Rafael Cardiel Pérez
Expediente 207/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Cardiel Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa RAFAEL CARDIEL PÉREZ, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, es susceptible de destrucción. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo I-207/2020; y RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia y remitido ese mismo día a este juzgado Rafael Cardiel Pérez por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y del actuario de su adscripción que refiere en su libelo Actos que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1° 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asimismo relató los antecedentes que consideró pertinentes SEGUNDO Trámite Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia la que previo cumplimiento de dos prevenciones formuladas se admitió a trámite por acuerdo de once de marzo de dos mil veinte se requirió a las autoridades responsables informe justificado se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento; se reconoció el carácter de tercera con interés a Ma Elvira Leticia Flores Velázquez quien fue emplazada a juicio el doce de octubre de dos mil veinte Asimismo se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para conocer del presente juicio de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito ya que el acto reclamado se atribuyen a autoridades judiciales que tienen su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción SEGUNDO Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo vigente procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 40/2000 estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo" Asimismo la tesis VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así de acuerdo con los criterios resaltados así como en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso lo que resulta especialmente importante en casos como el que nos ocupa en que la exposición de la demanda resulta ambigua en varios aspectos Así atendiendo a la literalidad del apartado d) del escrito de demanda y a los que presentó el quejoso en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos y diez de marzo de dos mil veinte a través de los que cumplió con las prevenciones que se le formularon se advierte que Rafael Cardiel Pérez señaló como acto reclamado: La diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento ordenada en el juicio ejecutivo mercantil número 1090/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial promovido por los endosatarios en procuración de Ma Elvira Leticia Flores Velázquez frente a Luis Gerardo Cardiel González y su ejecución TERCERO Certeza de los actos reclamados Al rendir su respectivo informe justificado el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y el actuario de su adscripción confirmaron la existencia del acto reclamado al manifestar que: "( ) dentro del juicio ejecutivo mercantil 1090/2019 promovido por MA ELVIRA LETICIA FLORES VELAZQUEZ frente a LUIS GERARDO CARDIEL GONZÁLEZ por auto del 25 veinticinco de noviembre del año pasado se admitió la demanda en donde se decretó el requerimiento de pago embargo y emplazamiento en bienes de la parte demandada Motivo por el cual 19 diecinueve de febrero del año en curso el actuario de este tribunal se constituyó en el domicilio señalado como de la parte demandada que es el ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad a practicar la diligencia antes señalada quien pese a los citatorios que se le dejaron no se encontró presente por lo que el fedatario procedió a practicar solamente el requerimiento de pago y emplazamiento no así el embargo quien además le informó que el demandado sí labora en el domicilio antes citado pero que de momento no se encontraba presente ( )" Motivo por el cual se tiene por acreditada plenamente su existencia en el presente asunto Cabe precisar que mediante oficio 670/2020 recibido el doce de agosto de dos mil veinte en la oficialía de partes de este Juzgado Federal la autoridad ordenadora remitió un legajo de copias certificadas emanadas del expediente de origen de las que se advierte en lo que aquí interesa que no se había ejecutado la orden de embargo ordenada en el juicio subyacente Además la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de los autos que integran el citado juicio ejecutivo mercantil de origen que remitió en apoyo a su informe con justificación el juez responsable las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2o de esta última Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena" Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo lo que sucede cuando de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos" CUARTO Causales de improcedencia Previo al estudio de fondo del asunto se impone analizar las causales de improcedencia sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo Es decir la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada por exigirlo así la Ley de Amparo en su artículo 63 fracción V al surtirse en el proceso alguna de las hipótesis normativas descritas en el artículo 61 de la propia ley de cita así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal Consecuentemente este órgano de control constitucional previamente estudiará las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia En el presente asunto se advierte la actualización de la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo al objetivarse la causal de improcedencia a que alude el numeral 61 fracción XII en relación con el preceptos 5 fracción I Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida es menester trascribir el precepto 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa ( )" Por su parte los artículos 61 fracción XII y 5 fracción I de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 61 El amparo es improcedente: ( ) XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo: I El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo que subyace en una afectación en su esfera jurídica Así en el interés jurídico que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial y no de una circunstancia particular del accionante del amparo; y lo constituye el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta En ese orden de ideas tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales como sucede en el caso para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso al momento de su presentación cuente con interés jurídico entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son trasgredidas por un acto de autoridad o por una ley circunstancia que lo faculta o legitima por regla general únicamente a él a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato directo presente o inminente y no mediato indirecto futuro o de realización incierta ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso En suma el interés que faculta al peticionario de derechos fundamentales para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo) y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del quejoso En síntesis para que el quejoso cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados Por tanto la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a /J 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 4o de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" Asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse de presunciones de manera que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias en su esfera jurídica -cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan- En el caso concreto de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil de origen se aprecia que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia Michoacán admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil promovieron Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez y Verónica Ruiz Villaseñor endosatarios en procuración de Ma Elvira Leticia Flores Velázquez frente a Luis Gerardo Cardiel González registrándose con el número 1090/2019; asimismo ordenó requerir de pago a este último en el domicilio indicado en el documento base de la acción sito en calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y una vez realizado lo anterior se le emplazara a juicio De lo destacado se advierte en lo relevante que el aquí quejoso Rafael Cardiel Pérez no es parte en el mencionado juicio ejecutivo mercantil virtud a que la demanda del juicio natural la promovió Ma Elvira Leticia Flores Velázquez por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de Luis Gerardo Cardiel González a quien le reclamó el pago de diversas prestaciones económicas Como se advierte con claridad la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento no fue dictada contra el peticionario del amparo Rafael Cardiel Pérez sino contra su hijo Luis Gerardo Cardiel González demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen por lo que la sola orden no agravia la esfera de derechos del quejoso pues en autos no está demostrado que el peticionario del amparo tenga el carácter de codemandado y menos que la orden reclamada haya sido proyectada contra él o sus bienes; máxime que al cumplir el peticionario con una de las prevenciones que se le formularon previa la admisión de la demanda de amparo precisamente en el escrito que presentó el dos de marzo de dos mil veinte en la oficialía de partes de este juzgado manifestó bajo protesta de decir verdad que no se le habían embargado bienes muebles o inmuebles de su propiedad Posteriormente mediante oficio 670/2020 recibido el doce de agosto de dos mil veinte en la oficina de correspondencia de este Juzgado Federal el juez ordenador remitió un legajo de copias certificadas emanadas del expediente de origen de las que se advierte en lo que aquí interesa que no se había ejecutado la orden de embargo ordenada en el juicio subyacente Por tanto si la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento no fue dictada contra Rafael Cardiel Pérez sino que fue dirigida a diversa persona es claro que por sí sola no le genera perjuicio al quejoso; de ahí que no lesione su interés jurídico Es de invocarse la jurisprudencia con registro 395378 del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito publicada en la página 90 Apéndice de 1985 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Séptima Época de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO CUANDO DEBE SOBRESEERSE Como el auto de exequendo que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo es claro que al no estar dictado en contra del amparista dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico En tal concepto al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia ley debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución" Así también apoya lo anterior la tesis VI 2o C 297 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907 Tomo XXIX Abril de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos es indudable por lo mismo que el auto de referencia por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73 fracción V en relación con el 74 fracción III ambos de la Ley de Amparo" Con la precisión de que la orden reclamada no agravia al quejoso porque en la misma se precisa que en caso de impago deberán embargarse bienes susceptibles de embargo propiedad de la parte demandada a saber de Luis Gerardo Cardiel González De tal suerte que el señalamiento o temor del quejoso Rafael Cardiel Pérez en el sentido de que se allane su domicilio o se embarguen bienes de su propiedad primero no tiene sustento en los términos del acto reclamado y segundo en todo caso serían futuros y de realización incierta dependientes de que eventualmente exista una incorrecta ejecución de éste Empero de actualizarse algún perjuicio contra el hoy quejoso al ejecutarse la orden de embargo en bienes de su propiedad entonces tendrá expeditos sus derechos para acudir a esta instancia constitucional a reclamarlos pero no antes de que ello acontezca Ahora bien el peticionario del amparo Rafael Cardiel Pérez no demostró que la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento contenida en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dirigida al demandado Luis Gerardo Cardiel González que se ordenó ejecutar en el domicilio ubicado en calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad le ocasione algún agravio pues de la literalidad de aquélla se desprende que el primigenio ordenó lo siguiente: "( ) Se instruye a la actuarla para que se constituye en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada y le requiera del pronto y efectivo pago de las prestaciones que se le reclaman; no haciendo el pago en el momento de la diligencia embárguese bienes de su propiedad suficientes y bastantes a garantizar las prestaciones reclamadas los cuales se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora ( )" Lo resaltado es propio De la transcripción anterior se advierte que la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento únicamente está dirigida a la parte demandada; esto es en contra de Luis Gerardo Cardiel González por lo que su ejecución se proyectaría sobre bienes propiedad de éste y no de diversa persona; de ahí que no exista hasta este momento alguna afectación en detrimento del quejoso Rafael Cardiel Pérez Máxime que aún no se ha ejecutado el embargo reclamado por el quejoso pues en el caso concreto se desprende que en diligencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte en que se realizó el requerimiento de pago y emplazamiento del demandado Luis Gerardo Cardiel González no se efectuó embargo alguno dado que el personal actuante adscrito al juzgado responsable y la endosataria en procuración de la parte actora no ingresaron al domicilio ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad; sin embargo en caso de que ello aconteciera con posterioridad indudablemente el actuario adscrito al juzgado de origen lo hará sobre bienes del referido demandado en cita y no sobre propiedades de terceros como sería del aquí quejoso Tampoco se advierte que en el proveído emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve en el que se ordenó el requerimiento de pago embargo y emplazamiento del demandado Luis Gerardo Cardiel González en el domicilio ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad se haya emitido algún apercibimiento relativo a que en caso de oposición se utilizarían medidas coercitivas o forzosas para lograr el ingreso a dicho inmueble y posteriormente embargar bienes bastantes para cubrir el adeudo reclamado supuesto en el cual el ahora peticionario del amparo pudiera tener interés jurídico para promover el juicio constitucional si se llegaran a vulnerar sus derechos fundamentales concernientes tanto al de la inviolabilidad del domicilio como el relativo parte de su derecho a la privacidad al ostentarse tercero extraño al juicio de origen dado que su derecho de propiedad estaría protegido constitucionalmente; empero en el presente asunto no se actualiza dicha hipótesis según consta del causal probatorio arrimado al presente juicio de amparo Sin embargo en caso de que posteriormente se materializara ese agravio en la esfera jurídica del quejoso y previa la demostración de su derecho de propiedad tendrá interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto ya que hasta esa temporalidad -y no ahora- se efectivaría una afectación en su esfera de derechos (propiedad e inviolabilidad de su domicilio como parte del derecho a su privacidad) por un acto de autoridad Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO En un juicio de naturaleza civil la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio Lo anterior ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho" Por ende como ya se dijo de las constancias que remitió el juez responsable se desprende que con la citada orden contenida en el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve emitido en el juicio ejecutivo mercantil 1090/2019 no existe mandamiento ni ejecución de éste con el que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad en el domicilio que el demandado Luis Gerardo Cardiel González señaló en el documento base de la acción ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad y que al parecer es propiedad de su progenitor en este caso del quejoso Rafael Cardiel Pérez (sin que en el presente asunto se encuentre demostrada la propiedad del peticionario sobre dicho inmueble); empero en su momento procesal oportuno el quejoso puede hacerlo ver ante el juez responsable o bien promover la acción constitucional en su contra según convenga a sus intereses; lo que permite concluir la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos del ahora solicitante del amparo Efectivamente toda vez que Rafael Cardiel Pérez no acreditó la existencia de un agravio en su esfera de derechos ya que el requerimiento de pago embargo y emplazamiento no está ordenado a practicarse en bienes de su propiedad sino sobre bienes de la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen -particularmente de su hijo Luis Gerardo Cardiel González- al cual es extraño es inconcuso que por ahora carece de afectación a su interés jurídico para instar la acción constitucional Habida cuenta que en la orden de ejecución requerimiento de pago embargo y emplazamiento no se ordenó el empleo de algún método coercitivo o forzoso para el ingreso al domicilio que el demandado Luis Gerardo Cardiel González señaló en el documento base de la acción del juicio ejecutivo mercantil de origen; hipótesis en la que el quejoso sí podría acreditar alguna afectación lo cual se explicó anteriormente Consecuentemente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la ley de amparo lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal Sobreseimiento decretado que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al juzgado de origen lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 231 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 156 Apéndice de 1995 tomo VI Séptima Época que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN ACTOS DE SOBRESEIMIENTO Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución" Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 74 y 75 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Cardiel Pérez contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia atento a las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: MA. ELVIRA LETICIA FLORES VELÁZQUEZ,la siguiente sentencia: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo I-207/2020; y RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia y remitido ese mismo día a este juzgado Rafael Cardiel Pérez por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y del actuario de su adscripción que refiere en su libelo Actos que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1° 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asimismo relató los antecedentes que consideró pertinentes SEGUNDO Trámite Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia la que previo cumplimiento de dos prevenciones formuladas se admitió a trámite por acuerdo de once de marzo de dos mil veinte se requirió a las autoridades responsables informe justificado se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento; se reconoció el carácter de tercera con interés a Ma Elvira Leticia Flores Velázquez quien fue emplazada a juicio el doce de octubre de dos mil veinte Asimismo se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para conocer del presente juicio de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito ya que el acto reclamado se atribuyen a autoridades judiciales que tienen su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción SEGUNDO Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo vigente procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 40/2000 estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo" Asimismo la tesis VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así de acuerdo con los criterios resaltados así como en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso lo que resulta especialmente importante en casos como el que nos ocupa en que la exposición de la demanda resulta ambigua en varios aspectos Así atendiendo a la literalidad del apartado d) del escrito de demanda y a los que presentó el quejoso en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos y diez de marzo de dos mil veinte a través de los que cumplió con las prevenciones que se le formularon se advierte que Rafael Cardiel Pérez señaló como acto reclamado: La diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento ordenada en el juicio ejecutivo mercantil número 1090/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial promovido por los endosatarios en procuración de Ma Elvira Leticia Flores Velázquez frente a Luis Gerardo Cardiel González y su ejecución TERCERO Certeza de los actos reclamados Al rendir su respectivo informe justificado el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y el actuario de su adscripción confirmaron la existencia del acto reclamado al manifestar que: "( ) dentro del juicio ejecutivo mercantil 1090/2019 promovido por MA ELVIRA LETICIA FLORES VELAZQUEZ frente a LUIS GERARDO CARDIEL GONZÁLEZ por auto del 25 veinticinco de noviembre del año pasado se admitió la demanda en donde se decretó el requerimiento de pago embargo y emplazamiento en bienes de la parte demandada Motivo por el cual 19 diecinueve de febrero del año en curso el actuario de este tribunal se constituyó en el domicilio señalado como de la parte demandada que es el ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad a practicar la diligencia antes señalada quien pese a los citatorios que se le dejaron no se encontró presente por lo que el fedatario procedió a practicar solamente el requerimiento de pago y emplazamiento no así el embargo quien además le informó que el demandado sí labora en el domicilio antes citado pero que de momento no se encontraba presente ( )" Motivo por el cual se tiene por acreditada plenamente su existencia en el presente asunto Cabe precisar que mediante oficio 670/2020 recibido el doce de agosto de dos mil veinte en la oficialía de partes de este Juzgado Federal la autoridad ordenadora remitió un legajo de copias certificadas emanadas del expediente de origen de las que se advierte en lo que aquí interesa que no se había ejecutado la orden de embargo ordenada en el juicio subyacente Además la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de los autos que integran el citado juicio ejecutivo mercantil de origen que remitió en apoyo a su informe con justificación el juez responsable las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2o de esta última Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena" Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo lo que sucede cuando de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos" CUARTO Causales de improcedencia Previo al estudio de fondo del asunto se impone analizar las causales de improcedencia sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo Es decir la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada por exigirlo así la Ley de Amparo en su artículo 63 fracción V al surtirse en el proceso alguna de las hipótesis normativas descritas en el artículo 61 de la propia ley de cita así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal Consecuentemente este órgano de control constitucional previamente estudiará las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia En el presente asunto se advierte la actualización de la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo al objetivarse la causal de improcedencia a que alude el numeral 61 fracción XII en relación con el preceptos 5 fracción I Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida es menester trascribir el precepto 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa ( )" Por su parte los artículos 61 fracción XII y 5 fracción I de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 61 El amparo es improcedente: ( ) XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo: I El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo que subyace en una afectación en su esfera jurídica Así en el interés jurídico que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial y no de una circunstancia particular del accionante del amparo; y lo constituye el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta En ese orden de ideas tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales como sucede en el caso para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso al momento de su presentación cuente con interés jurídico entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son trasgredidas por un acto de autoridad o por una ley circunstancia que lo faculta o legitima por regla general únicamente a él a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato directo presente o inminente y no mediato indirecto futuro o de realización incierta ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso En suma el interés que faculta al peticionario de derechos fundamentales para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo) y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del quejoso En síntesis para que el quejoso cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados Por tanto la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a /J 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 4o de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" Asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse de presunciones de manera que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias en su esfera jurídica -cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan- En el caso concreto de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil de origen se aprecia que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia Michoacán admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil promovieron Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez y Verónica Ruiz Villaseñor endosatarios en procuración de Ma Elvira Leticia Flores Velázquez frente a Luis Gerardo Cardiel González registrándose con el número 1090/2019; asimismo ordenó requerir de pago a este último en el domicilio indicado en el documento base de la acción sito en calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y una vez realizado lo anterior se le emplazara a juicio De lo destacado se advierte en lo relevante que el aquí quejoso Rafael Cardiel Pérez no es parte en el mencionado juicio ejecutivo mercantil virtud a que la demanda del juicio natural la promovió Ma Elvira Leticia Flores Velázquez por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de Luis Gerardo Cardiel González a quien le reclamó el pago de diversas prestaciones económicas Como se advierte con claridad la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento no fue dictada contra el peticionario del amparo Rafael Cardiel Pérez sino contra su hijo Luis Gerardo Cardiel González demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen por lo que la sola orden no agravia la esfera de derechos del quejoso pues en autos no está demostrado que el peticionario del amparo tenga el carácter de codemandado y menos que la orden reclamada haya sido proyectada contra él o sus bienes; máxime que al cumplir el peticionario con una de las prevenciones que se le formularon previa la admisión de la demanda de amparo precisamente en el escrito que presentó el dos de marzo de dos mil veinte en la oficialía de partes de este juzgado manifestó bajo protesta de decir verdad que no se le habían embargado bienes muebles o inmuebles de su propiedad Posteriormente mediante oficio 670/2020 recibido el doce de agosto de dos mil veinte en la oficina de correspondencia de este Juzgado Federal el juez ordenador remitió un legajo de copias certificadas emanadas del expediente de origen de las que se advierte en lo que aquí interesa que no se había ejecutado la orden de embargo ordenada en el juicio subyacente Por tanto si la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento no fue dictada contra Rafael Cardiel Pérez sino que fue dirigida a diversa persona es claro que por sí sola no le genera perjuicio al quejoso; de ahí que no lesione su interés jurídico Es de invocarse la jurisprudencia con registro 395378 del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito publicada en la página 90 Apéndice de 1985 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Séptima Época de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO CUANDO DEBE SOBRESEERSE Como el auto de exequendo que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo es claro que al no estar dictado en contra del amparista dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico En tal concepto al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia ley debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución" Así también apoya lo anterior la tesis VI 2o C 297 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907 Tomo XXIX Abril de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos es indudable por lo mismo que el auto de referencia por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73 fracción V en relación con el 74 fracción III ambos de la Ley de Amparo" Con la precisión de que la orden reclamada no agravia al quejoso porque en la misma se precisa que en caso de impago deberán embargarse bienes susceptibles de embargo propiedad de la parte demandada a saber de Luis Gerardo Cardiel González De tal suerte que el señalamiento o temor del quejoso Rafael Cardiel Pérez en el sentido de que se allane su domicilio o se embarguen bienes de su propiedad primero no tiene sustento en los términos del acto reclamado y segundo en todo caso serían futuros y de realización incierta dependientes de que eventualmente exista una incorrecta ejecución de éste Empero de actualizarse algún perjuicio contra el hoy quejoso al ejecutarse la orden de embargo en bienes de su propiedad entonces tendrá expeditos sus derechos para acudir a esta instancia constitucional a reclamarlos pero no antes de que ello acontezca Ahora bien el peticionario del amparo Rafael Cardiel Pérez no demostró que la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento contenida en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dirigida al demandado Luis Gerardo Cardiel González que se ordenó ejecutar en el domicilio ubicado en calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad le ocasione algún agravio pues de la literalidad de aquélla se desprende que el primigenio ordenó lo siguiente: "( ) Se instruye a la actuarla para que se constituye en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada y le requiera del pronto y efectivo pago de las prestaciones que se le reclaman; no haciendo el pago en el momento de la diligencia embárguese bienes de su propiedad suficientes y bastantes a garantizar las prestaciones reclamadas los cuales se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora ( )" Lo resaltado es propio De la transcripción anterior se advierte que la orden de requerimiento de pago embargo y emplazamiento únicamente está dirigida a la parte demandada; esto es en contra de Luis Gerardo Cardiel González por lo que su ejecución se proyectaría sobre bienes propiedad de éste y no de diversa persona; de ahí que no exista hasta este momento alguna afectación en detrimento del quejoso Rafael Cardiel Pérez Máxime que aún no se ha ejecutado el embargo reclamado por el quejoso pues en el caso concreto se desprende que en diligencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte en que se realizó el requerimiento de pago y emplazamiento del demandado Luis Gerardo Cardiel González no se efectuó embargo alguno dado que el personal actuante adscrito al juzgado responsable y la endosataria en procuración de la parte actora no ingresaron al domicilio ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad; sin embargo en caso de que ello aconteciera con posterioridad indudablemente el actuario adscrito al juzgado de origen lo hará sobre bienes del referido demandado en cita y no sobre propiedades de terceros como sería del aquí quejoso Tampoco se advierte que en el proveído emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve en el que se ordenó el requerimiento de pago embargo y emplazamiento del demandado Luis Gerardo Cardiel González en el domicilio ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad se haya emitido algún apercibimiento relativo a que en caso de oposición se utilizarían medidas coercitivas o forzosas para lograr el ingreso a dicho inmueble y posteriormente embargar bienes bastantes para cubrir el adeudo reclamado supuesto en el cual el ahora peticionario del amparo pudiera tener interés jurídico para promover el juicio constitucional si se llegaran a vulnerar sus derechos fundamentales concernientes tanto al de la inviolabilidad del domicilio como el relativo parte de su derecho a la privacidad al ostentarse tercero extraño al juicio de origen dado que su derecho de propiedad estaría protegido constitucionalmente; empero en el presente asunto no se actualiza dicha hipótesis según consta del causal probatorio arrimado al presente juicio de amparo Sin embargo en caso de que posteriormente se materializara ese agravio en la esfera jurídica del quejoso y previa la demostración de su derecho de propiedad tendrá interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto ya que hasta esa temporalidad -y no ahora- se efectivaría una afectación en su esfera de derechos (propiedad e inviolabilidad de su domicilio como parte del derecho a su privacidad) por un acto de autoridad Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO En un juicio de naturaleza civil la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio Lo anterior ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho" Por ende como ya se dijo de las constancias que remitió el juez responsable se desprende que con la citada orden contenida en el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve emitido en el juicio ejecutivo mercantil 1090/2019 no existe mandamiento ni ejecución de éste con el que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad en el domicilio que el demandado Luis Gerardo Cardiel González señaló en el documento base de la acción ubicado en la calle Fuente de la Rana número 9 colonia Fuentes de Morelia en esta ciudad y que al parecer es propiedad de su progenitor en este caso del quejoso Rafael Cardiel Pérez (sin que en el presente asunto se encuentre demostrada la propiedad del peticionario sobre dicho inmueble); empero en su momento procesal oportuno el quejoso puede hacerlo ver ante el juez responsable o bien promover la acción constitucional en su contra según convenga a sus intereses; lo que permite concluir la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos del ahora solicitante del amparo Efectivamente toda vez que Rafael Cardiel Pérez no acreditó la existencia de un agravio en su esfera de derechos ya que el requerimiento de pago embargo y emplazamiento no está ordenado a practicarse en bienes de su propiedad sino sobre bienes de la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen -particularmente de su hijo Luis Gerardo Cardiel González- al cual es extraño es inconcuso que por ahora carece de afectación a su interés jurídico para instar la acción constitucional Habida cuenta que en la orden de ejecución requerimiento de pago embargo y emplazamiento no se ordenó el empleo de algún método coercitivo o forzoso para el ingreso al domicilio que el demandado Luis Gerardo Cardiel González señaló en el documento base de la acción del juicio ejecutivo mercantil de origen; hipótesis en la que el quejoso sí podría acreditar alguna afectación lo cual se explicó anteriormente Consecuentemente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la ley de amparo lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal Sobreseimiento decretado que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al juzgado de origen lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 231 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 156 Apéndice de 1995 tomo VI Séptima Época que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN ACTOS DE SOBRESEIMIENTO Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución" Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 74 y 75 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Cardiel Pérez contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia atento a las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte día y hora señalados en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo I-207/2020, promovido por Rafael Cardiel Pérez, por derecho propio, sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, consistentes en: Demanda de amparo; Autos de veintisiete de febrero y tres de marzo, ambos de dos mil veinte en el que se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo y auto admisorio de once de marzo en el que se admitió a trámite el juicio en que se actúa; Por auto de tres de agosto de dos mil veinte se tuvo como tercera interesada a Ma. Elvira Leticia Flores Velázquez, quien fue emplazada el doce de octubre siguiente. Asimismo, obra la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el once de agosto del año en curso, con la que se le hizo del conocimiento la reanudación de los plazos y términos en este asunto. En cuanto al informe justificado de las autoridades responsables, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: Autoridad Acto reclamado Sentido del informe Fecha del auto de recepción Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad La orden de embargo dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 1090/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, la cual, conforme a su planteamiento, se practicaría en su domicilio. Cierto Tres de agosto de dos mil veinte. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad La ejecución de la orden de embargo. Cierto Tres de agosto de dos mil veinte. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales conducentes; asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por reiterados los proveídos en los que se tuvo a las responsables rindiendo el informe justificado. Se declara abierto el período probatorio: El Secretario hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas copias del juicio de origen. Mientras que las autoridades responsables, copia certificadas de las constancias del juicio ejecutivo mercantil número 1090/2019, promovido por MA. ELVIRA LETICIA FLORES VELAZQUEZ, frente a LUIS GERARDO CARDIEL GONZÁLEZ. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las referidas partes por exhibiendo los medios de convicción que se indicaron con antelación, mismos que por su especial naturaleza se tienen por desahogados, dado que no requieren formalidad especial para ello. Mientras que respecto a las restantes partes, se les tiene por perdido su derecho para ello, dada su omisión, con esto se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, dada su omisión; cerrándose así este período. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, quedándose los autos en estado para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN ELESTADODE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA. LIC. JAVIER IVAN CONTRERAS OSORIO. SECRETARIO DEL JUZGADO
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