Rafael Calderón Martínez

Expediente 305/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
305/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
29/03/2017

Partes del expediente

  • Rafael Calderón Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo.

  2. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO RAFAEL CALDERÓN MARTÍNEZ, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el uno de marzo de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 119 a la 124), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ******, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 131 y 132); en esa misma fecha se requirió al Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la concesión del amparo. Deje insubsistente el acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte conducente al desechamiento del recurso de revocación; y, Emita uno diverso en el que admita y dé trámite al recurso de revocación promovido por el quejoso, contra el acuerdo de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resuelva conforme a derecho, atento a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. [.]" En proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 45-I, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al cual anexo copia certificada de la resolución de diez de enero del presente año (foja 139 y 140), emitida dentro de la causa penal 651/2006 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes, y la quejosa en su escrito con número de registro 546 hizo manifestaciones al respecto, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, en virtud de que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho; lo cual, como se vio mediante resolución interlocutoria de diez de enero de la presente anualidad, emitida dentro de la causa penal **** de su índice, el Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el auto de tres de junio de dos mil dieciséis; asimismo, admitió a trámite el recurso de revocación promovido por el defensor particular del sentenciado ****, en contra del proveído de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resolvió de plano conforme a derecho. En consecuencia, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Sin que sean óbice para lo anterior, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, debido a que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito; lo anterior, en virtud de que el efecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio lo fue solo para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho, por tanto, lo resuelto en el recurso de revocación que nos atañe, no es materia del cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 119 a la 124), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Rafael Calderón Martínez, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 131 y 132); en esa misma fecha se requirió al Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la concesión del amparo. Deje insubsistente el acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte conducente al desechamiento del recurso de revocación; y, Emita uno diverso en el que admita y dé trámite al recurso de revocación promovido por el quejoso, contra el acuerdo de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resuelva conforme a derecho, atento a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. [.]" En proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 45-I, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al cual anexo copia certificada de la resolución de diez de enero del presente año (foja 139 y 140), emitida dentro de la causa penal 651/2006 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes, y la quejosa en su escrito con número de registro 546 hizo manifestaciones al respecto, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, en virtud de que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho; lo cual, como se vio mediante resolución interlocutoria de diez de enero de la presente anualidad, emitida dentro de la causa penal 651/2006 de su índice, el Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el auto de tres de junio de dos mil dieciséis; asimismo, admitió a trámite el recurso de revocación promovido por el defensor particular del sentenciado Rafael Calderón Martínez, en contra del proveído de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resolvió de plano conforme a derecho. En consecuencia, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Sin que sean óbice para lo anterior, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, debido a que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito; lo anterior, en virtud de que el efecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio lo fue solo para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho, por tanto, lo resuelto en el recurso de revocación que nos atañe, no es materia del cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    A las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el suscrito Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada ROBERTO MARTÍNEZ ACEVEDO, EL AUTO de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de amparo 305/2016-III-B. En cumplimiento al auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 119 a la 124), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Rafael Calderón Martínez, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 131 y 132); en esa misma fecha se requirió al Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la concesión del amparo. Deje insubsistente el acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte conducente al desechamiento del recurso de revocación; y, Emita uno diverso en el que admita y dé trámite al recurso de revocación promovido por el quejoso, contra el acuerdo de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resuelva conforme a derecho, atento a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. [.]" En proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 45-I, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al cual anexo copia certificada de la resolución de diez de enero del presente año (foja 139 y 140), emitida dentro de la causa penal 651/2006 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes, y la quejosa en su escrito con número de registro 546 hizo manifestaciones al respecto, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, en virtud de que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho; lo cual, como se vio mediante resolución interlocutoria de diez de enero de la presente anualidad, emitida dentro de la causa penal 651/2006 de su índice, el Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el auto de tres de junio de dos mil dieciséis; asimismo, admitió a trámite el recurso de revocación promovido por el defensor particular del sentenciado Rafael Calderón Martínez, en contra del proveído de cinco de mayo de dos mil dieciséis y resolvió de plano conforme a derecho. En consecuencia, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Sin que sean óbice para lo anterior, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en el sentido de que no considera cumplida la ejecutoria de amparo emitida por este órgano de control constitucional, debido a que el juez natural es el competente para resolver la extinción de la pena por compurgación, conforme a la legislación penal aplicable al momento de la comisión del delito; lo anterior, en virtud de que el efecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio lo fue solo para que la responsable dejara sin efectos el auto en que desechó el recurso interpuesto, lo admitiera y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho, por tanto, lo resuelto en el recurso de revocación que nos atañe, no es materia del cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio de amparo.

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