Rafael Castañeda Ramírez

Expediente 888/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
888/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Rafael Castañeda Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, informando sobre el estado procesal que guarda el procedimiento de ejecución PDSA- 371/2018 y su acumulado CE-249/2018, que se sigue al aquí quejoso Christian Pineda Saucedo, indicando que de conformidad con el ordinal 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se impuso al citado Pineda Sucedo la pena de prisión de cuatro años, la cual habría de computarse a partir del catorce de enero de dos mil dieciocho (según el dato de ingreso del Juez de la causa), siendo que dicha pena fenecería el catorce de enero de dos mil veintidós; consecuentemente, requiérase al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, para que informe el estado procesal que guarda en la actualidad el procedimiento de ejecución PDSA- 371/2018 y su acumulado CE-249/2018, relativo a la causa penal 17/2018, de su índice, así como para que remita las constancias donde se advierta que el aquí fue puesto en libertad con motivo de la compurgación de su pena y las relacionadas con estas últimas, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, o bien, manifieste el impedimento legal o material que para ello tenga; lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 259, fracción I, de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diecisiete de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 6095, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que contiene inserta la determinación de quince de agosto del año en curso, a través de la cual dicho Tribunal, por conducto de su Magistrado Presidente, declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consistente en: ". La Sentencia Interlocutoria dictada el día 19 de Abril del año 2022 dos mil veintidós, por el Ciudadano Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo Michoacán, dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, que registró bajo el número de Expediente 1050/2020, promovido por el Sr. ***ahora Tercero Perjudicado en contra del quejoso Rafael Castañeda Ramírez." Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 888/2022. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Como ya se dijo, el acto reclamado por el quejoso Rafael Castañeda Ramírez, se hizo consistir en la resolución de diecinueve de abril de veintidós, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en los autos del juicio ejecutivo mercantil oral 1050/2020, interpuesto en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintidós, en el cual, virtud a que el citado quejoso soslayó exhibir la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión dictada con motivo de la promoción de juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, inició el procedimiento de remate en los autos del juicio natural. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". De lo anterior se puede observar que el precepto legal citado, establece la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones dictadas en el mismo, o bien, en ejecución de dichas determinaciones. Así, al establecer ese ordinal que el juicio de amparo es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas", se refiere a aquellas determinaciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales deben realizar determinadas y precisas acciones, y se dan lineamientos para cumplir con alguna determinación emitida en el juicio de amparo, por lo cual, aquellas cuestiones emitidas o que sean consecuencia de la promoción de un juicio de amparo, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión que es materia de análisis en un juicio anterior. Asimismo, se considera que el precepto transcrito, cuando hace referencia al "juicio de amparo", comprende tanto al juicio de amparo directo como al indirecto y también a las resoluciones pronunciadas en lo principal como en la suspensión del acto reclamado. Luego, la causa de improcedencia invocada se actualiza en contra del acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de abril de veintidós, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en los autos del juicio ejecutivo mercantil oral 1050/2020, interpuesto en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintidós, en el cual, virtud a que el citado quejoso soslayó exhibir la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión dictada con motivo de la promoción de juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, inició el procedimiento de remate en los autos del juicio natural, virtud a que dicho aspecto se relaciona inescindiblemente con la suspensión dictada con motivo de la promoción de juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, por la propia autoridad responsable, como auxiliar en la tramitación del citado juicio de amparo directo. Es así, pues en la interlocutoria de que se trata, el Juez natural declaró ineficaces los agravios del recurrente, tendentes a impugnar el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, en el cual inició el procedimiento de remate en los autos del juicio natural, virtud a que el citado quejoso soslayó exhibir la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión dictada con motivo de la promoción de juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. Con relación a lo anterior, el artículo 190 de la Ley de Amparo, establece que la autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad; y, que son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esa Ley. Así, por las razones apuntadas, la resolución de diecinueve de abril de veintidós, dictada con motivo del recurso interpuesto en contra del diverso de siete de marzo de dos mil veintidós, no se constituye como un acto propio de la autoridad responsable en la fase de ejecución; sino como una consecuencia derivada del incumplimiento de la parte quejosa en el juicio de amparo directo, de exhibir garantía para que surtiera efectos la providencia dictada en el juicio de amparo directo, donde la autoridad responsable, como auxiliar en la promoción del citado amparo directo, tiene el deber de cumplir con las determinaciones pronunciadas en el mismo. De ahí la improcedencia del presente juicio de amparo, pues el acto reclamado, está íntimamente relacionado con la suspensión dictada con motivo del juicio de amparo directo promovido en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Lo que así se sostiene porque una sentencia de un juicio de amparo indirecto, no debe ni puede legalmente afectar lo resuelto y ordenado en otro promovido en la vía directa, en el que se estableció lo atinente a la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Considerar lo contrario, implicaría someter a juicio de amparo indirecto algo que ya quedó legalmente resuelto conforme al procedimiento y recursos previstos en la Ley de Amparo, en otro juicio de la misma naturaleza, lo que impide que este Juzgado de amparo pueda tomar una decisión diferente. Sin que lo así resuelto cause alguna afectación al ahora quejoso, dado que el mismo tiene a su alcance los recursos previstos en la Ley de Amparo, los cuales, por su celeridad e idoneidad para revisar el actuar de las autoridades en materia de suspensión, procuran mayor posibilidad de obtener lo pretendido oportunamente. Resulta aplicable a lo expuesto, en vía de orientación, la tesis aislada III.2o.T.6 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA QUE NIEGA EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTENGA LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la negativa de ejecutar el laudo para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el patrón, solicitada ante la Junta con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, concedida en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, en cuanto al excedente de la cantidad fijada como necesaria para tal efecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de la Junta que niega ejecutar el laudo para que el trabajador obtenga la cantidad fijada en la suspensión para garantizar su subsistencia mientras se tramita el amparo directo promovido por el patrón. Justificación: Ello es así, pues conforme a la fracción IX del artículo 61 de la citada ley, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así, la referida negativa no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, donde la Junta es auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que de acuerdo con el mencionado artículo 190, la autoridad responsable decidirá lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio, lo que implica que se constituye en un órgano de amparo al proveer lo correspondiente a la medida cautelar y decidir sobre la subsistencia de la parte trabajadora; prerrogativa que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión, subsiste sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo, pues su monto se fija en relación directa con la duración de éste y lo entregado para garantizar la subsistencia no siempre será considerado como pago de lo laudado, pues cuando el patrón obtiene la concesión de amparo no podrá recuperarlo, conforme a la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Juan Manuel Olmos, Fraccionamiento Ario 1815, número 59, en esta ciudad, autorizando para tales efecto a Hugo González Morales, en atención que al efectuar una revisión en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional con el número 2383068 que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para que reciba notificaciones y se impongan de los autos a Norma Janeth Ambriz Arévalo, toda vez que en esos términos fue designada. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 114/CJEF/CACCC/CJG/26297/2022, signado por la Consultora Jurídica General del Ejecutivo Federal de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 144192022, dirigido al Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que dicha dependencia no representa al Presidente en el presente juicio; en tales condiciones, toda vez que, el Director General de Amparos contra actos administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, es quien representa al citado Presiente, remítasele el mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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