Rafael Covarrubias Ríos

Expediente 138/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
138/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Rafael Covarrubias Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Raúl Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Jesús Covarrubias Ríos y Ricardo Guerrero González, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el oficio del secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por el cual devuelve vía electrónica sin diligenciar el exhorto 164/2018 (número de orden 225), del índice de este órgano jurisdiccional. Además, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y dar de baja la comunicación oficial en cita. Sin que en el caso haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial en cita, puesto que el mismo fue devuelto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que, como lo indica la autoridad exhortada, se generó de manera automática el acuse correspondiente. En otro aspecto, de las constancias que adjunta el juez exhortado se obtiene la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dada la inexistencia del domicilio que proporcionaron los quejosos para oír y recibir notificaciones de carácter personal. En consecuencia, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación de dicho acuerdo y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAÚL COVARRUBIAS TAMAYO, RAFAEL COVARRUBIAS RÍOS, JESÚS COVARRUBIAS RÍOS Y RICARDO GUERRERO GONZÁLEZ Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Raúl Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Jesús Covarrubias Ríos y Ricardo Guerrero González solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Presidente Municipal de Tanhuato, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-138/2018. ? Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Falta de firma autógrafa o electrónica. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Por su parte el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establece lo siguiente: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". También, el artículo 3 de la materia establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". En ese orden de ideas, se debe entender, entonces, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así este carecería de valor. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido en la vía electrónica, como se desprende de la boleta de turno que la acompaña de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sin embargo, de la misma se advierte que los promoventes Raúl Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Jesús Covarrubias Ríos y Ricardo Guerrero González no cuentan con firma electrónica. De ahí que al ser presentada la demanda de amparo por la vía electrónica, y no presencialmente ante la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, debe cumplir como requisito que cuente con firma electrónica como lo precisa el artículo 3° de la Ley de Amparo, lo que en el caso, como se asentó en la boleta de turno correspondiente, no aconteció. Virtud a lo anterior, en este caso no se puede afirmar válidamente la voluntad de dichos solicitantes para promover el presente juicio de amparo ya que la firma electrónica -como lo prevé el artículo 3, párrafo quinto, de la ley de la materia- producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y, debido a que la demanda de amparo que se analiza carece de ella, es claro que el juicio deviene improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo 42, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo". Asimismo, por las razones que en ella se informan, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 128/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente". También la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis VI.1o.151 K del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". También es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 3485, Tomo XIX, 10.A.C.2 K, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente." ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Designación de representante común. Dado que los quejosos son omisos en designar un representante común; en consecuencia, en términos del artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa con tal carácter a Raúl Covarrubias Tamayo. En atención a ello, las diligencias y notificaciones que hayan de entenderse con los quejosos, se harán por conducto del citado representante común. ? Notificación a la parte quejosa. Ahora, dado que el representante común de la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Luis Mora Tovar, número 88, colonia Centro de Tanhuato, Michoacán; no existe obligación por parte de este órgano jurisdiccional de tenerlo señalando dicho domicilio, toda vez que no cumple con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal y, por tanto, habría que practicarle la presente notificación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado queda fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que se deba notificar esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio mencionado en párrafos precedentes y le notifique este acuerdo. Asimismo, le requiera para que, en el momento de la diligencia o, bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para recibir las notificaciones de carácter personal, ya que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en atención a lo dispuesto en el precepto 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En razón de ello, como lo prevé el numeral 21 constitucional, se confiere al juez exhortado la facultad de que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la encomienda. ? Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuelve el expediente III-770/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, con la sentencia emitida el quince de febrero de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel Gallegos Lima; acúsese el recibo de estilo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del expediente al citado juzgado auxiliar, glósense únicamente las constancias originales y destrúyase el resto de los documentos por ser copias certificadas. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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