Priscila Serrato Robledo
Expediente 464/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Priscila Serrato Robledo
- D.H. S. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, y autorizados el acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, en el término de quince días, concedido en proveído de once de julio del año en curso (fojas 59 y 55), a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio SE/SA/DGPN/SP/3963/2022, por medio del cual dio contestación al escrito que le presentó la quejosa el tres de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que el presente asunto continuará únicamente por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, y la primera además en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales ******, contra actos del Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y otras autoridades, por los actos reclamados consistentes en: ".La omisión en que han incurrido las citadas autoridades de dar contestación en breve termino, en forma escrita a las solicitudes que pacífica y respetuosa se les formuló con fecha 03 tres de marzo del año 2020, dos mil veinte, las cuales se detallan en el capítulo de antecedentes." Ahora bien, de las constancias que el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, acompañó en copias certificadas a su informe justificado, se advierte que por oficio SE/SA/DGPN/SP/DN/3963/2022, de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa en su escrito de tres de marzo de dos mil veinte; el cual le notificó el treinta y uno de mayo de esta anualidad, misma que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, como se anticipó, la falta de respuesta a la petición que formuló por escrito el día tres de marzo de dos mil veinte, también lo es que la autoridad responsable, el veintitrés de mayo del presente año, dio respuesta a la citada solicitud, el cual le fue notificado el treinta y uno del citado mes y año. En tanto que, las diversas autoridades Secretario y Departamento de Pagos, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán manifestaron la que autoridad competente para dar contestación a la solicitud de la quejosa, lo era, el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado lo constituya la omisión de dar respuesta a la multicitada solicitud, verbigracia, derecho de petición y, que durante la secuela procesal del presente juicio de amparo, la autoridad responsable diera contestación a la misma, virtud a que, como se aprecia líneas precedentes, por auto de once de julio próximo pasado, se otorgó a la parte quejosa el término de quince días para que, de ser su deseo, ampliara la demanda con relación a la contestación formulada por la responsable; sin embargo, no lo hizo, razón por la cual, se tuvo como único acto reclamado el invocado primigeniamente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, visible a foja 605, con número de registro 168189, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, en el término de quince días, concedido en proveído de once de julio del año en curso (fojas 59 y 55), a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio SE/SA/DGPN/SP/3963/2022, por medio del cual dio contestación al escrito que le presentó la quejosa el tres de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que el presente asunto continuará únicamente por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, y la primera además en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales ******, contra actos del Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y otras autoridades, por los actos reclamados consistentes en: ".La omisión en que han incurrido las citadas autoridades de dar contestación en breve termino, en forma escrita a las solicitudes que pacífica y respetuosa se les formuló con fecha 03 tres de marzo del año 2020, dos mil veinte, las cuales se detallan en el capítulo de antecedentes." Ahora bien, de las constancias que el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, acompañó en copias certificadas a su informe justificado, se advierte que por oficio SE/SA/DGPN/SP/DN/3963/2022, de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa en su escrito de tres de marzo de dos mil veinte; el cual le notificó el treinta y uno de mayo de esta anualidad, misma que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, como se anticipó, la falta de respuesta a la petición que formuló por escrito el día tres de marzo de dos mil veinte, también lo es que la autoridad responsable, el veintitrés de mayo del presente año, dio respuesta a la citada solicitud, el cual le fue notificado el treinta y uno del citado mes y año. En tanto que, las diversas autoridades Secretario y Departamento de Pagos, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán manifestaron la que autoridad competente para dar contestación a la solicitud de la quejosa, lo era, el Director de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado lo constituya la omisión de dar respuesta a la multicitada solicitud, verbigracia, derecho de petición y, que durante la secuela procesal del presente juicio de amparo, la autoridad responsable diera contestación a la misma, virtud a que, como se aprecia líneas precedentes, por auto de once de julio próximo pasado, se otorgó a la parte quejosa el término de quince días para que, de ser su deseo, ampliara la demanda con relación a la contestación formulada por la responsable; sin embargo, no lo hizo, razón por la cual, se tuvo como único acto reclamado el invocado primigeniamente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, visible a foja 605, con número de registro 168189, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de once de julio de esta anualidad, a efecto de que amplié la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Director de Gestión de Personal y Nómina de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, en relación a la respuesta a las solicitudes realizadas por las aquí quejosas. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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