Rafael Eric Anguiano Huazano

Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Rafael Eric Anguiano Huazano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, mismo que transcurrió del veintitrés al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, mismo que transcurrió del veintitrés al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demandada de amparo promovida ***, contra actos del Director de Registro Civil, con sede en esta ciudad; se ordena formar y registrar el expediente impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 286/2023. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Se expone tal aserto, en razón de que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE LA OMISIÓN INTENCIONAL POR DEMÁS GRAVE DE ATENDER LA PETICIÓN QUE POR ESCRITO SE REALIZÓ POR ESCRITO EL PASADO DÍAS TRECE Y DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SON QUE JUSTIFIQUE LA OMISIÓN DE ATENDER MI PETICIÓN FORMAL.". Esto es, en esencia, la parte promovente reclama la omisión del Director de Registro Civil, con sede en esta ciudad; de dar contestación a sus escritos presentado el trece y diecisiete de febrero del año en curso en oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno Dirección y Registro del Estado de Michoacán; sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya dado respuesta. Ahora, si bien es cierto, que en atención al requerimiento que se realizó en los escritos de petición, a efecto de dar una respuesta congruente a la solicitud, se requiere de un tiempo prudente para que la responsable pueda dar contestación y además notificarles. Por ende, si el escrito presentado el trece y diecisiete de febrero del año en curso ante la responsable donde solicita una constancia de inexistencia de acta de defunción de ********************. De ahí que, si la demanda de amparo en estudio se recibió en este juzgado federal el nueve del presente mes y año, ello hace patente la improcedencia del juicio de amparo, pues únicamente habían diecisiete y trece días hábiles respectivamente completos para atender su solicitud y realizar la notificación respectiva; por ende, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, aún no existe perjuicio alguno que ocasione a la parte quejosa violación a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, atendiendo a que no ha pasado un plazo razonable para que se dé respuesta a sus escritos se realice la notificación, ya que se requiere de cierto tiempo a efecto de atender las cuestiones solicitadas, para así estar en posibilidad de darle contestación a su petición y notificarle. En ese sentido, primeramente debe decirse que el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Por tanto, debe precisarse que si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al gobernado, dicho término debe comprender el relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los plazos que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga a la brevedad el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Situación que en el caso acontece, pues tomando en consideración la fecha en que se presentó la solicitud dirigida a la autoridad señalada como responsable (trece y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés) y el momento de la presentación de la demanda de amparo (ocho de marzo de dos mil veintitrés), han mediado solo trece y diecisiete días hábiles completos respectivamente; por lo que este juzgador estima que no ha transcurrido un tiempo razonable para que la referida autoridad pueda dar contestación a su petición, aunado a que dada la trascendencia de lo peticionado en el referido libelo (a la mayor brevedad posible se suspenda los actos de nepotismo, corrupción y discriminación; se realice una investigación administrativa derivada de los hechos que narra en sus escritos petitorio), es necesario que la autoridad responsable deba tener un tiempo prudente para poder emitir el acuerdo que en derecho estime conveniente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trecientos treinta y un, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 217050, cuyo rubro y texto dicen: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO. Si bien es cierto que el artículo 8 constitucional establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al peticionario, ese breve término a que se refiere dicho precepto debe comprender el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, la garantía consagrada en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular." En efecto, el retardo de que se duele el promovente no transgrede de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna; máxime que como ya se mencionó, si se toma en consideración la fecha en que las solicitantes de la protección de la justicia federal presentaron el escrito de petición ante la autoridad que señalan como responsable y al momento de la presentación de la demanda de amparo -ocho de marzo de dos mil veintitrés-, no ha mediado el tiempo razonable para las emisiones de las respuestas a su petición; lo anterior es así, en virtud de que al contabilizar el término se aprecia que mediaron los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro y cinco de marzo, todos del año en curso, que fueron inhábiles; por lo que -se insiste- este órgano de Control Constitucional estima que no ha transcurrido un plazo razonable para que la citada responsable esté en aptitud de dar respuesta a dicha petición. Apoya a lo anterior la tesis número I.1o.A.E.64 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2003, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009510, que a la letra dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." De ahí que resulta evidente que el acto que por esta vía reclama el promovente, no les causa agravio alguno de imposible reparación dado el corto plazo que ha mediado (trece y diecisiete días hábiles) entre sus peticiones y la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Lo anterior, sin perjuicio de que superado un plazo razonable, pueda la parte promovente ante ello, intentar de nueva cuenta la acción de amparo en tutela de sus derechos humanos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la avenida ******************** número ********************, colonia ********************, en esta ciudad, y designa como autorizados a ********************y ********************, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró registro que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y sólo para oír y recibir notificaciones en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos a ********************, en virtud de que sólo hasta en tanto acredite estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su escrito de cuenta. Como lo solicita el promovente del amparo, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídaseles copia certificada de esta determinación, autorizando para recibirlas a las personas que indica previa identificación satisfactoria y acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demandada de amparo promovida ***, contra actos del Director de Registro Civil, con sede en esta ciudad; se ordena formar y registrar el expediente impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 286/2023. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Se expone tal aserto, en razón de que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE LA OMISIÓN INTENCIONAL POR DEMÁS GRAVE DE ATENDER LA PETICIÓN QUE POR ESCRITO SE REALIZÓ POR ESCRITO EL PASADO DÍAS TRECE Y DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SON QUE JUSTIFIQUE LA OMISIÓN DE ATENDER MI PETICIÓN FORMAL.". Esto es, en esencia, la parte promovente reclama la omisión del Director de Registro Civil, con sede en esta ciudad; de dar contestación a sus escritos presentado el trece y diecisiete de febrero del año en curso en oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno Dirección y Registro del Estado de Michoacán; sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya dado respuesta. Ahora, si bien es cierto, que en atención al requerimiento que se realizó en los escritos de petición, a efecto de dar una respuesta congruente a la solicitud, se requiere de un tiempo prudente para que la responsable pueda dar contestación y además notificarles. Por ende, si el escrito presentado el trece y diecisiete de febrero del año en curso ante la responsable donde solicita una constancia de inexistencia de acta de defunción de ********************. De ahí que, si la demanda de amparo en estudio se recibió en este juzgado federal el nueve del presente mes y año, ello hace patente la improcedencia del juicio de amparo, pues únicamente habían diecisiete y trece días hábiles respectivamente completos para atender su solicitud y realizar la notificación respectiva; por ende, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, aún no existe perjuicio alguno que ocasione a la parte quejosa violación a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, atendiendo a que no ha pasado un plazo razonable para que se dé respuesta a sus escritos se realice la notificación, ya que se requiere de cierto tiempo a efecto de atender las cuestiones solicitadas, para así estar en posibilidad de darle contestación a su petición y notificarle. En ese sentido, primeramente debe decirse que el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Por tanto, debe precisarse que si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al gobernado, dicho término debe comprender el relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los plazos que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga a la brevedad el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Situación que en el caso acontece, pues tomando en consideración la fecha en que se presentó la solicitud dirigida a la autoridad señalada como responsable (trece y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés) y el momento de la presentación de la demanda de amparo (ocho de marzo de dos mil veintitrés), han mediado solo trece y diecisiete días hábiles completos respectivamente; por lo que este juzgador estima que no ha transcurrido un tiempo razonable para que la referida autoridad pueda dar contestación a su petición, aunado a que dada la trascendencia de lo peticionado en el referido libelo (a la mayor brevedad posible se suspenda los actos de nepotismo, corrupción y discriminación; se realice una investigación administrativa derivada de los hechos que narra en sus escritos petitorio), es necesario que la autoridad responsable deba tener un tiempo prudente para poder emitir el acuerdo que en derecho estime conveniente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trecientos treinta y un, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 217050, cuyo rubro y texto dicen: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO. Si bien es cierto que el artículo 8 constitucional establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al peticionario, ese breve término a que se refiere dicho precepto debe comprender el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, la garantía consagrada en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular." En efecto, el retardo de que se duele el promovente no transgrede de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna; máxime que como ya se mencionó, si se toma en consideración la fecha en que las solicitantes de la protección de la justicia federal presentaron el escrito de petición ante la autoridad que señalan como responsable y al momento de la presentación de la demanda de amparo -ocho de marzo de dos mil veintitrés-, no ha mediado el tiempo razonable para las emisiones de las respuestas a su petición; lo anterior es así, en virtud de que al contabilizar el término se aprecia que mediaron los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro y cinco de marzo, todos del año en curso, que fueron inhábiles; por lo que -se insiste- este órgano de Control Constitucional estima que no ha transcurrido un plazo razonable para que la citada responsable esté en aptitud de dar respuesta a dicha petición. Apoya a lo anterior la tesis número I.1o.A.E.64 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2003, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009510, que a la letra dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." De ahí que resulta evidente que el acto que por esta vía reclama el promovente, no les causa agravio alguno de imposible reparación dado el corto plazo que ha mediado (trece y diecisiete días hábiles) entre sus peticiones y la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Lo anterior, sin perjuicio de que superado un plazo razonable, pueda la parte promovente ante ello, intentar de nueva cuenta la acción de amparo en tutela de sus derechos humanos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la avenida ******************** número ********************, colonia ********************, en esta ciudad, y designa como autorizados a ********************y ********************, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró registro que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y sólo para oír y recibir notificaciones en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos a ********************, en virtud de que sólo hasta en tanto acredite estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su escrito de cuenta. Como lo solicita el promovente del amparo, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídaseles copia certificada de esta determinación, autorizando para recibirlas a las personas que indica previa identificación satisfactoria y acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano