuno, girado por la agente responsable por el cual ordena al aquí quejoso comparecer a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero actual, para una diligencia de carácter penal, acto que no encuadra dentro de los considerados por el numeral 22 Constitucional ni 15 de la Ley de Amparo. De ahí que aun cuando la demanda se presentó mediante la utilización de la firma electrónica correspondiente a quien se designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello es insuficiente para considerar expresada la voluntad del peticionario de amparo para instar el inicio del juicio de amparo, precisamente porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona. En efecto, no debe olvidarse que la actuación de los autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, inicia a partir de que el juzgador le reconozca ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, precisamente porque se trata de una autorización procesal limitada que sólo puede ser entendida una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie a ese respecto, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables, como se pretende en el caso particular. Luego, si la presentación de la demanda que ahora nos ocupa correspondía al propio quejoso o, bien, a persona que contara con representación legal suficiente para actuar a su nombre, se presentó vía digital mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a quien propone como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que previo a la presentación de tal ocurso tuviese reconocido tal carácter; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, sin que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que ya se dejó establecido que la omisión en comento, no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Señalamiento de domicilio y autorizados En otro aspecto, se tiene que en el caso particular es improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones y la autorización que para tal efecto se concede, pues como ya se precisó, el documento que se acuerda carece de firma electrónica; por tanto, no puede tenerse por hecha la manifestación de la voluntad, ni siquiera para el aspecto relativo al señalamiento de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado quede fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que se deba notificar esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo". Por tanto, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de no dejar en estado de indefensión a la aludida quejosa, hágase la notificación de este acuerdo de manera personal en el domicilio que señaló para tal efecto en el escrito de cuenta. Habilitación de usuario. De igual forma, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, instrúyase a la Analista Jurídica SISE y al actuario judicial de la adscripción para que hagan la habilitación del usuario que indicó el ocursante -"Wilberthsj"-, a fin de que se encuentre en aptitud de consultar e instar dentro del expediente electrónico de este juicio de amparo. Notificación personal Se ordena notificar vía electrónica la presente determinación al promovente del amparo al haber proporcionado usuario para ello. Anotaciones y digitalización
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