Rafael Ceyetano Maldonado Atondo
Expediente 141/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2016
Partes del expediente
- Rafael Ceyetano Maldonado Atondo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE el auto que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Cayetano Maldonado Atondo, contra actos de: 1. Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Baja California, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 141/2016-II-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en el castigo que le fue impuesto en fecha diecisiete de marzo del presente año, mediante el cual se le prohibió dentro del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, salir a "yarda" (salida al patio), realizar llamadas telefónicas, así como de recibir visita familiar los días domingos, durante un período de noventa días. Lo anterior, en virtud de que esta juzgadora, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo será improcedente, cuando el acto que se reclama provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que contra aquél proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto, con la salvedad que con la interposición del recurso se suspenda el acto, sin que se exijan mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para ello. En esa tesitura, para que la causal de improcedencia en comento se materialice se necesitan que concurran los requisitos siguientes: a) Que el acto de autoridad no provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. c) Con la sola interposición del recurso se suspenda el acto y no se exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Cierto, la determinación que por esta vía se controvierte, se atribuye al Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Ensenada, autoridad que no es tribunal judicial, administrativo o del trabajo -inciso a)-. Ahora bien, el artículo 57 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California, dispone: "ARTICULO 57. Sólo el Director o la persona que designe en su ausencia, podrán imponer las medidas disciplinarias previstas en esta ley y su reglamento, agotando un proceso sumario en el que se pruebe la falta y responsabilidad del interno, el cual contará siempre con la garantía de audiencia. En caso de inconformidad con la resolución administrativa o por considerar excesiva la medida, podrá recurrir ante la Subsecretaría, en un término de veinticuatro horas, quedando en suspenso la aplicación de la medida en tanto se resuelve la que deberá fallarse en un plazo de cinco días hábiles. A su vez, los dispositivos 125 y 126 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, estatuyen: "Artículo 125. En caso de inconformidad con la resolución administrativa, podrá el interno recurrirla por medio de un escrito simple que presente ante la Comisión Disciplinaria o ante la Subsecretaría por conducto de su defensor, en un término de 24 horas contadas a partir de su notificación." "Artículo 126. La interposición del recurso previsto en el artículo que antecede, suspenderá la aplicación de la sanción o sanciones impuestas, en tanto se resuelve el mismo por el Subsecretario, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del mismo." De los artículos trascritos, se advierte que contra la sanción disciplinaria que el Centro de Reinserción Social de Ensenada, le impuso a Rafael Cayetano Maldonado Atondo, procede la inconformidad, cuya finalidad no es otra que modificar o revocar el acto que se reclama -inciso b)-; además, los mismos numerales estatuyen que la sola interposición del recurso suspende la aplicación de las sanciones impuestas en tanto se resuelve el mismo, particularidad que, desde luego, es más accesible que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, porque ésta dispone, en primer lugar, que la tiene que solicitar la quejosa, y la ley y reglamento que rigen el acto que se controvierte, establece que basta su interposición para que se suspenda; tampoco se tiene que observar si con ello se sigue perjuicio al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público; al igual que de no concederse ocasionarían daños y perjuicio de difícil reparación para el impetrante -inciso c)-. Sin que la locución "podrá", inmersa en el artículo 57 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California mencionado, implique que es potestativo para el quejoso agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo, sino que es imperativo para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, acorde con la jurisprudencia: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Cabe precisar, en el particular no se está en el caso de excepción a que hace referencia el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no controvirtió el acto objeto de reclamo por ausencia de fundamentación y motivación. Se cita en apoyo de lo considerado, la Jurisprudencia número 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Administrativa Común, página 448, que a la letra dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Por la misma razón se transcribe la tesis pronunciada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Materia Común, página 650, que expresa: "RECURSOS ORDINARIOS. OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS CONFORME A LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO. El recurso ordinario que es obligatorio agotar antes de interponer el juicio de garantías, es el que establece la ley aplicada en la resolución reclamada, con independencia de que la ley que afirma el quejoso debió aplicarse establezca o no dicho recurso, puesto que la cuestión relativa a la incorrecta aplicación de la ley invocada atañe al fondo del asunto que no puede abordarse dada la existencia de una causa de improcedencia." En otro tenor, el acto que se reclama no es privativo de libertad, porque ésta, al momento en que se le impuso la sanción de noventa días de suspensión sin visita familiar y sin yarda, ya estaba restringida, bien por un proceso penal que se le instruye o bien, por una sentencia dictada en su contra por autoridad judicial competente, motivo por el cual, tampoco puede hablarse de algún caso de excepción al principio de definitividad en comento. Por ilustrativa y en la parte conducente, tiene sustento la Jurisprudencia 32/2010, aprobada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, al resolver la contradicción de tesis 411/2009, cuyo rubro y texto son: "BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DE LA CUAL DECIDE SOBRE SU CONCESIÓN. Si bien es cierto que la referida Dirección (actualmente Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal) es la encargada de vigilar y dar seguimiento al procedimiento mediante el cual determina si procede la concesión de los beneficios de libertad anticipada (tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena), también lo es que la determinación que emite no es definitiva y no causa perjuicio al quejoso, pues el artículo 54 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, establece que dicha resolución se someterá a consideración de la autoridad ejecutora, la cual es, según la fracción III del artículo 2o. de dicho ordenamiento, el Jefe de Gobierno actuando por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal. En ese orden de ideas, si el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la resolución emitida por la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, por medio de la cual decide sobre si concede o no alguno de los beneficios de la libertad anticipada y no la resolución que en su caso emita la autoridad ejecutora, a la cual está supeditada aquélla, dicha determinación no puede considerarse susceptible de afectar al quejoso por no constituir un acto definitivo y, por tanto, el juicio de garantías en su contra es improcedente con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en él conforme a la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rafael Cayetano Maldonado Atondo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Avenida Miramar y 16 número 1619, Zona Centro de esta ciudad; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura C. Garza Figueroa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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