Rafael Cayetano Maldonado Atondo

Expediente 295/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
295/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
27/09/2016

Partes del expediente

  • Rafael Cayetano Maldonado Atondo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a dos de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de amparo para que la parte quejosa o sus autorizados, acudieran a éste juzgado a notificarse personalmente de la SENTENCIA de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis sin que lo hayan hecho, el suscrito Actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el C I T A T O R I O de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación de la SENTENCIA de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, cuyos resolutivos a la letra dicen: RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio promovido por Raúl Humberto Aragón Torres, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de este fallo.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de dos de agosto de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de referencia, que a la letra dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, en el que se declaró infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme la resolución que declaró infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicha resolución. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la citada resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil dieciséis, relativa al presente juicio, por un error involuntario, se asentó el siguiente texto: [.] "Único. Es fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por Rafael Cayetano Maldonado Atondo, en contra de la autoridad Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, conforme los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia interlocutoria". Sin embargo, el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional, para que de manera oficiosa aclare las resoluciones ejecutoriadas, solamente para corregir los posibles errores del documento, a fin de que concuerde con la sentencia -acto jurídico decisorio- sin alterar las consideraciones esenciales de la misma; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal antes invocado, SE ACLARA la citada resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil dieciséis, relativa al presente asunto, para que quede en los siguientes términos: [.] "Único. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por Rafael Cayetano Maldonado Atondo, en contra de la autoridad Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, conforme los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia interlocutoria". La anterior determinación encuentra apoyo en la contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número P./J. 2/2015 (10ª.), visible en la página 22, Tomo I, Marzo de 2015, Décima Época, cuyo texto es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." Así como la diversa la contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número P./J. 94/97, visible en la página 6, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, cuyo texto es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por el 2. Presidente de la Comisión Disciplinaria del Centro de Reinserción Social Ensenada y Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, en su carácter de 2. Presidente de la Comisión Disciplinaria. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable a los oficios de cuenta.

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